miércoles, 26 de enero de 2011

Llamazares escéptico ante los cambios anunciados por Chacón en el Convenio de Defensa con EE.UU, que tacha de "anacrónico y desfavorable para España"

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró hoy ante el Pleno del Congreso su escepticismo ante los cambios anunciados por la ministra de Defensa, Carme Chacón, en el próximo texto del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE.UU. Chacón hizo público que el Gobierno quiere modificar cuestiones relativas a la autorización de escalas y sobrevuelos de aeronaves militares y al almacenamiento de municiones y explosivos en suelo español durante la respuesta a la interpelación que le hizo Llamazares en relación a este convenio, que expira el próximo 12 de febrero.


El parlamentario de IU indicó a la ministra que el convenio “ha envejecido y es anacrónico” y, por eso, “resulta incoherente que el Gobierno consienta que Estados Unidos utilice el territorio español para realizar un tipo de misiones militares que las propias fuerzas militares españolas no tienen autorizado, tal y como sucedió con el uso de las bases españolas para desencadenar la guerra ilegal contra Irak”.


Además, aunque consideró “positiva” cualquier modificación que se haga en el convenio que beneficie los intereses españoles, calificó de “parcial e insuficiente” la variación propuesta por la ministra y cuestionó la fórmula jurídica elegida para prorrogar el convenio al tiempo que se modifica. Llamazares dijo no entender esa “fórmula extraña al derecho” de “introducción de mejoras”, pues este tipo de acuerdos o se denuncian o se prorrogan.


El parlamentario de IU denunció que los beneficios que recibe Estados Unidos de este convenio “superan con creces a los que obtiene España. No existe reciprocidad entre las partes. Mientras Estados Unidos tiene unos 8.000 efectivos y dos pases militares en España, España no tiene nada en Estados Unidos”.


Propuso que debe plantearse “una negociación realista” sobre todo lo que afecta “a los intereses y a las capacidades y el derecho interno” de nuestro país.


A CONTINUACIÓN SE INCLUYE LA INTERVENCIÓN ÍNTEGRA DE LA INTERPELACIÓN AL GOBIERNO REALIZADA POR GASPAR LLAMAZARES


Señora ministra, mi grupo parlamentario presenta en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya una interpelación que pretende conocer cuál es la voluntad del Gobierno y si es posible estimular al mismo para la renegociación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y Estados Unidos de 1988 y, en particular, las modificaciones introducidas por el Protocolo de 2002, que nos parecen manifiestamente mejorables.


Señorías, no sabemos cuál es la voluntad del Gobierno español, a no ser porque no haya denunciado el convenio seis meses antes, cuando este expira el 12 de febrero -este 12 de febrero-, y como no sea también a través de las informaciones de Wikileaks que manifiestan la voluntad del Gobierno de elevar el convenio a tratado o, en su momento, la comunicación del Gobierno al Gobierno norteamericano de una posible modificación del carácter de convenio a tratado. Nuestra tesis, por el contrario, es que el Gobierno debe afrontar una negociación no maximalista sino de carácter realista sobre algunos elementos del convenio que desde nuestro punto de vista afectan a los intereses, a las capacidades y al derecho interno de nuestro país.


Pensamos que el Protocolo de 2002 constituye en ese sentido una involución que es necesario retomar, porque en nuestra opinión tiene muy poco que ver con la evolución española hacia una mayor soberanía, una mayor autonomía y un mayor respeto hacia el Derecho internacional. En concreto, el Protocolo de 2002 recoge la posibilidad de que los servicios secretos del Servicio de Investigación Criminal Naval y de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos puedan actuar en territorio español para llevar a cabo investigaciones criminales que incumben a bienes y ciudadanos norteamericanos, todo ello en un nimbo legal y al margen del control judicial y parlamentario de los españoles.


Además, he de recordar que en 2007 se frustra la posibilidad de regulación reglamentaria en una materia tan sensible como es la actuación de servicios secretos extranjeros en territorio nacional, parece que por voluntad del propio Gobierno o por desacuerdo con el Gobierno norteamericano.


