IU e ICV han registrado hoy una proposición de ley para modificar la norma aprobada en 2007 tras una rueda de prensa en la que el fiscal y jurista Carlos Jiménez Villarejo ha asegurado que “basta de artimañas de leguleyos” para negarse a revisar los fallos dictados por unos tribunales franquistas compuestos por “grupos de facciosos, ni legítimos, ni independientes, ni parciales”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha emplazado al Gobierno del PSOE a que acabe con el “boicot institucional” que realiza de facto a la Ley de Memoria Histórica desde que fue aprobada en 2007, para lo que reclama que se anulen las sentencias de los juicios sumarios del franquismo y que haya un apoyo público real a las exhumaciones de los cadáveres que aún permanecen en cerca de 1.200 fosas comunes.
Llamazares presentó hoy en rueda de prensa en el Congreso junto al fiscal y jurista Carlos Jiménez Villarejo la proposición de ley elaborada por IU e ICV registrada horas después. A este encuentro con los medios no pudo asistir finalmente la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, por retrasos en su vuelo hasta Madrid.
El portavoz parlamentario de IU detalló que con esta iniciativa pretenden acabar con las “ambigüedades” que se incluyeron deliberadamente en la ley debidas a la “tibieza del Gobierno socialista” para no generar más polémicas con la derecha y en el ámbito judicial, principalmente en lo relativo a no declarar “nulos de pleno de derecho” los juicios sumarios del franquismo y asumir la responsabilidad de la Administración Pública en la exhumación de los restos de víctimas el franquismo.
Para Llamazares, en los más de tres años que lleva en vigor esta ley tanto desde el Poder Judicial como desde el propio Gobierno se ha hecho una “interpretación regresiva” de esta norma hasta “tratar de acabar con algunos de sus aspectos más relevantes”.
“Aún estamos a tiempo de cambiar esto. El PSOE tiene ante sí un reto para que su herencia no sea la de la ambigüedad y para que no haya una traición a la Memoria y ésta recupere su papel”, declaró.
La reforma planteada afecta a cuatro artículos de la Ley de Memoria. En uno de ellos se persigue que la norma declare “nulas de pleno derecho” las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura.
En opinión de IU e ICV deben anularse por la “ilegitimidad de los tribunales” que las emitieron y “los vicios de forma y de fondo y la ilegitimidad de las normas aplicadas” al dictarse los fallos.
Jiménez Villarejo ha recordado que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha pronunciado contra la revisión puntual del consejo de guerra que condenó a muerte al que fuera presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys argumentando que, según la ley, esa sentencia ya ha sido declarada ilegítima. Sin embargó, el jurista y fiscal que ha ayudado a IU e ICV en la elaboración de esta norma lo consideró “insuficiente, una obviedad y fruto de una asunción de competencias a medias de las que el fiscal general carece, puesto que la competencia es del Tribunal Supremo”.
“Basta de artimañas de leguleyos”, ha exigido Jiménez Villarejo. Recordó que, frente a las zancadillas que ahora pone al desarrollo de la Ley de Memoria, el Grupo Socialista presentó en 2003 una proposición no de ley durante el Gobierno de Aznar con planteamientos de los que ahora reniega, además de que en 2009 se aprobó una moción -también planteada por IU-ICV y que los socialistas apoyaron- para avanzar en el tema de las fosas, que sigue sin cumplirse.
Jiménez Villarejo afirmó sin rodeos que los tribunales franquistas estaban compuestos por “grupos de facciosos, ni legítimos, ni independientes, ni parciales”, que no pueden tener la consideración de verdaderos representantes de la Justicia que, durante la dictadura, “fue una farsa”.
El que fuera fiscal jefe anticorrupción ha rechazado las decisiones tomadas por mayoría por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en contra de la nulidad de sentencias condenatorias, como la del poeta republicano Miguel Hernández. Al tiempo, aludió a los votos particulares emitidos por magistrados discrepantes ante distintas peticiones de revisión y ha invitado al Gobierno a analizar ese material doctrinal donde se avala que no existe “causa legal válida y suficiente” que impida las revisiones.
Gaspar Llamazares valoró que esas revisiones serían imposibles de vetar si se aprueba la reforma que se plantea ahora para anular las sentencias, lo que permitiría que todos los condenados por motivos políticos “dejen de ser legalmente delincuentes y rebeldes”.
La proposición de ley de IU e ICV persigue también que las administraciones públicas “asuman las actividades de indagación, localización e identificación” de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, en colaboración con las entidades que trabajan en este ámbito, mediante planes de trabajo concretos y el apoyo expreso del Ministerio de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.
Para garantizar esa colaboración institucional y una adecuada intervención para las exhumaciones piden la elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar. Jiménez Villarejo ha explicado que con la actual redacción de la ley son los familiares quienes promueven las exhumaciones y lo hacen en situación de “abandono”.
Madrid, 6 de junio 2011
.jpg){kind=logo}
No hay comentarios:
Publicar un comentario