lunes, 2 de mayo de 2011

Llamazares defiende la moción que reclama al Gobierno reconocer la “valiosa aportación al progreso” de la II República

Esta iniciativa del portavoz parlamentario de IU es consecuencia de la interpelación que realizó al Gobierno el pasado 13 de abril.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, defenderá mañana en el Pleno del Congreso su moción relacionada con el 80º aniversario de la República, consecuencia de la interpelación urgente que realizó al Gobierno el pasado 13 de abril, en la que se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a “la celebración de un acto estatal de reconocimiento a la valiosa contribución de la II República al progreso y modernidad de España y como antecedente de la democracia del 78”. También se reclama “la declaración, a partir del año 2012, de la fecha del 14 de abril como ‘Día de la Memoria Histórica’”.


La iniciativa presentada en nombre de IU-ICV se retoma ahora tras el parón de dos semanas sin que se hayan celebrado sesiones plenarias en la Cámara Baja. El portavoz parlamentario de IU enmarca esta moción en el hecho de que “la celebración del 80º aniversario de la II República se presenta como una oportunidad relevante para recuperar con toda su vitalidad, pero también con todo su rigor y pluralidad, la brillantez de un periodo histórico que representa el antecedente inmediato de la democracia de 1978 y el camino constitucional hacia la libertad y la modernidad en nuestro país”.


Además, considera que reclamar su celebración tiene igual justificación que el hecho de que en 2010 se celebrara “el bicentenario de las independencias de las Repúblicas iberoamericanas. Hace pocas semanas las Cortes recordaron el 30 aniversario del 23-F. Y el año próximo celebraremos el Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812”.


Llamazares afirma que “del mismo modo que otros Estados de la Unión Europea celebran y honoran los acontecimientos que posibilitaron su avance democrático, al Gobierno y a las instituciones les corresponde impulsar durante el presente año iniciativas de reconocimiento a los avances culturales, sociales y políticos que se produjeron en España durante la II República”.



TEXTO DE LA MOCIÓN CON LOS PUNTOS A LOS QUE SE INSTA AL GOBIERNO


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el año 2011:


1) la celebración de un acto estatal de reconocimiento a la valiosa contribución de la II República al progreso y modernidad de España y como antecedente de la democracia del 78, con motivo del 80º aniversario de su proclamación


2) la declaración, a partir del año 2012, de la fecha del 14 de abril como “Día de la Memoria Histórica”


3) la declaración de la fecha del 14 de abril como fiesta estatal, en sustitución de alguna de las existentes


4) la edición de un sello conmemorativo de Correos dedicado al 80º aniversario de la proclamación de la II República


5) la publicación y difusión de ejemplares conjuntos de la Constitución de 1978, de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la Constitución de la República de 1931.


6) la celebración, de acuerdo en su caso con las respectivas Comunidades Autónomas, de homenajes institucionales a personalidades republicanas emblemáticas, como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys; el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre; los presidentes del Gobierno, Santiago Casares Quiroga y Juan Negrín; y el presidente de la República Manuel Azaña


7) la celebración de un homenaje a los republicanos españoles que combatieron al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, a los que liberaron París y a los que sufrieron el confinamiento en campos de exterminio como el de Mauthausen, por su contribución a la construcción de la Europa democrática


8) la celebración de actividades educativas, académicas, culturales y de investigación para la conmemoración y el conocimiento histórico de la II República, con el concurso de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en colaboración con las administraciones autonómicas o locales, universidades y centros escolares que así lo decidan


9) el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” y antes del 31 de diciembre de 2011, para:


a) la elaboración del “mapa integrado que comprenda todo el territorio español”, en el que consten los terrenos en que se localicen los restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior


b) la retirada completa de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”


c) la reforma del Estatuto de la fundación gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales”


10) la retirada del Valle de los Caídos de los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, y su devolución a sus respectivos familiares, para que ese espacio memorial sea acorde con los principios democráticos y con un enfoque científico de la historia


11) la reforma de la Ley 52/2007 para que el Estado, a través de sus distintos ámbitos, jueces y fiscales, asuman subsidiariamente las actividades para la “localización, exhumación e identificación de víctimas” a que se refieren los artículos 11 a 13 de la misma Ley


12) la investigación de las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la ONU 60/147 de 2005 y en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009 y en vigor desde diciembre de 2010


13) la investigación por el Ministerio de Sanidad y Política Social en entidades propias y con la colaboración de las entidades concertadas y las Instituciones responsables de las mismas, del caso de los niños robados del franquismo y de la continuación posterior de este delito


14) la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura, como fue el caso del poeta Miguel Hernández


15) la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico de la II República como referente democrático y, en el mismo sentido, del alzamiento militar y la posterior dictadura como referencia de la intolerancia y el totalitarismo.