Por otra parte, la modificación de los artículos 24 y 25 producida en el Protocolo de 2002 ha debilitado recientemente el régimen de autorizaciones de vuelo, de sobrevuelo y de nuevas instalaciones en las bases de Rota y de Morón. Antes era un control ex ante de estas decisiones y ahora es un control a posteriori. Señorías, no quiero recordarles lo que ha ocurrido con los ‘vuelos de la tortura’ o los vuelos de la CIA y la inseguridad que se ha creado en torno a las autorizaciones en las bases de Rota y de Morón. El Gobierno tiene una disyuntiva que es prorrogar sin más la vigencia de estas medidas del protocolo que nos parecen claramente atentatorias de nuestra soberanía y contradictorias con nuestro derecho, o bien emprender una negociación realista con el Gobierno norteamericano para su modificación o renovación.


¿Qué desventajas tiene en nuestra opinión el actual convenio y el protocolo que lo modifica? En primer lugar, desventajas que tienen que ver con la soberanía, desventajas que tienen que ver con la seguridad de los españoles y desventajas que tienen que ver con el derecho interno y el Derecho internacional; desventajas, contradicciones que en nuestra opinión es necesario superar a través de la renegociación. El mero hecho de la existencia de las bases militares implica que España no ejerce plenamente y con autonomía su jurisdicción sobre esa parte de su territorio. Pero es que, además, sobre esas bases militares no aplicamos el derecho interno de nuestro país y, por otra parte, no hay control parlamentario. No ha habido ningún acto de control parlamentario de las bases de utilización conjunta, lo que sería inexplicable en Estados Unidos.


Por otra parte, Estados Unidos puede llevar a cabo misiones militares desde las bases que sean contrarias a los objetivos de la política de seguridad y de defensa de España y a las normas que la regulan, en concreto a la Ley de Seguridad Nacional y al Derecho internacional. En la nueva coyuntura y con el incremento del terrorismo yihadista, el nivel de riesgos para la seguridad de las bases, en concreto en una de las bases que se convierte en estratégica en esta materia, para los territorios que la circundan y para las personas que viven en esa zona ha aumentado de manera considerable sin garantizarse seguramente una cierta reciprocidad. La regulación de los servicios de inteligencia militar, a la que el Gobierno también ha renunciado en 2007, es una materia que en nuestra opinión debería tenerse en cuenta.


Señorías, de manera resumida, no existe reciprocidad entre las partes, España no tiene contraprestaciones. Podría decirse que la más burda de ellas es que mientras Estados Unidos tiene en España 8.000 efectivos y dos bases militares, España no tiene nada en Estados Unidos. Pero hablando de una reciprocidad más realista, no existe nada en materia de reciprocidad en estos momentos que aporte Estados Unidos a nuestro país en relación con nuestros compromisos, que son, en nuestra opinión, mucho mayores. El convenio, por ejemplo, tampoco establece límites geográficos a la operación u operaciones que puedan apoyarse desde las bases militares. Dirán ustedes que es un tema general, pero no lo es. El tratado de seguridad con Australia y con Nueva Zelanda, al igual que el tratado con Filipinas, señala una zona de interés restringida. El tratado de seguridad con Japón se limita al Lejano Oriente, y los tratados y acuerdos sobre facilidades en varios países de la OTAN se concretan exclusivamente a área OTAN. En nuestro caso el convenio no tiene ningún límite a la potencia que tienen en nuestro país bases de utilización conjunta.


Tampoco es lógico que algunas decisiones de gran importancia, señorías, como la autorización de crear nuevas instalaciones de apoyo, aumentar el volumen de las estructuras de Estados Unidos en las bases o, por ejemplo, modificar normas de vuelo y demás sean únicamente materia del comité permanente. Además, el protocolo establece un llamado Comité Bilateral de Alto Nivel que, en vez de solventar los problemas derivados de la aplicación del convenio, se ha convertido en un adorno inútil y con tan pocas reuniones que se pueden contar con los dedos de la mano desde la aprobación del convenio y el protocolo.


