Llamazares exige al Gobierno que “renueve de inmediato la ayuda económica a los parados sin prestación y deje de hacer electoralismo con la espera”

El portavoz parlamentario de IU considera que el Ejecutivo debería elevar los 400 euros del Plan Prepara que concluyen hoy hasta, al menos, los 426 que ya recogió el Prodi en 2010 “por simple justicia económica y porque políticamente no supondría un problema para un Gobierno que tanto ‘vende’ de forma partidista de cara al 20-N la mejora del desempleo”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reclama al Gobierno que “renueve de inmediato la ayuda económica para aquellos desempleados que carecen de rentas y han agotado todas su prestaciones, y deje de hacer electoralismo al mantener una espera innecesaria sobre su decisión”.

No obstante, Llamazares propone que frente a la ayuda, que concluye justamente hoy, de 400 euros del Plan Prepara vigente los últimos seis meses “el Gobierno debería elevar esta cantidad, al menos, hasta los 426 que ya tuvo en 2010 el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), antes de ser sustituido por el plan actual”.

El dirigente de IU señala dos razones para esta propuesta: “La primera es de pura y simple justicia económica. El Prodi ya estableció que la ayuda sería del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El PSOE decidió congelar este indicador en 2011 y dejarlo en los mismos 532 euros de 2010. Por tanto, es de justicia que esta medida de ayuda a los desempleados que están en peor situación suba para recuperar, como mínimo, los 426 euros del año pasado”.

“La segunda razón –detalla Llamazares- es de índole político. Los responsables del área económica de Rodríguez Zapatero, con la inestimable ayuda de la vicepresidenta Elena Salgado y el ministro Valeriano Gómez, parecen empeñados en preparar una prórroga del Plan Prepara como si fuera un logro personal de su candidato Pérez Rubalcaba desde fuera del Gobierno. Pues bien, si tanto confían en una continuada mejora del desempleo y así lo están ‘vendiendo’ de forma partidista de cara al 20-N, no deberían tener ningún inconveniente en recuperar ahora esa ayuda de 426 euros a los desempleados en situación más dramática hasta que, como vaticinan, los parados encuentren más pronto que tarde el deseado trabajo”.

“Del mismo modo –señala el parlamentario de IU-, como tenemos ‘plena confianza’ en la memoria del señor Rubalcaba estamos convencidos de que recordará sin mucho esfuerzo, y ahí están si no los diarios de sesiones del Congreso, qué grupo parlamentario logró en el debate sobre el estado de la Nación de 2009 la aprobación parlamentaria de esta ayuda a los parados, el mismo grupo que encabezó las sucesivas propuestas de prórrogas, antes de que todo ello fuera recogido por el Gobierno en sucesivos decretos ley. De esta forma no caerá en la tentación de tratar de instrumentalizar políticamente una posible renovación de las ayudas ni, como ya ha pasado con otras propuestas, tratar de ejercer un papel hegemónico en la izquierda que está muy lejos de representar. Mejor prevenir que curar”.

Gaspar Llamazares recuerda también que “en los 18 meses que estuvo vigente el Prodi tras la sucesivas prórrogas que la mayoría de los grupos parlamentarios aprobamos en el Congreso –desde agosto de 2009 a febrero de 2011- se pudieron beneficiar de él más de 850.000 personas y su coste cercano a los 1.600 millones de euros fue una especie de oasis dentro del ‘ajuste duro’ y los recortes sociales del Gobierno”.

Madrid, 16 de agosto 2011

Llamazares reclama a Blanco que “remita al Congreso los datos que avalan el ‘coste 0’ de la visita del Papa negados hasta ahora

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha reclamado al ministro de Fomento, José Blanco, “que él mismo o cualquier miembro del Ejecutivo socialista remitan al Congreso, como así ya le ha solicitado IU al Gobierno de forma oficial y reiterada, todos los datos que le han llevado a afirmar sin ningún pudor que ‘no supondrá un gasto para el Estado’ el viaje apostólico de Benedicto XVI a Madrid. Ni Blanco ni los ministros del PSOE pueden pretender estar en misa y repicando con esta cuestión”.

