(Madrid, 30 de septiembre 2010)
El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha valorado hoy que “la derecha parlamentara ha reventado el Pacto por la Sanidad”, en referencia a la actitud mostrada por PP y CiU durante los últimos trabajos emprendidos por la Subcomisión parlamentaria creada a tal efecto desde hace más de un año y medio. Llamazares considera que estas formaciones han actuado así “por simples razones partidistas y oportunismo electoral”.
Llamazares, como presidente de la Comisión de Sanidad y mandatado por los grupos, presentó en la última reunión de hoy de la Subcomisión el documento que contenía las recomendaciones para abordar este Pacto. PP y CIU votaron en contra del mismo y el PNV se abstuvo, frente al apoyo del resto de grupos.
Paradójicamente, entre las razones dadas por las formaciones que se han opuesto estaba que este trabajo rebajaba las aspiraciones puestas en el Pacto en un intento de aglutinar la postura de todos y de ser “políticamente correcto”.
Frente a estos argumentos, Llamazares valora que el PP “parece que ve cerca un próximo gobierno y no quiere adquirir ningún tipo de compromiso que le pueda atar en exceso para mejorar la Sanidad”.
Sobre CiU indicó que “se encuentra en campaña electoral”, lo que lleva a esta formación nacionalista conservadora a “plantear posiciones maximalistas que desde la Subcomisión no se pueden asumir. Entre ellas mencionó el copago sanitario o el pago por la hostelería sanitaria, que para Llamazares son “inaceptables y no estaban en el debate de los temas fundamentales del acuerdo”.
El documento presentado por Gaspar Llamazares, con el que pretendía el consenso de todos los grupos, planteaba un rechazo al copago sanitario, la apuesta clara por la Sanidad Pública frente a las privatizaciones o la creación de otro tipo de fiscalidad para conseguir una financiación adicional “finalista” que asegure la suficiencia del sistema sanitario, en la que tendría que ver los actuales impuestos sobre el tabaco o el alcohol. Estos ingresos se destinarían a dotar un Fondo de Cohesión, para conseguir que haya equidad en los servicios que se prestan en las distintas comunidades autónomas.
El trabajo busca también un acuerdo entre las fuerzas políticas, el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos para pactar el proceso por el que los sistemas de mutualidades públicas, funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas y la Justicia, se articulen e integren en el sistema general de asistencia sanitaria.
La propuesta recogía también el intento de reforzar el carácter vinculante de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para favorecer la cohesión básica del sistema.
En otro de los puntos se apostaba por buscar una política general de recursos humanos, en temas como la formación, los perfiles profesionales, la formación continuada, el registro de profesionales y las distintas retribuciones de los mismos.
jueves, 30 de septiembre de 2010
Llamazares dice que el Parlamento no puede ignorar el "malestar" social
Madrid, 30 sep (EFE).
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha remarcado hoy desde la tribuna del Congreso la "movilización muy importante" de la huelga general, que a su juicio expresa una "insatisfacción y malestar de la ciudadanía" ante la cual el Parlamento "no puede estar al margen".
Llamazares ha aprovechado su intervención ante el pleno de la Cámara Baja, que hoy debate la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero de Navarra, para referirse a la huelga general convocada ayer por los sindicatos en contra de la reforma laboral.
"Este Parlamento no puede estar al margen, nosotros no vamos a estar al margen", ha proclamado el dirigente de IU, tras constatar la importancia de la movilización de ayer.
Además, el portavoz de Izquierda Unida ha asegurado que su formación intentará que el Gobierno y el Parlamento "sean sensibles al malestar de la sociedad".
Y lo hará, ha proseguido, "no para crear más malestar, sino para dar seguridad y progreso a la sociedad española".
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha remarcado hoy desde la tribuna del Congreso la "movilización muy importante" de la huelga general, que a su juicio expresa una "insatisfacción y malestar de la ciudadanía" ante la cual el Parlamento "no puede estar al margen".
