lunes, 25 de febrero de 2008

El síndrome compensatorio y el giro inesperado de la política exterior

La decisión del fiscal González Mota de informar positivamente la petición de la acusación popular ejercida por IU y la Asociación Libre de Abogados de que declaren ante la Audiencia Nacional los oficiales de vuelo, oficiales de aeropuerto y controladores de las bases de Morón de la Frontera, Rota y Torrejón en relación con los llamados “vuelos de la CIA”, vuelve a poner de plena actualidad las consecuencias del síndrome compensatorio que ha marcado las relaciones del Gobierno Zapatero con la Administración Bush tras la retirada de las tropas españolas de Irak en 2004.

Esa decisión, en la que se ha basado la legitimidad del propio Gobierno Zapatero, debía haber sido el punto de partida de un giro de la política exterior española hacia el respeto del Derecho Internacional, el multilateralismo y la solidaridad. Así lo habían exigido, ahora hace justamente cinco años, los millones de españoles que se manifestaron contra la guerra de Irak promovida por el trío de las Azores. Lamentablemente, ese giro ha sido frenado por un síndrome compensatorio hacia la Administración Bush, bajo la presión de la derecha española y de las empresas multinacionales que creen que la última garantía de sus inversiones en América Latina no es tanto el Derecho Internacional como la fuerza de un imperio hegemónico conducido desde Washington.

Más allá de la preocupación recurrente de si el presidente Bush recibía o hablaba con Rodríguez Zapatero, el síndrome compensatorio se ha expresado en la actitud pasiva del Gobierno socialista en las investigaciones sobre los vuelos de la CIA, yendo siempre por detrás de los medios de comunicación o de la acusación popular ejercida por IU. Tampoco se han cuestionado por principio los Acuerdos de Defensa con EEUU de 1989, flexibilizados por el Gobierno Aznar en 2002, con consecuencias que aún desconocemos en relación a la violación de los derechos humanos. Este síndrome también ha influido en el mantenimiento y refuerzo de las tropas españolas en Afganistán, convertido en un segundo frente de la guerra de Irak.

A pesar de este ejercicio de pretendido realismo político hacia la Administración Bush, como si España tuviera que hacerse perdonar la decisión soberana de cumplir el Derecho Internacional y retirar sus tropas de Irak, lo que se ha conseguido es muy poco. No sólo la Administración Bush ha mantenido durante toda la legislatura una política de contención del Gobierno Zapatero, mientras continuaba un diálogo privilegiado con políticos del PP en Washington que rozaba la injerencia en los asuntos internos españoles, sino que ha prohibido la venta de material español a Venezuela, alegando patentes de EEUU, y ha seguido acosando a las empresas españolas con inversiones en Cuba, amenazando sus intereses paralelos en EEUU.

Quizás ha llegado el momento de poner fin a este síndrome compensatorio y permitir, en el inicio de la nueva legislatura tras el 9-M, que pueda tener lugar ese giro progresista de la política exterior que llevamos esperando cuatro años. Las medidas para ello parecen evidentes. En primer lugar la denuncia y renegociación de los Acuerdos de Defensa con EEUU de 1989-2002, de manera que haya una recuperación ya no de iure sino de facto de las bases militares españolas que utilizan las fuerzas militares norteamericanas. En segundo lugar, un debate parlamentario en profundidad sobre los acuerdos y protocolos de actuación existentes de nuestros servicios de seguridad en relación con la colaboración con los servicios de inteligencia de otros países, que permiten que el CNI no sepa nada hasta la fecha de posibles violaciones de derechos humanos cometidas en nuestro territorio por el programa de rendiciones y los vuelos de la CIA, mientras podía interrogar repetidamente a los presos españoles y marroquíes en Guantánamo.

En tercer lugar, pasar del reconocimiento del fracaso de la estrategia militar en Afganistán a asumir las consecuencias de una estrategia internacional y regional de reconstrucción civil del país, que implica necesariamente la retirada de las tropas españolas. Unas tropas confinadas en sus guarniciones como objetivos estáticos de los señores de la guerra y el opio afganos, mientras las tropas de EEUU y de otros miembros de la OTAN prosiguen desde el cielo su ofensiva causando en un año 6.000 víctimas colaterales civiles.

Más allá de la inconveniencia que hubiera supuesto la retirada de las tropas españolas de Afganistán para la candidatura de un general español como jefe militar de la OTAN, ha llegado el momento de plantearse si el necesario giro progresista exterior puede llevarse a cabo en el marco de la Alianza Atlántica. Porque uno de los efectos perversos del síndrome compensatorio es que, aparte de producir espejismos como el de la candidatura antes mencionada, no permite cuestionar ni la naturaleza ni la función de una alianza militar que impide el desarrollo de una política europea de defensa autónoma, hipotecando la propia construcción política plena de la UE. Sobran razones para volver a plantear la presencia de España en la OTAN, empezando por Afganistán y la defensa consecuente del Derecho Internacional y nuestros propios intereses europeos.

IU intentará en estas elecciones que la política exterior no quede subordinada y en sordina ante un síndrome compensatorio que no es la respuesta que esperaban y exigían quienes se manifestaron contra la guerra de Irak y por la paz.

Artículo de Gaspar Llamazares en el Diario Público del 25 de Febrero del 2008

1 comentario:

Sin Cara dijo...

Creo que con esta entrada habéis dado con la medida de lo que uno espera al leer el blog de un político. Es decir: CONTENIDO, con mayúsculas, y en la extensión justa y con la profundidad necesaria, ajustándoos al marco de la blogosfera. Me gusta tanto que voy a probar a enviarlo a Menéame, por si todavía no lo ha hecho nadie.

http://josedanielespejo.blogspot.com