Gaspar Llamazares muestra su satisfacción por “haber dado un vuelco sustancial en la fase de ponencia al texto del proyecto de ley que el Gobierno había vaciado de contenido” después de que Izquierda Unida haya sacado adelante cerca de 40 de su alrededor de 80 enmiendas presentadas, que incluyen mejoras para los profesionales, en materia de vigilancia de la salud, financiación e información para los ciudadanos.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha mostrado hoy su satisfacción por “haber dado un vuelco sustancial al Proyecto de Ley General de Salud Pública en la fase de ponencia, mucho más después de que el Gobierno hubiera vaciado en buena medida de contenido el texto que envió a esta Cámara. IU ha logrado sacar adelante cerca de 40 de las alrededor de 80 enmiendas presentadas, después de transar un buen número de ellas con otros grupos parlamentarios con los que se ha alcanzado un buen grado de consenso”.
Llamazares destaca entre los cambios incluidos a propuesta de IU “la creación de un Centro Estatal de Salud, un paso fundamental para el seguimiento, evaluación y coordinación de la estrategia de Salud Pública a nivel del Estado. Con este centro salvamos la rotunda negativa y el veto impuesto por el equipo económico del Gobierno a crear una agencia estatal de salud, alegando motivos poco justificados de ahorro económico”.
La modificación aprobada a propuesta del diputado de IU señala que este Centro “tiene como objetivo el asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado. Asimismo, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico, y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones”.
En el trabajo de la Ponencia encargada de informar sobre este Proyecto de Ley General de Salud Pública concluido hoy Izquierda Unida ha conseguido también que se incluya un estudio de impacto en la salud –en la línea de los estudios de impacto medioambiental- en aquellas políticas o planes que puedan que puedan repercutir en la salud de la población.
Así, en el artículo 3 del proyecto de ley se señala en lo correspondiente al ‘principio de equidad’ que “las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto significativo en la salud de la población”.
Entre las enmiendas que IU ha conseguido transar está la que desbloquea aspectos relativos al reconocimiento del desarrollo profesional de los trabajadores sanitarios. El nuevo texto establece que “a los profesionales sanitarios de la salud pública se les aplicará lo dispuesto en el Título III sobre desarrollo profesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, definiéndose necesariamente la correspondiente carrera profesional”.
Otro tema especialmente significativo es la creación de la Red de Vigilancia de Salud Pública. Esta red coordinará los diferentes sistemas de vigilancia ya existente e “incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las 24 horas del día”. Su configuración y funcionamiento serán determinados a través de un reglamento.
En una línea similar, “se garantiza la información pública periódica a los ciudadanos sobre los posibles riesgos que pueden afectar a su salud”, indica Llamazares. De acuerdo con ello, el texto incluye a propuesta de IU una nueva redacción de su artículo 10 donde se señala que “sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades públicas, las Administraciones sanitarias informarán sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población. Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de las recomendaciones para la población”.
Gaspar Llamazares señala que “la ley que surja tras su votación final en el Congreso contará con la financiación adecuada, un tema que en Izquierda Unida nos preocupaba especialmente”. Para ello, se ha añadido una nueva disposición adicional que establece que “las prestaciones que establece esta ley se financiarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2003 de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”.
Del mismo modo, se mejoran de forma sustancial las garantías para que ninguna organización ni profesional que colabore con las administraciones sanitarias pueda sacar un provecho privado inadecuado de este trabajo. El nuevo artículo 11 de la ley establece que “las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.
Madrid, 13 de julio 2011
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