Madrid, 2 de mayo 2011

jueves, 28 de abril de 2011

Llamazares registra una iniciativa para que “el Gobierno, en colaboración con las CC.AA., ponga en marcha de forma urgente un plan de Salud Laboral”

Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el portavoz parlamentario de IU recuerda que “en España fallecen cada año cerca de 14.000 hombres y 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el centro laboral”.


Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el presidente de la Comisión de Sanidad y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso en nombre de IU-ICV una Proposición no de ley sobre Enfermedades Laborales. La iniciativa, entre otras cuestiones, plantea la elaboración y puesta en marcha de un “Plan de Salud Laboral, de común acuerdo con las Administraciones implicadas y los agentes sociales, a lo largo del primer semestre de 2011, al objeto de garantizar la coordinación y cooperación entre los servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Estrategia 2007-2012 de seguridad y salud en el trabajo”.


Llamazares recuerda la “gravedad de este problema. Según las estimaciones realizadas en España fallecen cada año cerca de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su trabajo, destacando el cáncer, las enfermedades cardio-vasculares y las de origen respiratorio. Pese a la reducción de las cifras de accidentabilidad y mortalidad laboral como consecuencia de la crisis económica siguen siendo de las más altas de nuestro entorno”.


“Recientemente –añade- el Informe de SESPAS ha puesto de manifiesto, además, (en la línea del Informe de la OMS sobre determinantes sociales), la relación entre crisis económica, precariedad, desempleo y enfermedades psíquicas y físicas, en particular entre los grupos más vulnerables como inmigrantes, trabajadores manuales, mujeres y desempleados”.


Frente a esta realidad, Gaspar Llamazares señala que “por contra, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social presentó recientemente un informe correspondiente a 2010 del Servicio de Alertas del Sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social), en el que se presenta una reducción del 40,4% en los últimos tres años de las empresas que superan el límite establecido por este sistema”.


El portavoz parlamentario de IU advierte de que “los datos ofrecidos por esta herramienta no son representativos de la realidad de las enfermedades profesionales en nuestro país, ya que no tienen en cuenta su principal problema, que no es otro que el subregistro. Este subregistro tiene el origen en la práctica habitual de las Mutuas de accidentes de Trabajo de ‘infradeclarar’ las enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo, considerándolas como enfermedades comunes y derivándolas al sistema público de salud”.


Llamazares denuncia que, además, “el Servicio de Alertas sólo tiene en cuenta las enfermedades profesionales declaradas por las Mutuas en un número muy pequeño de empresas (131 frente, al más de 1 millón existentes en España), por lo que sus datos no son representativos de la realidad y propician la paradoja de que aquellas CC.AA. (Navarra, Cataluña y País Vasco) que han puesto en marcha dentro sus sistemas públicos de salud algún tipo de herramienta para detectar enfermedades profesionales (‘Sistema Centinela’) se ven señaladas en el informe como las que cuentan con un mayor número de empresas que superan los límites de alerta”.


El parlamentario considera “urgente que las Administraciones Públicas adopten políticas que permitan hacer visible lo invisible. No es admisible que la declaración de enfermedades profesionales se reduzca artificialmente años tras año en lugar de aumentar, como en realidad ocurre”.


Por todo ello, la iniciativa parlamentaria registrada insta al Gobierno a:


1. Desarrollar políticas sanitarias y de salud pública, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, que integren el trabajo y el empleo como factor determinante de la salud.


2. Promover la creación o potenciación en su caso, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y agentes sociales, de Unidades de Salud Laboral, como servicios de apoyo en la materia, así como poner en marcha o potenciar sistemas de vigilancia e información en salud laboral.


3. Garantizar de acuerdo con la legislación laboral vigente la vigilancia y control de la salud laboral por los Servicios de Prevención propios o ajenos, con la mayor calidad y efectividad.


4. Desarrollar programas de colaboración con los sistemas públicos de salud con el objetivo de la puesta en funcionamiento de ‘Sistemas Centinela’, de acuerdo con las Comunidades Autónomas.


5. Mejorar los Sistemas de Información sobre la enfermedad profesional para poder hacer estudios con rigor sobre la realidad del trabajo y la salud, y promover la investigación científica sobre empleos y trabajos desfavorables.


