El portavoz parlamentario de IU exige, entre otras modificaciones, que se garantice “el control judicial de la actividad de los servicios militares estadounidenses de inteligencia y el respeto de los derechos y libertades en nuestro país por parte de sus miembros, cuyas misiones han de obtener autorización previa de un juez”
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, defenderá el próximo martes en el Congreso de los Diputados una moción, consecuencia de la interpelación urgente que hizo al Gobierno en enero, para garantizar más transparencia en la aplicación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos (que se debe empezar a renegociar este mismo mes), un mayor control parlamentario sobre su ejecución y, marcado como objetivo a medio plazo, “establecer con las autoridades estadounidenses un calendario de desmantelamiento de las bases militares de utilización conjunta”.
Llamazares, autor de la moción en representación de la parte del grupo parlamentario correspondiente a IU-ICV, recuerda que este convenio data de diciembre de 1988, fue revisado por Aznar con el Protocolo de 2002 y expira el próximo 12 de febrero, prorrogándose automáticamente por periodos de un año, salvo decisión expresa de una de las partes.
El parlamentario de IU denuncia que el convenio ha evolucionado hacia una “clara involución en la relación hispano-norteamericana, con un mayor desequilibrio en favor de los Estados Unidos, que no garantizan ninguna cláusula de defensa mutua, y un anacronismo en relación a los intereses de España, la seguridad de la población y el ejercicio de la soberanía del Estado español, por cuanto otorga un cheque en blanco a los servicios estadounidenses de inteligencia para actuar como les plazca en territorio español”.
“De otra parte –afirma-, resulta incoherente que el Gobierno español consienta que Estados Unidos utilice nuestro territorio para realizar misiones que las propias Fuerzas Armadas españolas no están autorizadas a desarrollar por entrar en contradicción con la Ley de Defensa Nacional, no amparadas por la legalidad internacional”.
Llamazares pone como ejemplo que “no es coherente que las bases españolas sirvan de almacenamiento o tránsito de armamento prohibido por la legislación española, como es el caso de armas químicas y biológicas o minas antipersonales, y que naves o aeronaves estadounidenses las trasladen en sobrevuelo por nuestro país o en nuestras aguas territoriales”.
Además, en relación a los oscuros antecedentes de los ‘vuelos de la CIA’ con presos ilegales, Llamazares recuerda que “el Gobierno español está llamado a cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, y garantizar que nunca más los aeropuertos, bases militares u otro tipo de infraestructuras españolas sean utilizadas para la violación de derechos humanos”.
El parlamentario de IU entiende que se deben acometer “cambios, mejoras y desarrollos” en el nuevo texto que se acuerde entre España y EE.UU. Uno de los más importantes iría destinado a garantizar un mayor control parlamentario de su cumplimiento, por lo que se reclama “presentar ante el Congreso de los Diputados un informe anual y asegurar una comparecencia específica de información sobre el Convenio y su aplicación concreta en las bases militares e instalaciones españolas de utilización conjunta”.
También, frente a la total libertad de los servicios militares estadounidenses de inteligencia para operar en nuestro país “sin ningún control, ni explicaciones, ni reciprocidad por nuestra parte”, aclara Llamazares, solicita que esta situación se elimine del convenio reformado y, hasta entonces, que se garantice el control judicial de su actividad y el respeto de los derechos y libertades en España por parte de sus miembros, cuyas misiones “han de obtener autorización previa de un juez”.
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA LA PARTE DISPOSITIVA DE LA MOCIÓN QUE DEFENDERÁ GASPAR LLAMAZARES
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1) Garantizar la información y el control parlamentario de la aplicación y mejoras del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos, de 1 de diciembre de 1988, Anejos y Canjes de Notas, modificado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002 y sus desarrollos reglamentarios.
2) En particular, presentar ante el Congreso de los Diputados un informe anual y asegurar una comparecencia específica de información sobre el Convenio y su aplicación concreta en las bases militares e instalaciones españolas de utilización conjunta.
3) Plantear cambios, mejoras y desarrollos del texto del Convenio y Protocolo en el sentido siguiente:
a) Adaptar el sistema de autorización de operaciones militares estadounidenses en bases españolas de utilización conjunta a lo estipulado en la Ley española de Defensa Nacional, de tal modo que dichas misiones deban atenerse al Derecho Internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas.
b) Reforzar los mecanismos de transparencia y control de los vuelos, estableciendo la obligación por parte de la autoridad estadounidense, de comunicar con tiempo suficiente a la autoridad española, incluidos los vuelos sujetos a autorización general, no sólo las circunstancias del vuelo, su número, tipo, carga e itinerario del mismo, sino también el listado nominal de los miembros de la tripulación y del pasaje, al objeto de evitar secuestros y entregas en vulneración de los derechos humanos.
c) Garantizar que las bases militares y otras instalaciones españolas no sean utilizadas para facilitar violaciones de derechos humanos tales como entregas extraordinarias, detenciones secretas o traslados ilegales; incluyendo medidas de transparencia y mecanismos de control efectivos sobre las actividades de aeronaves y personal estadounidense en territorio español.
d) Modificar el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002, o promover su desarrollo reglamentario, con el fin de garantizar el control judicial de la actividad de los servicios militares estadounidenses de inteligencia y el respeto de los derechos y libertades en nuestro país por parte de sus miembros, cuyas misiones han de obtener autorización previa de un juez, por ejemplo siguiendo un régimen similar al que regula las misiones del CNI, en tanto se suprime la actividad en España de dichos servicios norteamericanos de inteligencia en la futura reforma del Convenio.
e) Establecer límites geográficos a las operaciones militares que puedan apoyarse desde las bases españolas.
f) De manera general, establecer un mayor equilibrio de derechos y deberes entre las partes.
4) Garantizar el cumplimiento del compromiso adquirido por los Estados Unidos de Norteamérica, en el objetivo de descontaminación de la zona de Palomares afectada por los residuos radioactivos derivados de la caída accidental de bombas nucleares estadounidenses.
5) Denunciar el Convenio en los seis meses previos a febrero de 2012.
6) A medio plazo, establecer con las autoridades estadounidenses un calendario de desmantelamiento de las bases militares de utilización conjunta.
Madrid, 6 de febrero 2011
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