No obstante, PSOE, PP y CiU unen sus votos para rechazar el resto de la Moción defendida por el portavoz parlamentario de IU, donde se reclamaba establecer un calendario de desmantelamiento de las bases militares y garantizar el cumplimiento del compromiso para que EE.UU descontamine la zona de Palomares afectada por residuos radioactivos.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, logró hoy el respaldo unánime de todos los grupos al primer punto de la moción que defendió ante el Pleno del Congreso por el que se insta al Gobierno a “garantizar la información y el control parlamentario de la aplicación y mejoras del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos, de 1 de diciembre de 1988, Anejos y Canjes de Notas, modificado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002 y sus desarrollos reglamentarios”.
Sin embargo, el resto de la moción –compuesta por otros cinco puntos- fue rechazada de forma mayoritaria, con los votos principalmente de PSOE, PP y CiU. En estos puntos Llamazares defendía, entre otras cuestiones, “establecer con las autoridades estadounidenses un calendario de desmantelamiento de las bases militares de utilización conjunta”.
No fueron aceptadas tampoco las iniciativas de IU en las que se planteaba también al Ejecutivo presentar ante el Congreso un informe anual y asegurar una comparecencia específica de información sobre el Convenio, así como aquella en la que se pedía “garantizar el cumplimiento del compromiso adquirido por los Estados Unidos, en el objetivo de descontaminación de la zona de Palomares afectada por los residuos radioactivos derivados de la caída accidental de bombas nucleares estadounidenses”.
Llamazares denunció que el convenio entre España y EE.UU ha evolucionado hacia una “clara involución en la relación hispano-norteamericana, con un mayor desequilibrio en favor de los Estados Unidos, que no garantizan ninguna cláusula de defensa mutua, y un anacronismo en relación a los intereses de España, la seguridad de la población y el ejercicio de la soberanía del Estado español, por cuanto otorga un cheque en blanco a los servicios estadounidenses de inteligencia para actuar como les plazca en territorio español”.
“De otra parte –afirmó-, resulta incoherente que el Gobierno español consienta que Estados Unidos utilice nuestro territorio para realizar misiones que las propias Fuerzas Armadas españolas no están autorizadas a desarrollar por entrar en contradicción con la Ley de Defensa Nacional, no amparadas por la legalidad internacional”.
En su intervención, el portavoz parlamentario de IU denunció también la falta de control de la actividad de los servicios militares estadounidenses de inteligencia y pidió que se siga el régimen similar al que regula las misiones del CNI. En su opinión, estos servicios de inteligencia operan “sin ningún control, ni explicaciones, ni reciprocidad por nuestra parte” y solicitó que esta situación se elimine del convenio reformado y, hasta entonces, que se garantice el control judicial de su actividad y el respeto de los derechos y libertades en España por parte de sus miembros, cuyas misiones “han de obtener autorización previa de un juez”.
Madrid, 8 de febrero 2011
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