6. Elaborar y poner en marcha el Plan de Salud Laboral, de común acuerdo con las Administraciones implicadas y los agentes sociales, a lo largo del primer semestre de 2011, al objeto de garantizar la coordinación y cooperación entre los servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Estrategia 2007-2012 de seguridad y salud en el trabajo”.


Madrid, 28 de abril 2011

sábado, 23 de abril de 2011

Llamazares participa en Villalar en la jornada reivindicativa de Izquierda Unida en el Día de Castilla y León

Como todos los años, Izquierda Unida montó en la campa de Villalar su tradicional carpa para celebrar el Día de Castilla y León. Desde la noche del día 22 hasta pasadas las 22,00 h. del 23 de abril pasaron por nuestra carpa centenares de compañeros y compañeras con el mismo deseo de reivindicar una comunidad autónoma “más justa, más solidaria y más reivindicativa”.


Entre los visitantes estuvo Gaspar Llamazares, nuestro diputado nacional y portavoz parlamentario, quien tradicionalmente nos ha acompañado desde hace años en el Día de Castilla y León. Llegó acompañado de José María González, candidato a la Presidencia del Gobierno autónomo y coordinador general de IU-CyL, de buena parte de los candidatos y candidatas de IU para las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas del 22-M.


En su paseo hasta el monolito, donde se procedió a realizar la tradicional ofrenda de flores, todos ellos portaron una pancarta en la que se podía leer ‘Las personas antes que los beneficios’, en alusión a la alternativa de izquierdas de nuestra formación para afrontar la crisis económica.


En la carpa de IU las reivindicaciones, en forma de carteles, aludían a nuestro rechazo a la Guerra en Libia y, por extensión, a cualquier conflicto bélico y a la participación de España en ellos. También se pidió el cierre de la central nuclear de Garoña, al tiempo que se anunció la manifestación contra la planta burgalesa que se celebrará el día 26 de abril, en Valladolid.


Igualmente, durante toda la jornada permaneció abierto un puesto de venta de materiales de la campaña ‘Rumbo a Gaza’ que, como sabéis, trata de fletar un barco con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza que se espera partir a finales de mayo.


La fiesta de Villalar fue, como cada año, un lugar de encuentro y confratenización que sólo estuvo empañada por la persistente lluvia que cayó durante la noche del viernes e impidió a los más jóvenes disfrutar de la actividad nocturna.


Villalar / Valladolid, 23 de abril 2011

miércoles, 20 de abril de 2011

Izquierda Unida se suma al llamamiento público contra la guerra en Libia a través del manifiesto redactado y que encabeza Rosa Regás

Izquierda Unida Federal, junto a su federación en la Comunidad de Madrid (IU-CM), está colaborando en difundir el manifiesto titulado ‘No a la Guerra’, cuya redactora y primera firmante es Rosa Regás, escritora y ex directora de la Biblioteca Nacional de España. En el texto se defiende una clara posición en contra de la intervención militar internacional en Libia y se califica a Gadafi de dictador.


Izquierda Unida ha tomado la iniciativa de firmar este documento tras la decisión adoptada ayer en la Comisión de Defensa por todos los Grupos del Congreso de los Diputados –con el único voto en contra del portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares- de respaldar la prolongación por dos meses de la participación española en la intervención militar en Libia, tal y como había solicitado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


Los promotores del manifiesto invitan a firmarlo tanto a personas a título individual, como a representantes de organizaciones pacifistas, ciudadanas, solidarias, ONG, partidos políticos y sindicatos. Al lado de cada persona firmante puede hacerse constar la profesión y, en su caso, la entidad a la que se representa.


En nombre de Izquierda Unida los primeros en estampar su firma en este texto han sido el propio Gaspar Llamazares, Enrique Santiago, secretario federal de Refundación y Movimientos Sociales, así como Eulalia Vaquero, diputada en la Asamblea de Madrid.


Desde hoy Izquierda Unida invita a sus militantes y simpatizantes, así como a toda la ciudadanía, a firmar el manifiesto, que se encuentra alojado en la siguiente página web:


http://www.pazahora.org/rosaregasguerra.html


Animamos también a difundir el manifiesto a través de medios de los medios de comunicación, redes sociales, páginas web, etc. ya que es absolutamente ‘copy-left’.


