Llamazares plantea un “profundo cambio legal” para impedir que la financiación de despidos y prejubilaciones se paguen con dinero público

El portavoz parlamentario de IU alerta sobre el alcance de los cambios anunciados por el Gobierno y reclama que se modifique el Estatuto de los Trabajadores y se afine en el Impuesto de Sociedades para evitar los abusos de las grandes empresas con beneficios.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, planteó hoy que se lleve a cabo un “profundo cambio legal, no un maquillaje” para evitar que se pueda utilizar un céntimo de dinero público para financiar parte de los despidos y prejubilaciones que decidan empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica.

Durante su visita a Ponferrada, donde acudió para apoyar la candidatura de José María González a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y la de Adelina Rodríguez a la Alcaldía de la ciudad berciana, Llamazares alertó sobre el alcance del adelanto realizado por el Ministerio de Trabajo sobre las medidas a tomar.

“Lo que dice el Gobierno –aseguró- no es nada nuevo. Ya figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo y, además, hasta ahora las exigencias hechas desde Izquierda Unida desde hace años para que se concrete esta idea de forma clara han sido desoídas por el Ejecutivo socialista”.

Para el portavoz parlamentario de IU no es suficiente con las “tibias” medidas anunciadas ahora por el Ejecutivo al calor del rechazo a los más de 6.000 despidos y prejubilaciones anunciados por la privatizada Telefónica, sino que “hay que modificar la legislación. En concreto, debe cambiarse el Estatuto de los Trabajadores para impedir a una empresa con beneficios que pueda reducir empleos”.

Calificó como “una metáfora de la crisis” el caso de la empresa de comunicaciones que preside César Alierta. “Es una metáfora de quien gana y quien pierde en la crisis. Gana quien ha provocado la crisis, los empresarios y los gestores, y pierden los trabajadores, que no tienen ninguna responsabilidad y sufren una reducción de empleo brutal. Y además, quieren que se lo financie la Administración”.

Además, denunció que Telefónica, que ha publicitado sus más de 10.500 millones de euros de beneficio, “no puede repartir casi la mitad en ‘bonus’ para sus accionistas y otra buena parte para sus directivos”. Planteó como manera de hacerle frente “una política impositiva que recupere el Impuesto de Sociedades en España, ya que prácticamente no hay impuestos sobre las empresas. Somos como Irlanda, y así le ha ido”, valoró.

Por otra parte, Llamazares indicó que la política de reconversión del sistema financiero que afecta a las cajas de ahorro “obedece a una única finalidad, que es la de privatizar el último sector social que quedaba en la economía de España. Lo que ha habido en los últimos meses es puro alarmismo para favorecer una privatización total del sector, poniéndole a las cajas un umbral de cuota propia totalmente desmesurado”.

Para darle una respuesta social y que beneficie a sus clientes y trabajadores, el parlamentario de IU reclamó la participación pública en las cajas a través FROB y que ésta se convierta en “participación accionarial, lo que nos permitiría recuperar un sector público financiero que apoye a los ciudadanos y a la pequeña y mediana empresa”.

Valoró que privatizar las cajas es “desvincularlas del territorio” y llamó la atención sobre la “actitud tan pasiva” que en este proceso están teniendo los responsables de las comunidades autónomas. “Van a perder el 80 por ciento de su autonomía en esta cuestión y es sorprendente que sólo hagan una pelea por la ubicación de las cajas, en vez de luchar para que exista un sector financiero de alcance social cercano a cada territorio”.

Ponferrada / León, 18 de abril 2011