Para Llamazares, “frente a esta afirmación pública de Blanco, apostillada con vehemencia diciendo que la organización de la Jornada Mundial de la Juventud católica se ha hecho de forma ‘austera’, sólo caben dos posibilidades: o es que dispone de cifras y datos que corroboran lo que dice o, simplemente, falta a la verdad. De darse el primer caso, Blanco y su Gobierno estarían despreciando y obstruyendo desde hace meses la labor parlamentaria de control al Ejecutivo y de las cuentas públicas al negarse en la práctica a remitir a la Cámara la evolución de los datos que IU le lleva pidiendo desde 2010, cuando ya puso en marcha las generosas desgravaciones fiscales para el dinero dedicado por las empresas a esta visita”.

En reiteradas ocasiones Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario y en colaboración con el Área Federal de Juventud de esta formación, ha registrado preguntas parlamentarias al Gobierno para su respuesta escrita, la última de ellas en mayo pasado. Frente a ellas, el Ejecutivo del PSOE “o directamente sigue sin responder o en el único caso que lo hizo recurrió a unas generalidades y a un oscurantismo propios de quien tiene algo que no quiere que se conozca”.

En la única respuesta aceptada, el Gobierno socialista se limitó a recordar textualmente que en el gasto público para el Estado de las jornadas católicas se tendrá muy en cuenta que cuentan con los máximos beneficios fiscales al tener “la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de exenciones e incentivos fiscales a las entidades sin fines lucrativos y a las empresas de mecenazgo que colaboran en el evento”.

Además, frente a las continuas afirmaciones desde la jerarquía de la Iglesia católica de que las jornadas no supondrán ningún gasto para las cuentas públicas, asumidas también ahora por Blanco, la única información que el Gobierno ha remitido al Congreso señala que el Comité de Apoyo a las Jornadas -órgano competente para certificar la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa del evento-, no había remitido ninguna certificación, por lo que no era posible facilitar información relativa al montante estimado de los incentivos fiscales de los que se beneficiarán las entidades de mecenazgo ni, como consecuencia de ello, de los impuestos que dejará de ingresar el Estado por estos beneficios fiscales.

Este fue el motivo que ya llevó a Izquierda Unida a requerir una vez más vía parlamentaria si “A fecha de hoy, ¿dispone la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de alguna certificación remitida por el Comité de Apoyo a las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011?”, completa con la cuestión de si “¿Considera el Gobierno que estos regalos a entidades privadas que apoyan un evento religioso son compatibles con la política de austeridad derivada de la reducción del déficit público?”

Madrid, 16 de agosto 2011

Llamazares pide al Gobierno que explique sus últimos contactos con las agencias de calificación y su alcance frente a la querella pendiente

El portavoz parlamentario de IU -formación personada como acusación popular en la querella criminal contra Moody’s España, Fitch Ratings España y Standard and Poor’s- busca conocer en su pregunta parlamentaria si las agencias, que ya se reunieron también con la Fiscalía, “habrían podido comunicar, directa o indirectamente al Gobierno su intención de no calificar más la deuda pública española en caso de continuarse con el procedimiento penal”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria en el Congreso para que el Gobierno responda por escrito sobre si en los últimos meses ha mantenido contactos con alguna o las tres principales agencias de calificación o sus representantes legales para frenar o abortar definitivamente la querella criminal interpuesta en febrero contra las mismas por siete organizaciones sociales y políticas, entre ellas Izquierda Unida.

De esta forma, tras haber conocido IU desde distintos ámbitos la materialización de estos contactos con el Ejecutivo, posterior al que representantes legales de estas mismas agencias tuvieron también en mayo con miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Llamazares reclama a Moncloa que explique los datos concernientes a esa “aproximación, directa o indirecta de alguna o todas las agencias con el Gobierno o un representante del mismo para intentar frenar esa iniciativa legal” y sobre “¿Qué alcance tendría dicha aproximación, oferta o planteamiento?”

La Audiencia Nacional tiene encima de la mesa desde febrero la querella criminal en la que Izquierda Unida está personada como acusación popular contra las mercantiles Moody’s España, Fitch Ratings España y Standard and Poor’s por los presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal, en este caso en relación con la deuda pública española.

