Llamazares exige al Gobierno que retire el Diccionario Biográfico porque “con dinero de la democracia no se puede hacer ‘golpismo blando’”

Transcripción de la pregunta, respuesta inicial y réplica del portavoz parlamentario de IU al ministro de Educación en la Sesión de Control al Gobierno (8-6-11).

PREGUNTA DE GASPAR LLAMAZARES: Señor ministro de Educación, la mentira deforma y la mentira institucional degrada la vida pública. El Gobierno, un gobierno democrático, encargó a la Real Academia de la Historia pagando 6,4 millones de euros el Diccionario Biográfico Español. Finalmente no tenemos Real Academia de la Historia, tenemos ‘real caverna de la historia’ y el Diccionario Biográfico Español se ha convertido en un panegírico franquista y un libelo contra la democracia y contra la república. ¿Piensa su Gobierno retirar este panegírico franquista?

RESPUESTA INICIAL DEL MINISTRO ÁNGEL GABILONDO: Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, previamente, si se trata de Franco, del franquismo y de los franquistas tenga la seguridad de que compartimos el análisis y la posición. La cuestión no sólo es esa, es más compleja, como usted pregunta. Por supuesto que desaprobamos cualquier exaltación formal o ideológica, cualquier justificación o revisionismo al respecto en este asunto que es cuestión sobre todo de rigor histórico, de objetividad, de procedimiento en el análisis y elaboración de los textos y, sin duda, esto no se ha hecho bien. Por eso hemos indicado a la Real Academia de la Historia que es indispensable que se rectifiquen inmediatamente las entradas que no cumplen estos requisitos decisivos. No me corresponde señalar técnicamente cómo ha de hacerse ni cuál es el mejor camino para lograrlo, pero es -insisto- indispensable proceder inmediatamente a realizarlo, cuando además del rigor y de la verdad histórica se ha herido la sensibilidad, la memoria y las convicciones de tantos ciudadanos.

RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES: Señor ministro, no es suficiente. Imagínense en Alemania la edición de un diccionario biográfico por parte de una academia de la historia que diga que el nazismo fue autoritario y que la República de Weimar fue una dictadura. Señorías, no sería publicado en Alemania y se llevaría directamente a los tribunales de justicia.

Por tanto, lo que pedimos al Gobierno es que se denuncie inmediatamente el convenio con la Real Academia de la Historia, que no se publique esa edición, que no llegue a ningún anaquel, que no llegue a ninguna biblioteca pública de este país esa mentira, esa mentira horrorosa. Por otra parte, señoría, que su ministerio y el conjunto del Gobierno pidan y pongan en marcha la renovación de las academias para que sean instituciones que obedezcan a un funcionamiento democrático, no a un funcionamiento de cooptación sin ningún tipo de evaluación de la calidad y del rigor.

Señorías, nos encontramos ante un diccionario que es un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia. Es también una ofensa a la memoria de los ciudadanos demócratas de este país, a la memoria de los republicanos y de los antifranquistas, y es una burla y un fraude a esta democracia, porque con dinero de la democracia no se puede hacer ‘golpismo blando’. No se puede hacer ‘golpismo blando’ porque en este país llueve sobre mojado. Esto no está al margen de la posición del Tribunal Supremo y del linchamiento del juez Garzón, y el Gobierno debe saberlo.

Madrid, 8 de junio 2011

Llamazares quiere que el Gobierno retire el Diccionario Biográfico Español y que se regule el funcionamiento democrático de las academias

El portavoz parlamentario de IU pregunta mañana sobre este tema al ministro de Educación durante la Sesión de Control al Gobierno.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, considera necesario que el Gobierno retire el Diccionario Biográfico Español realizado por la Real Academia de la Historia en el que, entre otras cuestiones, se señala que el dictador Francisco Franco “montó un régimen autoritario, pero no totalitario” o que “la Ley de Principios del Movimiento dibujó el nuevo orden constitucional”.

Para Llamazares, no basta con que se hagan ‘retoques’ como se ha asegurado desde fuentes de la propia Real Academia y así tiene intención de planteárselo mañana en el Congreso al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, durante la pregunta que le realizará durante Sesión de Control al Gobierno.

