viernes, 11 de febrero de 2011

Llamazares explica a Elena Salgado y a Valeriano Gómez el rechazo de IU a la reforma de las pensiones

Texto íntegro de la intervención del portavoz parlamentario de IU ante la Comisión Parlamentaria.


Quiero comenzar mi intervención agradeciendo, como es lógico, la intervención de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro de Trabajo, y diciendo algo que era previsible pero con lo que no me resisto a comenzar mi intervención, y es que nosotros no estamos incómodos respecto al anteproyecto de reforma del sistema de pensiones -tampoco creemos que sea la única reforma posible o, como ha dicho el ministro de Trabajo, la mejor de las posibles-, sino que estamos en desacuerdo respecto a esa reforma.


Reconocemos que es una reforma más moderada a raíz de la intervención de los sindicatos y gracias a la Huelga General pero, en definitiva, es un recorte y en nuestra opinión no es el momento del recorte. En estos momentos no hay ningún recorte justificado en nuestro sistema público de pensiones. Pensamos como pensaba el Gobierno hace dos años; pensamos que tenemos un buen sistema público de pensiones; pensamos que no solamente es sostenible a corto plazo sino que es sostenible y viable a medio y largo plazo, y no compartimos ni la catástrofe demográfica que se nos anuncia ni el discurso solapado de los mercados que también está en esta reforma que se nos propone.


Señorías, a estas alturas yo quiero recordar a Malthus, que decía que la producción de alimentos crecía de forma aritmética mientras la población lo hacía de forma geométrica, y anunciaba la conocida como ‘catástrofe malthusiana’, es decir, la catástrofe social. Además, Malthus lo hizo en distintas ocasiones y en distintos periodos, algo que se parece mucho a lo que hace la señora vicepresidenta del Gobierno. Hace tan solo unos meses la catástrofe se iba a producir en 2050, ahora ha hablado de la próxima década, periodo en el que ya habrá un desequilibrio en el sistema público de Seguridad Social. Hace unas semanas se decía que si no tomábamos medidas, si no recortábamos nuestro sistema público de pensiones llegaríamos en 2040 a un gasto del 14 por ciento del PIB; pues bien, ahora no, ahora han subido 3 puntos del PIB y ya la señora vicepresidenta del Gobierno dice que si no tomamos medidas en 2040 llegaremos al 17 por ciento del PIB. La verdad es que eso se me parece mucho a la catástrofe malthusiana, catástrofe que demostró ser falsa y estar animada únicamente por un prejuicio brutal frente a la ciudadanía que se incorporaba a las sociedades como sujeto político.


En este caso, la señora vicepresidenta y el señor ministro intentan utilizar un hecho incontrovertible, como es la evolución demográfica, como si fuera una amenaza sobre nuestro sistema público de pensiones, como si entre la demografía y la realidad social no existiera la técnica, no existiera la política; en definitiva, como si fuera una calamidad natural. Señorías, hace tiempo que nos emancipamos de las calamidades naturales, al menos relativamente -cada vez nuestras decisiones también pueden influir en las calamidades naturales-, pero en política no vale únicamente hablar de lo que va a ocurrir en términos demográficos y hacerlo de forma sesgada. Y es sesgado decir en estos momentos que la evolución de la población en nuestro país fuerza necesariamente un recorte fuerte del sistema público de pensiones, algo que nos parece sesgado desde el punto de vista de la expectativa de vida.


No voy a entrar en los debates sobre la esperanza de vida -ya ha habido muchos debates públicos-, pero sí quiero entrar en uno al que ustedes han hecho referencia y que no se corresponde con sus datos. No se corresponde con sus datos hablar de que la esperanza de vida va a continuar incrementándose de forma exponencial a lo largo de los próximos años. Sus datos dicen que continúa incrementándose, pero que se ha desacelerado el incremento de la esperanza de vida porque hay una cosa que se llama el límite natural de la vida biológica, que también influye en la esperanza de vida. En ese sentido, anunciar únicamente ese factor me parece sesgado.


Asimismo, en mi opinión, es sesgado decir, y ese fue el gran error de anteriores previsiones como la del BBVA -no me importa hablar de autores-, que nuestro sistema de Seguridad Social estaría hoy quebrado. Pues bien, se olvidaron de dos detalles, del de la inmigración y del de la incorporación de la mujer al trabajo. Ustedes han quitado de delante la inmigración y da la impresión que de aquí a 2040 no va a haber inmigración y que o bien el mundo va a crecer de forma igualitaria o bien no va a provocar expulsiones de inmigrantes hacia países desarrollados -lo cual es mucho decir-. Por otra parte, se han quitado ustedes de en medio la incorporación de la mujer al trabajo, un factor que a mí me parece fundamental porque se reduce el número de hijos por mujer, y eso es cierto, sobre todo de forma coyuntural en los momentos de crisis laboral de manera más importante, pero aumenta el número de mujeres que están en el mercado laboral. Por tanto, en este punto hay que buscar un equilibrio y no vale únicamente utilizarlo de manera sesgada para amenazar con la demografía.


