El Gobierno elude pronunciarse con claridad sobre el uso del velo en escuelas tras tardar meses en responder una pregunta parlamentaria de Llamazares

Tras más de 10 meses de espera para que el Gobierno respondiera una pregunta parlamentaria escrita dirigida por el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, en la que, entre otras cuestiones, se interrogaba sobre “¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno sobre el porte del velo en las escuelas?”, el Ejecutivo elude pronunciarse con claridad sobre esta cuestión.

Llamazares registró el 12 de mayo de 2010 una pregunta a raíz de que el Ministerio de Justicia destituyera al hasta entonces subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, Juan Ferreiro Galguera, sin motivo explícito del cese. En su iniciativa, el portavoz parlamentario de IU valoró que “parece ser que la causa última del cese ha sido la difusión de una nota jurídica –que el propio cesado desmiente haber filtrado- originada por el caso de una alumna a la que un instituto de Pozuelo de Alarcón prohibió entrar en clase porque llevaba el hiyab, nota en la que Ferreiro afirmaba que “El derecho a profesar una creencia incluye el derecho a expresar, exteriorizar o vestirse de acuerdo con las mismas”, y añadía “Que una alumna lleve un velo en una escuela pública no ofende los derechos fundamentales de los demás, ni tampoco el orden público”.

Por este motivo, Llamazares, además de preguntar sobre “¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno sobre el porte del velo en las escuelas?”, reclamaba del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero explicaciones sobre si tiene alguna opinión sobre la prohibición de esta prenda.

Tras los más de 10 meses de espera citados, el Ejecutivo ha remitido al diputado una escueta respuesta de cuatro párrafos donde se limita a señalar que “para este Gobierno resulta una prioridad la defensa de los derechos fundamentales y, como no podía ser de otra manera, igualmente el derecho de la libertad religiosa y de creencias, así como la lucha contra cualquier discriminación o limitación de la libertad de las mujeres”.

“Nuestro ordenamiento jurídico –añade la respuesta- recoge los instrumentos necesarios para dar una respuesta adecuada al uso del velo en los espacios públicos, de manera equilibrada entre la igualdad, la libertad y la seguridad”.

El Ejecutivo argumenta que “no obstante, para alcanzar ese objetivo resulta necesario seguir colaborando con las Comunidades musulmanas para, desde el respeto a la identidad individual y la legítima expresión de las convicciones religiosas, promover e impulsar la integración social y la convivencia en libertad. Y ello con un doble objetivo. En primer lugar, fomentar la educación en el respeto a la dignidad personal y la igualdad entre hombres y mujeres, tal y como contemplan las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género, como instrumento más eficaz para alcanzar la cohesión y la convivencia social sobre la base de los valores constitucionales que rigen nuestra sociedad democrática. En segundo lugar, se debe buscar y potenciar la integración de las mujeres de origen musulmán desde el respeto a la dignidad e igualdad”.

Por último, en relación a la destitución del por entonces subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, sobre la que Llamazares pregunta directamente “¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto negativo que esta destitución ha tenido por parte de las comunidades musulmanas en España?”, el Gobierno señala que este puesto “es un cargo de libre designación por el Director General y el Ministerio de Justicia, como no podía ser de otro modo, sigue colaborando y comunicándose con las comunidades musulmanas así como con el resto de las comunidades religiosas”.

Madrid, 13 de abril 2011