En la misma línea, el diputado de IU considera que las reales academias deben contar con un ‘estatuto marco’ que regule su funcionamiento y que supere la supuesta autorregulación de las mismas, que ahora se ha demostrado totalmente fallida. El objetivo principal es que funcionen de manera democrática y que su trabajo respete los principios de cualquier Estado democrático.

Llamazares desea también que el Gobierno aclare el sistema de financiación pública que reciben estas academias y que se les apliquen los mismos principios que rigen con cualquier institución que recibe dinero de todos los españoles para exigirles cuentas en relación a cómo lo gastan y los trabajos que realizan con el mismo.

Madrid, 7 de junio 2011

Llamazares emplaza al Gobierno a que acabe con su “boicot” a la Ley de Memoria Histórica, anule las sentencias franquistas y apoye las exhumaciones

IU e ICV han registrado hoy una proposición de ley para modificar la norma aprobada en 2007 tras una rueda de prensa en la que el fiscal y jurista Carlos Jiménez Villarejo ha asegurado que “basta de artimañas de leguleyos” para negarse a revisar los fallos dictados por unos tribunales franquistas compuestos por “grupos de facciosos, ni legítimos, ni independientes, ni parciales”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha emplazado al Gobierno del PSOE a que acabe con el “boicot institucional” que realiza de facto a la Ley de Memoria Histórica desde que fue aprobada en 2007, para lo que reclama que se anulen las sentencias de los juicios sumarios del franquismo y que haya un apoyo público real a las exhumaciones de los cadáveres que aún permanecen en cerca de 1.200 fosas comunes.

Llamazares presentó hoy en rueda de prensa en el Congreso junto al fiscal y jurista Carlos Jiménez Villarejo la proposición de ley elaborada por IU e ICV registrada horas después. A este encuentro con los medios no pudo asistir finalmente la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, por retrasos en su vuelo hasta Madrid.

El portavoz parlamentario de IU detalló que con esta iniciativa pretenden acabar con las “ambigüedades” que se incluyeron deliberadamente en la ley debidas a la “tibieza del Gobierno socialista” para no generar más polémicas con la derecha y en el ámbito judicial, principalmente en lo relativo a no declarar “nulos de pleno de derecho” los juicios sumarios del franquismo y asumir la responsabilidad de la Administración Pública en la exhumación de los restos de víctimas el franquismo.

Para Llamazares, en los más de tres años que lleva en vigor esta ley tanto desde el Poder Judicial como desde el propio Gobierno se ha hecho una “interpretación regresiva” de esta norma hasta “tratar de acabar con algunos de sus aspectos más relevantes”.

“Aún estamos a tiempo de cambiar esto. El PSOE tiene ante sí un reto para que su herencia no sea la de la ambigüedad y para que no haya una traición a la Memoria y ésta recupere su papel”, declaró.

La reforma planteada afecta a cuatro artículos de la Ley de Memoria. En uno de ellos se persigue que la norma declare “nulas de pleno derecho” las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura.

En opinión de IU e ICV deben anularse por la “ilegitimidad de los tribunales” que las emitieron y “los vicios de forma y de fondo y la ilegitimidad de las normas aplicadas” al dictarse los fallos.

Jiménez Villarejo ha recordado que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha pronunciado contra la revisión puntual del consejo de guerra que condenó a muerte al que fuera presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys argumentando que, según la ley, esa sentencia ya ha sido declarada ilegítima. Sin embargó, el jurista y fiscal que ha ayudado a IU e ICV en la elaboración de esta norma lo consideró “insuficiente, una obviedad y fruto de una asunción de competencias a medias de las que el fiscal general carece, puesto que la competencia es del Tribunal Supremo”.

“Basta de artimañas de leguleyos”, ha exigido Jiménez Villarejo. Recordó que, frente a las zancadillas que ahora pone al desarrollo de la Ley de Memoria, el Grupo Socialista presentó en 2003 una proposición no de ley durante el Gobierno de Aznar con planteamientos de los que ahora reniega, además de que en 2009 se aprobó una moción -también planteada por IU-ICV y que los socialistas apoyaron- para avanzar en el tema de las fosas, que sigue sin cumplirse.

Jiménez Villarejo afirmó sin rodeos que los tribunales franquistas estaban compuestos por “grupos de facciosos, ni legítimos, ni independientes, ni parciales”, que no pueden tener la consideración de verdaderos representantes de la Justicia que, durante la dictadura, “fue una farsa”.