Llamazares ha aprovechado su intervención ante el pleno de la Cámara Baja, que hoy debate la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero de Navarra, para referirse a la huelga general convocada ayer por los sindicatos en contra de la reforma laboral.
"Este Parlamento no puede estar al margen, nosotros no vamos a estar al margen", ha proclamado el dirigente de IU, tras constatar la importancia de la movilización de ayer.
Además, el portavoz de Izquierda Unida ha asegurado que su formación intentará que el Gobierno y el Parlamento "sean sensibles al malestar de la sociedad".
Y lo hará, ha proseguido, "no para crear más malestar, sino para dar seguridad y progreso a la sociedad española".
martes, 28 de septiembre de 2010
Llamazares logra que el pleno apruebe, pese a la oposición del PSOE, su moción por la que el congreso insta al Gobierno
a “suspender la congelación de las pensiones en 2011”
(Madrid, 28 de septiembre 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha logrado hoy que el Pleno del Congreso apruebe íntegramente, pese a la oposición del Grupo Socialista, la moción por la que, entre otras cuestiones, el parlamento insta al Gobierno a “suspender la congelación de las pensiones en el año 2011 para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo”.
El cuarto punto de la moción –que incluía precisamente este tema- fue votado por separado del resto del contenido de la misma y salió adelante por 168 votos a favor, 166 en contra (del Grupo Socialista) y 8 abstenciones.
El resto de puntos de la moción defendida por Llamazares, en los que se exige al Ejecutivo socialista que se atenga a los trabajos del Pacto del Toledo para reformar las pensiones, que impulse reformas para mejorar los niveles de protección social y que acelere la convergencia en el Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen de Empleadas del Hogar, recibió el apoyo unánime de los 342 diputados presentes.
Durante la presentación de su iniciativa, Gaspar Llamazares hizo una amplia defensa del sistema público de pensiones como elemento de cohesión social. Además, consideró que responder a las amenazas que le acechan a corto plazo es ya una razón suficiente para secundar la Huelga General de mañana.
El debate de esta iniciativa parlamentaria estuvo marcado por la sombra de la Huelga General. En este sentido, ante la campaña que están sufriendo los sindicatos por parte de la derecha para desacreditar su trabajo e intentar hacer fracasar la convocatoria de paro, Llamazares aseguró que “los piquetes informativos son hermanitas de la caridad comparados con la presión de las empresas”, que en un incontable número de casos han amenazado a aquellos trabajadores que quieran respaldar la huelga.
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA MOCIÓN DEFENDIDA POR GASPAR LLAMAZARES APROBADO HOY EN EL PLENO DEL CONGRESO
A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Moción consecuencia de la Interpelación urgente sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones para su debate en el Pleno de la Cámara.
Suspender para 2011 la revalorización de la mayoría de las pensiones y promover un recorte en las prestaciones del sistema aumentando el periodo de carencia para obtener la pensión, el número de años para calcularla o prolongando la edad legal de jubilación, deja pocas dudas sobre el giro social del Gobierno.
Giro evidente a corto plazo en la gestión de la crisis, pero también en los planteamientos de fondo del Gobierno, con una reforma laboral regresiva y un planteamiento en materia de pensiones que afectan a la estructura de los derechos laborales de los trabajadores y de nuestro sistema de protección social.
Con sus actuaciones y propuestas unilaterales en materia de pensiones el Gobierno está desestabilizando el Pacto de Toledo y aislando a los agentes sociales, despreciando la importancia del consenso social y político para procurar reformas en el capítulo más importante de nuestra protección social. Y también está alimentando un clima de desconfianza y desconcierto sobre el futuro de nuestras pensiones, justificando recortes drásticos por la teórica inviabilidad del sistema a medio plazo y animando a los ciudadanos a contratar planes privados.
