miércoles, 16 de marzo de 2011

Rechazo de IU e ICV al Proyecto de Ley de Ciencia porque “no sólo no resuelve sino que profundiza en la precariedad de los investigadores”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró hoy en la Comisión de Ciencia e Innovación el rechazo que comparten IU e ICV en relación al Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que hoy se debatía para su aprobación definitiva en la Cámara Baja, dado que la comisión tiene, en este caso, competencia legislativa plena. Argumentó este rechazo, entre otras cuestiones, porque la ley “no sólo no resuelve sino que profundiza en la precariedad de los investigadores”.


Llamazares compartió tiempo con su compañero de ERC Francesc Canet, dada las diferentes valoraciones que sobre este texto manejan las dos componentes que forman el grupo parlamentario técnico de ERC-IU-ICV, tal y como tienen establecido desde principio de legislatura para casos similares.


Llamazares indicó que cuando este proyecto de ley entró en la Cámara “reconocimos, así lo hicimos en el debate de totalidad, aspectos positivos en el texto que deberían contribuir a incorporar la innovación tecnológica como elemento estratégico para la sociedad y para nuestro tejido empresarial”.


No obstante, especificó que pese a algunos avances alcanzados, la Ley de Ciencia tal y como está planteada “mantiene carencias muy importantes”, entre las que destacó el “no asegurar la carrera continuada del personal investigador ni la estabilidad en el sistema, no resolver el grave problema de precariedad existente en el sector, no contemplar la carrera para el conjunto del personal de investigación, mantener la dualidad de las dos agencias de financiación -una para investigación y otra para innovación-, o no disponer de una memoria económica que asegure la financiación”.


Gaspar Llamazares recordó que “pese a las enmiendas parciales que IU e ICV registramos en su momento para intentar corregir estas cuestiones, sólo se nos aceptaron y fueron transados algunos temas ‘menores’. Por tanto, entendemos que el grueso de las carencias del proyecto de ley continúan”.


“Pero aún más –apostilló-, la potencial incorporación de algunas transacciones con otros grupos empeora, en nuestra opinión, en buena medida el texto en determinados aspectos. En suma, como resultado de todo ello acabamos por tener una valoración muy negativa del proyecto.


Para detallar este planteamiento, Llamazares destaca que:


· Ésta será una ley que no soluciona los verdaderos problemas de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y en particular será una ley contra los trabajadores de la investigación:


· No reconoce al personal de la investigación en sus tres ramas (científicos, técnicos y personal de gestión) sino que continúa en la decimonónica concepción de que ciencia es igual a personal investigador.


· No se reconoce la carrera profesional para el personal técnico y de gestión, mientras que sí se recoge la ya existente para el personal científico. Como matiz importante, se eliminan las escalas propias del CSIC, que pasan a ser de OPIS y se mantiene la situación aberrante de que los Investigadores Titulares de OPIs, sea cual sea su nivel, se integran en la escala más baja, lo que es inaceptable.


· La única ventaja o ‘conquista’ es la eliminación de las becas (el sistema 2+2) en contratos de hasta cuatro años, pero sin mantener las condiciones y los derechos salariales actuales. De acuerdo con la ley, los contratados de primer año pueden cobrar el salario mínimo frente a los 1.100 euros actuales. La mayoría dirán: ‘¡con eso me quedo con la beca!’


· No se resuelve, sino que se profundiza, en el problema de la precariedad en el sector público de la investigación. Si ahora estamos en niveles del 40-45% de contratos precarios, con esta ley el personal investigador y técnico del sector público de la investigación podrá ser precario ad infinitum.


· La nueva disposición adicional vigesimotercera (Fruto de una transacción, entre otras, a la enmienda 304 del PP) implica que a todos los contratos temporales (todos los que se regulan en los artículos 19.2, 25.7 y 29 de esta Ley) no se le podrán aplicar los artículos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Se elimina, por tanto, la posibilidad de acceder a un contrato indefinido por encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo, la tan popular ‘ley Caldera’. Es una forma muy curiosa de reconocer la excelencia y la necesidad del cambio de modelo productivo a través de la I+D+i.


· El contrato de acceso sigue sin dar las garantías de estabilidad a posteriori exigidas tanto por los sindicatos como por los investigadores contratados, y la evaluación positiva será solo un mérito para el acceso a las plazas de personal laboral fijo, perdiendo las mínimas ‘garantías’ que tienen los actuales contratos Ramón y Cajal.


· Las enmiendas de CIU se enfocan en particular a poner a los centros de investigación y las universidades al servicio directo de las empresas. El perverso concepto de ‘transferencia inversa’ es lo que todos entendemos que es: serán las grandes empresas las que decidan los objetivos en los que deberán trabajar los investigadores del sector público. Y será gratis.


Madrid, 16 de marzo 2011