Pero además de la demografía hay otros factores que no tienen por qué incidir negativamente en los próximos años. Da la impresión de que, como se ha dicho antes, al Gobierno no le importa la evolución económica o no la valora en cuanto a su posible impacto, en cuanto a la sostenibilidad o no de las políticas sociales y en concreto de las pensiones, como si fuera un tema menor. Da la impresión de que también es un tema menor la calidad del empleo, que en nuestro país es muy baja, lo cual tiene mucho que ver con las cuotas y con los ingresos del sistema, y da la impresión de que al Gobierno tampoco le importa la productividad de la economía, que es importante, y el Gobierno utiliza de manera engañosa el porcentaje del PIB.


Y señorías, no es lo mismo el 8 por ciento hoy del PIB en el sistema de pensiones que el 14 por ciento en el año 2040, cuya equivalencia con hoy puede ser de 250 a 100 en términos de producción. Por tanto, no es lo mismo y en mi opinión no se puede utilizar de manera sesgada. Pero sobre todo, lo que no es lo mismo es que no hay un dictat demográfico; no se trata de demografía, se trata de democracia. Es decir, se trata de discutir aquí con ustedes cuánto piensa dedicar España a políticas sociales. Da la impresión, porque ustedes quieren estabilizar en el 8 o en el 9 por ciento -esto lo decían hace unos días; ahora parece que es más- el gasto en pensiones, que vamos a gastar lo mismo. Dicen que se pretende equilibrar el gasto en el sistema público de pensiones, pero hay que decir que nosotros estamos lejos de gastar como los demás de nuestra Unión Europea, así como en paridad de poder de renta, en materia de pensiones y en materia social; estamos muy lejos en gasto social con respecto a la Unión Europea.


¿Cuál es la apuesta del Gobierno? Da la impresión de que la apuesta del Gobierno es la de consolidar o estancar el gasto social en nuestro país como un factor de competitividad de la economía española, es decir, el factor de competitividad de la economía española son todo factores del pasado: precariedad en el empleo, bajo gasto social, digamos que también una baja incorporación de la tecnología. Todo eso es el factor de competitividad por el que apuesta el Gobierno y por eso tenemos que estabilizar o estancar el gasto social. Nosotros desde luego no lo compartimos.


En ese sentido, en relación al Pacto de Toledo, ya le planteamos al Gobierno nuestro desacuerdo con lo que hemos denominado los continuos empujones al Pacto de Toledo que hemos vivido y que han estado al borde de desestabilizarlo en el ámbito parlamentario. El Gobierno anunció y tomó alguna decisión que, en nuestra opinión, rompe con la estabilidad y rompe con la confianza de los ciudadanos en un buen sistema público de pensiones. Primero, el Gobierno rompió con algo fundamental como es la revalorización de las pensiones, algo que estaba ya prácticamente en el ADN de Pacto de Toledo. Luego, el Gobierno anunció una reforma de la cual se extraía un único elemento simbólico, romper con la jubilación a los 65 años. No es poquita cosa, hace casi 100 años que se instituyó esta cuestión de los 65 años como edad de jubilación, no es poquita cosa, 1919 creo que fue.


El Gobierno se plantea estos dos objetivos y se los plantea junto con otras medidas que se han dicho aquí, que van todas en el sentido de un hachazo brutal al sistema público de pensiones en nuestra opinión inaceptable. Han tenido que ser los sindicatos, y nosotros saludamos la presencia de los sindicatos tanto en las negociaciones como en la negociación, los que palíen estas medidas del Gobierno. Quiero poner del lado de los sindicatos, en primer lugar, que en vez de imposiciones en esta materia haya concierto o concertación social; me parece un avance significativo, a mi grupo le parece un avance significativo. Por otra parte, que los sindicatos hayan logrado algo que no estaba nada claro, que puede todavía estar en dificultades, consolidar el sistema del Pacto de Toledo, que tenía dos elementos fundamentales, uno de ellos parlamentario, pero otro social, y algunos estaban decididos a cargarse por el camino el Pacto de Toledo, totalmente decididos, aquellos que decían que el Parlamento no tenía nada que decir y que los sindicatos tampoco, y que los que tenían que decirlo eran los expertos. Pues bien, los sindicatos, en mi opinión, han aportado también la consolidación del Pacto de Toledo.


