Fabrizio Hernández Pampaloni, nombrado el pasado día 7, debe declarar mañana día 14 como perito en la Audiencia Nacional en contra de los intereses del Estado, según la documentación en poder de IU.
En base a todos estos datos, el portavoz parlamentario exige explicaciones escritas al Gobierno y le reclama que remita al Congreso un dictamen de Administraciones Públicas sobre la posible incompatibilidad de este nombramiento.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy la petición de comparecencia urgente ante la Comisión de Industria del recién nombrado secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández Pampaloni, para que explique su relación directa y la posición que tiene el Gobierno sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional por la empresa Nuclenor S.A. para resarcirse de las supuestas pérdidas que le ocasionará el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013.
Se da la circunstancia, según la documentación que obra en poder de Izquierda Unida, que Hernández Pampaloni –designado nuevo secretario de Estado de Energía por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y nombrado en el Consejo de Ministros del pasado día 7 de enero- es el perito elegido por Nuclenor para avalar sus tesis en contra del Estado ante la Audiencia Nacional.
Hasta su entrada en el Gobierno socialista hace unos días, Fabrizio Hernández fue director asociado de la consultora NERA Economic Consulting, a través de la cual elaboró y firmó un informe encargado por Nuclenor denominado “Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009. Informe pericial elaborado a petición de Nuclenor”. En él llega a la conclusión de que Nuclenor perderá 951,4 millones por el cierre de Garoña, cantidad que debería ser indemnizada por el Gobierno del que ahora forma parte el propio autor.
Pero la contradicción y lo surrealista del caso no queda ahí. Según los datos en poder de IU, Fabrizio Hernández Pampaloni está citado a declarar precisamente mañana día 14 de enero por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en calidad de perito para explicar el citado informe, tras haberlo solicitado así los representantes legales de Nuclenor y haberlo aceptado los magistrados que componen esta sección en una resolución dictada el pasado 30 de noviembre.
En su valoración política, Llamazares señala que “resulta que el Gobierno nombra secretario de Estado de Energía el 7 de enero al mismo señor que, precisamente, está citado a declarar tan sólo siete días después en la Audiencia Nacional como perito de la parte demandante contra el Estado, precisamente para demostrar que la compañía propietaria de la central de Garoña va a perder 951 millones de euros con el cierre. Esto es, como poco, sorprendente y chusco. Es como poner al zorro a guardar el gallinero, un ‘gallinero’ éste del sector de la energía en el que hay muchos intereses económicos y de otros muchos tipos”.
Ante estos hechos que considera “altamente preocupantes y graves”, Gaspar Llamazares ha registrado también hoy otras dos iniciativas parlamentarias. Una de ellas es una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la que, entre otras cuestiones, pide explicaciones para conocer si “¿Considera el Gobierno coherente el nombramiento a un alto cargo de responsabilidad de un perito que acaba de redactar un dictamen esgrimido contra el Gobierno en un pleito abierto por la empresa Nuclenor S.A., en el que se reclaman 951,4 millones de euros de daños y perjuicios por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña?”.
En la misma iniciativa se interroga sobre si “¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de que este nombramiento pudiera vulnerar la Ley de Incompatibilidades?”. En esta misma línea, y ante distintas informaciones que apuntan a la existencia de un informe oficial que cuestiona este nombramiento, pregunta también “¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública acerca de la incompatibilidad de este nombramiento?”.
En estrecha relación con este último asunto y para despejar cualquier duda, la tercera iniciativa parlamentaria de Llamazares es una solicitud de informes y documentación donde se pide al Gobierno que remita al Parlamento precisamente ese “Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, sobre incompatibilidad del nombramiento de Fabrizio Hernández Pampaloni en el cargo de secretario de Estado de Energía”.
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA PREGUNTA
PARLAMENTARIA REGISTRADA POR GASPAR LLAMAZARES
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA sobre el nombramiento del nuevo Secretario de Estado de Energía, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El Consejo de Ministros celebrado el 7 de enero de 2011 procedió al nombramiento de D. Fabrizio Hernández Pampaloni en el cargo de Secretario de Estado de Energía.
En la breve biografía publicada por el Ministerio de la Presidencia se omite un dato importante: D. Fabrizio Hernández Pampaloni es portavoz y uno de los autores del Dictamen pericial encargado a la empresa NERA Economic Consulting por la empresa NUCLENOR S.A. sobre “Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009. Informe pericial elaborado a petición de Nuclenor”, con referencia a la Orden Ministerial de cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013, para ser esgrimido en contra del Gobierno en el pleito abierto en la Audiencia Nacional. El lucro cesante que se cuantifica en dicho informe se eleva a 951,4 millones de euros valorados a fecha de 1 de enero de 2010, añadiéndose que “el lucro cesante calculado no incluye el potencial valor de una aplicación acelerada de los créditos fiscales, cuyo valor corriente es, aproximadamente, 20 millones de euros”. Al parecer, D. Fabrizio Hernández Pampaloni ha sido citado por auto de la Audiencia Nacional a comparecer el 14 de enero de 2011 a las 10.30 horas ante la Audiencia a fin de ratificarse en su informe pericial.
De otra parte, existe un dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública, dependiente de Administraciones Públicas, en el que al parecer, se considera que su incompatibilidad le obligaría a inhibirse durante dos años de cualquier asunto o iniciativa relacionada con las empresas para las que ha prestado servicios a través de la Consultora Nera Economic Consulting, entre ellas Iberdrola y Gas Natural. Si fuera así, se convertiría en un secretario “virtual”, sin capacidad de intervención en amplios segmentos de su campo de responsabilidades.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) A la hora de proceder al nombramiento de D. Fabrizio Hernández Pampaloni en el cargo de Secretario de Estado de Energía, ¿Ha valorado el Gobierno el hecho de que esta persona es perito de parte de la empresa Nuclenor en el pleito abierto contra el Gobierno en la Audiencia Nacional sobre los daños y perjuicios originados por la Orden Ministerial ITC/1785/2009 de cierre de la central nuclear de Garoña?
2) ¿Considera el Gobierno coherente el nombramiento a un alto cargo de responsabilidad de un perito que acaba de redactar un Dictamen esgrimido contra el Gobierno en un pleito abierto por la empresa Nuclenor S.A., en el que se reclaman 951,4 millones de euros de daños y perjuicios por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña?
3) ¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de que este nombramiento pudiera vulnerar la Ley de Incompatibilidades?
4) ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública acerca de la incompatibilidad de este nombramiento?
5) ¿Por qué razones el Gobierno ha persistido en este nombramiento, pese al mencionado Dictamen?
Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo
Diputado de IU
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 13 de enero de 2011
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