jueves, 21 de febrero de 2008

'Cheques regalo', necesidades sociales

Al inicio de la legislatura pasada, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su voluntad de fortalecer las políticas sociales en España. Desde ese mismo momento contó para ello con el apoyo expreso de Izquierda Unida. Desgraciadamente, demasiado pronto quedó en evidencia que esa voluntad inicial se traducía en fórmulas de actuación muy discutibles.

Por un lado, pese a que la mayoría de medidas legales respondían a aspiraciones fundamentales de la sociedad, y a cuya elaboración contribuimos, resulta que se aplicaban con insuficiencia de recursos. Esto hacía, y hace, que su impacto sea mucho menor que el esperado por todos los ciudadanos. Así ocurrió con la Ley Integral contra la Violencia de Género, con la Ley de Educación o con la Ley de Dependencia.

Además, bien pronto se pudo comprobar que el PSOE se plegaba con una disciplina realmente fundamentalista a las exigencias de la estabilidad presupuestaria. Lo hacía incluso al contrario de lo practicado por gobiernos más prudentes, que no dejaron de abordar necesidades de inversión pública más perentorias, sobre todo, en el campo del desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, de los derechos sociales o de la educación pública.

Así, en estos cuatro años, José Luis Rodríguez Zapatero se ha dejado llevar cada vez más por las ideas liberales que defiende su Oficina Económica en el ámbito fiscal, muchas veces incluso en contra de las que defiende su propio vicepresidente, el ya de por sí conservador Pedro Solbes.

La renuncia a incrementar, o solamente a mantener, la fiscalidad de las rentas más altas, incluso con la pretensión única de acercarnos a los parámetros europeos, junto a la contención del esfuerzo en gasto social -medido como porcentaje sobre el Producto Interior Bruto- no han hecho sino seguir la lamentable estela del Partido Popular, manteniendo la divergencia social. Mientras se ha convergido al 100 por 100 en el nivel de renta con la Unión Europea, en materia de gasto social apenas hemos llegado al 60 por 100 de la media de nuestros socios.

Los militantes y votantes socialistas, y todos los ciudadanos progresistas en general, han podido contemplar con frustración cómo se defendían ideas que están radicalmente en contra incluso de las aspiraciones socialdemócratas más moderadas. A lo largo de toda la legislatura se ha difundido hasta la saciedad que es conveniente llevar a cabo rebajas impositivas -las que sólo disfrutan los más ricos, los mismos que no necesitan del gasto social y de la financiación pública para disfrutar de los bienes y servicios-, que hay que avanzar hacia la privatización de las pensiones (como defiende David Taguas, el liberal radical que dirige la Oficina Económica del Presidente del Gobierno), o que hemos de forzar superávits fiscales que implican renunciar, de hecho, al necesario gasto social.

Sólo la presión social de los sindicatos y la posición de Izquierda Unida-Iniciative per Catalunya-Verds (IU-ICV), la izquierda parlamentaria, han logrado contener hasta cierto punto estas agresiones neoliberales.

Para colmo, José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado dos propuestas en la precampaña especialmente onerosas y carentes de equidad: el cheque-bebé, destinado a promover inútilmente la natalidad, y la reciente oferta de cheque-fiscal para devolver de forma indiscriminada 400 euros a los contribuyentes.

No hace falta extenderse sobre lo retrógrado e inoperante de esta última. Siendo injusta, porque nada lo es más que tratar igual a los desiguales, será también una medida inocua sobre la actividad y el crecimiento económico, como lo sería una mínima subida mensual de 30 o 40 euros en las nóminas de los contribuyentes. Pero, sobre todo, tiene un grandísimo y muy grave coste de oportunidad porque el troceo de 5.000 millones de euros en pequeñísimas partes impide una rentabilización social de ese volumen tan enorme de dinero público.

Para Izquierda Unida, todo ello demuestra que las políticas sociales aún anheladas por los ciudadanos están en peligro si se siguen dejando a la improvisación y de la mano exclusiva de las corrientes liberales del PSOE.

Existe una evidencia histórica de que la satisfacción plena de estas aspiraciones sólo puede venir de gobiernos que miran sin complejos a la izquierda y no a la derecha liberal, como demostró la evolución del gasto social en los ochenta. También lo es que cualquier gobierno del Partido Popular o una negociación con Convergència i Unió desde la izquierda significarán, con los datos en la mano, un impresionante paso atrás.

Entendemos que es preciso invertir la tendencia a la disminución de nuestro esfuerzo en gasto social. Es imprescindible un incremento del gasto público en infraestructuras sociales, educativas, tecnológicas y de comunicaciones. Lo es también darle la vuelta al discurso reaccionario de las rebajas fiscales que fabrican quienes se han convertido en portavoces de los más ricos. Resulta fundamental ser realistas en la gestión de los déficits y superávits públicos, manejándolos con responsabilidad pero sin renunciar a la inversión que garantice un futuro de progreso en España.

Todo ello sólo será posible si a la izquierda del PSOE hay la fuerza suficiente que evite que renuncien definitivamente a sus posiciones socialdemócratas y progresistas para caer en manos de una derecha tecnocrática y liberal que ya quisiera para sí el Partido Popular y los ideólogos de la derecha nacionalista. Y esa fuerza es Izquierda Unida.

Columna aparecida en EL PAÍS 21-02-08