El Ejecutivo tarda más de dos meses en responder con “evasivas, de forma incompleta y eludiendo parte de la solicitud de documentación efectuada” a parte de la batería de iniciativas registrada por Gaspar Llamazares para aclarar la colaboración del Ministerio Fiscal con EE.UU sobre el asesinato de José Couso expuesta por el embajador norteamericano en los cables enviados a su país.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido ahora, más dos meses después, a parte de la batería de iniciativas registradas por el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, para aclarar las ilegalidades e irregularidades destapadas por Wikileaks cometidas presuntamente por miembros del Ministerio Fiscal, incluido el máximo responsable de la Fiscalía General del Estado. Éstas fueron reflejadas en los cables que el entonces embajador norteamericano Eduardo Aguirre remitió a su Gobierno en relación al asesinato del cámara José Couso en Irak por miembros del Ejército de EE.UU.
La respuesta a una parte de las preguntas y solicitud de documentación hecha por Llamazares en diciembre no puede ser más insatisfactoria. En dos escritos entregados en el Registro del Congreso el pasado 8 de febrero, el Ejecutivo evita dar ninguna información ni documentación, y elude responder o lo hace con evasivas precisamente sobre la parte de los documentos referida a la oscura actuación de la Fiscalía en este caso.
Gaspar Llamazares hizo el 3 de diciembre pasado una solicitud de informes y documentos a través de dos iniciativas distintas, amparándose en el Reglamento de la Cámara. En una reclamó “Copia de los documentos o/e informes entregados por miembros del Gobierno y/o de la Fiscalía a la Embajada de Estados Unidos en Madrid sobre el ‘caso Couso’, especialmente las copias de folios obrantes en las actuaciones judiciales”.
En la segunda pidió “Documentos y/o resoluciones entregadas por la Fiscalía a la Embajada de EE.UU o autoridades de EE.UU en relación con los procedimientos judiciales en los casos del cámara español José Couso, muerto por disparos de un tanque norteamericano en Bagdad”. El diputado ampliaba su solicitud sobre este caso a la de “los vuelos de la CIA con escala en aeropuertos españoles; y las torturas en Guantánamo”.
Además, basándose en los cables que el embajador norteamericano Aguirre remitió a sus jefes en EE.UU y desveló Wikileaks, Llamazares solicita todos los datos existentes sobre “Número, participantes, fechas y lugares de las reuniones mantenidas entre fiscales de la Audiencia Nacional y representantes de Estados Unidos, y temas abordados en las mismas”.
Pues bien, a todas estas cuestiones el Gobierno se limita a señalar en uno de sus escritos que “en respuesta a la petición realizada por Su Señoría al amparo del art. 7 del Reglamento del Congreso, el Ministerio de Justicia informa de que no ha entregado documento o informe alguno a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid”.
La escueta respuesta del Gobierno elude hacer mención alguna a cualquier posible documentación entregada a la misma embajada por “miembros de la Fiscalía”, tal y como se especifica conscientemente en las dos iniciativas registradas. Además, evita responder al apartado referido a los datos sobre “número, participantes, fechas y lugares de las reuniones mantenidas entre fiscales de la Audiencia Nacional y representantes de Estados Unidos, y temas abordados en las mismas”, a lo que no se dedica ni una línea.
Esta contestación del Gobierno a Llamazares sí concluye con una información que nadie le reclamaba. Así, en el otro párrafo de que consta la respuesta, señala que “de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre los Estados Unidos y España (…), el Ministerio de Justicia ha remitido todas las comisiones rogatorias emitidas por los órganos judiciales competentes a la Autoridad establecida al efecto, esto es, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”. En un anexo acompaña las mismas.
Por otra parte, en una tercera iniciativa parlamentaria registrada por Llamazares también el 3 de diciembre y respondida ahora, el parlamentario de IU formuló las siguientes cuestiones al Gobierno basándose en las “excelentes relaciones de cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Estados Unidos, y sus frecuentes reuniones de intercambio de información”:
¿En qué ha consistido la colaboración entre ambas fiscalías para facilitar la actuación de la Justicia española en el ‘caso Couso’?
¿Cuáles han sido hasta el momento los resultados de esa colaboración?
¿Podrían ambas fiscalías intensificar su cooperación para traer ante la Audiencia Nacional a los tres militares estadounidenses reclamados por el juez Pedraz como imputados en el caso del asesinato del cámara español José Couso por disparos efectuados desde un tanque estadounidense en Bagdad?
¿Por qué razones esos tres militares no han comparecido todavía ante la Audiencia Nacional?
El Gobierno vuelve a dedicar dos párrafos en su respuesta para quitarse de encima la cuestión. En el primero asegura que “se informa de que el asunto forma parte de un proceso judicial aún no concluido en el que el Ministerio Fiscal ejerce las funciones que la ley le encomienda, desde la autonomía e independencia que le confiera la Constitución y que han reforzado por medio de la Ley Orgánica 24/2007, de 9 de octubre, de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
El otro párrafo es prácticamente una copia del incluido en la respuesta conjunta a las otras dos iniciativas y se limita a señalar que “de acuerdo con la atribución de facultades derivada del principio de separación de poderes, el Ministerio de Justicia ha colaborado desde el primer momento permanentemente con la Administración de Justicia y, así, desde abril de 2004 hasta hoy, ha tramitado tres comisiones rogatorias a Estados Unidos, la última el 29 de noviembre de este mismo año”. Su mismo contenido evidencia desde cuando estaba redactada la respuesta –antes de concluir 2010- y el tiempo que la tuvo retenida el Gobierno hasta registrarla en el Congreso el pasado 8 de febrero.
Pero ese tiempo transcurrido no ha sido para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. El mes de enero le sirvió para buscar aliados en el Congreso –en este caso la inestimable colaboración de CiU- para rechazar que pudieran comparecer ante la Cámara tanto la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, como el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, para explicar las revelaciones de Wikileaks que les afectaban.
Además el PSOE, también en unión con los nacionalistas conservadores catalanes, vetaron que se pudiera votar en la Cámara la constitución de una comisión de investigación sobre los datos aportados por Wikileaks en relación a las presiones de EE.UU al Gobierno y a la Justicia españoles en los casos que afectaba a sus intereses como el ‘caso Couso’.
Madrid, 13 de febrero 2011
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