Madrid, 20 de abril 2011

martes, 19 de abril de 2011

Llamazares vota en nombre de IU en contra de prorrogar la misión de guerra en Libia “porque de humanitaria no tiene nada"

Transcripción íntegra de la intervención inicial y réplica a la ministra Chacón en la Comisión de Defensa del portavoz parlamentario de IU.


En primer lugar, como es tradicional, quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra y anunciarle -y creo que no es ninguna sorpresa- que Izquierda Unida no amparará esta prórroga de la presencia militar española en Libia. No la ampararemos porque no tiene amparo, señora ministra. A diferencia de la autorización o ratificación anterior, usted está proponiendo a este Congreso que vayamos más allá de la resolución de Naciones Unidas y ya hemos ido más allá de la resolución de Naciones Unidas.


La resolución de Naciones Unidas era muy ambigua, pero era una resolución que planteaba labores de exclusión aérea y una finalidad difusa, como es la protección humanitaria. Pero las cosas no son así, señora ministra. Usted viene aquí a decirnos que de las 4.000 salidas de los aviones, 45 son españolas y ninguna ha tenido que ser con bombardeo en tierra. Pero no ha reconocido usted lo fundamental. Usted forma parte de una coalición y, de las 4.000 salidas, 2.000 de ellas han bombardeado un país. Es decir, han utilizado un martillo para una operación quirúrgica.


El otro día Obama decía que no se podía utilizar un machete; pues mucho menos un martillo para una operación quirúrgica. Usted no ha explicado aquí las intervenciones que se han producido más allá de la resolución de Naciones Unidas -yo diría al margen de la resolución de Naciones Unidas-, porque exclusión aérea no es incursión aérea; exclusión aérea no es bombardeo; y exclusión aérea no es bombardeo de población civil, como han denunciado organismos internacionales y el propio Vaticano en varias ocasiones. Además, no pueden garantizarlo, señoría; no pueden garantizar que los bombardeos -que además pretenden ser inteligentes y no lo son mucho- no afecten a la población civil en esa guerra que usted ha denominado asimétrica, porque es todo un poco extraño y lleno de eufemismos.


Por razones que expliqué en mi primera intervención con respecto a la ratificación de la presencia española en Libia, en cuanto a la intervención de exclusión aérea, y también por razones de lo que ha sido el balance de mi grupo de este mes, no vamos a darle amparo, señora ministra. Y, además, creemos que usted no tiene amparo; no tiene amparo de Naciones Unidas, a diferencia de hace un mes. Usted no puede tener el amparo de esta Cámara para una serie de intervenciones que son -como se ha dicho aquí- una parte de la denominada guerra, que normalmente no se declara -hace mucho que ya no se declaran guerras-; tampoco se nombra y, últimamente, tiene el apellido de humanitaria, pero de humanitaria no tiene nada; tiene muy poco de humanitaria cualquier guerra, y ésta en concreto.


Señora ministra, hay cínicos que dicen que la guerra es la política por otros medios; yo creo que la guerra es el fracaso de la política. Esta guerra de Libia, en concreto, no es solamente el fracaso de la política; es el fracaso también de la opción de la guerra. Y usted viene aquí al cabo de un mes, porque usted fue quien pidió un mes -no lo pedí yo, fue usted quien lo pidió- y tres meses para el bloque naval. ¿Por qué pidió un mes para la exclusión aérea? Porque pensaba que con una labor de martillo, que no de operación quirúrgica sino de martillo, de bombardeos masivos, iban a lograr solucionar el conflicto, iban a lograr alterar el equilibrio y como consecuencia solucionar el conflicto, eso sí, de parte.


Bueno, lo que nos trae usted aquí es el fracaso de esa estrategia de guerra. Esa estrategia de guerra ha fracasado: llevan ustedes un mes, han ido más allá de la resolución de Naciones Unidas y se han extralimitado. Y a pesar de haberse extralimitado, ¿cuál es la situación en el terreno? Habla usted de guerra asimétrica, pero en el terreno nos encontramos avances y retrocesos, un empate, no diría técnico sino trágico, en el terreno y algunas posibilidades que son muy negras para nosotros; son muy negras para los libios pero para nosotros también son muy negras.