Sin embargo, el sistema cuenta con un importante fondo de reserva y se ha mostrado sólido frente a la crisis, y son precisamente los planes privados los que muestran dificultades. Y a medio plazo, frente al determinismo demográfico y a cierto catastrofismo, nuestro sistema de pensiones es sostenible y susceptible de mejoras.
Recortar prestaciones cuando las pensiones en nuestro país son relativamente reducidas y el gasto en protección social, y en pensiones en particular, es de los menores de la UE-15, es una renuncia a consolidar un pilar básico del Estado social.
El gasto en protección social en España representa el 21% del PIB frente al 26,9% de la UE-15, destinamos el 9% de nuestro PIB a pensiones (12% como promedio en la UE-15) y la pensión contributiva media española se sitúa aproximadamente en el 70% de la pensión media comunitaria. Ni siquiera es cierta la pretendida generosidad de nuestras pensiones con relación a los salarios en activo, ya que en nuestro país la tasa de reemplazo media de las pensiones es del 65% frente a una tasa promedio de la UE-15 del 68%.
En este contexto, existen propuestas viables para consolidar el sistema público de pensiones frente a la intención de recortar la cuantía media de las prestaciones y precarizar nuestra protección social. Entre otras, fórmulas de jubilación flexible que pueden ser desarrolladas o actuaciones sobre los ingresos, culminando efectivamente el proceso de separación de fuentes de financiación y mejorando los recursos propios del sistema ampliando las bases de cotización.
La renovación del Pacto de Toledo debe hacerse mediante un acuerdo social y político del que son parte los interlocutores sociales. Y es preciso señalar, además, que todavía debe culminarse el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006. La eficacia del diálogo social se cuestiona cuando los acuerdos no se cumplen íntegramente.
Considerando todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, formula la siguiente Moción consecuencia de Interpelación urgente:
”El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Culminar el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006 en materia de convergencia en el Régimen General de los Regímenes Especiales Agrario por cuenta ajena y de Empleadas de Hogar, y en cuanto al procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente penosos, tóxicos y peligrosos.
2.- Respetar el consenso político en el marco del Pacto de Toledo y los acuerdos fruto de la concertación social, para acometer cualquier modificación en materia de pensiones.
3.- Impulsar las reformas necesarias que mejoren los niveles de protección social y garanticen la sostenibilidad del sistema.
4.- Suspender la congelación de las pensiones en el año 2011 para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.”
(Madrid, 28 de septiembre 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha logrado hoy que el Pleno del Congreso apruebe íntegramente, pese a la oposición del Grupo Socialista, la moción por la que, entre otras cuestiones, el parlamento insta al Gobierno a “suspender la congelación de las pensiones en el año 2011 para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo”.
El cuarto punto de la moción –que incluía precisamente este tema- fue votado por separado del resto del contenido de la misma y salió adelante por 168 votos a favor, 166 en contra (del Grupo Socialista) y 8 abstenciones.
El resto de puntos de la moción defendida por Llamazares, en los que se exige al Ejecutivo socialista que se atenga a los trabajos del Pacto del Toledo para reformar las pensiones, que impulse reformas para mejorar los niveles de protección social y que acelere la convergencia en el Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen de Empleadas del Hogar, recibió el apoyo unánime de los 342 diputados presentes.
Durante la presentación de su iniciativa, Gaspar Llamazares hizo una amplia defensa del sistema público de pensiones como elemento de cohesión social. Además, consideró que responder a las amenazas que le acechan a corto plazo es ya una razón suficiente para secundar la Huelga General de mañana.
El debate de esta iniciativa parlamentaria estuvo marcado por la sombra de la Huelga General. En este sentido, ante la campaña que están sufriendo los sindicatos por parte de la derecha para desacreditar su trabajo e intentar hacer fracasar la convocatoria de paro, Llamazares aseguró que “los piquetes informativos son hermanitas de la caridad comparados con la presión de las empresas”, que en un incontable número de casos han amenazado a aquellos trabajadores que quieran respaldar la huelga.
