IU denuncia que el Gobierno incumple la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y le pide explicaciones por el ahogamiento económico al Medio Rural

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ya ha anunciado a Aragón, Asturias y Navarra que no va a firmar los convenios previstos. El responsable de Medio Ambiente y Energía de IU, Adolfo Barrena, denuncia que “esto significa simplemente que el Gobierno no pagará a estas tres comunidades los fondos para financiar los imprescindibles planes de desarrollo rural comprometidos y utiliza como coartada el déficit público”.

Izquierda Unida denuncia el unilateral incumplimiento que hace el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. El responsable federal de Medio Ambiente y Energía de IU, Adolfo Barrena, advierte de que el Gobierno socialista “utilizando como coartada el déficit público quiere paralizar los convenios previstos con las comunidades autónomas y convertir la ley en papel mojado. De momento, ya está echando por tierra el esfuerzo y el trabajo que de cara a sus ciudadanos han hecho tres administraciones autonómicas como Aragón, Asturias y Navarra”. IU va a llevar este tema al Congreso para que el Ejecutivo tenga que explicar estos graves incumplimientos.

La Ley de Desarrollo Rural Sostenible fue aprobada en diciembre de 2007 y para su desarrollo, además de al entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se implicaba el trabajo de otros 11 departamentos ministeriales. Su objetivo era mantener en sus territorios a la población rural –con un alcance del 90% del territorio nacional-, y la mejora de sus condiciones de vida y renta, incrementando y coordinando mejor la atención que las diversas administraciones públicas dispensan a las zonas rurales. A su vez, debía garantizar que leyes como la de Dependencia o Igualdad sean aplicadas a todos los ciudadanos por igual, con independencia de su lugar de residencia.

Todas las actuaciones a realizar en el marco de esta Ley han sido recogidas y coordinadas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), que tiene carácter plurianual. El PDRS fue aprobado el 4 de junio de 2010 con una dotación para el periodo 2010-2014 de 1.810 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La ordenación del PDRS configuró 219 zonas en todo el Estado.

Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha comunicado a las tres únicas comunidades que habían presentado sus correspondientes Planes de Zona (Aragón, Asturias y Navarra) que, por el momento, no va a firmar los convenios previstos. El departamento que dirige Rosa Aguilar alega que de hacerlo contribuirían a alejar a estas regiones del cumplimiento de los Planes de Estabilidad Presupuestaria y agravar su situación de déficit público. “Esto significa que el Gobierno no pagará a estas tres comunidades los fondos necesarios para financiar los imprescindibles planes para el desarrollo rural”, explica Adolfo Barrena.

Al tiempo, este ministerio ha informado al resto de comunidades que, si los convenios no se firman antes del próximo 30 de septiembre, los fondos se reducirán un 20% porque se recortará una anualidad.

“Independientemente del trato discriminatorio que se da a Aragón, Asturias y Navarra con relación a las demás comunidades, -asegura Adolfo Barrena- lo que es evidente es el grave y unilateral incumplimiento que hace el Gobierno de la propia Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Ejecuta así un grave frenazo al desarrollo rural de nuestras comarcas, después de que hubieran confiado en este Plan de Desarrollo Rural que se había elaborado con la participación de las entidades y agentes sociales y económicos de cada una de ellas”.

Ante esta situación, el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, en coordinación con Adolfo Barrena, ha llevado al Congreso este incumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y exige explicaciones al Ejecutivo socialista. El diputado ha registrado una pregunta para que el Gobierno responda sobre los motivos reales por los que paraliza los Planes de Zona y si tiene previstos mecanismos para asegurar que las comunidades autónomas puedan ejecutarlos y salven las graves consecuencias que acarrearía su falta de ejecución.

Para Llamazares, “es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino cumpla estrictamente lo recogido en la Ley. De no hacerlo, el desarrollo sostenible del medio rural quedará tocado de forma irreversible. Si el Gobierno ha utilizado cantidades ingentes de dinero público para ayudar a los bancos y al sistema financiero especulativo queremos que explique las razones de que deniegue la financiación ya comprometida para mantener vivo al medio rural, algo imprescindible para el desarrollo y la economía españolas”.

Madrid, 6 de julio 2011