jueves, 28 de abril de 2011

Llamazares registra una iniciativa para que “el Gobierno, en colaboración con las CC.AA., ponga en marcha de forma urgente un plan de Salud Laboral”

Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el portavoz parlamentario de IU recuerda que “en España fallecen cada año cerca de 14.000 hombres y 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el centro laboral”.


Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el presidente de la Comisión de Sanidad y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso en nombre de IU-ICV una Proposición no de ley sobre Enfermedades Laborales. La iniciativa, entre otras cuestiones, plantea la elaboración y puesta en marcha de un “Plan de Salud Laboral, de común acuerdo con las Administraciones implicadas y los agentes sociales, a lo largo del primer semestre de 2011, al objeto de garantizar la coordinación y cooperación entre los servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Estrategia 2007-2012 de seguridad y salud en el trabajo”.


Llamazares recuerda la “gravedad de este problema. Según las estimaciones realizadas en España fallecen cada año cerca de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su trabajo, destacando el cáncer, las enfermedades cardio-vasculares y las de origen respiratorio. Pese a la reducción de las cifras de accidentabilidad y mortalidad laboral como consecuencia de la crisis económica siguen siendo de las más altas de nuestro entorno”.


“Recientemente –añade- el Informe de SESPAS ha puesto de manifiesto, además, (en la línea del Informe de la OMS sobre determinantes sociales), la relación entre crisis económica, precariedad, desempleo y enfermedades psíquicas y físicas, en particular entre los grupos más vulnerables como inmigrantes, trabajadores manuales, mujeres y desempleados”.


Frente a esta realidad, Gaspar Llamazares señala que “por contra, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social presentó recientemente un informe correspondiente a 2010 del Servicio de Alertas del Sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social), en el que se presenta una reducción del 40,4% en los últimos tres años de las empresas que superan el límite establecido por este sistema”.


El portavoz parlamentario de IU advierte de que “los datos ofrecidos por esta herramienta no son representativos de la realidad de las enfermedades profesionales en nuestro país, ya que no tienen en cuenta su principal problema, que no es otro que el subregistro. Este subregistro tiene el origen en la práctica habitual de las Mutuas de accidentes de Trabajo de ‘infradeclarar’ las enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo, considerándolas como enfermedades comunes y derivándolas al sistema público de salud”.


Llamazares denuncia que, además, “el Servicio de Alertas sólo tiene en cuenta las enfermedades profesionales declaradas por las Mutuas en un número muy pequeño de empresas (131 frente, al más de 1 millón existentes en España), por lo que sus datos no son representativos de la realidad y propician la paradoja de que aquellas CC.AA. (Navarra, Cataluña y País Vasco) que han puesto en marcha dentro sus sistemas públicos de salud algún tipo de herramienta para detectar enfermedades profesionales (‘Sistema Centinela’) se ven señaladas en el informe como las que cuentan con un mayor número de empresas que superan los límites de alerta”.


El parlamentario considera “urgente que las Administraciones Públicas adopten políticas que permitan hacer visible lo invisible. No es admisible que la declaración de enfermedades profesionales se reduzca artificialmente años tras año en lugar de aumentar, como en realidad ocurre”.


Por todo ello, la iniciativa parlamentaria registrada insta al Gobierno a:


1. Desarrollar políticas sanitarias y de salud pública, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, que integren el trabajo y el empleo como factor determinante de la salud.


2. Promover la creación o potenciación en su caso, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y agentes sociales, de Unidades de Salud Laboral, como servicios de apoyo en la materia, así como poner en marcha o potenciar sistemas de vigilancia e información en salud laboral.


3. Garantizar de acuerdo con la legislación laboral vigente la vigilancia y control de la salud laboral por los Servicios de Prevención propios o ajenos, con la mayor calidad y efectividad.


4. Desarrollar programas de colaboración con los sistemas públicos de salud con el objetivo de la puesta en funcionamiento de ‘Sistemas Centinela’, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.


5. Mejorar los Sistemas de Información sobre la enfermedad profesional para poder hacer estudios con rigor sobre la realidad del trabajo y la salud, y promover la investigación científica sobre empleos y trabajos desfavorables.


6. Elaborar y poner en marcha el Plan de Salud Laboral, de común acuerdo con las Administraciones implicadas y los agentes sociales, a lo largo del primer semestre de 2011, al objeto de garantizar la coordinación y cooperación entre los servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Estrategia 2007-2012 de seguridad y salud en el trabajo”.


Madrid, 28 de abril 2011

sábado, 23 de abril de 2011

Llamazares participa en Villalar en la jornada reivindicativa de Izquierda Unida en el Día de Castilla y León

Como todos los años, Izquierda Unida montó en la campa de Villalar su tradicional carpa para celebrar el Día de Castilla y León. Desde la noche del día 22 hasta pasadas las 22,00 h. del 23 de abril pasaron por nuestra carpa centenares de compañeros y compañeras con el mismo deseo de reivindicar una comunidad autónoma “más justa, más solidaria y más reivindicativa”.


Entre los visitantes estuvo Gaspar Llamazares, nuestro diputado nacional y portavoz parlamentario, quien tradicionalmente nos ha acompañado desde hace años en el Día de Castilla y León. Llegó acompañado de José María González, candidato a la Presidencia del Gobierno autónomo y coordinador general de IU-CyL, de buena parte de los candidatos y candidatas de IU para las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas del 22-M.


En su paseo hasta el monolito, donde se procedió a realizar la tradicional ofrenda de flores, todos ellos portaron una pancarta en la que se podía leer ‘Las personas antes que los beneficios’, en alusión a la alternativa de izquierdas de nuestra formación para afrontar la crisis económica.


En la carpa de IU las reivindicaciones, en forma de carteles, aludían a nuestro rechazo a la Guerra en Libia y, por extensión, a cualquier conflicto bélico y a la participación de España en ellos. También se pidió el cierre de la central nuclear de Garoña, al tiempo que se anunció la manifestación contra la planta burgalesa que se celebrará el día 26 de abril, en Valladolid.


Igualmente, durante toda la jornada permaneció abierto un puesto de venta de materiales de la campaña ‘Rumbo a Gaza’ que, como sabéis, trata de fletar un barco con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza que se espera partir a finales de mayo.


La fiesta de Villalar fue, como cada año, un lugar de encuentro y confratenización que sólo estuvo empañada por la persistente lluvia que cayó durante la noche del viernes e impidió a los más jóvenes disfrutar de la actividad nocturna.


Villalar / Valladolid, 23 de abril 2011

miércoles, 20 de abril de 2011

Izquierda Unida se suma al llamamiento público contra la guerra en Libia a través del manifiesto redactado y que encabeza Rosa Regás

Izquierda Unida Federal, junto a su federación en la Comunidad de Madrid (IU-CM), está colaborando en difundir el manifiesto titulado ‘No a la Guerra’, cuya redactora y primera firmante es Rosa Regás, escritora y ex directora de la Biblioteca Nacional de España. En el texto se defiende una clara posición en contra de la intervención militar internacional en Libia y se califica a Gadafi de dictador.


Izquierda Unida ha tomado la iniciativa de firmar este documento tras la decisión adoptada ayer en la Comisión de Defensa por todos los Grupos del Congreso de los Diputados –con el único voto en contra del portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares- de respaldar la prolongación por dos meses de la participación española en la intervención militar en Libia, tal y como había solicitado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


Los promotores del manifiesto invitan a firmarlo tanto a personas a título individual, como a representantes de organizaciones pacifistas, ciudadanas, solidarias, ONG, partidos políticos y sindicatos. Al lado de cada persona firmante puede hacerse constar la profesión y, en su caso, la entidad a la que se representa.


En nombre de Izquierda Unida los primeros en estampar su firma en este texto han sido el propio Gaspar Llamazares, Enrique Santiago, secretario federal de Refundación y Movimientos Sociales, así como Eulalia Vaquero, diputada en la Asamblea de Madrid.


