El portavoz parlamentario de IU ha registrado una iniciativa por escrito al Gobierno y lo hará también de forma oral en la Comisión de Fomento para que José Blanco se desdiga de sus afirmaciones en la que aseguraba que la Confederación apoya las reformas del Gobierno que ponen en peligro miles de puestos de trabajo en Correos.
En la misma línea, el secretario general de la UNI, Philip Jennings, ha remitido una carta al ministro de Fomento reclamándole una inmediata rectificación en el Parlamento por la falsedad de sus afirmaciones y que “cese de utilizar correspondencia privada no autorizada”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha exigido al ministro de Fomento, José Blanco, que rectifique las falsedades vertidas durante el Pleno del Congreso donde se debatió la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida para rechazar el proyecto de ley del Gobierno por el que se reforma la Ley Postal. Esta exigencia de rectificación de Llamazares se suma a la realizada en igual sentido por la Confederación Internacional de Sindicatos o Union Network International (UNI), organización que se ha escandalizado tras conocer que Blanco usó públicamente su correspondencia privada para dar a entender falsamente en el Congreso que avalaba las reformas que pretende el Gobierno de José Luis Rodríguez zapatero.
Durante su intervención ante el Pleno en respuesta a Gaspar Llamazares, José Blanco hizo referencia expresa a “la opinión de la Confederación Internacional de Sindicatos, en la que están integrados los dos sindicatos mayoritarios de Correos, que ha valorado muy positivamente esta ley, su transposición, en contraste con lo que hacen otros países”. No contento con eso, concluyó afirmando que “muy amablemente le daré la comunicación de la Confederación Internacional de Sindicatos al señor Llamazares para que vea el comportamiento, la actitud y la valoración”.
Advertido por CC.OO de la verdadera posición que la Confederación Internacional tiene sobre este tema, Llamazares ha registrado hoy en la Cámara Baja una pregunta escrita al Gobierno y llevará próximamente este asunto también de forma oral a la Comisión de Fomento para que Blanco aclare si “¿Piensa rectificar el Gobierno en sede parlamentaria sus afirmaciones con relación a la valoración positiva del Proyecto de Ley Postal por parte de la Confederación Internacional de Sindicatos?”
En la misma línea, el secretario general de esta organización, Philip Jennings, -que representa a 20 millones de trabajadores en todo el mundo y a dos millones y medio en el ámbito postal- ha dirigido una carta a José Blanco, bajo el título ‘Desautorización de uso de correspondencia de la UNI’, en la que clarifica su posición, resalta la falsedad de las declaraciones del ministro, denuncia el uso no autorizado de documentación interna y solicita al Gobierno una rectificación en el Parlamento.
En la misiva, Jennings afirma que “quiero aclarar que la afirmación de que la UNI apoya plenamente el proyecto de ley gubernamental ante el Parlamento es a la vez falsa y no representativa de nuestra posiciones”.
“Debo añadir –prosigue- que las opiniones vertidas en la mencionada correspondencia estaban reservadas al debate entre la UNI y sus dos organizaciones afiliadas en España (en referencia a CC.OO y UGT) y no para consumo público”.
Y el secretario general de esta prestigiosa organización concluye que “en consecuencia, le requerimos para que advierta inmediatamente al Parlamento que se ha producido una desnaturalización de la UNI Global Union’s sobre el nuevo proyecto de Ley Postal y le rogamos que cese de utilizar correspondencia privada no autorizada”.
Tras este grave incidente parlamentario y después de que fuera rechazada la única enmienda a la totalidad presentada en el Congreso al proyecto de Ley Postal, a través de la acción parlamentaria de Gaspar Llamazares, el portavoz de IU se ratifica en que “esta modificación va a suponer la privatización efectiva del servicio público postal y va a incidir de manera muy grave en el empleo de Correos”.
Llamazares recuerda que “de Correos depende el empleo de cerca de 60.000 familias, en empleos directos, y diferentes estudios del movimiento sindical a nivel internacional corroboran que en aquellos países en los que ya se ha liberalizado el sector, por cada 10 empleos suprimidos en el ámbito públicos sólo se ha creado 1 en el sector privado, y todo ello en condiciones laborales altamente precarias”.
“Por ello –concluye Gaspar Llamazares-, la reforma propuesta va a seguir contando con nuestra rotunda oposición, junto a la de la mayoría del movimiento sindical, en lo que le resta de tramitación parlamentaria, tanto en el Senado como cuando la ley vuelva al Congreso”.
Madrid, 25 de noviembre 2010
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