El portavoz parlamentario de IU -formación personada como acusación popular en la querella criminal contra Moody’s España, Fitch Ratings España y Standard and Poor’s- busca conocer en su pregunta parlamentaria si las agencias, que ya se reunieron también con la Fiscalía, “habrían podido comunicar, directa o indirectamente al Gobierno su intención de no calificar más la deuda pública española en caso de continuarse con el procedimiento penal”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria en el Congreso para que el Gobierno responda por escrito sobre si en los últimos meses ha mantenido contactos con alguna o las tres principales agencias de calificación o sus representantes legales para frenar o abortar definitivamente la querella criminal interpuesta en febrero contra las mismas por siete organizaciones sociales y políticas, entre ellas Izquierda Unida.
De esta forma, tras haber conocido IU desde distintos ámbitos la materialización de estos contactos con el Ejecutivo, posterior al que representantes legales de estas mismas agencias tuvieron también en mayo con miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Llamazares reclama a Moncloa que explique los datos concernientes a esa “aproximación, directa o indirecta de alguna o todas las agencias con el Gobierno o un representante del mismo para intentar frenar esa iniciativa legal” y sobre “¿Qué alcance tendría dicha aproximación, oferta o planteamiento?”
La Audiencia Nacional tiene encima de la mesa desde febrero la querella criminal en la que Izquierda Unida está personada como acusación popular contra las mercantiles Moody’s España, Fitch Ratings España y Standard and Poor’s por los presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal, en este caso en relación con la deuda pública española.
La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 2, cuyo titular, Ismael Moreno, ha eludido durante meses pronunciarse sobre la admisión a trámite de la misma. Los abogados de las organizaciones querellantes, entre ellos Enrique Santiago por parte de IU, dieron por admitida la querella en la práctica después de que el magistrado les reclamara en marzo traducciones de varios documentos ya presentados.
En todo este tiempo la respuesta pública del Gobierno ha sido el silencio. Por ello, y una vez conocido el contacto o contactos de las agencias con el Ejecutivo socialista, es por lo que desde IU, además de tratar de averiguar el alcance del mismo, se busca saber si todas o alguna de las agencias querelladas “habrían podido comunicar, directa o indirectamente al Gobierno su intención de no calificar más la deuda pública española en caso de continuarse con el procedimiento penal” o si, por el contrario, el archivo del mismo tendría alguna compensación favorable en el trabajo que realizan.
En su iniciativa parlamentaria, Gaspar Llamazares pide conocer “quién o quiénes del Gobierno serían los receptores” de la información transmitida por las agencias, así como “¿qué agencias lo habrían hecho y a través de quién o quiénes?”
Se da la circunstancia de que a finales de julio la Fiscalía Anticorrupción se pronunció en contra de abrir una investigación contra las tres agencias al considerar que no existen indicios de delito, según el escrito enviado a la Audiencia Nacional. “El inicio de un procedimiento penal contra las agencias de ‘rating’ querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia”, se indica.
Esta toma de posición se produjo después de meses en los que ni por parte del Juzgado nº 2 de la Audiencia Nacional ni de la Fiscalía de esta misma instancia de instrucción judicial se atendieran las demandas de los integrantes de la acusación popular para saber la marcha de la querella criminal. Por el contrario, sí se pudo confirmar que la primera fiscal encargada del caso, Carmen Monfort, se reunió con representantes legales de las agencias, abogados de prestigiosos y muy conocidos bufetes de nuestro país.
Esto fue así antes de que el caso pasara formalmente a manos del fiscal Alejandro Luzón, a comienzo de junio pasado, y de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, decidiera remitir a Anticorrupción la querella presentada, aprovechando en todo este tiempo que el magistrado Ismael Moreno seguía técnicamente pendiente de decidir si la aceptaba a trámite o no, mientras la Fiscalía tampoco se pronunciaba.
Izquierda Unida ha reprochado al Gobierno, además de su silencio y el oscurantismo con el que ha actuado en este caso, que no alentara una rápida actuación de la Fiscalía en defensa de los intereses del Estado. También que no diera instrucciones para que la Abogacía del Estado trabajara de forma decidida en defensa de ese mismo interés económico público.
Por todo ello, en su pregunta parlamentaria Llamazares interroga también sobre si, una vez producida la aproximación con las agencias de ‘rating’, “¿Ha instruido el Gobierno a la Abogacía del Estado para que se persone en dicho procedimiento penal?”.
Al margen del contenido de su iniciativa parlamentaria, Llamazares valora hoy que “de haber estado personada la Abogacía del Estado desde el principio sería mucho más fácil conocer hasta dónde ha influido el Gobierno en los argumentos dados por la Fiscalía para rechazar la investigación a las agencias”.
Entre estos argumentos, la Fiscalía Anticorrupción admite en su escrito a la Audiencia Nacional que las rebajas de calificación de la deuda española aplicada por las tres agencias “indudablemente (...) perjudicaron económicamente a España”, pero valora también de forma subjetiva que éstas no fueron “infundadas ni contrarias” con la opinión generalizada de las “más reputadas” organizaciones económicas mundiales.
Esta Fiscalía también reconoce que las tres agencias de calificación “se equivocaron gravemente” en hechos como las calificaciones dadas a los fondos de inversión de Bernard Madoff y al banco Lehman Brothers, que acabaron en quiebra, pero dice que “no fueron las únicas”.
En un alarde de análisis económico, Anticorrupción justifica también que “hoy es generalmente admitido que hubo un fracaso generalizado de los políticos, organismos reguladores, economistas, analistas y otros expertos a nivel mundial tanto en la previsión de la propia crisis como, sobre todo, en la apreciación de su extraordinaria magnitud”.
Madrid, 15 de agosto 2011
.jpg){kind=logo}
No hay comentarios:
Publicar un comentario