Llamazares logra que el Congreso inste al Gobierno a cumplir sus compromisos sobre el mapa de fosas de víctimas del franquismo

PSOE y PP suman fuerzas para impedir “la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura” y la modificación de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado, incluido el Poder Judicial, colabore en la “identificación y exhumación” de víctimas, investigue las “desapariciones forzadas” durante la contienda civil y la Dictadura y el caso de los niños robados en esa etapa, que se extendió hasta los años 90.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha logrado sacar adelante una parte de la moción debatida en el Congreso para rendir tributo a la II República en el año en que se celebra su 80º Aniversario. El Pleno de la Cámara Baja aprobó tres de los 15 puntos de los que constaba esta iniciativa, entre ellos reclamar al Gobierno que cumpla antes de fin de año sus compromisos en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, concretamente en lo relativo a la elaboración de un mapa de fosas, la eliminación de símbolos del franquismo, así como la reforma de los Estatutos del Valle de los Caídos para honrar también a las víctimas republicanas.

También se dará un impulso a las actividades educativas, culturales y académicas para el conocimiento histórico de la II República y sobre la necesidad de que los planes de estudio contemplen la República como un referente democrático y consideren el franquismo como un ejemplo de totalitarismo.

En concreto los tres puntos aprobados por el Congreso a instancias de Llamazares instan al Gobierno textualmente a:

1) la celebración de actividades educativas, académicas, culturales y de investigación para la conmemoración y el conocimiento histórico de la II República, con el concurso de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en colaboración con las administraciones autonómicas o locales, universidades y centros escolares que así lo decidan.

2) el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” y antes del 31 de diciembre de 2011, para:

a) la elaboración del “mapa integrado que comprenda todo el territorio español”, en el que consten los terrenos en que se localicen los restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior

b) la retirada completa de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”

c) la reforma del Estatuto de la fundación gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales”

3) la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico de la II República como referente democrático y, en el mismo sentido, del alzamiento militar y la posterior dictadura como referencia de la intolerancia y el totalitarismo

El PP ha votado en contra de todos los puntos de la moción –incluidos los tres aprobados- al considerar que esta cuestión está suficientemente zanjada por la Constitución de 1978. Por su parte, el PSOE sólo votó favorablemente a la terna de puntos que salieron adelante y, entre otros, rechazó el que proponía declarar el 14 de Abril como Día de la Memoria y fiesta estatal o que se impulsase la publicación de ejemplares conjuntos de las Constituciones de 1812, 1931 y 1978, así como de actividades académicas, culturales y de investigación sobre esta etapa y homenajes a colectivos como los republicanos que combatieron en la II Guerra Mundial por su contribución a la “construcción de una Europa democrática”.

El PSOE sumó sus votos al PP para negarse a la modificación de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado, incluido el Poder Judicial, colabore en la identificación y exhumación de víctimas, investigue las “desapariciones forzadas” durante la contienda civil y la dictadura y el caso de los niños robados en esa etapa que se extendió hasta los años 90.

Ambos partidos rechazaron otros puntos como la entrega a sus familiares de los restos mortales de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera para que no sigan permaneciendo en el Valle de los Caídos.

Especialmente significativo fue el rechazo socialista a la petición de Gaspar Llamazares para reformar la ley para lograr “la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura, como fue el caso del poeta Miguel Hernández”.

Tampoco se aprobó la organización de homenajes institucionales a “personalidades republicanas emblemáticas” como el presidente de la República, Manuel Azaña; los presidentes del Gobierno Juan Negrín y Santiago Suárez Quiroga, el de la Generalitat catalana, Lluis Companys y el lehendakari, José Antonio Aguirre.

Madrid, 3 de mayo 2011