lunes, 29 de marzo de 2010

El Gobierno, contra el icono de las pensiones por Gaspar Llamazares / Portavoz Parlamentario de Izquierda Unida

Sin confiarse a dios ni al diablo, el Gobierno sacó un conejo de la chistera y puso sobre la mesa a bombo y platillo la prolongación progresiva de la vida activa, ampliando de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Los sindicatos y la izquierda salimos de inmediato a la calle para parar en seco esta propuesta unilateral, precipitada e irresponsable, anunciada al margen del Pacto de Toledo, y que mete el miedo en el cuerpo a millones de trabajadores que ya lo están pasando muy mal.
Considero que es un error, un grave error. Es una propuesta radicalmente injusta para un país que sólo destina el 9 % del PIB a pensiones -tres puntos por debajo del gasto medio de la UE a 27 y cinco puntos inferior de Estados de nuestro entorno como Francia, Alemania o Portugal- y donde la cuantía media de la pensión contributiva no alcanza el 65 por ciento de la media europea. Además, es una receta excesiva si se tiene en cuenta que en España el promedio efectivo de jubilación es de 63 años y 10 meses.
Nos enfrentamos a una propuesta no hecha para el acuerdo. No proviene de ningún diálogo, de ningún debate. Sólo es un mensaje del Gobierno a los mercados financieros, a los mismos que nos han llevado a la crisis, como si el Ejecutivo estuviera aquejado del síndrome de Estocolmo. Asustado por algunos malos días de la Bolsa, José Luis Rodríguez Zapatero decidió transitar desde el Pacto de Toledo al ‘pensionazo’ de Davos.
Pasar de 65 a 67 años resulta una amputación muy del estilo de los cirujanos y el entusiasta ministro de Trabajo es tan solo el anestesista que nos traslada esa propuesta. Lo que el Gobierno propone en realidad, aunque de forma velada cuando se dirige a los ciudadanos, es un sistema mixto de pensiones: un sistema público asistencial y otro privado complementario. Ese es el modelo que está detrás del pensionazo y que responde al interés de los mercados, de los fondos de pensiones y de inversión privados.
Pero este dislate forma parte del programa de austeridad aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de enero y figura textualmente en la página 41 del documento de Estabilidad que el Ejecutivo socialista trasladó a la Comisión Europea.
Contradictoriamente, en la página 39 de este mismo texto, se afirma que el escenario demográfico de 2009 era más favorable, incluso, que el que teníamos en 2006. Si entonces no era necesaria una reforma radical ¿por qué ahora sí lo es? La razón inconfesada del voluble equipo económico de Rodríguez Zapatero es su pretensión de que el recorte abusivo que preparan para las pensiones sea una de las soluciones para atajar el déficit público en 80.000 millones de euros entre 2013 y 2025. Frente al tijeretazo a las pensiones y a las políticas sociales nosotros le decimos que si quiere combatir el déficit público vuelva su vista a los ingresos y plantee una reforma fiscal para hacer nuestro sistema tributario más justo y progresivo, lo que en absoluto significa subir impuestos a los trabajadores.
Es desde la perspectiva de los ingresos desde donde debe acometerse la reforma del sistema de pensiones, más que desde los gastos. Recuperar empleo y mejorar la productividad con un verdadero cambio del modelo económico, social y ambientalmente sostenible, son las claves de su supervivencia.
De todos modos, la Seguridad Social sigue gozando de buena salud a pesar de la dureza de la crisis. Prueba de ello es que pese a la fuerte caída de la afiliación el ejercicio de 2009 se cerró un año más con un superávit de más de 8.500 millones de euros. En los dos primeros meses de 2010 el superávit alcanzó los 4.602 millones, equivalente al 0,44% del PIB. El sistema dispone, además, de un fondo de reserva de más de 60.000 millones de euros. Por tanto, las pensiones no están amenazadas a medio plazo y esto es algo que la ciudadanía debe tener presente para su tranquilidad, frente a los agoreros que quieren barrer para casa.
La vicepresidenta De la Vega ha cubierto la herida con la venda retórica de la solidaridad y el vínculo intergeneracional, de tal modo que quienes nos oponemos somos ‘insolidarios’ con las futuras generaciones. Pero es todo lo contrario: alargar la vida laboral equivale a cerrar el paso a los trabajadores jóvenes. Mientras, el ministro Corbacho ni está, ni se le espera en este tema. Hace tres meses se mostraba ‘radicalmente’ en contra de retrasar la edad de jubilación y ahora dice lo contrario, tragando sapos y culebras, mientras son otros desde el Ejecutivo quienes gestionan el asunto.
El Gobierno ha decidido basar su propuesta en dos argumentos carentes de lógica y de rigor científico: el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida en cuatro años más. Pero no dicen que la esperanza de vida se debe al descenso de la mortalidad infantil y la mejora de la salud de la población. En modo alguno ello significa que todas las personas vivan cuatro años más. Y hablando con rigor, tampoco se pueden hacer previsiones demográficas que vayan más allá de diez años. Cuando hablan de demografía, manipulan: no es una cuestión de diferencia entre número de adultos y ancianos, hay que hablar de cotizantes y de pensionistas, y entonces es cuando el pretendido riesgo demográfico varía notablemente.
Tampoco tienen en cuenta la mejora de la productividad ni señalan la carencia de elementos de prospectiva para evaluar qué va a ocurrir con la variable de desempleo del 2013 al 2025. Ni todos los mayores de 65 años van a ser pensionistas ni todos los menores de 65 años van a estar empleados.
Sorprende la facilidad con que este ‘zapatazo’ a las pensiones ha sido aprobado por el Comité Federal del PSOE, pese a las advertencias de algunos de sus dirigentes más experimentados, como Manuel Chaves, sobre el impacto electoral de esta propuesta, cuando el presidente presume a diario de que la crisis no supondrá ningún recorte social. La CEOE se ha apresurado a aplaudir con entusiasmo y cuando la derecha económica obra así se debe a que aumentan sus perspectivas de negocio y, además, ello viene de la mano de un Gobierno que se dice de izquierdas y defensor de los intereses de la mayoría.
No estamos ante una medida cualquiera sino que, de aprobarse en sus actuales términos, estaríamos ante el fracaso del PSOE en el poder, más allá de cualquier otro planteamiento. Es como si estuvieran empeñados en perder las elecciones y hacerle el ‘trabajo sucio’ a la derecha. Como bien ha dicho Cándido Méndez, el ‘pensionazo’ es un ‘trozo de carne en la boca de los tiburones financieros’.
La jubilación a los 65 años es un icono para los ciudadanos, como la jornada de ocho horas diarias lo fue en su día para los trabajadores. El Gobierno no puede romper el icono. Por eso le hemos pedido que devuelva su propuesta a chiqueros y rectifique. Si se empecina, se equivocará, como otros se equivocaron en otros momentos históricos de este país. Entonces y ahora tendrá enfrente a Izquierda Unida y, tal y como ya lo han proclamado, tendrá que pasar también por encima de los sindicatos.