El portavoz parlamentario de IU solicita a la Junta Electoral Central un informe donde valore y proponga medidas para corregir que de 705.781 emigrantes con derecho a voto se aceptaran 49.135 solicitudes y, al final, sólo votaran cerca de 35.000 personas.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha exigido hoy al Gobierno, principalmente a través de los ministerios de Interior y Exteriores, que “asuma responsabilidades políticas por el escándalo del voto emigrante”, del que ha denunciado “evidentes irregularidades”. Llamazares ha expuesto que en las pasadas elecciones del 22-M –tras el pacto alcanzado meses antes entre PSOE y PP, con el respaldo de CiU y PNV- se sufrió las consecuencias de la reforma de la Ley Electoral para “suprimir de un plumazo” el voto en las municipales a los españoles residentes en el extranjero. Además, con las nuevas reglas ya en vigor, el voto para las autonómicas sólo alcanzó al 5 por ciento de estas personas con derecho a voto, lo que supone alrededor de la sexta parte de participación de hace cuatro años, cuando votó el 30 por ciento.
En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares recordó que con la nueva Ley Electoral en vigor desde enero, tras la ‘reforma express’ perpetrada por los dos partidos mayoritarios y los nacionalistas catalanes y vascos, se excluyó de las municipales a los 1,4 millones de emigrantes españoles -el equivalente a la población de Murcia o de Aragón-, y sólo se les dejó participar en las autonómicas, aunque endureciendo los requisitos para la solicitud y el ejercicio del voto.
El portavoz de IU explicó la carta que ha remitido al presidente de la Junta Electoral Central para que desde este órgano electoral se realice “un informe de valoración de la escasa participación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones del 22 de mayo, y de las medidas a adoptar para evitar que estos problemas se reproduzcan en próximas citas electorales”.
Según los datos recabados por IU detallados por Llamazares ante los periodistas, de los 705.781 españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las 13 comunidades más Ceuta y Melilla donde se votó el día 22 –la cifra total de 1,4 millones de emigrantes incluye a los ciudadanos de Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia, que no votaron en estas autonómicas- sólo se aceptaron 49.135 solicitudes de voto, lo que supone el 7,03 por ciento del censo. La participación final se quedó en torno al 5 por ciento (unas 35.000 personas), frente a la media de 66 por ciento lograda en territorio nacional. Valoró que así “se ha obstaculizado, boicoteado y dificultado el derecho de voto de los residentes en el exterior”.
Gaspar Llamazares lo tachó de “escándalo y vergüenza” y explicó que pone de manifiesto que la reforma electoral ha sido “un fiasco”, además de evidenciar las irregularidades de los responsables del procedimiento electoral, tanto en el Ministerio del Interior como en el de Exteriores. También reprochó que la Junta Electoral no vigilara más todo este proceso.
En el trabajo realizado por Izquierda Unida se revela, por ejemplo, que de los 85.115 asturianos en el extranjero que podían votar lo pidieron 8.477 y sólo llegaron 3.290 votos; en Baleares, de 14.784 inscritos sólo se recibieron 571 votos; en Canarias votaron 567 electores desde el extranjero, mientras en 2007 lo hicieron 21.238; en la Comunidad de Madrid hubo 13.439 solicitudes de los más de 178.000 inscritos en el CERA y se recibieron 6.889 papeletas, la mitad que en las elecciones anteriores. En Cantabria, de 25.777 inscritos votaron 894 electores, mientras en Castilla y León hubo 9.650 solicitudes de voto, pero sólo llegaron finalmente 4.903.
En este contexto, IU ha pedido la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, ya que “esto exige explicaciones, pero también que se asuman responsabilidades porque se ha dificultado el derecho de voto”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida criticó la falta de campañas para informar a los emigrantes del cambio de procedimiento de voto y del requisito previo de solicitarlo, una tarea que correspondía a Interior. Cuestionó también la actuación de algunos consulados, revelando que en varios de ellos no se dio ninguna facilidad a los emigrantes españoles que querían ejercer allí la nueva vía del voto en urna.
Llamazares recordó el rechazo de IU a la reforma electoral efectuada por seguir sin garantizar el principio de ‘un ciudadano, un voto’, por mantener “anacronismos” como una jornada de reflexión en la que parece que “sólo se permite la meditación trascendental” y por la exclusión “inconstitucional” de los emigrantes de las elecciones municipales.
Madrid, 3 de junio 2011
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