Luego los sindicatos han modulado, han moderado las peores medidas del Gobierno. Mi grupo parlamentario quiere significarlo, quiere significar que el Gobierno pretendía la aplicación de los 67 años de edad de jubilación, con algunas excepciones en trabajos penosos, y que los sindicatos han abierto la posibilidad -en este anteproyecto está así- de una horquilla de jubilación que significará que el 50 por ciento se jubilará a los 65 años y otro 50 por ciento se jubilará a los 67, de otros ya se ha hablado de ellos y no voy a profundizar en esta materia, pero nos parece importante. Igual que nos parece importante también que frente a la propuesta de periodo de cálculo de toda la vida laboral o periodo de cálculo automático también se haya producido por parte de los sindicatos una modulación importante en esta materia y que en periodo de cómputo, sobre todo aquello que afecta a aquellos que tienen menores carreras de cotización, eso no se haya tocado aunque sí fue la propuesta del Gobierno que llegó a las Comunidades Europeas. A nosotros este tema nos parece destacable.


De la misma manera queremos destacar también las aportaciones, aunque parciales, que se hacen en relación con lo que podemos denominar la maternidad o la paternidad; estoy de acuerdo con que no es un tema unilateral, que tiene que ser un tema en el que quepan los padres y las madres. Por otra parte, también con respecto a los jóvenes, las medidas que se adoptan por parte del Gobierno.


En todo caso, señorías, aun valorando la aportación de los sindicatos, nosotros creemos que se lleva a cabo un recorte y un recorte duro. Podríamos decir que se lleva a cabo un recorte que adelanta recortes futuros en relación al sistema público de pensiones y que si antes, sin negociación, podría estar en torno al 25 por ciento de la pensión media, en estos momentos ronda el 13 o el 15 por ciento de la pensión media en su conjunto. Por tanto, es un recorte significativo.


Nosotros, en ese sentido, no renunciamos a defender nuestras propuestas en el Parlamento, las defenderemos en relación a la edad de jubilación, en relación al periodo de cálculo, en relación también a los colectivos más afectados, aun a sabiendas de que en el Parlamento no gozamos precisamente de una relación de fuerzas muy favorable. Soy sincero y sé lo que hay en estos momentos. Por tanto, esto será lo que vamos a hacer, pero anuncio también que seremos, con la fuerza que tenemos, aguerridos en la defensa de que las cosas no empeoren o no vuelven a la propuesta inicial de recorte brutal que pretendía el Gobierno. En ese sentido irá la actividad de mi grupo parlamentario.


Sigo convencido, porque no comparto el dictat de la catástrofe demográfica y mucho menos el de los mercados, de que tenemos un muy buen sistema público de pensiones, a años luz de los sistemas privados de pensiones que están que se caen. Sigo convencido de que adelantar esta reforma precisamente en un momento de crisis, una reforma que significa un recorte, no es el mejor mensaje de confianza a los ciudadanos. De hecho, los ciudadanos no están de acuerdo con este recorte, han demostrado y han mostrado tanto en la calle como en las encuestas, que están en desacuerdo con este recorte, que nos les parece que garantice el Estado del bienestar sino que les provoca un gran malestar.


Esa es la realidad. Nosotros creemos que se podía haber adoptado alguna medida que tiene que ver con reformas paramétricas, pero alguna medida que no supusiese un recorte, y mucho menos un recorte traumático. Éramos partidarios, y seguimos siendo partidarios, de los 65 años de edad de jubilación. Además, estamos convencidos de que el mecanismo de jubilación voluntaria que tenía este país era un mecanismo eficaz; de hecho, éramos los que teníamos la jubilación más tardía, es decir, la jubilación más cercana a la jubilación teórica a los 65 años de nuestro entorno en la Unión Europea.


Por tanto, ¿si era eficaz, por qué tomamos esta medida? Porque hacemos un sacrificio fundamentalmente a los mercados, sacrificamos nuestro sistema público de pensiones y el éxito de nuestro sistema a los mercados. Por otra parte, creemos que se puede y se debe evitar la planificación de las pensiones. Ese es un problema real, pero para evitar la planificación de las pensiones no pueden pagar justos por pecadores, es decir, no pueden pagar aquellos que tienen carreras irregulares derivadas de nuestro modelo económico y laboral.