En definitiva, no es difícil detectar que la lista de beneficios que obtiene Estados Unidos de la cooperación bilateral establecida en el Convenio de defensa supera con creces los beneficios que obtiene España, y toda relación de estas características tiene como premisa, o debe tenerla, la reciprocidad. Ante este balance, parece legítimo solicitar la revisión del convenio y de su protocolo adicional. ¿En qué temas? En primer lugar, en relación con los nuevos factores que aconsejan la modificación del convenio deberíamos tener en cuenta la Ley Orgánica de Defensa Nacional, la apuesta del Gobierno por el multilateralismo y el respeto al ordenamiento jurídico internacional, así como la preeminencia de medidas preventivas no militares en la lucha contra el terrorismo.


En segundo lugar, a esto se une la revalorización geopolítica de las bases españolas, en concreto de la base española de Rota, una revalorización geopolítica para Estados Unidos pero en menor medida para nuestro país. Existen una serie de cuestiones y elementos del convenio que necesitan ser renegociados de manera que pudieran sufrir modificaciones destinadas a evitar la afectación del ejercicio de soberanía de nuestro Estado y a evitar riesgos innecesarios en el territorio circundante. Pero, sobre todo, es necesario concretar varias precisiones que eviten una interpretación demasiado amplia y flexible de las obligaciones y los derechos que se recogen y que en la práctica representan un gran desequilibrio en relación con la cooperación defensiva con Estados Unidos. Sería necesario además recoger obligaciones de resultado y de plazos para su cumplimiento de las ventajas que el convenio puede suponer para nuestro país.


En definitiva, el convenio ha envejecido y es anacrónico. Por ello, resulta incoherente que el Gobierno de España consienta que Estados Unidos utilice el territorio español para realizar un tipo de misiones militares que las propias fuerzas militares españolas no tienen autorizado, tal y como sucedió en el uso de las bases españolas para desencadenar la guerra ilegal contra Irak.


Además, el control parlamentario sobre el convenio -como he dicho antes- no existe. La nefasta experiencia de los vuelos militares y de los vuelos de la CIA en el marco de las entregas ilegales de supuestos yihadistas hace necesario incluir en el convenio precisiones de autorización previa, y no de autorización posterior, a los vuelos de Rota y Morón. Por otra parte, España debe respetar y no socavar el principio de prohibición de la tortura y no debe permitir extradiciones ni expulsiones de personas a lugares en los que corran riesgos de ser torturadas, sufrir malos tratos o ser simplemente desaparecidas.


Por otra parte, no compartimos la elevación del convenio a tratado si no supone una renegociación a fondo de estas materias. Por lo tanto, pedimos la renegociación del convenio por parte del Gobierno. Somos conscientes del marco en el que estamos -el marco de la OTAN-, aunque no lo compartamos, y planteamos la revisión del convenio ahora cuando finaliza su periodo de vigencia el próximo 12 de febrero. El cambio político en Estados Unidos debería, en nuestra opinión, favorecerlo. Resulta claramente necesario proceder a una revisión de las disposiciones del convenio que se derivan de aplicaciones demasiado extensas que son contrarias a los intereses de España o suponen un riesgo para nuestra seguridad. Por último, necesitamos un control parlamentario de un tema que afecta al territorio nacional y que afecta a nuestra seguridad y a nuestro derecho. Hoy por hoy no tenemos control parlamentario. Es un tema que abrimos en su momento al debate con el Ministerio de Defensa, pero no hemos tenido ninguna solución que permita un control parlamentario en las bases de utilización conjunta de Rota y Morón. Muchas gracias.


RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES A LA MINISTRA DE DEFENSA


Señora ministra, en primer lugar, agradezco la información recibida: positiva, parcial e insuficiente; insuficiente, en todo caso. Señora ministra, no acabo de entender esa fórmula que es extraña al Derecho. No soy profesional en la materia, pero un convenio o se prorroga o se denuncia. No existe un convenio prorrogado y denunciado al mismo tiempo, que es lo que nos ha venido a plantear en el día de hoy. En todo caso, nada hubiera impedido denunciar el convenio y abrir una negociación más allá de los aspectos puntuales que usted ha referido. Es decir, se podía hacer una negociación de coyuntura sobre los aspectos más preocupantes del convenio y dejar una negociación más estructural para el medio o largo plazo. Desde luego, para mí, el medio o largo plazo es que no existan bases de utilización conjunta de otro país en territorio español. Reconozco que no es la posición del grupo parlamentario ni del Gobierno. En todo caso, me llama la atención esa fórmula jurídica y me gustaría una mayor explicación: dónde estamos, si estamos en la prórroga o estamos en la renegociación, porque la fórmula de mejoras no existe en derecho y menos en relación con los convenios de estas características.


En segundo lugar, con respecto a los contenidos que ha comentado usted -como digo, positivos pero parciales o insuficientes-, estamos satisfechos de que aunque sea a posteriori se recupere el control de las escalas y vuelos a priori -utilizando el juego de palabras-, que fue modificado en el Protocolo de 2002 y que nos ha traído muy malas consecuencias. En ese sentido, a pesar de la información del Gobierno no comparto en absoluto el planteamiento de que no hubiera ningún problema en las bases ni con los aviones de la CIA en territorio español. No piensa así el Parlamento Europeo, no piensa así el Consejo de Europa. Yo pienso como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa: que se miró para otro lado en una materia tan delicada por una malentendida lealtad y solidaridad con la lucha antiterrorista, y finalmente la lealtad y la solidaridad ha sido con la vulneración de los derechos humanos y del Derecho internacional.


En relación con explosivos y municiones, me convence la información de la señora ministra. Habíamos evitado ya en momentos anteriores las armas de carácter nuclear y ahora es bueno que las armas que no están permitidas en nuestro país tampoco lo estén en las bases de utilización conjunta; y asimismo, en relación con las cuestiones relativas al medio ambiente. De todas maneras, nosotros tenemos dudas con respecto a los sistemas de control. La verdad es que el comité conjunto -lo he dicho antes- y también los mecanismos establecidos en el propio convenio y en el Protocolo de 2002 han sido muy pocos eficaces. Se han reunido muy poco, poquísimo, y por otra parte han tenido una eficacia bastante relativa. Por lo tanto, los compromisos son importantes; sin embargo, los mecanismos de control, mínimos.


En relación con los servicios secretos, señora ministra, estuvieron durante un tiempo callados cuando se produjo el problema de los vuelos de la CIA en el seno de las bases, pero han vuelto otra vez; los servicios secretos norteamericanos de las respectivas armas han vuelto a actuar en territorio español. Y dice usted que están normados. De manera muy hábil, porque el primer texto que usted tenía preparado para regular esos servicios secretos en territorio español fue considerado por el Gobierno norteamericano un texto denso, y finalmente usted o su Gobierno consideró que era más importante la cobertura política que el derecho interno. En ese sentido, no tengo ninguna confianza con respecto a una medida que no tiene muchos precedentes y desde luego no tiene nada que ver con nuestro derecho interno, como es el hecho de que los servicios secretos de otro país intervengan en territorio nacional.


En relación con el control parlamentario y con la Ley de Defensa Nacional, señora ministra, en mi opinión el futuro del convenio es que la Ley de Defensa Nacional sea operativa también en las bases de utilización conjunta, y hoy por hoy no lo es, porque el Gobierno norteamericano puede tomar decisiones al margen del Derecho internacional de intervención fuera de zona, y creo que eso es inaceptable. Y sobre el control parlamentario –y termino con ello, señora ministra-, dígame usted cuándo hemos hecho control parlamentario de las bases de utilización conjunta. Nunca. En ninguna Comisión de Exteriores ha habido control parlamentario de las bases de utilización conjunta, y no quiero referirme a sus respuestas por escrito porque cuando no son lacónicas son simplemente ‘no respuestas’ por escrito.


Madrid, 26 de enero 2011