Intervención de Llamazares en la comisión de exteriores para defender la iniciativa de IU sobre la "resolución definitiva del conflicto del Sáhara"

Señorías, desde Marruecos al Golfo Pérsico una ola de libertad recorre el conjunto de los países árabes. Es la hora de los pueblos unidos en su clamor por un futuro más justo, por unas condiciones salariales y de trabajo dignas, por la liberación de las mujeres, por una sociedad más democrática y en contra de la corrupción, el despotismo y la arbitrariedad como forma de gobierno que ha sido respaldada en buena parte por el statu quo a nivel internacional. Pero las revoluciones en curso en los distintos países no se miden desgraciadamente por el mismo rasero; se miden con arreglo a la geoestrategia, al petróleo o a las mejores o peores relaciones con las potencias occidentales. Este es el caso de Marruecos en la ocupación ilegal del territorio saharaui, como también ocurre con la ocupación de Palestina por el Estado de Israel.

Podemos coincidir en que nuestro aliado principal del sur debería ser Marruecos, pero también creemos que nuestra política de alianza sería más sólida y duradera si se consiguiera la transición efectiva en ese país hacia un régimen democrático verdaderamente parlamentario en que el rey no sea a la vez responsable religioso, donde el Estado respete los derechos humanos y aplique la legislación internacional para la descolonización del Sahara, porque a lo largo de todo este tiempo no ha sido así y porque a largo plazo no hay estabilidad sin democracia.

La violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados es una triste realidad desde hace más de tres décadas, pero la forma en que el Ejército marroquí procedió a desmantelar el campo de Agdaym Izik y la represión posterior desplegada a lo largo de todo el territorio han llevado en los últimos tiempos a una situación límite. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de una larga historia de detenciones arbitrarias, vejaciones y humillaciones constantes, de desaparecidos y de torturas.

Desde hace años nuestro grupo parlamentario viene abogando por una mayor implicación de la MINURSO, incorporando a sus actuales funciones un mandato explícito para la supervisión y la defensa de los derechos humanos de la población saharaui. Creo que ha llegado el momento en que la Cámara inste al Gobierno a promover con mayor firmeza este objetivo ante el secretario general de Naciones Unidas, tal y como acaba de solicitarle el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estas graves violaciones de derechos humanos no son más que la consecuencia última de otra grave violación, la del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, afirmado con rotundidad por Naciones Unidas.

España tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues es de iure la potencia administradora del territorio. Como ha señalado la Asamblea General de Naciones Unidas, un Estado no pierde la condición de potencia administradora ni queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones por el simple hecho de afirmarlo. En consecuencia, tal y como estableciera la Asamblea General en 1979, Marruecos es la potencia ocupante ilegal del territorio, de la misma forma que lo es Israel en los territorios ocupados palestinos. La ilegalidad de la ocupación del territorio por Marruecos es flagrante, tanto así que ningún Estado, ni siquiera Francia -su más fiel e incondicional aliado- ha reconocido dicha anexión. Pero merece la pena analizar si quiera someramente los argumentos del Gobierno para no condenar la situación actual y no apoyar decididamente la aplicación del derecho internacional.

Apoyar la libre determinación del pueblo saharaui no supone ponerse al lado de una de las partes sino simple y llanamente defender la aplicación del derecho internacional. Un argumento clásico es que España mantiene una posición de neutralidad activa ante el conflicto, pero la neutralidad no existe en derecho. Quien no apoya el cumplimiento del Derecho Internacional está apoyando, de hecho, su violación. Por otra parte, nuestro Gobierno ha llegado a sostener que Marruecos podría considerar tal condena como una injerencia en los asuntos internos, pero está fuera de cualquier discusión mínimamente rigurosa el hecho de que no se trata de un asunto interno marroquí sino internacional, porque el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y en ningún caso forma parte del territorio marroquí.

Se argumenta que si defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, las autoridades marroquíes reclamarán Ceuta y Melilla, lanzarán una ola de inmigrantes a través del Estrecho o relajarán la vigilancia sobre las tramas terroristas, pero lo cierto es que todos son argumentos falaces. Ceuta y Melilla han sido y seguirán siendo moneda de cambio en nuestras relaciones con Rabat con o sin Sahara de por medio, y seguirán siendo un reto tanto la política de lucha contra el terrorismo a nivel internacional como la cooperación internacional para evitar los grandes flujos inmigratorios.

Lo cierto es que después de tres lustros de guerra de Liberación Nacional, en 1991 el Frente Polisario decidió sustituir las armas por las urnas en la confianza de que Naciones Unidas sería capaz de llevar a buen puerto un plan de paz que había sido negociado libremente por las partes. Pero desde su puesta en marcha este plan fue boicoteado por Marruecos, tal y como han denunciado, entre otros, James Baker. Existe ya un censo para el referéndum confeccionado por Naciones Unidas, pero el veto francés impide su celebración. Mientras el plan de paz continúa estancado y el Sahara ocupado, se producen estas graves violaciones de derechos humanos y nuestro país se preocupa por su interés nacional, la Unión Europea por el suyo y Naciones Unidas se limita a deplorarlas.

En esta tesitura, nuestro grupo avanza en esta proposición no de ley la necesidad de vigilancia en materia de derechos humanos ampliando las funciones de la MINURSO: intensificar las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, y promover la convocatoria del referéndum de autodeterminación que ha de culminar el necesario proceso de descolonización.

Jueves, 14 de abril