Para nosotros, un Estado fracasado en el norte de África es un desastre político, señora ministra; una división del país en el norte de África es un desastre político y un Estado protectorado de las potencias europeas en el norte de África es un doble desastre político. Y eso es lo que ustedes nos traen aquí, señora ministra. Nos traen aquí con la voluntad de nuevo de prorrogar una extralimitación de la resolución de Naciones Unidas y con un hecho que, además, no tiene precedente en esta Cámara y es que nos piden una autorización preventiva; es decir, si se ponen de acuerdo sobre las medidas de evacuación en tierra, les vamos a dar a ustedes la autorización. Pero cuando ustedes han recibido la autorización de exclusión aérea, lo que han hecho es bombardear masivamente. Si ahora les damos también la autorización de intervención de evacuación en tierra, mucho me temo que ese término de evacuación tenga también una polisemia tenebrosa. Por tanto, no puedo darle esa autorización, Izquierda Unida no puede darle esa autorización.


Con relación a la petición hace un mes, como usted sabe, nosotros no estábamos de acuerdo porque esta guerra, que no es una intervención, que es una guerra de parte, no es humanitaria. Usted utiliza cifras que no tienen ningún respaldo internacional. Nadie está dando en estos momentos ni cifras de lo que se pudo haber prevenido, ni cifras de cuáles son los efectos de nuestros bombardeos; usted no las ha dado aquí y debería darlas, de nuestros llamados ‘efectos colaterales’.


En segundo lugar, rechazamos esta intervención porque en nuestra opinión la democracia no se impone, y mucho menos mediante la guerra. No ayudamos a los demócratas del norte de África con esta guerra, sino que introducimos distorsiones en el norte de África únicamente porque queremos tener presencia en el futuro geoestratégico de la zona.


En tercer lugar, porque no responde -como normalmente se dice con relación a la protección humanitaria- a buena voluntad, no tiene interés de buena voluntad; tiene un interés en nuestra opinión menos desinteresado que tiene que ver con recursos, con intereses geoestrátegicos, etcétera y con pintar en lo que va a ocurrir en el norte de África, cuando hemos pintado en el pasado respaldando a esos mismos dictadores. No es verdad que Gadafi sea un amigo extravagante -hay que decirle al señor Aznar que no es cierto-, es un dictador repugnante. Pero lo era antes, cuando le daban la mano y cuando hacían negocios y lo es ahora, cuando se ha convertido en el gran enemigo de la coalición internacional; Gadafi sigue siendo el mismo.


Por otra parte, las repercusiones de la intervención, también decíamos -y está en el derecho de intervención humanitaria-, no pueden ser peores a las previsiones del mantenimiento del statu quo y tal y como va la guerra las repercusiones militares y las repercusiones humanitarias, en mi opinión, son muy negativas.


Pero, señora ministra, con doble razón -aquellas eran mis razones, las razones en la autorización inicial- rechazo la prórroga. Rechazo la prórroga porque la exclusión aérea se ha convertido en la incursión aérea, en al menos 2.000 bombardeos en tierra que han destruido no solamente un aparato militar de parte -por parte de una parte del conflicto- sino que han destruido también edificios civiles, han destruido la universidad en Trípoli, han destruido edificios que nada tenían que ver con la guerra y han destruido también vidas humanas de las que usted no da cuenta en esta Cámara y debería dar cuenta.


Debería dar cuenta no solamente de los crímenes de Gadafi, que deben conocerse en el ámbito internacional y sancionarse, sino también de los crímenes que se producen como consecuencia de nuestra intervención. Hay víctimas civiles en el bombardeo de Misrata por parte de Gadafi con armas que en su momento les vendimos, qué sarcasmo y qué paradoja. Y, por otra parte, hay también víctimas en el bombardeo de Trípoli, también hay víctimas en el bombardeo de Trípoli y sin embargo parece que unas víctimas y otras no son iguales.


Señora ministra, si es protección humanitaria es para todos y no hay civiles de Gadafi y civiles anti Gadafi; hay civiles que deben ser protegidos en todo caso. Pero es que además, señora ministra, la demostración de que no es una labor de exclusión aérea sino que estamos interviniendo de parte es que nos hemos convertido en el poder aéreo de los rebeldes que nos dicen cuándo va bien y cuándo va mal la intervención aérea. Nos hemos convertido en su inteligencia militar, la inteligencia militar también de los rebeldes, y nos hemos convertido asimismo en quienes legalizamos o no el comercio de armas. Y esto es otra paradoja y otro sarcasmo, señora ministra, porque tenemos buques que intentan evitar el comercio de armas y estamos favoreciendo el comercio de armas en tierra con Egipto; lo sabe todo el mundo que lo estamos haciendo y que estamos mirando para otro lado y bloqueando el comercio de armas en el mar, por vía naval y no nos sonrojamos en absoluto. Y esto no forma parte de la resolución de Naciones Unidas.