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA MOCIÓN DEFENDIDA POR GASPAR LLAMAZARES APROBADO HOY EN EL PLENO DEL CONGRESO
A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Moción consecuencia de la Interpelación urgente sobre las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones para su debate en el Pleno de la Cámara.
Suspender para 2011 la revalorización de la mayoría de las pensiones y promover un recorte en las prestaciones del sistema aumentando el periodo de carencia para obtener la pensión, el número de años para calcularla o prolongando la edad legal de jubilación, deja pocas dudas sobre el giro social del Gobierno.
Giro evidente a corto plazo en la gestión de la crisis, pero también en los planteamientos de fondo del Gobierno, con una reforma laboral regresiva y un planteamiento en materia de pensiones que afectan a la estructura de los derechos laborales de los trabajadores y de nuestro sistema de protección social.
Con sus actuaciones y propuestas unilaterales en materia de pensiones el Gobierno está desestabilizando el Pacto de Toledo y aislando a los agentes sociales, despreciando la importancia del consenso social y político para procurar reformas en el capítulo más importante de nuestra protección social. Y también está alimentando un clima de desconfianza y desconcierto sobre el futuro de nuestras pensiones, justificando recortes drásticos por la teórica inviabilidad del sistema a medio plazo y animando a los ciudadanos a contratar planes privados.
Sin embargo, el sistema cuenta con un importante fondo de reserva y se ha mostrado sólido frente a la crisis, y son precisamente los planes privados los que muestran dificultades. Y a medio plazo, frente al determinismo demográfico y a cierto catastrofismo, nuestro sistema de pensiones es sostenible y susceptible de mejoras.
Recortar prestaciones cuando las pensiones en nuestro país son relativamente reducidas y el gasto en protección social, y en pensiones en particular, es de los menores de la UE-15, es una renuncia a consolidar un pilar básico del Estado social.
El gasto en protección social en España representa el 21% del PIB frente al 26,9% de la UE-15, destinamos el 9% de nuestro PIB a pensiones (12% como promedio en la UE-15) y la pensión contributiva media española se sitúa aproximadamente en el 70% de la pensión media comunitaria. Ni siquiera es cierta la pretendida generosidad de nuestras pensiones con relación a los salarios en activo, ya que en nuestro país la tasa de reemplazo media de las pensiones es del 65% frente a una tasa promedio de la UE-15 del 68%.
En este contexto, existen propuestas viables para consolidar el sistema público de pensiones frente a la intención de recortar la cuantía media de las prestaciones y precarizar nuestra protección social. Entre otras, fórmulas de jubilación flexible que pueden ser desarrolladas o actuaciones sobre los ingresos, culminando efectivamente el proceso de separación de fuentes de financiación y mejorando los recursos propios del sistema ampliando las bases de cotización.
La renovación del Pacto de Toledo debe hacerse mediante un acuerdo social y político del que son parte los interlocutores sociales. Y es preciso señalar, además, que todavía debe culminarse el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006. La eficacia del diálogo social se cuestiona cuando los acuerdos no se cumplen íntegramente.
Considerando todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, formula la siguiente Moción consecuencia de Interpelación urgente:
”El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Culminar el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006 en materia de convergencia en el Régimen General de los Regímenes Especiales Agrario por cuenta ajena y de Empleadas de Hogar, y en cuanto al procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente penosos, tóxicos y peligrosos.
2.- Respetar el consenso político en el marco del Pacto de Toledo y los acuerdos fruto de la concertación social, para acometer cualquier modificación en materia de pensiones.
3.- Impulsar las reformas necesarias que mejoren los niveles de protección social y garanticen la sostenibilidad del sistema.
4.- Suspender la congelación de las pensiones en el año 2011 para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.”