Desde hoy Izquierda Unida invita a sus militantes y simpatizantes, así como a toda la ciudadanía, a firmar el manifiesto, que se encuentra alojado en la siguiente página web:


http://www.pazahora.org/rosaregasguerra.html


Animamos también a difundir el manifiesto a través de medios de los medios de comunicación, redes sociales, páginas web, etc. ya que es absolutamente ‘copy-left’.


Madrid, 20 de abril 2011

martes, 19 de abril de 2011

Llamazares vota en nombre de IU en contra de prorrogar la misión de guerra en Libia “porque de humanitaria no tiene nada"

Transcripción íntegra de la intervención inicial y réplica a la ministra Chacón en la Comisión de Defensa del portavoz parlamentario de IU.


En primer lugar, como es tradicional, quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra y anunciarle -y creo que no es ninguna sorpresa- que Izquierda Unida no amparará esta prórroga de la presencia militar española en Libia. No la ampararemos porque no tiene amparo, señora ministra. A diferencia de la autorización o ratificación anterior, usted está proponiendo a este Congreso que vayamos más allá de la resolución de Naciones Unidas y ya hemos ido más allá de la resolución de Naciones Unidas.


La resolución de Naciones Unidas era muy ambigua, pero era una resolución que planteaba labores de exclusión aérea y una finalidad difusa, como es la protección humanitaria. Pero las cosas no son así, señora ministra. Usted viene aquí a decirnos que de las 4.000 salidas de los aviones, 45 son españolas y ninguna ha tenido que ser con bombardeo en tierra. Pero no ha reconocido usted lo fundamental. Usted forma parte de una coalición y, de las 4.000 salidas, 2.000 de ellas han bombardeado un país. Es decir, han utilizado un martillo para una operación quirúrgica.


El otro día Obama decía que no se podía utilizar un machete; pues mucho menos un martillo para una operación quirúrgica. Usted no ha explicado aquí las intervenciones que se han producido más allá de la resolución de Naciones Unidas -yo diría al margen de la resolución de Naciones Unidas-, porque exclusión aérea no es incursión aérea; exclusión aérea no es bombardeo; y exclusión aérea no es bombardeo de población civil, como han denunciado organismos internacionales y el propio Vaticano en varias ocasiones. Además, no pueden garantizarlo, señoría; no pueden garantizar que los bombardeos -que además pretenden ser inteligentes y no lo son mucho- no afecten a la población civil en esa guerra que usted ha denominado asimétrica, porque es todo un poco extraño y lleno de eufemismos.


Por razones que expliqué en mi primera intervención con respecto a la ratificación de la presencia española en Libia, en cuanto a la intervención de exclusión aérea, y también por razones de lo que ha sido el balance de mi grupo de este mes, no vamos a darle amparo, señora ministra. Y, además, creemos que usted no tiene amparo; no tiene amparo de Naciones Unidas, a diferencia de hace un mes. Usted no puede tener el amparo de esta Cámara para una serie de intervenciones que son -como se ha dicho aquí- una parte de la denominada guerra, que normalmente no se declara -hace mucho que ya no se declaran guerras-; tampoco se nombra y, últimamente, tiene el apellido de humanitaria, pero de humanitaria no tiene nada; tiene muy poco de humanitaria cualquier guerra, y ésta en concreto.


Señora ministra, hay cínicos que dicen que la guerra es la política por otros medios; yo creo que la guerra es el fracaso de la política. Esta guerra de Libia, en concreto, no es solamente el fracaso de la política; es el fracaso también de la opción de la guerra. Y usted viene aquí al cabo de un mes, porque usted fue quien pidió un mes -no lo pedí yo, fue usted quien lo pidió- y tres meses para el bloque naval. ¿Por qué pidió un mes para la exclusión aérea? Porque pensaba que con una labor de martillo, que no de operación quirúrgica sino de martillo, de bombardeos masivos, iban a lograr solucionar el conflicto, iban a lograr alterar el equilibrio y como consecuencia solucionar el conflicto, eso sí, de parte.


Bueno, lo que nos trae usted aquí es el fracaso de esa estrategia de guerra. Esa estrategia de guerra ha fracasado: llevan ustedes un mes, han ido más allá de la resolución de Naciones Unidas y se han extralimitado. Y a pesar de haberse extralimitado, ¿cuál es la situación en el terreno? Habla usted de guerra asimétrica, pero en el terreno nos encontramos avances y retrocesos, un empate, no diría técnico sino trágico, en el terreno y algunas posibilidades que son muy negras para nosotros; son muy negras para los libios pero para nosotros también son muy negras.


Para nosotros, un Estado fracasado en el norte de África es un desastre político, señora ministra; una división del país en el norte de África es un desastre político y un Estado protectorado de las potencias europeas en el norte de África es un doble desastre político. Y eso es lo que ustedes nos traen aquí, señora ministra. Nos traen aquí con la voluntad de nuevo de prorrogar una extralimitación de la resolución de Naciones Unidas y con un hecho que, además, no tiene precedente en esta Cámara y es que nos piden una autorización preventiva; es decir, si se ponen de acuerdo sobre las medidas de evacuación en tierra, les vamos a dar a ustedes la autorización. Pero cuando ustedes han recibido la autorización de exclusión aérea, lo que han hecho es bombardear masivamente. Si ahora les damos también la autorización de intervención de evacuación en tierra, mucho me temo que ese término de evacuación tenga también una polisemia tenebrosa. Por tanto, no puedo darle esa autorización, Izquierda Unida no puede darle esa autorización.


Con relación a la petición hace un mes, como usted sabe, nosotros no estábamos de acuerdo porque esta guerra, que no es una intervención, que es una guerra de parte, no es humanitaria. Usted utiliza cifras que no tienen ningún respaldo internacional. Nadie está dando en estos momentos ni cifras de lo que se pudo haber prevenido, ni cifras de cuáles son los efectos de nuestros bombardeos; usted no las ha dado aquí y debería darlas, de nuestros llamados ‘efectos colaterales’.


En segundo lugar, rechazamos esta intervención porque en nuestra opinión la democracia no se impone, y mucho menos mediante la guerra. No ayudamos a los demócratas del norte de África con esta guerra, sino que introducimos distorsiones en el norte de África únicamente porque queremos tener presencia en el futuro geoestratégico de la zona.


En tercer lugar, porque no responde -como normalmente se dice con relación a la protección humanitaria- a buena voluntad, no tiene interés de buena voluntad; tiene un interés en nuestra opinión menos desinteresado que tiene que ver con recursos, con intereses geoestrátegicos, etcétera y con pintar en lo que va a ocurrir en el norte de África, cuando hemos pintado en el pasado respaldando a esos mismos dictadores. No es verdad que Gadafi sea un amigo extravagante -hay que decirle al señor Aznar que no es cierto-, es un dictador repugnante. Pero lo era antes, cuando le daban la mano y cuando hacían negocios y lo es ahora, cuando se ha convertido en el gran enemigo de la coalición internacional; Gadafi sigue siendo el mismo.


Por otra parte, las repercusiones de la intervención, también decíamos -y está en el derecho de intervención humanitaria-, no pueden ser peores a las previsiones del mantenimiento del statu quo y tal y como va la guerra las repercusiones militares y las repercusiones humanitarias, en mi opinión, son muy negativas.


Pero, señora ministra, con doble razón -aquellas eran mis razones, las razones en la autorización inicial- rechazo la prórroga. Rechazo la prórroga porque la exclusión aérea se ha convertido en la incursión aérea, en al menos 2.000 bombardeos en tierra que han destruido no solamente un aparato militar de parte -por parte de una parte del conflicto- sino que han destruido también edificios civiles, han destruido la universidad en Trípoli, han destruido edificios que nada tenían que ver con la guerra y han destruido también vidas humanas de las que usted no da cuenta en esta Cámara y debería dar cuenta.