La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 2, cuyo titular, Ismael Moreno, ha eludido durante meses pronunciarse sobre la admisión a trámite de la misma. Los abogados de las organizaciones querellantes, entre ellos Enrique Santiago por parte de IU, dieron por admitida la querella en la práctica después de que el magistrado les reclamara en marzo traducciones de varios documentos ya presentados.

En todo este tiempo la respuesta pública del Gobierno ha sido el silencio. Por ello, y una vez conocido el contacto o contactos de las agencias con el Ejecutivo socialista, es por lo que desde IU, además de tratar de averiguar el alcance del mismo, se busca saber si todas o alguna de las agencias querelladas “habrían podido comunicar, directa o indirectamente al Gobierno su intención de no calificar más la deuda pública española en caso de continuarse con el procedimiento penal” o si, por el contrario, el archivo del mismo tendría alguna compensación favorable en el trabajo que realizan.

En su iniciativa parlamentaria, Gaspar Llamazares pide conocer “quién o quiénes del Gobierno serían los receptores” de la información transmitida por las agencias, así como “¿qué agencias lo habrían hecho y a través de quién o quiénes?”

Se da la circunstancia de que a finales de julio la Fiscalía Anticorrupción se pronunció en contra de abrir una investigación contra las tres agencias al considerar que no existen indicios de delito, según el escrito enviado a la Audiencia Nacional. “El inicio de un procedimiento penal contra las agencias de ‘rating’ querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia”, se indica.

Esta toma de posición se produjo después de meses en los que ni por parte del Juzgado nº 2 de la Audiencia Nacional ni de la Fiscalía de esta misma instancia de instrucción judicial se atendieran las demandas de los integrantes de la acusación popular para saber la marcha de la querella criminal. Por el contrario, sí se pudo confirmar que la primera fiscal encargada del caso, Carmen Monfort, se reunió con representantes legales de las agencias, abogados de prestigiosos y muy conocidos bufetes de nuestro país.

Esto fue así antes de que el caso pasara formalmente a manos del fiscal Alejandro Luzón, a comienzo de junio pasado, y de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, decidiera remitir a Anticorrupción la querella presentada, aprovechando en todo este tiempo que el magistrado Ismael Moreno seguía técnicamente pendiente de decidir si la aceptaba a trámite o no, mientras la Fiscalía tampoco se pronunciaba.

Izquierda Unida ha reprochado al Gobierno, además de su silencio y el oscurantismo con el que ha actuado en este caso, que no alentara una rápida actuación de la Fiscalía en defensa de los intereses del Estado. También que no diera instrucciones para que la Abogacía del Estado trabajara de forma decidida en defensa de ese mismo interés económico público.

Por todo ello, en su pregunta parlamentaria Llamazares interroga también sobre si, una vez producida la aproximación con las agencias de ‘rating’, “¿Ha instruido el Gobierno a la Abogacía del Estado para que se persone en dicho procedimiento penal?”.

Al margen del contenido de su iniciativa parlamentaria, Llamazares valora hoy que “de haber estado personada la Abogacía del Estado desde el principio sería mucho más fácil conocer hasta dónde ha influido el Gobierno en los argumentos dados por la Fiscalía para rechazar la investigación a las agencias”.

Entre estos argumentos, la Fiscalía Anticorrupción admite en su escrito a la Audiencia Nacional que las rebajas de calificación de la deuda española aplicada por las tres agencias “indudablemente (...) perjudicaron económicamente a España”, pero valora también de forma subjetiva que éstas no fueron “infundadas ni contrarias” con la opinión generalizada de las “más reputadas” organizaciones económicas mundiales.

Esta Fiscalía también reconoce que las tres agencias de calificación “se equivocaron gravemente” en hechos como las calificaciones dadas a los fondos de inversión de Bernard Madoff y al banco Lehman Brothers, que acabaron en quiebra, pero dice que “no fueron las únicas”.

En un alarde de análisis económico, Anticorrupción justifica también que “hoy es generalmente admitido que hubo un fracaso generalizado de los políticos, organismos reguladores, economistas, analistas y otros expertos a nivel mundial tanto en la previsión de la propia crisis como, sobre todo, en la apreciación de su extraordinaria magnitud”.