El que fuera fiscal jefe anticorrupción ha rechazado las decisiones tomadas por mayoría por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en contra de la nulidad de sentencias condenatorias, como la del poeta republicano Miguel Hernández. Al tiempo, aludió a los votos particulares emitidos por magistrados discrepantes ante distintas peticiones de revisión y ha invitado al Gobierno a analizar ese material doctrinal donde se avala que no existe “causa legal válida y suficiente” que impida las revisiones.

Gaspar Llamazares valoró que esas revisiones serían imposibles de vetar si se aprueba la reforma que se plantea ahora para anular las sentencias, lo que permitiría que todos los condenados por motivos políticos “dejen de ser legalmente delincuentes y rebeldes”.

La proposición de ley de IU e ICV persigue también que las administraciones públicas “asuman las actividades de indagación, localización e identificación” de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, en colaboración con las entidades que trabajan en este ámbito, mediante planes de trabajo concretos y el apoyo expreso del Ministerio de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.

Para garantizar esa colaboración institucional y una adecuada intervención para las exhumaciones piden la elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar. Jiménez Villarejo ha explicado que con la actual redacción de la ley son los familiares quienes promueven las exhumaciones y lo hacen en situación de “abandono”.

Madrid, 6 de junio 2011

Llamazares exige “responsabilidades” al Gobierno porque tras la reforma electoral pactada por PSOE y PP sólo votó el 5% de emigrantes españoles

El portavoz parlamentario de IU solicita a la Junta Electoral Central un informe donde valore y proponga medidas para corregir que de 705.781 emigrantes con derecho a voto se aceptaran 49.135 solicitudes y, al final, sólo votaran cerca de 35.000 personas.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha exigido hoy al Gobierno, principalmente a través de los ministerios de Interior y Exteriores, que “asuma responsabilidades políticas por el escándalo del voto emigrante”, del que ha denunciado “evidentes irregularidades”. Llamazares ha expuesto que en las pasadas elecciones del 22-M –tras el pacto alcanzado meses antes entre PSOE y PP, con el respaldo de CiU y PNV- se sufrió las consecuencias de la reforma de la Ley Electoral para “suprimir de un plumazo” el voto en las municipales a los españoles residentes en el extranjero. Además, con las nuevas reglas ya en vigor, el voto para las autonómicas sólo alcanzó al 5 por ciento de estas personas con derecho a voto, lo que supone alrededor de la sexta parte de participación de hace cuatro años, cuando votó el 30 por ciento.

En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares recordó que con la nueva Ley Electoral en vigor desde enero, tras la ‘reforma express’ perpetrada por los dos partidos mayoritarios y los nacionalistas catalanes y vascos, se excluyó de las municipales a los 1,4 millones de emigrantes españoles -el equivalente a la población de Murcia o de Aragón-, y sólo se les dejó participar en las autonómicas, aunque endureciendo los requisitos para la solicitud y el ejercicio del voto.

El portavoz de IU explicó la carta que ha remitido al presidente de la Junta Electoral Central para que desde este órgano electoral se realice “un informe de valoración de la escasa participación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones del 22 de mayo, y de las medidas a adoptar para evitar que estos problemas se reproduzcan en próximas citas electorales”.

Según los datos recabados por IU detallados por Llamazares ante los periodistas, de los 705.781 españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las 13 comunidades más Ceuta y Melilla donde se votó el día 22 –la cifra total de 1,4 millones de emigrantes incluye a los ciudadanos de Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia, que no votaron en estas autonómicas- sólo se aceptaron 49.135 solicitudes de voto, lo que supone el 7,03 por ciento del censo. La participación final se quedó en torno al 5 por ciento (unas 35.000 personas), frente a la media de 66 por ciento lograda en territorio nacional. Valoró que así “se ha obstaculizado, boicoteado y dificultado el derecho de voto de los residentes en el exterior”.

Gaspar Llamazares lo tachó de “escándalo y vergüenza” y explicó que pone de manifiesto que la reforma electoral ha sido “un fiasco”, además de evidenciar las irregularidades de los responsables del procedimiento electoral, tanto en el Ministerio del Interior como en el de Exteriores. También reprochó que la Junta Electoral no vigilara más todo este proceso.