Debería dar cuenta no solamente de los crímenes de Gadafi, que deben conocerse en el ámbito internacional y sancionarse, sino también de los crímenes que se producen como consecuencia de nuestra intervención. Hay víctimas civiles en el bombardeo de Misrata por parte de Gadafi con armas que en su momento les vendimos, qué sarcasmo y qué paradoja. Y, por otra parte, hay también víctimas en el bombardeo de Trípoli, también hay víctimas en el bombardeo de Trípoli y sin embargo parece que unas víctimas y otras no son iguales.


Señora ministra, si es protección humanitaria es para todos y no hay civiles de Gadafi y civiles anti Gadafi; hay civiles que deben ser protegidos en todo caso. Pero es que además, señora ministra, la demostración de que no es una labor de exclusión aérea sino que estamos interviniendo de parte es que nos hemos convertido en el poder aéreo de los rebeldes que nos dicen cuándo va bien y cuándo va mal la intervención aérea. Nos hemos convertido en su inteligencia militar, la inteligencia militar también de los rebeldes, y nos hemos convertido asimismo en quienes legalizamos o no el comercio de armas. Y esto es otra paradoja y otro sarcasmo, señora ministra, porque tenemos buques que intentan evitar el comercio de armas y estamos favoreciendo el comercio de armas en tierra con Egipto; lo sabe todo el mundo que lo estamos haciendo y que estamos mirando para otro lado y bloqueando el comercio de armas en el mar, por vía naval y no nos sonrojamos en absoluto. Y esto no forma parte de la resolución de Naciones Unidas.


Termino, señora ministra, en relación con este tema no voy a actuar con rencor, creo que a veces algunos que en su momento han tenido responsabilidad con respecto a la guerra de Irak se ciegan precisamente por el rencor e intentan modificar lo que fue la guerra de Irak a la luz de los acontecimientos actuales y creo que es un esfuerzo inútil, es un esfuerzo inútil. Pero sí quiero decirle, señora ministra, que ustedes están yendo más allá de la resolución de Naciones Unidas y que ustedes no pueden seguir utilizando este lenguaje hipócrita sobre nuestra intervención en Libia. No es una intervención solamente de exclusión aérea, es una guerra, señora ministra, en la cual nosotros actuamos de parte; no es una guerra humanitaria, es una guerra con efectos muy poco humanos o inhumanos, como todas las guerras y es política y militarmente un fracaso, política y militarmente en nuestra opinión es un fracaso.


Es decir, se vulnera la resolución, se alimenta la guerra, significa un error estratégico, tiene el peligro de dividir el territorio y tiene el peligro de constituir un protectorado en un Estado fracasado en el norte de África y, con ello, un problema añadido en el ámbito internacional.


Existe una alternativa, se lo dije en el momento en el que decidieron pasar de la política y de la complejidad de la política a la simplicidad de la guerra -como consecuencia, fracaso político y fracaso militar-; existe una alternativa, que es el alto el fuego; existe una alternativa, que es el bloqueo y la presión internacional, y existe una alternativa, que es un proceso político negociado. Pero en ese proceso político negociado deben dejar que sean las partes las que decidan; no vayan a un nuevo intervencionismo: además del militar, ahora el intervencionismo político, es decir, quién falta y quién sobra en el futuro de Libia.


Yo espero que sea posible una negociación política, espero que sobren los dictadores y la dictadura, espero también que unos y otros creen las condiciones para un sistema pluralista, para un sistema democrático que responda a las aspiraciones del pueblo libio. Pero solamente lo espero, yo no soy -no creo que lo sea usted y no creo que lo sea la coalición internacional- ni el amo del mundo ni el ojo que todo lo ve; sencillamente son los ciudadanos, y en este caso los propios libios, los que deben construir su propio futuro.


RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES A LA RESPUESTA DE LA MINISTRA DE DEFENSA


Me queda claro qué es utilizar la resolución de Naciones Unidas como una patente de corso; patente de corso que parece que es lo que prima. No necesitamos nuevas resoluciones, ni siquiera aspiramos a ellas, creemos que no son probables; lo que tenemos que hacer es utilizar de manera deslizante la resolución existente, que sirva prácticamente para todo. Pero no quería intervenir sobre esta materia.


Ha planteado el señor Cuadrado un tema muy importante, aparte de que él debate siempre con gente que no está aquí, porque yo no he visto al señor Castro, no he visto al señor Kissinger, pero en todo caso sí quiero debatir sobre una cuestión muy importante: el dilema moral. Señorías, el dilema moral de la protección de la vida de los ciudadanos libios, el dilema moral también de sus derechos lo tenemos claro, pero aquí no estamos discutiendo sobre eso, señorías, eso se nos supone como el valor al soldado; no, estamos discutiendo de política y la política ni siquiera es el Derecho internacional. La política es poner el Derecho internacional y el derecho propio entre recursos y medios; esa es la cuestión.


Señorías, la pregunta es: después de un mes de intervención y de intervención deslizante, ¿hemos conseguido acercarnos a los objetivos o nos alejamos de ellos? En mi opinión el objetivo compartido podría ser de la democracia en los países árabes y de la democracia en Libia, y no se consigue con la guerra, sino que esta nos aleja del objetivo democrático. Y eso no quiere decir que yo o que mi grupo parlamentario -se pone en duda mi representación del grupo parlamentario; en todo caso, soy el representante en este momento- no compartamos ni el Derecho internacional, ni el deber de proteger, ni otras medidas que existen en Derecho internacional. Sí los compartimos, lo que pasa es que somos políticos y tenemos en cuenta en cada caso qué se puede hacer y qué no.


Porque si vamos a meternos en todos los ‘fregados’ donde haya un dictador que masacra a su pueblo, prepárense ustedes a vestir de uniforme, señorías; todos ustedes, porque no tendríamos fuerza militar suficiente para pacificar el mundo. Esa no es la forma y vuelvo a decir que utilizando el criterio moral y el criterio del Derecho internacional los políticos tenemos que tener en cuenta también si los medios y los fines son adecuados, y en este caso concreto creo que lo que nos presenta la ministra es que no, es que vamos a seguir allí no porque vayamos a la labor de la exclusión aérea sino porque tenemos que aparentar que todo sigue igual, que todo va bien y que no hemos fracasado. Hemos fracasado.


Madrid, 19 de abril de 2011

lunes, 18 de abril de 2011

Llamazares plantea un “profundo cambio legal” para impedir que la financiación de despidos y prejubilaciones se paguen con dinero público

El portavoz parlamentario de IU alerta sobre el alcance de los cambios anunciados por el Gobierno y reclama que se modifique el Estatuto de los Trabajadores y se afine en el Impuesto de Sociedades para evitar los abusos de las grandes empresas con beneficios.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, planteó hoy que se lleve a cabo un “profundo cambio legal, no un maquillaje” para evitar que se pueda utilizar un céntimo de dinero público para financiar parte de los despidos y prejubilaciones que decidan empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica.


Durante su visita a Ponferrada, donde acudió para apoyar la candidatura de José María González a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y la de Adelina Rodríguez a la Alcaldía de la ciudad berciana, Llamazares alertó sobre el alcance del adelanto realizado por el Ministerio de Trabajo sobre las medidas a tomar.


“Lo que dice el Gobierno –aseguró- no es nada nuevo. Ya figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo y, además, hasta ahora las exigencias hechas desde Izquierda Unida desde hace años para que se concrete esta idea de forma clara han sido desoídas por el Ejecutivo socialista”.


Para el portavoz parlamentario de IU no es suficiente con las “tibias” medidas anunciadas ahora por el Ejecutivo al calor del rechazo a los más de 6.000 despidos y prejubilaciones anunciados por la privatizada Telefónica, sino que “hay que modificar la legislación. En concreto, debe cambiarse el Estatuto de los Trabajadores para impedir a una empresa con beneficios que pueda reducir empleos”.


Calificó como “una metáfora de la crisis” el caso de la empresa de comunicaciones que preside César Alierta. “Es una metáfora de quien gana y quien pierde en la crisis. Gana quien ha provocado la crisis, los empresarios y los gestores, y pierden los trabajadores, que no tienen ninguna responsabilidad y sufren una reducción de empleo brutal. Y además, quieren que se lo financie la Administración”.


