Llamazares pide la comparecencia de Chacón e interroga al Gobierno sobre la próxima caducidad del Convenio de Defensa con EE.UU.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Carme Chacón, “para que explique la posición del Gobierno ante la expiración de la vigencia del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos el 12 de febrero”. Del mismo modo, Llamazares también ha registrado una pregunta escrita al Ejecutivo con el fin de que aclare “si piensa revisar algún punto” de este convenio y, entre otras cuestiones, si piensa garantizar que “al igual que las Fuerzas Armadas españolas para realizar misiones en el extranjero deben contar con el consentimiento del Gobierno, la autorización del Congreso de los Diputados y atenerse al Derecho Internacional, de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional, las fuerzas armadas estadounidenses cumplan estos mismos criterios en el uso de las bases españolas de utilización conjunta”.

Ambas iniciativas parlamentarias parten del hecho de que la vigencia del actual Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos de 1 de diciembre de 1988, Anejos y Canjes de Notas, revisado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002, expira el 12 de febrero de 2011, prorrogándose automáticamente por periodos de un año, salvo decisión expresa de una de las partes.

Llamazares valora que “el Protocolo de enmienda firmado en 2002 por el Gobierno Aznar significó una clara involución en la relación hispano-norteamericana. Desde entonces hay un mayor desequilibrio en favor de los Estados Unidos, que no garantizan ninguna cláusula de defensa mutua, y un anacronismo en relación a los intereses de España, la seguridad de la población y el ejercicio de la soberanía del Estado español, por cuanto otorga un cheque en blanco a los servicios estadounidenses de inteligencia para actuar como les plazca en territorio español”.

Gaspar Llamazares destaca la inexistencia de “la menor garantía de que las infraestructuras de nuestras bases de Rota y Morón se beneficien de fondos del Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN. De otra parte, resulta incoherente que el Gobierno español consienta que Estados Unidos utilice nuestro territorio para realizar misiones que las propias Fuerzas Armadas españolas no están autorizadas a desarrollar por entrar en contradicción con la Ley de Defensa Nacional, no amparadas por la legalidad internacional”.

Señala también que “el Convenio no establece límites geográficos a las operaciones que puedan apoyarse, como hacen otros convenios bilaterales estadounidenses. Por ejemplo, el Tratado de Seguridad con Australia y Nueva Zelanda, al igual que los Tratados con Filipinas y Corea, señalan que la zona de interés común es el área del Pacífico. El Tratado con Japón se limita al Lejano Oriente y los acuerdos sobre facilidades en varios países de la OTAN se concretan exclusivamente en el área OTAN”.

Por todo ello, entre las cuestiones por las que interroga Llamazares está también saber si “¿Se propone el Gobierno proponer la modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para garantizar que las bases militares y otras instalaciones españolas no sean utilizadas para facilitar violaciones de derechos humanos tales como entregas extraordinarias, detenciones secretas o traslados ilegales; e incluir mecanismos de control efectivos sobre las actividades de aeronaves y personal estadounidense en territorio español?

“¿Se propone el Gobierno proponer la supresión o la modificación del Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002, con el fin de garantizar los derechos y libertades en nuestro país y el control judicial de la actividad de los servicios estadounidenses de inteligencia?”, es otro de los interrogantes que trata de despejar el portavoz parlamentario de IU.

Madrid, 18 de enero 2011