miércoles, 29 de diciembre de 2010

Llamazares vota en contra del texto del Pacto de Toledo aprobado que abre la puerta al Gobierno a ampliar la jubilación a 67 años

Intervención íntegra del portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Comisión del Pacto de Toledo en la que PSOE, PP, CiU y PNV votaron hoy a favor del acuerdo (29-12-10).


Señorías, yo quiero, en primer lugar, considerar el trabajo de la Comisión, el trabajo parlamentario. En un tiempo en que no corren buenos vientos para la política ni para la actividad parlamentaria, creo que es bueno reivindicar el trabajo parlamentario en representación de los ciudadanos y el buen ambiente que se ha vivido en la Comisión parlamentaria a lo largo de este tiempo. Pero yo creo que un valor importante en periodos de crisis es, junto a la confianza y la generosidad, que superan los egoísmos, la sinceridad. Yo hoy, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por ser sincero, he de decir que no comparto la sinfonía que hemos compuesto -hay luces y sombras en ella-, pero sobre todo lo que no comparto es la interpretación y la dirección de la sinfonía. Es decir, que si hay luces y sombras en lo que hemos elaborado como recomendaciones del Pacto de Toledo, mucho me temo que el Gobierno va a sesgar claramente esta sinfonía para poner los acentos en la percusión y en el viento y dejar la cuerda en un plano secundario, es decir, para acentuar las políticas de recorte y de ajuste de nuestro sistema público de pensiones y no las reformas que lo consoliden.


Mientras en el Pacto de Toledo funcionamos con el diálogo, con la negociación, mientras pretendemos unas recomendaciones que mejoren el sistema público, sin embargo hemos visto cómo, en paralelo al Pacto de Toledo, ha habido un dictado del Gobierno en materia de pensiones, y no debemos ignorarlo. No debemos ignorar que, junto a nuestro trabajo, ha habido otro que se ha dedicado a deconstruir el Pacto de Toledo. Hoy el Pacto de Toledo quizás vive sus horas más bajas de los últimos años, porque el Gobierno ha decidido sustituir el pacto por el dictado, un dictado además al dictado de los mercados -entidades financieras, fondos de pensiones, fondos de inversión, entidades económicas-, y porque el Gobierno ha decidido sustituir las recomendaciones por imposiciones, por medidas afiladas como cuchillos.


También, como consecuencia de ello, el texto que hoy votamos es en parte, al menos para el Gobierno, papel mojado, porque el Gobierno tiene su propio itinerario y sus propias medidas, que no pasan ni por el pacto ni por la consolidación del sistema público de pensiones; pasan por el dictado y por el hachazo al sistema público de pensiones, y todo ello, señorías, basado en una manipulación inaceptable.


A lo largo de los últimos meses hemos vivido lo peor de la actividad política, que es la manipulación del miedo. La actividad política, que debería ser la organización de la sociedad, se degrada cuando manipula algo tan delicado como el miedo o la incertidumbre. Eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos respecto al sistema público de pensiones. Se ha creado desconfianza en la viabilidad del sistema público de pensiones de manera injusta y se han hecho, además, falsas precisiones, algo que Keynes calificaba como uno de los peores defectos de la política económica. La falsa precisión ha sido que la demografía inevitablemente nos lleva a un hachazo a nuestro sistema público de pensiones, ignorando, por ejemplo, que en los años ochenta dedicábamos el 3% del PIB a nuestro sistema público de pensiones, que en estos últimos años en torno al 8% de 250, debido al incremento de la productividad, y que para cuando se pretende la crisis de nuestro sistema público de pensiones -la enésima crisis anunciada- el 14% del PIB será el 14% de 500, hablando en términos de productividad en nuestro país. Una realidad, por tanto, perfectamente sostenible y no muy diferente a la de nuestro entorno; una falsa precisión demográfica en este caso, un dogma demográfico que ha servido para manipular la incertidumbre y el miedo de los ciudadanos.


Además, el Gobierno ya tiene decididas las medidas afiladas como cuchillos, todas ellas medidas de recorte -nuestras propuestas son buenas intenciones y agua bendita para el Gobierno-; el Gobierno tiene decidido aumentar la edad de jubilación a 67 años, una medida en nuestra opinión innecesaria e injusta. Innecesaria porque tenemos una de las edades reales de jubilación más altas de nuestro entorno -63 años y 10 meses, mientras que en nuestro entorno se sitúa alrededor de los 62 años-, e injusta porque el 50 por ciento de la población europea con 60 o más años en estos momentos está sin trabajo. Es decir, la propuesta del Gobierno aumenta los parados mayores en situación de carencia y también aumenta los jubilados en situación de pobreza; esa es la propuesta que nos pone encima de la mesa el Gobierno con el aplazamiento de la edad de jubilación.