Además, denunció que Telefónica, que ha publicitado sus más de 10.500 millones de euros de beneficio, “no puede repartir casi la mitad en ‘bonus’ para sus accionistas y otra buena parte para sus directivos”. Planteó como manera de hacerle frente “una política impositiva que recupere el Impuesto de Sociedades en España, ya que prácticamente no hay impuestos sobre las empresas. Somos como Irlanda, y así le ha ido”, valoró.


Por otra parte, Llamazares indicó que la política de reconversión del sistema financiero que afecta a las cajas de ahorro “obedece a una única finalidad, que es la de privatizar el último sector social que quedaba en la economía de España. Lo que ha habido en los últimos meses es puro alarmismo para favorecer una privatización total del sector, poniéndole a las cajas un umbral de cuota propia totalmente desmesurado”.


Para darle una respuesta social y que beneficie a sus clientes y trabajadores, el parlamentario de IU reclamó la participación pública en las cajas a través FROB y que ésta se convierta en “participación accionarial, lo que nos permitiría recuperar un sector público financiero que apoye a los ciudadanos y a la pequeña y mediana empresa”.


Valoró que privatizar las cajas es “desvincularlas del territorio” y llamó la atención sobre la “actitud tan pasiva” que en este proceso están teniendo los responsables de las comunidades autónomas. “Van a perder el 80 por ciento de su autonomía en esta cuestión y es sorprendente que sólo hagan una pelea por la ubicación de las cajas, en vez de luchar para que exista un sector financiero de alcance social cercano a cada territorio”.


Ponferrada / León, 18 de abril 2011

viernes, 15 de abril de 2011

Llamazares registra la moción de IU-ICV por el 80º aniversario de la II República y pide al Gobierno que el 14 de abril sea "Día de la Memoria"

Esta iniciativa parlamentaria es consecuencia de la interpelación que el portavoz parlamentario de IU realizó al Gobierno el pasado miércoles día 13.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado la moción, consecuencia de la interpelación urgente realizada al Gobierno el pasado día 13, elaborada por IU-ICV y relacionada con el 80º aniversario de la II República que se conmemora esta semana. En el texto se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a “la celebración de un acto estatal de reconocimiento a la valiosa contribución de la II República al progreso y modernidad de España y como antecedente de la democracia del 78”. También se reclama “la declaración, a partir del año 2012, de la fecha del 14 de abril como ‘Día de la Memoria Histórica’”.


Dado que el Congreso no celebra sesiones plenarias en las dos próximas semanas y como el Reglamento de la Cámara obliga a registrar la moción en la misma semana en que se produce la interpelación de la que se deriva, Llamazares ha registrado ahora esta iniciativa, pero no podrá debatirse hasta el Pleno del 3 de mayo.


El portavoz parlamentario de IU enmarca esta iniciativa en el hecho de que “la celebración del 80º aniversario de la II República se presenta como una oportunidad relevante para recuperar con toda su vitalidad, pero también con todo su rigor y pluralidad, la brillantez de un periodo histórico que representa el antecedente inmediato de la democracia de 1978 y el camino constitucional hacia la libertad y la modernidad en nuestro país”.


Además, considera que reclamar su celebración tiene igual justificación que el hecho de que en 2010 se celebrara “el bicentenario de las independencias de las Repúblicas iberoamericanas. Hace pocas semanas las Cortes recordaron el 30 aniversario del 23-F. Y el año próximo celebraremos el Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812”.


Llamazares afirma que “del mismo modo que otros Estados de la Unión Europea celebran y honoran los acontecimientos que posibilitaron su avance democrático, al Gobierno y a las instituciones les corresponde impulsar durante el presente año iniciativas de reconocimiento a los avances culturales, sociales y políticos que se produjeron en España durante la II República”.


TEXTO DE LA MOCIÓN CON LOS PUNTOS A LOS QUE SE INSTA AL GOBIERNO


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el año 2011:


1) la celebración de un acto estatal de reconocimiento a la valiosa contribución de la II República al progreso y modernidad de España y como antecedente de la democracia del 78, con motivo del 80º aniversario de su proclamación


2) la declaración, a partir del año 2012, de la fecha del 14 de abril como “Día de la Memoria Histórica”


3) la declaración de la fecha del 14 de abril como fiesta estatal, en sustitución de alguna de las existentes


4) la edición de un sello conmemorativo de Correos dedicado al 80º aniversario de la proclamación de la II República


5) la publicación y difusión de ejemplares conjuntos de la Constitución de 1978, de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la Constitución de la República de 1931.


6) la celebración, de acuerdo en su caso con las respectivas Comunidades Autónomas, de homenajes institucionales a personalidades republicanas emblemáticas, como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys; el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre; los presidentes del Gobierno, Santiago Casares Quiroga y Juan Negrín; y el presidente de la República Manuel Azaña


7) la celebración de un homenaje a los republicanos españoles que combatieron al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, a los que liberaron París y a los que sufrieron el confinamiento en campos de exterminio como el de Mauthausen, por su contribución a la construcción de la Europa democrática


8) la celebración de actividades educativas, académicas, culturales y de investigación para la conmemoración y el conocimiento histórico de la II República, con el concurso de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en colaboración con las administraciones autonómicas o locales, universidades y centros escolares que así lo decidan


9) el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” y antes del 31 de diciembre de 2011, para:


a) la elaboración del “mapa integrado que comprenda todo el territorio español”, en el que consten los terrenos en que se localicen los restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior


b) la retirada completa de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”


c) la reforma del Estatuto de la fundación gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de

profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales”


10) la retirada del Valle de los Caídos de los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, y su devolución a sus respectivos familiares, para que ese espacio memorial sea acorde con los principios democráticos y con un enfoque científico de la historia


11) la reforma de la Ley 52/2007 para que el Estado, a través de sus distintos ámbitos, jueces y fiscales, asuman subsidiariamente las actividades para la “localización, exhumación e identificación de víctimas” a que se refieren los artículos 11 a 13 de la misma Ley


12) la investigación de las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la ONU 60/147 de 2005 y en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009 y en vigor desde diciembre de 2010


13) la investigación por el Ministerio de Sanidad y Política Social en entidades propias y con la colaboración de las entidades concertadas y las Instituciones responsables de las mismas, del caso de los niños robados del franquismo y de la continuación posterior de este delito


14) la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura, como fue el caso del poeta Miguel Hernández


15) la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico de la II República como referente democrático y, en el mismo sentido, del alzamiento militar y la posterior dictadura como referencia de la intolerancia y el totalitarismo.


Madrid, 15 de abril 2011

jueves, 14 de abril de 2011

Intervención de Llamazares en la comisión de exteriores para defender la iniciativa de IU sobre la "resolución definitiva del conflicto del Sáhara"

Señorías, desde Marruecos al Golfo Pérsico una ola de libertad recorre el conjunto de los países árabes. Es la hora de los pueblos unidos en su clamor por un futuro más justo, por unas condiciones salariales y de trabajo dignas, por la liberación de las mujeres, por una sociedad más democrática y en contra de la corrupción, el despotismo y la arbitrariedad como forma de gobierno que ha sido respaldada en buena parte por el statu quo a nivel internacional. Pero las revoluciones en curso en los distintos países no se miden desgraciadamente por el mismo rasero; se miden con arreglo a la geoestrategia, al petróleo o a las mejores o peores relaciones con las potencias occidentales. Este es el caso de Marruecos en la ocupación ilegal del territorio saharaui, como también ocurre con la ocupación de Palestina por el Estado de Israel.


Podemos coincidir en que nuestro aliado principal del sur debería ser Marruecos, pero también creemos que nuestra política de alianza sería más sólida y duradera si se consiguiera la transición efectiva en ese país hacia un régimen democrático verdaderamente parlamentario en que el rey no sea a la vez responsable religioso, donde el Estado respete los derechos humanos y aplique la legislación internacional para la descolonización del Sahara, porque a lo largo de todo este tiempo no ha sido así y porque a largo plazo no hay estabilidad sin democracia.


La violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados es una triste realidad desde hace más de tres décadas, pero la forma en que el Ejército marroquí procedió a desmantelar el campo de Agdaym Izik y la represión posterior desplegada a lo largo de todo el territorio han llevado en los últimos tiempos a una situación límite. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de una larga historia de detenciones arbitrarias, vejaciones y humillaciones constantes, de desaparecidos y de torturas.


Desde hace años nuestro grupo parlamentario viene abogando por una mayor implicación de la MINURSO, incorporando a sus actuales funciones un mandato explícito para la supervisión y la defensa de los derechos humanos de la población saharaui. Creo que ha llegado el momento en que la Cámara inste al Gobierno a promover con mayor firmeza este objetivo ante el secretario general de Naciones Unidas, tal y como acaba de solicitarle el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estas graves violaciones de derechos humanos no son más que la consecuencia última de otra grave violación, la del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, afirmado con rotundidad por Naciones Unidas.


España tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues es de iure la potencia administradora del territorio. Como ha señalado la Asamblea General de Naciones Unidas, un Estado no pierde la condición de potencia administradora ni queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones por el simple hecho de afirmarlo. En consecuencia, tal y como estableciera la Asamblea General en 1979, Marruecos es la potencia ocupante ilegal del territorio, de la misma forma que lo es Israel en los territorios ocupados palestinos. La ilegalidad de la ocupación del territorio por Marruecos es flagrante, tanto así que ningún Estado, ni siquiera Francia -su más fiel e incondicional aliado- ha reconocido dicha anexión. Pero merece la pena analizar si quiera someramente los argumentos del Gobierno para no condenar la situación actual y no apoyar decididamente la aplicación del derecho internacional.


Apoyar la libre determinación del pueblo saharaui no supone ponerse al lado de una de las partes sino simple y llanamente defender la aplicación del derecho internacional. Un argumento clásico es que España mantiene una posición de neutralidad activa ante el conflicto, pero la neutralidad no existe en derecho. Quien no apoya el cumplimiento del Derecho Internacional está apoyando, de hecho, su violación. Por otra parte, nuestro Gobierno ha llegado a sostener que Marruecos podría considerar tal condena como una injerencia en los asuntos internos, pero está fuera de cualquier discusión mínimamente rigurosa el hecho de que no se trata de un asunto interno marroquí sino internacional, porque el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y en ningún caso forma parte del territorio marroquí.


Se argumenta que si defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, las autoridades marroquíes reclamarán Ceuta y Melilla, lanzarán una ola de inmigrantes a través del Estrecho o relajarán la vigilancia sobre las tramas terroristas, pero lo cierto es que todos son argumentos falaces. Ceuta y Melilla han sido y seguirán siendo moneda de cambio en nuestras relaciones con Rabat con o sin Sahara de por medio, y seguirán siendo un reto tanto la política de lucha contra el terrorismo a nivel internacional como la cooperación internacional para evitar los grandes flujos inmigratorios.


Lo cierto es que después de tres lustros de guerra de Liberación Nacional, en 1991 el Frente Polisario decidió sustituir las armas por las urnas en la confianza de que Naciones Unidas sería capaz de llevar a buen puerto un plan de paz que había sido negociado libremente por las partes. Pero desde su puesta en marcha este plan fue boicoteado por Marruecos, tal y como han denunciado, entre otros, James Baker. Existe ya un censo para el referéndum confeccionado por Naciones Unidas, pero el veto francés impide su celebración. Mientras el plan de paz continúa estancado y el Sahara ocupado, se producen estas graves violaciones de derechos humanos y nuestro país se preocupa por su interés nacional, la Unión Europea por el suyo y Naciones Unidas se limita a deplorarlas.


En esta tesitura, nuestro grupo avanza en esta proposición no de ley la necesidad de vigilancia en materia de derechos humanos ampliando las funciones de la MINURSO: intensificar las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, y promover la convocatoria del referéndum de autodeterminación que ha de culminar el necesario proceso de descolonización.


Jueves, 14 de abril

miércoles, 13 de abril de 2011

El Gobierno elude pronunciarse con claridad sobre el uso del velo en escuelas tras tardar meses en responder una pregunta parlamentaria de Llamazares

Tras más de 10 meses de espera para que el Gobierno respondiera una pregunta parlamentaria escrita dirigida por el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, en la que, entre otras cuestiones, se interrogaba sobre “¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno sobre el porte del velo en las escuelas?”, el Ejecutivo elude pronunciarse con claridad sobre esta cuestión.


Llamazares registró el 12 de mayo de 2010 una pregunta a raíz de que el Ministerio de Justicia destituyera al hasta entonces subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, Juan Ferreiro Galguera, sin motivo explícito del cese. En su iniciativa, el portavoz parlamentario de IU valoró que “parece ser que la causa última del cese ha sido la difusión de una nota jurídica –que el propio cesado desmiente haber filtrado- originada por el caso de una alumna a la que un instituto de Pozuelo de Alarcón prohibió entrar en clase porque llevaba el hiyab, nota en la que Ferreiro afirmaba que “El derecho a profesar una creencia incluye el derecho a expresar, exteriorizar o vestirse de acuerdo con las mismas”, y añadía “Que una alumna lleve un velo en una escuela pública no ofende los derechos fundamentales de los demás, ni tampoco el orden público”.


Por este motivo, Llamazares, además de preguntar sobre “¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno sobre el porte del velo en las escuelas?”, reclamaba del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero explicaciones sobre si tiene alguna opinión sobre la prohibición de esta prenda.


Tras los más de 10 meses de espera citados, el Ejecutivo ha remitido al diputado una escueta respuesta de cuatro párrafos donde se limita a señalar que “para este Gobierno resulta una prioridad la defensa de los derechos fundamentales y, como no podía ser de otra manera, igualmente el derecho de la libertad religiosa y de creencias, así como la lucha contra cualquier discriminación o limitación de la libertad de las mujeres”.


“Nuestro ordenamiento jurídico –añade la respuesta- recoge los instrumentos necesarios para dar una respuesta adecuada al uso del velo en los espacios públicos, de manera equilibrada entre la igualdad, la libertad y la seguridad”.


El Ejecutivo argumenta que “no obstante, para alcanzar ese objetivo resulta necesario seguir colaborando con las Comunidades musulmanas para, desde el respeto a la identidad individual y la legítima expresión de las convicciones religiosas, promover e impulsar la integración social y la convivencia en libertad. Y ello con un doble objetivo. En primer lugar, fomentar la educación en el respeto a la dignidad personal y la igualdad entre hombres y mujeres, tal y como contemplan las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género, como instrumento más eficaz para alcanzar la cohesión y la convivencia social sobre la base de los valores constitucionales que rigen nuestra sociedad democrática. En segundo lugar, se debe buscar y potenciar la integración de las mujeres de origen musulmán desde el respeto a la dignidad e igualdad”.


Por último, en relación a la destitución del por entonces subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, sobre la que Llamazares pregunta directamente “¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto negativo que esta destitución ha tenido por parte de las comunidades musulmanas en España?”, el Gobierno señala que este puesto “es un cargo de libre designación por el Director General y el Ministerio de Justicia, como no podía ser de otro modo, sigue colaborando y comunicándose con las comunidades musulmanas así como con el resto de las comunidades religiosas”.


Madrid, 13 de abril 2011

Llamazares denuncia en el pleno del Congreso la “pasividad” del Gobierno del PSOE ante el 80º aniversario de la II República

Transcripción íntegra de la interpelación del portavoz parlamentario de IU al Gobierno y réplica del propio Llamazares a la insuficiente respuesta ofrecida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui (13-4-2011).


