(Madrid, 11 de mayo 2010).- Izquierda Unida e ICV, formaciones que comparten grupo en el Congreso de los Diputados, han logrado que el Pleno, con el voto en contra del PP, respalde una moción para avanzar de forma decidida en el desarrollo y mejora de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, incluyendo que el Estado se responsabilice de las exhumaciones en las fosas de las víctimas del franquismo y para que quede clara la posibilidad de persecución de los rímenes de genocidio y contra la humanidad.
Este acuerdo se ha traducido en una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación de IU-ICV, en la que se insta al Gobierno a garantizar “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados”, de manera que si no lo garantizan otras administraciones sea la Administración General del Estado la que lo haga con carácter subsidiario.
El texto insta también al Gobierno a “transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con sede en el Ministerio de Justicia” para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, “asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación (de la Ley de Memoria) tanto en el seno de la Administración General del Estado, como en las relaciones con las demás Administraciones Públicas competentes”.
En el texto definitivo de la moción, defendida por el diputado Joan Herrera, también se han incluido sendos puntos para “dar a conocer el Mapa integrado de fosas”, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que hoy no son todas, “haciéndolo accesible a todos los ciudadanos interesados y divulgando los datos de interés para la localización de las víctimas” y para “conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo”.
En la moción también se alude a la investigación judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado. El texto definitivo señala que el ordenamiento jurídico vigente “obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en el resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara”.
“La aplicación e interpretación de toda esa legislación –se señala- corresponde a los jueces y tribunales, por exigencia de esas mismas normas y de nuestra Constitución (art. 117.1 CE). Cada uno de ellos en el ámbito de sus propias competencias. En consecuencia, el Congreso de los Diputados muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.
El Grupo Socialista, por indicación del Gobierno, no aceptó dos de los puntos incluidos por IU-ICV en el texto original de la moción referidos a la creación de una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura y el desarrollo de la figura de un “Alto Comisionado” de apoyo a esas misma víctimas para cumplir con lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica.
Este acuerdo se ha traducido en una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación de IU-ICV, en la que se insta al Gobierno a garantizar “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados”, de manera que si no lo garantizan otras administraciones sea la Administración General del Estado la que lo haga con carácter subsidiario.
El texto insta también al Gobierno a “transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con sede en el Ministerio de Justicia” para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, “asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación (de la Ley de Memoria) tanto en el seno de la Administración General del Estado, como en las relaciones con las demás Administraciones Públicas competentes”.
En el texto definitivo de la moción, defendida por el diputado Joan Herrera, también se han incluido sendos puntos para “dar a conocer el Mapa integrado de fosas”, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que hoy no son todas, “haciéndolo accesible a todos los ciudadanos interesados y divulgando los datos de interés para la localización de las víctimas” y para “conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo”.
En la moción también se alude a la investigación judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado. El texto definitivo señala que el ordenamiento jurídico vigente “obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en el resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara”.
“La aplicación e interpretación de toda esa legislación –se señala- corresponde a los jueces y tribunales, por exigencia de esas mismas normas y de nuestra Constitución (art. 117.1 CE). Cada uno de ellos en el ámbito de sus propias competencias. En consecuencia, el Congreso de los Diputados muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.
El Grupo Socialista, por indicación del Gobierno, no aceptó dos de los puntos incluidos por IU-ICV en el texto original de la moción referidos a la creación de una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura y el desarrollo de la figura de un “Alto Comisionado” de apoyo a esas misma víctimas para cumplir con lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica.
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