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Llamazares exhorta a Sebastián en el congreso a que el Gobierno “actúe de forma urgente para que se paguen los salarios
y ponga en marcha el plan de apoyo a la minería del carbón”
Texto íntegro de la pregunta y réplica del portavoz parlamentario de IU al ministro de Industria en la sesión de control parlamentaria al Ejecutivo (22-9-2010)
PREGUNTA
Señor ministro de Industria, negros nubarrones se ciernen sobre el futuro de la minería y sobre el futuro de 8.000 trabajadores directos. En estos momentos las comarcas mineras están en pie de movilización; marchas mineras recorren estas comarcas; trabajadores mineros se encuentran encerrados, en algunos casos hace 21 días, en Velilla del Río Carrión, y otros mineros se encuentran en huelga de hambre incluso en su propio ministerio. La razón de todas estas medidas de presión es el interrogante que existe sobre el futuro de las ayudas públicas a la minería del carbón, que condenaría a la pena de muerte al sector del carbón en España y a sus trabajadores, y también la falta de los salarios desde el mes de julio a una parte de los trabajadores mineros.
En este sentido podemos decir que mientras los trabajadores mineros se movilizan el Gobierno está, en nuestra opinión, ensimismado. Por eso le preguntamos, señor ministro, ¿qué medidas urgentes piensa adoptar el Gobierno para despejar estos nubarrones que se ciernen sobre el futuro de la minería y de los trabajadores mineros?
RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES
Señor ministro, no, yo no estoy de acuerdo con el chantaje y con que se utilice a los mineros como rehenes, pero estoy convencido de que el Gobierno tiene resortes económicos, políticos y administrativos para lograr que esas empresas mineras cumplan con su obligación, y paguen los salarios adeudados a los trabajadores mineros. Esa es una primera tarea que tiene el Gobierno de manera urgente para restar dramatismo a la situación en las comarcas mineras, y no admite dilación.
Por otra parte, con respecto a la aprobación de las ayudas y el reglamento europeo, señor ministro, nueve meses, sí, pero seis meses de ellos con Presidencia española de la Unión Europea. Da la impresión de que no fue una prioridad del Gobierno en materia de política industrial la continuidad de las ayudas públicas a la minería.
En todo caso, es urgente adoptar esas dos iniciativas: liberar los salarios a los trabajadores y lograr la aprobación del reglamento en el marco de la Unión Europea, y a medio y largo plazo lograr la reactivación de las comarcas mineras y el carácter del carbón como un sector estratégico para nuestro país, con las medidas ambientales necesarias. Ese es su reto.
Texto íntegro de la pregunta y réplica del portavoz parlamentario de IU al ministro de Industria en la sesión de control parlamentaria al Ejecutivo (22-9-2010)
PREGUNTA
Señor ministro de Industria, negros nubarrones se ciernen sobre el futuro de la minería y sobre el futuro de 8.000 trabajadores directos. En estos momentos las comarcas mineras están en pie de movilización; marchas mineras recorren estas comarcas; trabajadores mineros se encuentran encerrados, en algunos casos hace 21 días, en Velilla del Río Carrión, y otros mineros se encuentran en huelga de hambre incluso en su propio ministerio. La razón de todas estas medidas de presión es el interrogante que existe sobre el futuro de las ayudas públicas a la minería del carbón, que condenaría a la pena de muerte al sector del carbón en España y a sus trabajadores, y también la falta de los salarios desde el mes de julio a una parte de los trabajadores mineros.
En este sentido podemos decir que mientras los trabajadores mineros se movilizan el Gobierno está, en nuestra opinión, ensimismado. Por eso le preguntamos, señor ministro, ¿qué medidas urgentes piensa adoptar el Gobierno para despejar estos nubarrones que se ciernen sobre el futuro de la minería y de los trabajadores mineros?
RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES
Señor ministro, no, yo no estoy de acuerdo con el chantaje y con que se utilice a los mineros como rehenes, pero estoy convencido de que el Gobierno tiene resortes económicos, políticos y administrativos para lograr que esas empresas mineras cumplan con su obligación, y paguen los salarios adeudados a los trabajadores mineros. Esa es una primera tarea que tiene el Gobierno de manera urgente para restar dramatismo a la situación en las comarcas mineras, y no admite dilación.