Señor ministro de la Presidencia, ¡Salud y República! Interpelo al ministro de la Presidencia en relación con el 80º aniversario de la proclamación de la II República española, un homenaje que debemos, en nuestra opinión necesario, y una asignatura pendiente de nuestra democracia: del Gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial. Mañana, señorías, se iza la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de Eibar, el primero en el que se izó el 14 de abril de 1931, y se izará en otros muchos ayuntamientos del país. Por parte de la Administración General del Estado, sin embargo, cunde el silencio con respecto a este 80º aniversario y, en ese sentido, queremos elevar al Gobierno una propuesta de conmemoración positiva de aquella etapa de nuestra historia contemporánea.


Señorías, después de 30 años de democracia, sonroja tener que recordar dónde estaba la ley -de parte de la República- y dónde estuvo el delito -de parte de los golpistas-. A estas alturas es muy peligroso para la salud moral y política española que todavía se pretenda equiparar al Gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el Estado al que había comprometido defender. Señorías, reconozcamos que nuestra memoria institucional aún está lejos de la historia y que una parte de la sociedad española ignora y revisa esa historia de legalidad de la II República española.


Señorías, en este año se celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz, los bicentenarios de las independencias iberoamericanas y hace pocas semanas hemos celebrado y recordado el 30º aniversario del 23-F, el golpe fallido, con un acto solemne en esta Cámara. No tiene en ese sentido ningún sentido -valga la redundancia- y es injusto que el Gobierno mantenga a la II República española en el olvido cuando se cumplen 80 años de su proclamación, que es la esperanza de vida de un español, con lo cual eso tiene su relevancia histórica.


Si no se hace hoy, no se va a hacer con españoles que vivieron aquella época. Recordarla no es para nosotros un ejercicio nostálgico, recordarla sería -en nuestra opinión lo ideal- un relato compartido de los españoles en relación con su memoria democrática; pero si no hay relato compartido, señorías, al menos que exista relato de valores democráticos por aquellos que los comparten. Si no lo hacemos, a falta de una campaña pedagógica del Estado democrático la versión del vencedor seguirá imperando de forma insolente -es como si en Alemania siguiera imperando la versión del nazismo, aunque es verdad que en Alemania perdieron la guerra-, intentando asimilar la República a la guerra civil o la República de Weimar al nazismo.


También seguirá imperando la falsa ecuanimidad de aquellos que dicen: todos fueron buenos, todos fueron malos, todos tenían razón o, lo que es lo mismo: ninguno la tenía, ninguno tenía legitimidad, en relación con la República y con los golpistas. ¿Qué valor científico puede tener una enseñanza de la historia contemporánea si la mayoría de los estudiantes ignora lo que ocurrió el 14 de abril de 1931, si en la mayor parte de los programas no se llega a la historia contemporánea de España? Pero no solo es un ejercicio de nostalgia, tiene que ver con nuestro presente; por ejemplo, para mal, con el procesamiento del juez Garzón en su investigación de los crímenes y desapariciones del franquismo, un procesamiento que lanza a la sociedad española un mensaje de que sigue siendo peligroso pedir cuentas al franquismo, una deuda pendiente de la justicia, una humillación -una nueva humillación- a las víctimas.


Señor ministro de la Presidencia, el 14 de abril de 1931 España, como en 1978, tuvo una oportunidad y la aprovechó. Pese a la brevedad de su vida, la República situó a España en la vanguardia social y cultural. Hoy, 80 años después, evocamos aquel espíritu con gratitud y reivindicamos como propios los valores republicanos, que siguen vigentes como símbolos de un país justo y democrático. Fueron muchos los logros truncados por la violencia que tuvimos que volver a reconstruir a partir de 1978: la instauración de un sistema democrático con reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales.


La República trajo el voto de la mujer y el derecho al divorcio y a la interrupción voluntaria del embarazo; la República planteó la reforma agraria; la República potenció la sanidad pública, dignificó la escuela y a sus maestros, desarrolló el progreso social; la República estableció la separación entre Iglesia y Estado y abordó la configuración de la España autonómica. Es verdad que la República también cometió errores, pero en este sentido, al expresar que la soberanía reside en el pueblo español, la Constitución republicana de 1931 fue el antecedente directo de nuestra Constitución de 1978. Somos muchos, señorías, quienes tenemos esa doble lealtad: la lealtad a la Constitución en vigor, que debemos cumplir y desarrollar; y la lealtad al que supuso uno de los momentos históricos más nobles de que podemos enorgullecernos los españoles, aunque fracasado, el impulso democrático de la II República.


Señor vicepresidente, desde estas premisas, en libertad y en democracia desde hace más de tres décadas, debemos rendir a la II República y a sus protagonistas el homenaje que se merecen y que aún no han recibido. Por ello, el Gobierno y el Parlamento han demostrado su reconocimiento institucional a quienes representan en momentos críticos de nuestra historia esos valores de libertad y de democracia que hoy consideramos consolidados; nos representaron en la República, en la lucha contra el franquismo y en la construcción democrática de Europa, en la cual ellos fueron también vanguardia de la derrota del nazismo. Reivindicar su memoria es creer también en nuestro propio futuro. No debemos considerar plenamente terminado el proceso de transición de la dictadura a la democracia mientras no se reconozca la verdad de nuestra reciente historia, mientras no se reparen los daños, mientras no se haga justicia. Treinta años después tenemos aún deudas pendientes.


Señorías, es cierto que se han dado pasos en la buena dirección con la unánime Declaración institucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002; también con normas como la Ley de Memoria Histórica, pero todavía quedan asignaturas pendientes, y en concreto varios incumplimientos con los compromisos señalados en la ley. En primer lugar, la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de restos o enterramientos de personas desaparecidas violenta y sistemáticamente en un genocidio durante la guerra civil y represión posterior. Sigue siendo una vergüenza para la democracia española. En segundo lugar, la elaboración del mapa de fosas. En tercer lugar, la modificación del estatuto del Valle de los Caídos y la salida de los restos del dictador para que este espacio, un espacio que se asienta sobre 10.000 republicanos asesinados con la bendición de la Iglesia católica, se convierta en un espacio de reconciliación. Y por último, la retirada de todos los símbolos franquistas de los ámbitos institucionales, tanto del Estado como del resto de las instituciones.


También siguen pendientes objetivos que deberían serlo del Estado democrático a más de 30 años de la democracia. En primer lugar, la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico y didáctico sobre la II República como referente de la cultura democrática. Queda pendiente la proclamación de la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la guerra civil y la dictadura, como ha sido el caso bochornoso del poeta Miguel Hernández; se considera la Ley de Memoria Histórica hecho nuevo, pero no se considera a Miguel Hernández inocente, algo que realmente es un bochorno para la democracia y para la cultura española.


En cuanto a la investigación por las desapariciones forzadas en cumplimiento de la legislación internacional y la investigación de los niños robados del franquismo y su continuación posterior, ¿qué hace el Gobierno que no investiga a través del Ministerio de Sanidad y de las entidades concertadas lo ocurrido con niños robados durante el franquismo e incluso durante la democracia? ¿Por qué no hay ya un informe en esta materia, que también avergüenza a nuestra democracia? Y en lo que se refiere al reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las instituciones y todos los ciudadanos represaliados con motivo del franquismo, señorías, es verdad que hace cinco años -en el 75º aniversario- se ofreció una exposición sobre las misiones pedagógicas, se recordó a Clara Campoamor por la extensión del sufragio a las mujeres y se editaron sellos, pero fueron medidas totalmente insuficientes y solamente puntuales. Aún permanece inédito el homenaje del Estado a los intelectuales del exilio republicano en Europa y en América, a los republicanos españoles que combatieron contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, a los liberadores de París y a quienes sufrieron el exterminio de Mauthausen y otros campos de concentración, y todavía no se ha producido, de acuerdo con las comunidades autónomas, el homenaje institucional debido a los presidentes de la Generalitat, Lluís Companys, del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, personalidades gallegas como Castelao o Santiago Casares Quiroga, y muy especialmente al presidente de la República, Manuel Azaña, y al presidente del Gobierno, Juan Negrín.