Por si no fuera suficiente, está manejando -en los últimos tiempos viene rectificándose a sí mismo- medidas como ampliar el periodo de cálculo o el número de años necesarios para la jubilación completa. Estas medidas, que sin lugar a dudas tienen efectos diversos en distintas carreras de cotización, en conjunto significan un recorte de entre el 10 y el 15% de la pensión media en el año 2030. Hay que tener en cuenta que nuestra pensión media es hoy, a paridad de poder de renta con el resto de la Unión Europea, el 70% de la pensión media contributiva de la Unión Europea.


Es decir, nos proponemos estancar y deteriorar nuestro sistema público de pensiones influyendo con ello muy negativamente en la disparidad de rentas y también en la pobreza. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema de pensiones es una de las principales armas contra la pobreza. Si no tuviéramos el sistema público de pensiones no tendríamos un 20% de pobreza en España sino que tendríamos aproximadamente un 32% de la población en situación de pobreza. Estamos, por tanto, tratando un tema de la máxima delicadeza por lo que llamaría al Gobierno a la responsabilidad, pero a una responsabilidad distinta de esta responsabilidad y de esta austeridad por barrios que nos presenta el Gobierno. Señorías, ser valiente con los débiles no es valentía sino cobardía, y ser sumiso con los fuertes no es responsabilidad sino renuncia y sumisión, y en nuestra opinión de eso estamos hablando con las propuestas que el Gobierno pone encima de la mesa.


Yo quería apuntarles, señorías, algo que a mi grupo le preocupa más en relación con la propuesta que hoy tenemos encima de la mesa y, sobre todo, con la interpretación de la propuesta restrictiva del sistema público de pensiones por parte del Gobierno. El gran avance del Estado del bienestar no son solamente las políticas redistributivas o los servicios públicos. El gran avance del sistema del bienestar es la integración de distintos sectores sociales en las políticas sociales. La integración de aquellos que tienen rentas más altas y de aquellos que, o tienen rentas bajas o simplemente no tienen rentas. Pues bien, con esta propuesta, señorías, el temor de mi grupo parlamentario es que finalmente pasemos de un Estado del ‘medioestar’ a un Estado del ‘malestar’. Es decir, que una parte de la población, la denominada de las clases medias, se aleje, cada vez más, de los sistemas públicos, recurra a comprar este tipo de políticas en el mercado y, con ello, convierta los sistemas públicos, el de pensiones también, en sistemas asistenciales, en sistemas de pobres y, con ello, en pobres sistemas.


Esa es, en nuestra opinión, una preocupación legítima que queríamos trasladarle a los grupos parlamentarios, en función de la propuesta que hoy está encima de la mesa y también en función de la interpretación de la misma por parte del Gobierno. Porque en el fondo, señorías, hay algo que, en nuestra opinión, es muy preocupante y es que hay medidas que, acumuladas, pueden dar lugar a un cambio de paradigma con respecto a nuestro Estado social precisamente en el momento más difícil, en el momento de la crisis económica, en el momento en que una sociedad debería ser capaz de llegar a acuerdos, de redistribuir esfuerzos en función de las posibilidades de cada cual, y de generar confianza.


Y en nuestra opinión, estas medidas del Gobierno no van en el sentido de aumentar la cohesión en nuestro país, de luchar contra la pobreza o de generar confianza en los ciudadanos, sino que van únicamente a generar una confianza efímera en unos mercados insaciables que seguramente, después de este sistema o de este recorte de pensiones, pedirán el recorte de la negociación colectiva y no se sabe qué ocurrirá después; recorte de la negociación colectiva que, quiero recordarles, fue una conquista de los trabajadores lograda en plena dictadura, y vamos a abordar un recorte de una conquista social lograda con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio.


Señorías, en relación con los puntos fundamentales de esta propuesta que no compartimos, se abren incertidumbres en alguna materia que yo quería señalar. Por ejemplo, una de las recomendaciones se refiere, de manera ambivalente, a la revalorización de las pensiones. Se critica la congelación de las pensiones por parte del Gobierno pero, al mismo tiempo, se apuntan nuevos criterios para la revalorización de las pensiones. Como estamos, como estamos, a mi grupo le preocupa que finalmente de lo que estemos hablando sea de no revalorizar las pensiones para proteger a las propias pensiones, en esta paradójica ética que se está produciendo en los últimos tiempos de manera bastante frecuente, que es la de defender un sistema dilapidando y recortando ese sistema.