Termino, señora ministra, en relación con este tema no voy a actuar con rencor, creo que a veces algunos que en su momento han tenido responsabilidad con respecto a la guerra de Irak se ciegan precisamente por el rencor e intentan modificar lo que fue la guerra de Irak a la luz de los acontecimientos actuales y creo que es un esfuerzo inútil, es un esfuerzo inútil. Pero sí quiero decirle, señora ministra, que ustedes están yendo más allá de la resolución de Naciones Unidas y que ustedes no pueden seguir utilizando este lenguaje hipócrita sobre nuestra intervención en Libia. No es una intervención solamente de exclusión aérea, es una guerra, señora ministra, en la cual nosotros actuamos de parte; no es una guerra humanitaria, es una guerra con efectos muy poco humanos o inhumanos, como todas las guerras y es política y militarmente un fracaso, política y militarmente en nuestra opinión es un fracaso.


Es decir, se vulnera la resolución, se alimenta la guerra, significa un error estratégico, tiene el peligro de dividir el territorio y tiene el peligro de constituir un protectorado en un Estado fracasado en el norte de África y, con ello, un problema añadido en el ámbito internacional.


Existe una alternativa, se lo dije en el momento en el que decidieron pasar de la política y de la complejidad de la política a la simplicidad de la guerra -como consecuencia, fracaso político y fracaso militar-; existe una alternativa, que es el alto el fuego; existe una alternativa, que es el bloqueo y la presión internacional, y existe una alternativa, que es un proceso político negociado. Pero en ese proceso político negociado deben dejar que sean las partes las que decidan; no vayan a un nuevo intervencionismo: además del militar, ahora el intervencionismo político, es decir, quién falta y quién sobra en el futuro de Libia.


Yo espero que sea posible una negociación política, espero que sobren los dictadores y la dictadura, espero también que unos y otros creen las condiciones para un sistema pluralista, para un sistema democrático que responda a las aspiraciones del pueblo libio. Pero solamente lo espero, yo no soy -no creo que lo sea usted y no creo que lo sea la coalición internacional- ni el amo del mundo ni el ojo que todo lo ve; sencillamente son los ciudadanos, y en este caso los propios libios, los que deben construir su propio futuro.


RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES A LA RESPUESTA DE LA MINISTRA DE DEFENSA


Me queda claro qué es utilizar la resolución de Naciones Unidas como una patente de corso; patente de corso que parece que es lo que prima. No necesitamos nuevas resoluciones, ni siquiera aspiramos a ellas, creemos que no son probables; lo que tenemos que hacer es utilizar de manera deslizante la resolución existente, que sirva prácticamente para todo. Pero no quería intervenir sobre esta materia.


Ha planteado el señor Cuadrado un tema muy importante, aparte de que él debate siempre con gente que no está aquí, porque yo no he visto al señor Castro, no he visto al señor Kissinger, pero en todo caso sí quiero debatir sobre una cuestión muy importante: el dilema moral. Señorías, el dilema moral de la protección de la vida de los ciudadanos libios, el dilema moral también de sus derechos lo tenemos claro, pero aquí no estamos discutiendo sobre eso, señorías, eso se nos supone como el valor al soldado; no, estamos discutiendo de política y la política ni siquiera es el Derecho internacional. La política es poner el Derecho internacional y el derecho propio entre recursos y medios; esa es la cuestión.


Señorías, la pregunta es: después de un mes de intervención y de intervención deslizante, ¿hemos conseguido acercarnos a los objetivos o nos alejamos de ellos? En mi opinión el objetivo compartido podría ser de la democracia en los países árabes y de la democracia en Libia, y no se consigue con la guerra, sino que esta nos aleja del objetivo democrático. Y eso no quiere decir que yo o que mi grupo parlamentario -se pone en duda mi representación del grupo parlamentario; en todo caso, soy el representante en este momento- no compartamos ni el Derecho internacional, ni el deber de proteger, ni otras medidas que existen en Derecho internacional. Sí los compartimos, lo que pasa es que somos políticos y tenemos en cuenta en cada caso qué se puede hacer y qué no.


Porque si vamos a meternos en todos los ‘fregados’ donde haya un dictador que masacra a su pueblo, prepárense ustedes a vestir de uniforme, señorías; todos ustedes, porque no tendríamos fuerza militar suficiente para pacificar el mundo. Esa no es la forma y vuelvo a decir que utilizando el criterio moral y el criterio del Derecho internacional los políticos tenemos que tener en cuenta también si los medios y los fines son adecuados, y en este caso concreto creo que lo que nos presenta la ministra es que no, es que vamos a seguir allí no porque vayamos a la labor de la exclusión aérea sino porque tenemos que aparentar que todo sigue igual, que todo va bien y que no hemos fracasado. Hemos fracasado.