Señor ministro, por todo ello interpelamos al Gobierno si piensa promover el recuerdo y la reparación de la II República española en su 80º aniversario y le preguntamos cuál es su programa y su calendario para esta materia. También le preguntamos si el Gobierno va a poner en marcha alguna iniciativa de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, si va a respaldar en todo momento las iniciativas de la sociedad civil y si está promoviendo o favoreciendo aportaciones que recuperen el valor del legado de la II República como antecedente de la democracia de 1978. Del mismo modo que a otros Estados de la Unión Europea, a ustedes les corresponde impulsar durante el presente año iniciativas de reconocimiento a los avances que se produjeron en la historia española y en la historia democrática de nuestro país. Le adelantamos que una de las propuestas que señalaremos en nuestra moción será la declaración del 14 de abril como una fiesta estatal en sustitución de algunas de las existentes. Hoy, ochenta años después, no queremos lamentar el violento acoso y derribo a que fue sometida la República, como lo fue la República de Weimar, por la conspiración permanente y la fuerza bruta, queremos celebrar su memoria civil y los logros que consiguió. ¡Viva la República! ¡Viva la democracia del 78!


RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES A LA RESPUESTA DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA


Señor ministro, mi conclusión respecto a su intervención es que el Gobierno en esta materia se va a mantener en una posición pasiva, va a mirar únicamente lo que ocurre durante este aniversario que no es particular para usted. Ochenta años sí son algo. Se lo he tratado de explicar antes, parece que no ha querido entender, pero 80 años es la esperanza de vida de un español y de una española y, por tanto, es muy relevante. Después de esta oportunidad no habrá otra con esa generación en vida, probablemente, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad que no se puede perder, y el Gobierno si tuviera entre sus prioridades políticas, que parece que ya no la tiene, la Memoria, habría incorporado esta fecha a sus medidas que hoy parece que no tiene.


En relación a su primera reflexión, comparto esa reflexión modernizadora sobre la sociedad española, pero me gustaría establecer algún criterio. En primer lugar, que esa Constitución de 1978 no surge porque sí. Surge porque previamente existió un impulso modernizador y democrático en la República, porque hubo antifranquistas que mantuvieron viva su llama, su reivindicación y porque, finalmente, hubo unas condiciones exteriores e interiores que lo permitieron. Pero no valorar el antecedente de la II República me parece que no es valorar en estos momentos la naturaleza de la democracia española, sino que está muy unida a ese antecedente, es verdad que derrotado de la II República por un pronunciamiento, por un golpe cívico militar, pero, en definitiva, con valores muy permanentes.


Y esa reflexión sobre que hemos cumplido todas las cuestiones de España, las que planteaba Azaña, la cuestión territorial, la cuestión religiosa, la cuestión militar, es verdad que algunas de ellas están cumplidas, otras claramente encauzadas, pero hay otras que si bien las han cumplido los ciudadanos, por ejemplo, los ciudadanos son cada vez más una sociedad laica, sin embargo, institucionalmente no somos un estado aconfesional, sino que tenemos todavía una relación iglesia-Estado que no se corresponde con el Estado constitucional y con el Estado aconfesional.


Por otro lado, hay nuevas asignaturas pendientes -se lo he dicho antes- y una de ellas es la Memoria. La Memoria es una asignatura pendiente de este país; mientras siga existiendo una Memoria contrapuesta a la historia, la historia dice lo que dice sobre legalidad e ilegalidad en la República y, sin embargo, la Memoria es la memoria franquista, la que existe en este país todavía en buena parte como memoria institucional, la memoria de los equivocados o la memoria equidistante. Eso es inaceptable y eso plantea un reto para el Gobierno y para la Presidencia del Gobierno que parece no dispuesto a cumplir.


Hay otros elementos, por ejemplo, el que tiene que ver con la confesionalidad del Estado donde el Gobierno da la impresión de que no solamente se arruga con relación a la política económica, sino que se arruga también en relación con la memoria y con relación al laicismo. No en vano ustedes han renunciado a legislar sobre la libertad de conciencia, y creo que eso es llamativo.


Termino, señor ministro, refiriéndome al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y a temas pendientes en estos momentos en nuestro país. Primero, el desarrollo de la Memoria Histórica está pendiente y debería experimentar un impulso definitivo en estos momentos a más de treinta años de la democracia y a ochenta años de la proclamación de la II República. Hay que darle un impulso definitivo a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en los símbolos que todavía no están eliminados, en muchas materias que tienen que ver con exhumaciones, etcétera.


Creo que ahí hay una responsabilidad pública ineludible y, por otro lado, hemos visto y vemos con escándalo lo que está ocurriendo respecto a la investigación de los crímenes del franquismo, a la impunidad de esos crímenes y algo hay que hacer, salvo quedarse de brazos cruzados mientras juzgan a los jueces y condenan a los jueces y dejan totalmente en la humillación a las víctimas. Esa situación debe ser analizada por el Gobierno y exijo también una respuesta.


Madrid, 13 de abril 2011

Llamazares logra transar una enmienda con todos los grupos para instar al Gobierno a “culminar el proceso de descolonización del Sahara”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha sacado hoy adelante en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso la iniciativa parlamentaria presentada por IU-ICV relativa a la resolución definitiva del conflicto del Sahara Occidental. Para ello, el diputado de IU logró transar una enmienda que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios por la que el Congreso insta finalmente por unanimidad al Gobierno, entre otras cuestiones, “a promover las acciones necesarias con el fin de culminar el proceso de descolonización del Sahara Occidental en el contexto de la legalidad internacional que marcan las Resoluciones de Naciones Unidas”.


El texto transado recoge también el respaldo del Congreso a “la propuesta avanzada al secretario general de la ONU por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que la MINURSO amplíe sus competencias para poder informar sobre el respeto de los derechos humanos en todo el territorio del Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, estableciendo un mecanismo internacional efectivo de observación independiente y continuada de los derechos humanos”.


En la intervención para defender su iniciativa, Gaspar Llamazares destacó la necesidad de “aprovechar la ola de cambio” que actualmente hay en los países árabes para buscar una solución para el pueblo saharaui. De ahí que en el texto aprobado se recoja explícitamente en su primer párrafo que el Congreso “considera que en el marco de los avances actuales de libertad para los pueblos árabes puede encontrarse un contexto propicio para llegar a una conclusión del contencioso sobre el Sahara Occidental”.


Además, la iniciativa aprobada por unanimidad reitera el deseo de España para “profundizar en las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, según Naciones Unidas”.


Por último, se insta al Gobierno a “seguir apoyando el trabajo del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas en la búsqueda de resultados que conduzcan a una solución justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo auspicio de Naciones Unidas”.


Gaspar Llamazares aludió en su intervención a que en todo este proceso ayudaría que en Marruecos hubiese “una transición democrática, se respetasen los derechos humanos y se permitiese la descolonización del Sahara”.


Madrid, 13 de abril 2011

martes, 12 de abril de 2011

El PSOE se queda solo tras sacar Llamazares adelante una enmienda que obliga al Gobierno a reformar en seis meses la Ley de la Carrera Militar

Este importante cambio de última hora al que el Gobierno se ha venido oponiendo se ha introducido en el texto del proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares, cuyo dictamen definitivo ha sido aprobado hoy en la Comisión de Defensa con la abstención de IU-ICV.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha logrado introducir hoy en la Comisión de Defensa una importante enmienda en el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares que se estaba debatiendo. Esta modificación obliga al Gobierno a reformar en seis meses la Ley de la Carrera Militar en relación al sistema de ascensos.


La enmienda aprobada a IU-ICV señala textualmente que “el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que reforme la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que aborde el establecimiento de un periodo transitorio de aplicación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso a aquellos militares cuya trayectoria profesional haya quedado alterada como consecuencia de la no aplicación de la antigüedad”.