En el trabajo realizado por Izquierda Unida se revela, por ejemplo, que de los 85.115 asturianos en el extranjero que podían votar lo pidieron 8.477 y sólo llegaron 3.290 votos; en Baleares, de 14.784 inscritos sólo se recibieron 571 votos; en Canarias votaron 567 electores desde el extranjero, mientras en 2007 lo hicieron 21.238; en la Comunidad de Madrid hubo 13.439 solicitudes de los más de 178.000 inscritos en el CERA y se recibieron 6.889 papeletas, la mitad que en las elecciones anteriores. En Cantabria, de 25.777 inscritos votaron 894 electores, mientras en Castilla y León hubo 9.650 solicitudes de voto, pero sólo llegaron finalmente 4.903.

En este contexto, IU ha pedido la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, ya que “esto exige explicaciones, pero también que se asuman responsabilidades porque se ha dificultado el derecho de voto”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida criticó la falta de campañas para informar a los emigrantes del cambio de procedimiento de voto y del requisito previo de solicitarlo, una tarea que correspondía a Interior. Cuestionó también la actuación de algunos consulados, revelando que en varios de ellos no se dio ninguna facilidad a los emigrantes españoles que querían ejercer allí la nueva vía del voto en urna.

Llamazares recordó el rechazo de IU a la reforma electoral efectuada por seguir sin garantizar el principio de ‘un ciudadano, un voto’, por mantener “anacronismos” como una jornada de reflexión en la que parece que “sólo se permite la meditación trascendental” y por la exclusión “inconstitucional” de los emigrantes de las elecciones municipales.

Madrid, 3 de junio 2011

Llamazares vincula la ruptura entre sindicatos y patronal con el "golpe antidemocrático de mercado que apoya una CEOE que añora la época feudal"

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha vinculado hoy la ruptura de la negociación para al reforma de los convenios colectivos por parte de la patronal con el “golpe antidemocrático de mercado”, del que ha advertido que avanza “de manera inexorable” en nuestro país y amenaza con “hacer saltar por los aires” la concertación social.

En rueda de prensa en el Congreso, el parlamentario de IU ha responsabilizado de la ruptura a las “posiciones y la argumentación inaceptables de la patronal CEOE. Parece que no tienen suficiente con la falta de democracia interna de las empresas”. En esta línea, expresó su rotundo rechazo a las propuestas de los empresarios en materia de flexibilidad y ultraactividad de los convenios, descuelgue y actualización de salarios, porque supondrían “un desastre para las relaciones laborales. Vuelven a echar la crisis sobre los que no la han provocado, los trabajadores”.

Llamazares valora que la patronal busca un “retroceso a la sociedad medieval” porque “no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas sino que quiere llevarlas a la época feudal, donde el patrono es el señor feudal y los trabajadores, sus siervos”.

“Pero da la impresión –afirmó- de que ahora incluso pretenden ir más allá, puesto que si en el feudalismo los siervos no tenían ningún derecho, pero sí la protección de su señor, la CEOE busca ahora que los trabajadores no tengan ningún derecho y ninguna protección”.

Gaspar Llamazares explicó de cara al futuro que tras haber influido en la política económica del Ejecutivo “imponiéndole la agenda económica”, los mercados buscan influir también en el diálogo social “para que se recorten aún más los derechos de los trabajadores”.

Madrid, 3 de junio 2011

Llamazares registra una pregunta para que el Gobierno explique cuánto dinero público costará apoyar la visita del Papa en agosto

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria para que el Gobierno detalle, entre otros datos solicitados, qué coste real tendrá para las cuentas del Estado, especialmente vía beneficios fiscales, la próxima visita del Papa con motivo de la celebración en agosto de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará en Madrid. “¿Cuál es el montante estimado de los impuestos que el Estado dejará de ingresar por las exenciones e incentivos fiscales otorgados a entidades sin fines de lucro y entidades de mecenazgo que colaboren con dichas Jornadas?”, es una de las cuestiones que se incluyen en el texto.

Llamazares lleva a cabo esta iniciativa en colaboración con el Área Federal de Juventud de Izquierda Unida. La pregunta parlamentaria registrada ahora trata de arrojar luz sobre la sistemática falta de datos e información con la que el Ejecutivo socialista está tratando la colaboración pública que se va a prestar a este evento organizado por la Iglesia católica. Así, frente a otra iniciativa similar de IU realizada en 2010, desde Moncloa que limitaron a recordar que la celebración de estas jornadas “tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de exenciones e incentivos fiscales a las entidades sin fines lucrativos y a las empresas de mecenazgo que colaboran en el evento”, que contarán con los máximos beneficios fiscales.