Por otra parte, nosotros, lo he dicho antes, no compartimos, en absoluto, la propuesta de incrementar el número de años en el periodo de cálculo -y ya he dicho el porqué- y tampoco compartimos la suma a la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del período para obtener la pensión completa. Todas estas medidas son recortes brutales de un sistema de pensiones, en nuestra opinión, con importantes carencias que no se merecen los ciudadanos y, sobre todo, en un momento de crisis como el que vivimos.


Señorías, las consecuencias de estas medidas son, en nuestra opinión, el empobrecimiento de la sociedad española (es un incremento de una disparidad de rentas, que ya es muy importante) y con ello la pérdida de la cohesión social, la conversión de la pensión contributiva en una parte importante en una pensión asistencial y el incremento en el número de parados mayores. Hoy, señorías, lo vuelvo a repetir, los mayores de 60 años representan el 50% de parados en Europa. Vamos a incrementar estas medidas, provocando medidas sucesivas de aumento de prejubilaciones, de jóvenes y de mujeres con pensiones mínimas y vamos a favorecer que una parte de las clases medias se lancen a utilizar de manera complementaria unos fondos de pensiones que tienen muchas carencias en transparencia, en viabilidad, pero, en definitiva, a eso les vamos a empujar. Vamos a dar una parte de nuestro sistema público de pensiones a los fondos privados que esperan a la puerta para quedarse con una parte muy importante de un fondo de reserva.


En ese sentido, presentaremos en su momento un voto particular que se basará fundamentalmente en la separación de fuentes, en la unificación de regímenes, en la mejora del empleo de calidad, en el desarrollo de los servicios públicos, en el cumplimiento del pacto en relación al tema de la revalorización, en la propuesta que nos parece eficaz de la edad de jubilación a los 65 años, más las medidas de voluntariedad que han mejorado esa edad de jubilación en los últimos años. En definitiva, en medidas de reforma que consolidan el sistema, que no recortan y que no dan hachazos al sistema público de pensiones, como creemos debería ser la voluntad de esta comisión y debería ser también, no lo creo así por las declaraciones del ministro de Trabajo y del presidente del Gobierno, la voluntad y el compromiso del Gobierno.


Termino, señorías, refiriéndome a en qué marco se incardina esta medida. Tengo la impresión de que, después de un período de euforia, estamos en un período de depresión en la sociedad española, donde sus líderes, en concreto su Gobierno, ha perdido ya la voluntad de cambio. Es evidente que nadie espera un cambio político y un cambio de políticas frente a la crisis. Ni siquiera el Gobierno se compromete en estos momentos una salida pactada de la crisis, no ya con una salida que aproveche la crisis para hacer cambios, sino una salida pactada donde se repartan esfuerzos y también se repartan posibilidades. No parece que ese tema esté encima de la mesa y, por tanto, el pacto es anacrónico. En el Pacto de Toledo sonamos bastante anacrónicos respecto a la decisión tomada por el Gobierno, que es la de imponer un recorte en el sistema público de pensiones. Esa es la sensación de mi grupo.


Quiero terminar agradeciendo el trabajo a todas las personas que han formado parte de la subcomisión, de la Mesa y portavoces, a quienes nos han asesorado, los señores Ferreras y Panizo, al señor Morano, presidente de la Comisión, también al letrado, señor Gutiérrez, que nos han facilitado mucho el trabajo. Quiero terminar haciendo una reivindicación de la política, una reivindicación del Parlamento, aunque tengo la seguridad de que ni la política ni el Parlamento van a salir bien parados de esta situación, sino que parece que quienes van a imponer sus posiciones van a ser los llamados mercados. Pero como no se ha querido reflejar en las recomendaciones, únicamente diré una frase final: Todos los parlamentarios de esta Cámara, incluidos los parlamentarios de la Comisión, estamos sujetos a la legislación de Seguridad Social, tenemos el mismo régimen que tienen todos los ciudadanos que tienen un empleo en este país. Por tanto, si hay que criticarnos, que se nos critique -es legítimo- pero que no se nos difame.


Miércoles, 29 de diciembre 2010