Madrid, 19 de abril de 2011

lunes, 18 de abril de 2011

Llamazares plantea un “profundo cambio legal” para impedir que la financiación de despidos y prejubilaciones se paguen con dinero público

El portavoz parlamentario de IU alerta sobre el alcance de los cambios anunciados por el Gobierno y reclama que se modifique el Estatuto de los Trabajadores y se afine en el Impuesto de Sociedades para evitar los abusos de las grandes empresas con beneficios.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, planteó hoy que se lleve a cabo un “profundo cambio legal, no un maquillaje” para evitar que se pueda utilizar un céntimo de dinero público para financiar parte de los despidos y prejubilaciones que decidan empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica.


Durante su visita a Ponferrada, donde acudió para apoyar la candidatura de José María González a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y la de Adelina Rodríguez a la Alcaldía de la ciudad berciana, Llamazares alertó sobre el alcance del adelanto realizado por el Ministerio de Trabajo sobre las medidas a tomar.


“Lo que dice el Gobierno –aseguró- no es nada nuevo. Ya figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo y, además, hasta ahora las exigencias hechas desde Izquierda Unida desde hace años para que se concrete esta idea de forma clara han sido desoídas por el Ejecutivo socialista”.


Para el portavoz parlamentario de IU no es suficiente con las “tibias” medidas anunciadas ahora por el Ejecutivo al calor del rechazo a los más de 6.000 despidos y prejubilaciones anunciados por la privatizada Telefónica, sino que “hay que modificar la legislación. En concreto, debe cambiarse el Estatuto de los Trabajadores para impedir a una empresa con beneficios que pueda reducir empleos”.


Calificó como “una metáfora de la crisis” el caso de la empresa de comunicaciones que preside César Alierta. “Es una metáfora de quien gana y quien pierde en la crisis. Gana quien ha provocado la crisis, los empresarios y los gestores, y pierden los trabajadores, que no tienen ninguna responsabilidad y sufren una reducción de empleo brutal. Y además, quieren que se lo financie la Administración”.


Además, denunció que Telefónica, que ha publicitado sus más de 10.500 millones de euros de beneficio, “no puede repartir casi la mitad en ‘bonus’ para sus accionistas y otra buena parte para sus directivos”. Planteó como manera de hacerle frente “una política impositiva que recupere el Impuesto de Sociedades en España, ya que prácticamente no hay impuestos sobre las empresas. Somos como Irlanda, y así le ha ido”, valoró.


Por otra parte, Llamazares indicó que la política de reconversión del sistema financiero que afecta a las cajas de ahorro “obedece a una única finalidad, que es la de privatizar el último sector social que quedaba en la economía de España. Lo que ha habido en los últimos meses es puro alarmismo para favorecer una privatización total del sector, poniéndole a las cajas un umbral de cuota propia totalmente desmesurado”.


Para darle una respuesta social y que beneficie a sus clientes y trabajadores, el parlamentario de IU reclamó la participación pública en las cajas a través FROB y que ésta se convierta en “participación accionarial, lo que nos permitiría recuperar un sector público financiero que apoye a los ciudadanos y a la pequeña y mediana empresa”.


Valoró que privatizar las cajas es “desvincularlas del territorio” y llamó la atención sobre la “actitud tan pasiva” que en este proceso están teniendo los responsables de las comunidades autónomas. “Van a perder el 80 por ciento de su autonomía en esta cuestión y es sorprendente que sólo hagan una pelea por la ubicación de las cajas, en vez de luchar para que exista un sector financiero de alcance social cercano a cada territorio”.


Ponferrada / León, 18 de abril 2011

viernes, 15 de abril de 2011

Llamazares registra la moción de IU-ICV por el 80º aniversario de la II República y pide al Gobierno que el 14 de abril sea "Día de la Memoria"

Esta iniciativa parlamentaria es consecuencia de la interpelación que el portavoz parlamentario de IU realizó al Gobierno el pasado miércoles día 13.