Por otra parte, con respecto a la aprobación de las ayudas y el reglamento europeo, señor ministro, nueve meses, sí, pero seis meses de ellos con Presidencia española de la Unión Europea. Da la impresión de que no fue una prioridad del Gobierno en materia de política industrial la continuidad de las ayudas públicas a la minería.
En todo caso, es urgente adoptar esas dos iniciativas: liberar los salarios a los trabajadores y lograr la aprobación del reglamento en el marco de la Unión Europea, y a medio y largo plazo lograr la reactivación de las comarcas mineras y el carácter del carbón como un sector estratégico para nuestro país, con las medidas ambientales necesarias. Ese es su reto.
martes, 21 de septiembre de 2010
Llamazares exigirá explicaciones al Gobierno en la sesión de control del congreso
sobre la puesta en marcha del real decreto de apoyo a la minería del carbón.
(Madrid, 21 de septiembre 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, exigirá mañana explicaciones en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno sobre qué previsiones tiene el Ejecutivo socialista para la puesta en marcha del Real Decreto que regula las ayudas al carbón en España, que acumula más de cuatro meses de retraso y cuya aplicación demandan los trabajadores de la minería que se encuentran en lucha desde hace semanas por el futuro de este sector.
Con su pregunta, Llamazares espera también que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aclare los motivos de la falta de una acción efectiva por parte del Gobierno ante este grave problema económico frente a las “políticas ultraliberales de la Unión Europea” en relación a la minería del carbón, a la que se quiere relegar en el marco del mercado energético.
Además, ante la lamentable actuación de determinados empresarios de la minería –que Llamazares tacha de “simples comisionistas”- de retener el pago de las nóminas de varios meses a los trabajadores, pese a las ayudas públicas que sí lo permitirían, el parlamentario de IU considera que el Gobierno debe “contribuir a desbloquear esta situación ya que cuenta con los resortes suficientes para hacerlo”.
De la misma forma, Gaspar Llamazares entiende que el Ejecutivo socialista “no actuó de manera ágil durante los seis meses de Presidencia española de la UE, cuando no hizo sus deberes a la hora de despejar el panorama del sector de la minería”.
(Madrid, 21 de septiembre 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, exigirá mañana explicaciones en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno sobre qué previsiones tiene el Ejecutivo socialista para la puesta en marcha del Real Decreto que regula las ayudas al carbón en España, que acumula más de cuatro meses de retraso y cuya aplicación demandan los trabajadores de la minería que se encuentran en lucha desde hace semanas por el futuro de este sector.
Con su pregunta, Llamazares espera también que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aclare los motivos de la falta de una acción efectiva por parte del Gobierno ante este grave problema económico frente a las “políticas ultraliberales de la Unión Europea” en relación a la minería del carbón, a la que se quiere relegar en el marco del mercado energético.
Además, ante la lamentable actuación de determinados empresarios de la minería –que Llamazares tacha de “simples comisionistas”- de retener el pago de las nóminas de varios meses a los trabajadores, pese a las ayudas públicas que sí lo permitirían, el parlamentario de IU considera que el Gobierno debe “contribuir a desbloquear esta situación ya que cuenta con los resortes suficientes para hacerlo”.
De la misma forma, Gaspar Llamazares entiende que el Ejecutivo socialista “no actuó de manera ágil durante los seis meses de Presidencia española de la UE, cuando no hizo sus deberes a la hora de despejar el panorama del sector de la minería”.
lunes, 20 de septiembre de 2010
IU-ICV pedirá mañana en el Congreso que España no venda armas a países en guerra y que no respeten los Derechos Humanos
Censuran las exportaciones a Israel, Marruecos, Colombia, Tailandia, Sri Lanka y Guinea Conakry
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) defenderán este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para que España deje de exportar armas a países que mantengan conflictos armados y no garanticen el respeto de los Derechos Humanos de la población civil y que, en todas las operaciones, exija a los países receptores "certificados de último destino" para tener conocimiento de para qué se va a usar todo el material exportado.