En nuestra opinión, tanto mujeres como jóvenes no salen bien, aunque salen un poco mejor de la propuesta inicial, de esta reforma del sistema de pensiones y será una de nuestras preocupaciones. Por otra parte, intentaremos también comprometer al Gobierno más que en 2006 con respecto a los ingresos. Da la impresión de que el Gobierno está muy preocupado por los gastos, pero cuando toca ingresos se escapa como una anguila. Por ejemplo, ¿unificación de regímenes cuándo? El Gobierno establece un calendario claro de unificación de regímenes, separación de fuentes, que pueden significar 5.000 millones de euros de ingresos al sistema público de pensiones.


Por ejemplo, el ministro habla con respecto al tema de las cuotas y dice que en condiciones económicas favorables hay empresas que han aumentado su productividad multiplicando su cuota por 5, por 6, por 10. Yo creo que eso debería tenerse en cuenta en materia de ingresos en el sistema público de pensiones.


Echo de menos algo que han planteado también los compañeros en la Comisión, es decir, cómo queda la medida relativa a la congelación de las pensiones y si tendremos que asistir a partir de ahora al no reconocimiento de la revalorización del sistema público de pensiones o a la utilización de criterios sui generis para la revalorización del sistema público de pensiones. Es un temor que también tuvimos en la negociación.


Por otra parte, hay dos cuestiones que nos preocupan, y termino con ellas. La que tiene que ver con la pensión de viudedad era una orientación del Pacto de Toledo que el Gobierno no toca prácticamente, y la orientación del Pacto de Toledo era clara: el mantenimiento del carácter subjetivo con respecto a la pensión de viudedad; y, por otra parte, también la mejora de la pensión de viudedad en determinados colectivos muy concretos, los que tienen una peor situación económica y familiar, y eso prácticamente no se ha abordado.


Luego introducen ustedes un tema que, además, los sindicatos dicen que no es de ellos, sino suyo. Además, únicamente es una frase y no sé muy bien qué quiere decir: cuando ustedes hablan de los fondos, de estimular la complementariedad de los fondos privados de pensiones. Saben que a nosotros esto no nos gusta. Nos cuestan más de 2.000 millones de euros en términos lineales, año a año, las subvenciones a los fondos privados de pensiones porque finalmente su rentabilidad es mínima y el único interés que tienen es la desfiscalización, son los beneficios fiscales. Ustedes plantean este tema y no sé con qué ánimo. Nosotros desde luego nos vamos a oponer a esta medida porque nos da la impresión de que traduce una idea muy negativa: por una parte, se recorta al sistema público y, por otra parte, se quiere ampliar el sistema privado. ¿Cuál es el modelo que defiende el Gobierno? ¿El modelo contributivo? ¿El Gobierno defiende un modelo de reparto, o se está apuntando poco a poco al llamado modelo multipilar, en el cual hay una parte obligatoria, hay otra parte obligatoria privada y hay otra parte individual? Esa pregunta me parece pertinente sobre todo con un párrafo tan lacónico por parte del Gobierno. Nosotros creemos que esa es una cuestión que hay que clarificar en el proceso de enmiendas.


Termino, señorías. Como he dicho, nosotros no compartimos este recorte. Sabemos que ya no es un hachazo, que es un recorte duro gracias a la aportación de los sindicatos. Nosotros sí creemos que exista alternativa; existe alternativa a las políticas con respecto a la crisis económica. Por ejemplo, en vez de la deuda exterior, tener una mejor fiscalidad, y ustedes han dejado de ingresar 30.000 millones de euros por sus alegrías fiscales. Nosotros no estamos de acuerdo y, en ese sentido, no compartimos las propuestas del Gobierno. Por otra parte, también creemos que puede haber una concepción en la que no solamente se mantenga el Estado social o el ‘Estado del medioestar’ que tiene este país, que es apostar por que este país a corto plazo, no ‘ad calendas graecas’, tenga un sistema de bienestar que sea equiparable al resto de la Unión Europea, y eso significa políticas sociales y también un buen sistema público de pensiones con pensiones más dignas que las que hay hoy.


Esas son las razones, las posiciones de mi grupo parlamentario, que -termino- no está en estos momentos ni eufórico ni tampoco deprimido. Si hay algo muy negativo en la política española es este contraste entre el triunfo y la catástrofe. Nosotros no apostamos por ser políticos neuróticos, queremos ser políticos que en este caso podemos estar en desacuerdo con el Gobierno. Queremos intentar cambiar la política del Gobierno en el Congreso y también en la presión social, pero no nos vamos a desquiciar.


Madrid, 10 de febrero 2011