El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado la moción, consecuencia de la interpelación urgente realizada al Gobierno el pasado día 13, elaborada por IU-ICV y relacionada con el 80º aniversario de la II República que se conmemora esta semana. En el texto se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a “la celebración de un acto estatal de reconocimiento a la valiosa contribución de la II República al progreso y modernidad de España y como antecedente de la democracia del 78”. También se reclama “la declaración, a partir del año 2012, de la fecha del 14 de abril como ‘Día de la Memoria Histórica’”.


Dado que el Congreso no celebra sesiones plenarias en las dos próximas semanas y como el Reglamento de la Cámara obliga a registrar la moción en la misma semana en que se produce la interpelación de la que se deriva, Llamazares ha registrado ahora esta iniciativa, pero no podrá debatirse hasta el Pleno del 3 de mayo.


El portavoz parlamentario de IU enmarca esta iniciativa en el hecho de que “la celebración del 80º aniversario de la II República se presenta como una oportunidad relevante para recuperar con toda su vitalidad, pero también con todo su rigor y pluralidad, la brillantez de un periodo histórico que representa el antecedente inmediato de la democracia de 1978 y el camino constitucional hacia la libertad y la modernidad en nuestro país”.


Además, considera que reclamar su celebración tiene igual justificación que el hecho de que en 2010 se celebrara “el bicentenario de las independencias de las Repúblicas iberoamericanas. Hace pocas semanas las Cortes recordaron el 30 aniversario del 23-F. Y el año próximo celebraremos el Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812”.


Llamazares afirma que “del mismo modo que otros Estados de la Unión Europea celebran y honoran los acontecimientos que posibilitaron su avance democrático, al Gobierno y a las instituciones les corresponde impulsar durante el presente año iniciativas de reconocimiento a los avances culturales, sociales y políticos que se produjeron en España durante la II República”.


TEXTO DE LA MOCIÓN CON LOS PUNTOS A LOS QUE SE INSTA AL GOBIERNO


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el año 2011:


1) la celebración de un acto estatal de reconocimiento a la valiosa contribución de la II República al progreso y modernidad de España y como antecedente de la democracia del 78, con motivo del 80º aniversario de su proclamación


2) la declaración, a partir del año 2012, de la fecha del 14 de abril como “Día de la Memoria Histórica”


3) la declaración de la fecha del 14 de abril como fiesta estatal, en sustitución de alguna de las existentes


4) la edición de un sello conmemorativo de Correos dedicado al 80º aniversario de la proclamación de la II República


5) la publicación y difusión de ejemplares conjuntos de la Constitución de 1978, de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la Constitución de la República de 1931.


6) la celebración, de acuerdo en su caso con las respectivas Comunidades Autónomas, de homenajes institucionales a personalidades republicanas emblemáticas, como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys; el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre; los presidentes del Gobierno, Santiago Casares Quiroga y Juan Negrín; y el presidente de la República Manuel Azaña


7) la celebración de un homenaje a los republicanos españoles que combatieron al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, a los que liberaron París y a los que sufrieron el confinamiento en campos de exterminio como el de Mauthausen, por su contribución a la construcción de la Europa democrática


8) la celebración de actividades educativas, académicas, culturales y de investigación para la conmemoración y el conocimiento histórico de la II República, con el concurso de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en colaboración con las administraciones autonómicas o locales, universidades y centros escolares que así lo decidan


9) el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” y antes del 31 de diciembre de 2011, para:


a) la elaboración del “mapa integrado que comprenda todo el territorio español”, en el que consten los terrenos en que se localicen los restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior


b) la retirada completa de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”


c) la reforma del Estatuto de la fundación gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de

profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales”


10) la retirada del Valle de los Caídos de los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, y su devolución a sus respectivos familiares, para que ese espacio memorial sea acorde con los principios democráticos y con un enfoque científico de la historia


11) la reforma de la Ley 52/2007 para que el Estado, a través de sus distintos ámbitos, jueces y fiscales, asuman subsidiariamente las actividades para la “localización, exhumación e identificación de víctimas” a que se refieren los artículos 11 a 13 de la misma Ley


12) la investigación de las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la ONU 60/147 de 2005 y en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009 y en vigor desde diciembre de 2010


13) la investigación por el Ministerio de Sanidad y Política Social en entidades propias y con la colaboración de las entidades concertadas y las Instituciones responsables de las mismas, del caso de los niños robados del franquismo y de la continuación posterior de este delito


14) la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura, como fue el caso del poeta Miguel Hernández


15) la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico de la II República como referente democrático y, en el mismo sentido, del alzamiento militar y la posterior dictadura como referencia de la intolerancia y el totalitarismo.


Madrid, 15 de abril 2011