Estas formaciones registraron la citada iniciativa el pasado mes de junio después de que el Gobierno entregase en la Cámara Baja las estadísticas de ventas de material de defensa de doble uso correspondientes a 2009. Ese año España batió un récord histórico, ya que las exportaciones crecieron un 44 por ciento y alcanzaron los 1.346,5 millones de euros.
Para IU-ICV, lo "más alarmante" es que el año pasado se vendieron "cantidades muy significativas de material de defensa y doble uso a destinos preocupantes", bien porque están en conflicto armado, con situaciones de grave inestabilidad interna o de violaciones de derechos humanos. Estas operaciones, denuncian, "vulneran el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre comercio de armas y el Código de Conducta Europeo".
En concreto, citan casos como el de Tailandia (50 millones de euros en aeronaves y 155.000 euros en armas de calibre inferior a 20 milímetros), pese al conflicto que este país mantiene abierto con Camboya y la represión militar y policial contra la oposición civil o el de Sri Lanka (1,29 millones en bombas, torpedos, cohetes y misiles) pese a la guerra contra los Tigres Tamiles, con la reclusión de 250.000 personas y 2.000 víctimas civiles.
BOMBAS Y TORPEDOS PARA ISRAEL
La venta de armamento a Israel también es censurada por IU-ICV, que recuerda que en 2009 se hicieron exportaciones por valor de casi 800.000 euros. De ellos, 624.000 correspondieron a la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles) y más de 120.000 a cartuchos de escopeta.
"Lo más preocupante --añaden-- es el volumen de operaciones de exportación que se autorizaron en 2009 y que posiblemente se estén realizando en este momento, pese a las continuas y gravísimas violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como ha ocurrido durante el asalto en aguas internacionales a la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria".
En la misma línea, recuerdan que España vendió a Colombia (un avión de transporte por más de 30 millones de euros, con autorización de un millón más), obviando "el grave conflicto armado interno y las pruebas existentes sobre graves violaciones de los Derechos Humanos".
También se quejan de que el Gobierno no tenga en cuenta el conflicto del Sahara Occidental y la situación de los derechos fundamentales en Marruecos, país al que se vendió material por valor de 30 millones de euros (entre ellos 28 millones en vehículos todo-terreno y 1,7 millones en aeronaves).
Por último, mencionan las exportaciones a Guinea Conakry (4,1 millones de euros en cartuchos de escopeta y autorización para otros 3,2 millones), "pese al golpe de Estado de 2008 y la represión de manifestantes".
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) defenderán este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para que España deje de exportar armas a países que mantengan conflictos armados y no garanticen el respeto de los Derechos Humanos de la población civil y que, en todas las operaciones, exija a los países receptores "certificados de último destino" para tener conocimiento de para qué se va a usar todo el material exportado.
Estas formaciones registraron la citada iniciativa el pasado mes de junio después de que el Gobierno entregase en la Cámara Baja las estadísticas de ventas de material de defensa de doble uso correspondientes a 2009. Ese año España batió un récord histórico, ya que las exportaciones crecieron un 44 por ciento y alcanzaron los 1.346,5 millones de euros.
Para IU-ICV, lo "más alarmante" es que el año pasado se vendieron "cantidades muy significativas de material de defensa y doble uso a destinos preocupantes", bien porque están en conflicto armado, con situaciones de grave inestabilidad interna o de violaciones de derechos humanos. Estas operaciones, denuncian, "vulneran el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre comercio de armas y el Código de Conducta Europeo".
En concreto, citan casos como el de Tailandia (50 millones de euros en aeronaves y 155.000 euros en armas de calibre inferior a 20 milímetros), pese al conflicto que este país mantiene abierto con Camboya y la represión militar y policial contra la oposición civil o el de Sri Lanka (1,29 millones en bombas, torpedos, cohetes y misiles) pese a la guerra contra los Tigres Tamiles, con la reclusión de 250.000 personas y 2.000 víctimas civiles.
