Llamazares saca adelante una proposición que insta al Gobierno a velar para que el SNS tenga los medios para la interrupción voluntaria del embarazo

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, sacó hoy adelante en la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso una proposición no de Ley de IU que insta al Gobierno a que continúe con el desarrollo de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y que, a partir de su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, se vele “por la Alta Inspección del Estado para que en las Comunidades Autónomas los centros sanitarios públicos estén dotados de recursos humanos y medios adecuados para su realización, comenzando por la interrupción voluntaria del embarazo por razones médicas y las previstas en el artículo 15c y continuando por el resto”.

La iniciativa parlamentaria defendida por Llamazares fue transada con el Grupo Socialista para su aprobación y contó con el voto en contra del PP y la abstención de CiU. En su texto definitivo insta también a “garantizar que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realice en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en los términos de la Ley General de Sanidad y de la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva, a fin de asegurar la igualdad en el acceso y la calidad asistencial, con independencia del lugar de residencia”.

El diputado de Izquierda Unida recordó ante la Comisión que en la actualidad apenas un 2% de las interrupciones se realizan en centros públicos. Además, comentó durante su intervención que desde la entrada en vigor de la ley en julio se ha dado “la buena noticia de un descenso en el número de abortos de entre un tres y un seis por ciento”, hecho unido a que el 97 por ciento de las menores “no ha necesitado el criterio de ‘conflicto familiar’ y ha contado con sus familiares para la interrupción del embarazo”, despejando cualquier duda sobre el alarmismo creado artificialmente durante el debate de la ley.

En esta línea, la iniciativa aprobada insta “a aplicar, en cooperación con las comunidades autónomas, la Estrategia de salud sexual y reproductiva recientemente aprobada, bajo los criterios de calidad y equidad y con mecanismos de evaluación que en particular permitan garantizar el acceso universal a la Salus sexual y reproductiva y, con ello, la reducción en el número de interrupciones del embarazo”.

Del mismo modo, la proposición no de ley señala con claridad las garantías para el ejercicio de la objeción de conciencia “que al amparo de la Ley Orgánica 2/2010 puedan realizar los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, sin que se menoscabe el acceso y la calidad asistencial de la mencionada prestación a la mujer”. En esta línea, se establece que “las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, habrán de adoptar las medidas pertinentes”.

Llamazares considera que de esta forma se puede producir un avance en la regulación legal de la objeción de conciencia para que no haya, como se pretenden desde sectores conservadores, “comunidades autónomas objetoras ni profesiones objetoras”.

Madrid, 26 de octubre 2010