Llamazares reclama mejoras en las ayudas oficiales a las víctimas y damnificados por el terremoto de Lorca

Intervención íntegra del portavoz parlamentario de IU en el Pleno del Congreso que estudió la convalidación del Real Decreto de medidas de apoyo (26-5-2011).

Señor ministro, señorías, hoy se cumplen 15 días desde que la tierra temblara en Lorca, y se ha vuelto a demostrar, en la catástrofe pero también en las crisis, que los ciudadanos no esperan de la dinamización exterior de la economía ni de los mercados gran cosa, esperan fundamentalmente de la iniciativa pública, de las ayudas públicas, esperan todo de la solidaridad, y esperan también de servicios públicos que en este caso han funcionado, en nuestra opinión, de manera adecuada: la Unidad Militar de Emergencias, la Protección Civil, la colaboración entre las administraciones.

Señorías, sin duda lo más doloroso, lo más sensible, se refiere a la pérdida de vidas humanas porque éstas son irrecuperables; también han sido graves y costosas las pérdidas materiales, la destrucción y daños en edificios, en casas, en negocios y también en el patrimonio cultural, gravemente afectado. Mi grupo parlamentario va a respaldar la convalidación de esta norma, del Decreto 6/2011, lo que no es óbice para que consideremos insuficientes, tanto la cuantía como la amplitud de las indemnizaciones que se han establecido. Asimismo queremos hacer alguna referencia al riesgo sísmico que en nuestra opinión debe ser revisado por parte del Gobierno.

Las cuantías indemnizatorias previstas en el real decreto para el caso de muerte e incapacidad absoluta o permanente resultan en nuestra opinión, aunque están fijadas anteriormente para incendios e inundaciones, absolutamente insuficientes. Habría que actualizar su importe en previsión de catástrofes futuras. Cabe mencionar que algunos han perdido la vida y han resultado afectados por defectos constructivos que la Administración Pública tendría el deber de vigilar. A este respecto no estaría de más que la Administración General del Estado se reservase la facultad de realizar una acción pública contra aquellos que puedan haber intervenido en la construcción de los inmuebles que en estos momentos se ha demostrado que tenían vicios constructivos o vulneraban claramente la norma de edificabilidad.

Y lo mismo sucede con las ayudas por pérdida o deterioro de la vivienda. En caso de pérdida total la cuantía de la ayuda se condiciona al valor real de la vivienda, algo que es lógico; pero teniendo en cuenta que la gran mayoría de las viviendas son antiguas, aplicando el coeficiente de depreciación por edad la cuantía finalmente reconocida es ínfima, y no permite construirse otra vivienda a la gran mayoría de los ciudadanos. Así pues, en caso de pérdida de vivienda la ley debería garantizar el derecho a poder habitar una nueva, otorgando sin más el 80 por ciento del precio de venta de una vivienda calificada de protección oficial de régimen especial. Uno de los requisitos que se exige también es ser beneficiario de que la vivienda dañada constituya el domicilio habitual. Pero se da el caso de que hay viviendas que han sido cedidas a familiares en primer o segundo grado de consanguinidad, algunos de ellos en situación de dependencia, cuestión que no contempla el decreto.

Por otra parte se plantea que compartan la financiación de las ayudas, tanto el Estado como la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta la delicada situación del Estado y comunidades autónomas, mucho nos tememos que si no hay otras garantías estas ayudas puedan no llegar ni ágil ni totalmente a los afectados. El Gobierno ha previsto ayudas para los que hayan perdido su casa y para reparar las que hayan quedado parcialmente destruidas; el problema es que estas ayudas pueden tardar varios meses en llegar; el problema es que muchos afectados no tienen dinero suficiente en estos momentos para adelantar estas ayudas, esta financiación que finalmente les reembolsarán en su momento -como digo: con varios meses de tardanza- el Estado.

Lamentamos, además, que el Gobierno no se haya atrevido a decretar la suspensión de las hipotecas en casos de destrucción o daños irreversibles en las viviendas. Creemos asimismo que si fuera necesario el Gobierno debería habilitar un fondo de garantía del Estado para estos créditos urgentes, para que nadie se quede sin el dinero necesario para la reconstrucción de su vivienda. Deberían contemplarse asimismo ayudas directas para locales de negocios e industrias. Las líneas de crédito abiertas en el ICO ni siquiera alcanzan a los locales de negocio pues el real decreto-ley habla tan solo de los locales de trabajo profesionales: arquitectos, abogados, médicos, etcétera. Sin embargo los locales de negocio no se ven afectados.

Por último, Lorca ha sufrido un daño incalculable en su rico patrimonio histórico, que por otro lado tiene una extraordinaria potencialidad económica. Dado que el real decreto no concreta ayudas al respecto ni tampoco la creación de ninguna comisión, sería oportuna la creación de una comisión mixta de las distintas administraciones para abordar el alcance y la financiación de la restauración de este gran patrimonio histórico y su puesta en valor.

Señorías, el terremoto de Lorca ha vuelto a mostrar la vulnerabilidad sísmica de muchas de las estructuras construidas y la necesidad de endurecer la norma de construcción sismorresistente de nuestro país. La comisión creada hace tres años por el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, ha elevado el riesgo sísmico de distintas regiones y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha identificado nuevas zonas de riesgo en la Cordillera Cantábrica, al oeste de la Cordillera Bética y al norte de Valencia. Por ello es necesario revisar el mapa de riesgo sísmico en nuestro país.

Deberíamos extraer en este sentido algunas conclusiones y algunas propuestas de carácter general. En primer lugar, debe revisarse el código de edificación para garantizar la resistencia antisísmica; resistencia antisísmica que hoy no está totalmente garantizada. En segundo lugar, debe actualizarse el mapa de riesgo sísmico y de riesgos naturales, así como el estudio a fondo de estos fenómenos para una mejor política de prevención. En tercer lugar, las administraciones públicas deberían intensificar la inspección técnica de los edificios de construcción. Y, finalmente, deberíamos perfeccionar los protocolos de información a la ciudadanía en caso de terremotos u otras catástrofes naturales, que nos parecen remotas pero que no lo son tanto.

Cabe recordar, por otra parte, la urgencia de que se revisen todas las centrales nucleares del país, atendiendo al riesgo de terremotos e inundaciones a partir de la catástrofe de Fukushima y la advertencia de Lorca.

Señorías, vamos a votar favorablemente este real decreto no sin pedir al mismo tiempo su tramitación como proyecto de ley para mejorar los aspectos a los que me he referido con anterioridad. Muchas gracias.

Madrid, 26 de mayo 2011