BOMBAS Y TORPEDOS PARA ISRAEL
La venta de armamento a Israel también es censurada por IU-ICV, que recuerda que en 2009 se hicieron exportaciones por valor de casi 800.000 euros. De ellos, 624.000 correspondieron a la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles) y más de 120.000 a cartuchos de escopeta.
"Lo más preocupante --añaden-- es el volumen de operaciones de exportación que se autorizaron en 2009 y que posiblemente se estén realizando en este momento, pese a las continuas y gravísimas violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como ha ocurrido durante el asalto en aguas internacionales a la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria".
En la misma línea, recuerdan que España vendió a Colombia (un avión de transporte por más de 30 millones de euros, con autorización de un millón más), obviando "el grave conflicto armado interno y las pruebas existentes sobre graves violaciones de los Derechos Humanos".
También se quejan de que el Gobierno no tenga en cuenta el conflicto del Sahara Occidental y la situación de los derechos fundamentales en Marruecos, país al que se vendió material por valor de 30 millones de euros (entre ellos 28 millones en vehículos todo-terreno y 1,7 millones en aeronaves).
Por último, mencionan las exportaciones a Guinea Conakry (4,1 millones de euros en cartuchos de escopeta y autorización para otros 3,2 millones), "pese al golpe de Estado de 2008 y la represión de manifestantes".
domingo, 19 de septiembre de 2010
Llamazares muestra su "Profundo Pesar" por la muerte de Labordeta "UN HOMBRE SINGULAR EN TODAS LAS INCONTABLES TAREAS QUE EMPRENDIÓ EN SU VIDA"
(Madrid, 19 de septiembre 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha traslado hoy “mi profundo pesar y emoción, que quiero hacer llegar junto a un mensaje de apoyo y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros, por el fallecimiento de José Antonio Labordeta”.
Llamazares afirma que “Labordeta supo ser un hombre singular y especial en todas y cada una de las incontables facetas y tareas que emprendió en su vida, a las que imprimió su sello personal, su compromiso, su sinceridad y su buen hacer. Si hubiera que definirle de manera resumida habría que decir que es una gran persona con todas sus consecuencias”.
Destaca “el compromiso con la izquierda que supo mantener sin dudarlo a lo largo de toda su vida, incluso en tiempos especialmente difíciles tanto para la historia de nuestro país como para su vida particular y familiar”.
“Fue un honor para mí –recuerda Llamazares- compartir tareas parlamentarias y muchas iniciativas en las dos últimas legislaturas con una persona que nos enseñó a todos e hizo gala de unas maneras distintas de practicar la política y que sabía trasladar al Hemiciclo en cada una de sus intervenciones sus ganas de vivir, su honradez y su saber estar. Ahí quedan un montón de anécdotas y cientos de momentos compartidos que no podré olvidar nunca”.
Llamazares afirma que “Labordeta supo ser un hombre singular y especial en todas y cada una de las incontables facetas y tareas que emprendió en su vida, a las que imprimió su sello personal, su compromiso, su sinceridad y su buen hacer. Si hubiera que definirle de manera resumida habría que decir que es una gran persona con todas sus consecuencias”.
Destaca “el compromiso con la izquierda que supo mantener sin dudarlo a lo largo de toda su vida, incluso en tiempos especialmente difíciles tanto para la historia de nuestro país como para su vida particular y familiar”.
“Fue un honor para mí –recuerda Llamazares- compartir tareas parlamentarias y muchas iniciativas en las dos últimas legislaturas con una persona que nos enseñó a todos e hizo gala de unas maneras distintas de practicar la política y que sabía trasladar al Hemiciclo en cada una de sus intervenciones sus ganas de vivir, su honradez y su saber estar. Ahí quedan un montón de anécdotas y cientos de momentos compartidos que no podré olvidar nunca”.
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