En dicha respuesta, el Gobierno se escudó en que, a fecha 14 de septiembre de 2010, el Comité de Apoyo a las Jornadas, órgano competente para certificar la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa del evento, no había remitido ninguna certificación, por lo que no era posible facilitar información relativa al montante estimado de los incentivos fiscales de los que se beneficiarán las entidades de mecenazgo ni, como consecuencia de ello, de los impuestos que dejará de ingresar el Estado por estos concretos beneficios fiscales.

Por eso, Llamazares inquiere ahora si “A fecha de hoy, ¿dispone la Agencia estatal de la Administración Tributaria de alguna certificación remitida por el Comité de Apoyo a las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011?” y completa la cuestión preguntando si “¿Considera el Gobierno que estos regalos a entidades privadas que apoyan un evento religioso son compatibles con la política de austeridad derivada de la reducción del déficit público?”

Desde el Área de Juventud de IU su coordinadora, Esther López Barceló, señala que “desde distintas instancias se ha lanzado la cifra de que el desarrollo de este encuentro religioso en Madrid tendrá un coste cercano a los 60 millones de euros. Lo que queremos saber es cuánto les va a costar realmente a todos los contribuyentes, sean católicos o no, la colaboración comprometida desde el primer momento por el Gobierno del PSOE. Es importante saberlo después de que ese mismo Gobierno no haya dudado en recortar gastos sociales, congelar pensiones o bajar sueldos de los empleados públicos alegando dificultades económicas que, según para qué cosa, parecen más llevaderas o no”.

“Después de muchos meses –señala López Barceló- aún se desconoce con certeza qué carácter y tratamiento institucional quiere dar el Gobierno central a este encuentro religioso y qué encaje tiene con la aconfesionalidad que la Constitución Española marca para nuestro Estado.

Por todo ello, la pregunta escrita presentada por Gaspar Llamazares interroga también al Gobierno sobre “¿Cómo está el Gobierno tratando institucionalmente la visita de Benedicto XVI” en el contexto de las citadas jornadas, “¿En qué calidad acude a Madrid Joseph Ratzinger, como jefe del Estado Vaticano o como jefe espiritual de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana?” y si “¿Existe algún acuerdo o convenio específico entre el Gobierno y la Iglesia católica que se refiera a la colaboración en estas jornadas?”

De igual forma, tras las afirmaciones realizadas por fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre sobre que “la Comunidad de Madrid facilitará el transporte y alojamiento de participantes, tal y como le ha solicitado el Ejecutivo central” también se solicita en la iniciativa que se explique si “¿Es cierto, como afirma el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo central le ha solicitado que facilite el transporte y alojamiento de participantes?” y si “¿Aprueba el Gobierno que la Administración ponga gratuitamente a disposición de la Iglesia centros y empleados públicos para la organización de este evento? ¿Quién se hará cargo de los gastos y posibles incidencias que puedan ocurrir mientras dure la ocupación de las instalaciones?”

A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR GASPAR LLAMAZARES EN LA INICIATIVA REGISTRADA

1) ¿Cómo está el Gobierno tratando institucionalmente la visita de Benedicto XVI y la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo mes de agosto en Madrid?

2) ¿En qué calidad acude a Madrid Joseph Ratzinger, como jefe del Estado Vaticano o como jefe espiritual de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana?

3) ¿Existe algún acuerdo o convenio específico entre el Gobierno y la Iglesia católica que se refiera a la colaboración en estas jornadas?

4) A fecha de hoy, ¿dispone la Agencia estatal de la Administración Tributaria de alguna certificación remitida por el Comité de Apoyo a la Jornada Mundial de la Juventud 2011? Y, en este caso, ¿cuál es el montante estimado de los impuestos que el Estado dejará de ingresar por las exenciones e incentivos fiscales otorgados a entidades sin fines de lucro y entidades de mecenazgo que colaboren con dichas jornadas?

5) ¿Es cierto, como afirma el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo central le ha solicitado que facilite el transporte y alojamiento de participantes?

6) ¿Aprueba el Gobierno que la Administración ponga gratuitamente a disposición de la Iglesia centros y empleados públicos para la organización de este evento? ¿Quién se hará cargo de los gastos y posibles incidencias que puedan ocurrir mientras dure la ocupación de las instalaciones?