“Este régimen transitorio –se añade- permitirá que pasen a una escala en la que conservarán las características de carrera anteriormente vigente, hasta su pase a retiro”.


El Grupo Socialista se quedó solo votando en contra de esta enmienda -que afecta enormemente a la Ley de la Carrera Militar, en vigor desde enero de 2008 tras ser una de las últimas en aprobarse la pasada legislatura- y que fue apoyada esta mañana por el resto de grupos parlamentarios, con la abstención de CiU.


Llamazares justificó la presentación de esta enmienda en el marco del texto del proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares en el hecho de que esta norma que se tramita afecta a la Ley de la Carrera Militar “y a la vista de la situación negativa que se ha derivado de su aplicación y desarrollo parece necesario aprovechar la tramitación del proyecto para adoptar iniciativas legislativas que permitan la salvaguardia de derechos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas que han visto alterada su carrera y trayectoria profesionales, al no prever la Ley de la Carrera un régimen transitorio, perfectamente compatible, con el nuevo diseño de carrera militar”.


Hay que advertir como hecho importante que el Gobierno había vetado que se pudieran admitir a trámite en la fase previa a su debate en Comisión el resto de enmiendas que afectaban a la Ley de la Carrera Militar, dentro de su facultad de hacerlo para aquellas que considera que supondrían un incremento del gasto público. IU-ICV logró evitar este veto hasta lograr la aprobación de hoy.


Tras el debate de todas las enmiendas parciales, la Comisión de Defensa procedió a la votación del dictamen del proyecto de ley, que salió aprobado con el apoyo de PSOE y PP. Gaspar Llamazares se abstuvo en esta votación final ya que, pese a reconocer que se habían recogido algunas mejoras, considera que el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares “sigue teniendo un carácter restrictivo que hace que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan que renunciar importantes derechos como ciudadanos”.


Madrid, 12 de abril 2011

jueves, 7 de abril de 2011

IU, junto a ICV y ERC, pidió a Bono en febrero que los viajes de los diputados “sean en Turista y no en Preferente como muestra de austeridad”

En la propuesta presentada se hacían también recomendaciones sobre el cobro de pensiones de los parlamentarios, para endurecer su régimen de incompatibilidades y para que haya mayor transparencia y publicidad de sus ingresos, bienes patrimoniales y rentas.


Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, junto a ICV y ERC, con quienes forma grupo parlamentario, reclamaron el pasado mes de febrero a José Bono que “los viajes de los diputados sean en Turista y no en Preferente, como muestra de austeridad”. Desde entonces se lleva esperando una respuesta del presidente del Congreso en algún sentido.


Esta solicitud para conseguir una disminución en los gastos de la Cámara Baja se incluyó en el documento entregado a Bono el pasado 7 de febrero donde, además, se le planteaban otra serie de medidas sobre el cobro de pensiones por parte de los parlamentarios, para endurecer su régimen de incompatibilidades y para que haya mayor transparencia y dar mayor publicidad de los ingresos, bienes patrimoniales y rentas de los miembros del Congreso.


Entre otras cuestiones, se pedía “promover los cambios jurídicos necesarios para hacer públicos en el Boletín Oficial o en la página web los bienes patrimoniales, ingresos y rentas de los diputados”, así como “introducir la obligatoriedad de actualizar los datos anualmente, por ejemplo, incluyendo las declaraciones anuales de la renta personal”.


Pese a la celeridad de Bono para recibir estas peticiones, desde Izquierda Unida “no se entiende que hayan pasado exactamente dos meses desde que le fueron remitidas y no haya habido ninguna respuesta oficial ni se conozca que tramitación posterior se va a dar a las mismas”.


En relación al tema de los viajes de los parlamentarios, Izquierda Unida llevó a cabo su petición para reducir gasto conociendo que en la actualidad el Congreso tiene suscrito un convenio con compañías de transportes como Iberia desde hace una década para pagar los billetes de avión de los diputados a través de tarifas bonificadas, que hace que su coste en Preferente sea más barato que en Turista. Desde IU se entiende que “no debe suponer mayor problema renegociar este antiguo convenio para que al establecerse desde el principio que se viaje en Turista los gastos se reduzcan aún más, con el consiguiente y necesario ahorro de dinero público, que es el principal fin que buscamos con esta propuesta”.


Madrid, 7 de abril 2011

martes, 5 de abril de 2011

Llamazares denuncia que “se está haciendo un uso perverso de la crisis para debilitar el Estado del bienestar en temas como la Sanidad o las pensiones

El portavoz parlamentario de IU y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso desarrolló toda su jornada de trabajo matinal en Badajoz, donde impartió una conferencia en la Facultad de Medicina.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, ha denunciado hoy que “se está haciendo un uso perverso de la crisis económica de tal manera que se quieren debilitar los pilares del Estado del bienestar en España. De este ataque perverso no quedan al margen ni la Sanidad Pública ni el sistema de pensiones”.


Llamazares se encuentra hoy en Extremadura y estas declaraciones las realizó durante su jornada de trabajo de la mañana en Badajoz, donde ofreció una rueda de prensa e impartió una conferencia sobre ‘El futuro de la Sanidad Pública en el marco de la crisis’ en la Facultad de Medicina de esta ciudad. Por la tarde se desplazó a Almendralejo para participar en un acto de precampaña y presentar las candidaturas de IU-Extremadura en esta localidad.


El diputado de IU valoró que el sistema sanitario en nuestro país “no tiene ningún problema de viabilidad o sostenibilidad” y, como viene defendiendo de forma reiterada, insistió sobre su “indudable eficacia, ya que está entre los que mejor funcionan del mundo”. No obstante, advirtió sobre que “precisamente ahí está el riesgo; su éxito es su peligro. Es una perita en dulce para el ataque de la gestión privada”.


“Los que se han servido del Estado para salir de la crisis –detalló- buscan al calor de la crisis hacerse con sectores sociales muy importantes para obtener nuevos nichos de mercado, como la Sanidad o la Educación. Ahí está la verdadera voluntad del ataque al Estado del bienestar, con la excusa de la reducción del déficit determinados derechos universales se convierten en bienes de mercado”.


Gaspar Llamazares avisó también de los “recortes negativos” que ya ha sufrido el entorno sanitario, entre los que destacó los salarios de los profesionales de la Sanidad, que han supuesto recortar un 2,5 % el gasto sanitario público a nivel estatal, algo a lo que se deben añadir las “políticas de ajuste que han interpretado algunas comunidades autónomas”, hasta aumentar ese recorte en un 4 ó 5%.


A su vez, indicó que la disminución en la reposición de profesionales del sistema sanitario o de inversiones en gasto corriente “ha traído como consecuencia un posible deterioro del sistema que algunos quieren aprovechar ahora en su beneficio”.


El parlamentario de IU tachó de “interesados” los argumentos de quienes defienden las privatizaciones o el copago sanitario, porque “las experiencias de privatizaciones demuestran que son menos eficientes que el sistema sanitario público”. Además, sostuvo que la única parte del sistema ya con copago -el gasto farmacéutico- “es la más ineficiente. El copago es inequitativo y discrimina a la gente con enfermedades crónicas, peor accesibilidad al sistema o más baja renta”.


Llamazares recordó también que, a propuesta de Izquierda Unida, “está pendiente de aprobación el derecho universal a la salud, algo que está acordado dentro del Parlamento, algo que se lograría con un escaso presupuesto y cubriendo al conjunto de la población”.


Entrando en la parte propositiva, señaló que el sistema sanitario público necesita de modificaciones, pero que éstas deban pasar por “dar un mayor papel a la prevención y la promoción de la salud; a las enfermedades crónicas y las referidas a enfermos de patologías concretas. También por una reorientación del ineficiente gasto farmacéutico y tecnológico”, en el que tienen mucho que ver más que los beneficios sanitarios “las presiones de las compañías directamente interesadas”. Todo ello debe ir unido a “una mayor participación de los profesionales y los ciudadanos en la gestión del sistema”.


Badajoz, 5 de abril 2011