7) ¿Considera el Gobierno que estos regalos a entidades privadas que apoyan un evento religioso son compatibles con la política de austeridad derivada de la reducción del déficit público?

8) ¿Considera el Gobierno que el apoyo económico y material a este evento de la Iglesia católica es compatible con la Constitución, que proclama a España como un Estado aconfesional?

Madrid, 1 de junio 2011

Llamazares advierte sobre la "guerra de precios" de las tabaqueras para captar fumadores jóvenes y “sobreponerse a los efectos de la ley del tabaco”

El portavoz parlamentario de IU y presidente de la Comisión de Sanidad ofreció una rueda de prensa junto al presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Francisco Rodríguez, y la subdirectora general de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad, Rosa Ramírez, coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco, en la que recordó que “hemos pasado de un suspenso a un notable en la política para la prevención del tabaquismo”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso, Gaspar Llamazares, ha advertido hoy sobre los efectos de la ‘guerra de precios’ emprendida por las compañías tabaqueras con la que buscan, principalmente, “seguir captando fumadores entre la población más joven”, con el objetivo de “sobreponerse” a los efectos de la ley del tabaco.

Llamazares ofreció hoy una rueda de prensa en el Congreso junto al presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Francisco Rodríguez, y la subdirectora general de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad, Rosa Ramírez, coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco.

En igual sentido, Rodríguez explicó que el precio del tabaco disuade a los jóvenes de iniciarse en este hábito, por lo que es un “elemento fundamental” en la lucha contra su consumo. “Nadie –precisó el presidente del CNPT- empieza a fumar a partir de los 30 años y resulta escandaloso que el inicio en el consumo de tabaco esté en nuestro país entre los 13 y 14 años”.

Por su parte, Llamazares destacó que la implantación de la reforma de la ley del tabaco se ha aplicado en España con “éxito y normalidad prácticamente en todo el sector de la hostelería. Hemos pasado de un suspenso a un notable en relación a la política para la prevención del tabaquismo”, con lo que se ha dejado de ser un ejemplo para las tabaqueras a convertirse en un modelo para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pese a esta realidad, reconoció que aún quedan objetivos por cumplir, entre los que destacó el que se destine más dinero del recaudado con la fiscalidad del tabaco a la prevención, al tratamiento de los más jóvenes y a apoyar con la financiación de fármacos a quienes quieren dejarlo. “Ha quedado demostrado que esto resulta muy eficaz en relación a su coste”, dijo.

El portavoz parlamentario de IU señaló que se debe acabar “con el falso mito de que el Estado obtiene beneficios del tabaco”. Así, recordó que las enfermedades provocadas por el tabaquismo tienen un coste sanitario en nuestro país “entorno a 17.000 millones de euros, mientras se ingresa por la fiscalidad del tabaco menos de la mitad. Las que se benefician en exclusiva son la tabaqueras”.

Este año la Organización Mundial de la Salud ha aprovechado la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco para reflexionar sobre su Convenio Marco para el control del tabaquismo, que ya han suscrito 170 Estados, y que constituye un “instrumento básico” para ayudar a los países a elaborar las políticas públicas de control, señaló Rosa Ramírez.

El CNPT considera que España ha adoptado el 60% de las recomendaciones de ese acuerdo en la nueva ley, que es “más lógica y más racional” que la anterior y ha reparado una injusticia histórica con los trabajadores de la hostelería, cuya exposición al tabaco hace que aumenten un 50% sus posibilidades de padecer un cáncer.

Llamazares recordó que el tabaco es “la principal causa evitable de muerte”. Se estima que más de 55.000 personas mueren anualmente en España a causa del consumo, de ellos, entre 2.000 y 3.000 son fumadores pasivos. Detalló también que más de 50 sustancias de los cigarrillos son cancerígenas y no existe un control por parte de la UE. “No es presentable que estemos persiguiendo al pepino y, sin embargo, se mantengan esos 50 productos cancerígenos, con la bendición del conjunto del mercado”.

En este contexto, la representante del Ministerio de Sanidad abogó por la subida del precio de los cigarrillos, dado que en España “es mucho más barato que en otros países europeos y lleva a que seamos suministradores de tabaco”.

Madrid, 31 de mayo 2011