Madrid, 15 de agosto 2011

Llamazares pide explicaciones al Ejecutivo del motivo por el que se prohibe el recorrido de la manifestación alternativa a la visita del Papa

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno en la que interroga a sus responsables sobre “¿Cuál es el motivo por el que la Delegación del Gobierno ha prohibido el recorrido de la manifestación en contra del carácter que se ha dado a la visita del Papa?”.

Llamazares recuerda en su iniciativa que más de 140 organizaciones, entre las que se encuentra Europa Laica, “se han adherido a un manifiesto rechazando la connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional -como es la visita de Benedicto XVI para participar en la denominada Jornada Mundial de la Juventud-, y han convocado una manifestación el próximo 17 de agosto en Madrid”.

En la pregunta se señala que “la Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido el recorrido previsto -desde la Plaza de Tirso de Molina hasta la Puerta del Sol- proponiendo alternativas que, según los convocantes, simplemente provocarían arrinconar y hacer invisible la manifestación”.

Llamazares expone que “los convocantes animan a participar en esa manifestación, de carácter totalmente cívico y aconfesional, a todos los que están en desacuerdo con esa forma de visitar un país a costa de los impuestos de toda la ciudadanía, como si se tratase de un jefe de Estado. Se está así contraviniendo los fundamentos de un Estado democrático, que se declara aconfesional en su Constitución, al mezclar asuntos de Estado con los religiosos, los intereses generales con los privados y las instituciones que representan a todos los ciudadanos con eventos que sólo conciernen a una parte, en este caso, a quienes comparten unas determinadas creencias religiosas”.

Madrid, 9 de agosto 2011

Llamazares pide la comparecencia de Camacho por la “injustificada represión policial” a los indignados

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy en el Congreso la petición de comparecencia del ministro del Interior, Antonio Camacho, ante la comisión parlamentaria correspondiente para que explique la “injustificada y desproporcionada represión policial” contra el movimiento de indignados en distintos puntos de Madrid en los últimos días.

En una rueda de prensa en Oviedo, Llamazares ha señalado que no comprende por qué Interior permitió las protestas en la jornada de reflexión electoral del pasado 21 de mayo y en cambio ahora lleva a cabo una estrategia policial completamente distinta. El parlamentario de IU ha explicado su impresión de que la intención es “dejar las calles libres y expeditas” para la próxima visita del Papa a Madrid.

Gaspar Llamazares ha pedido que la “comparecencia de Camacho se produzca de manera urgente” y ha opinado que con la represión policial al movimiento de indignados “se han vulnerado los derechos de reunión y manifestación. Camacho ha convertido la protesta de indignación social y política en una cuestión de orden público”.

Sobre la visita del Papa, ha instado al Gobierno a que no aporte dinero público, al tratarse de “una visita privada para una nueva fase de evangelización” y no una visita como mandatario público, ya que España es un Estado aconfesional.

Llamazares también ha informado en Oviedo de que solicitará una comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la que más que la política de deuda quiere que explique “el fracaso de las políticas de ajuste”.

Respecto a la deuda, el diputado de IU aboga por los eurobonos y por que haya un Tesoro o Hacienda “propiamente dicha para la Unión Europea. Da la impresión de que hace más falta un ‘Plan Marshall’ que más recortes presupuestarios y sociales”.

En su opinión a España no le cabe un rescate desde la UE como los ya realizados a Irlanda, Portugal y Grecia “porque haría crack la Unión. España ya está intervenida desde que la UE decidió que la forma de salida de la crisis era apretar el cinturón a los ciudadanos”.

Oviedo, 5 de agosto 2011

Llamazares registra una pregunta sobre la alteración en la programación de RTVE por la visita privada del Papa y el coste que tendrá su cobertura

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Consejo de Administración de RTVE en relación a la alteración de la programación de RTVE con motivo de la visita, a título particular, del Papa a Madrid los próximos días 18, 19 y 20 de agosto. Llamazares expone en su escrito si “¿Le parece adecuada a la dirección de RTVE una alteración tan importante de su programación por la visita de ámbito privado, y no en calidad de jefe de Estado, de Don Joseph Aloisius Ratzinger dado que nuestra Constitución establece la existencia de un Estado aconfesional?”

También se interesa por “¿Cuál será el coste económico final que tendrá para RTVE el importante despliegue humano y técnico que se ha decidido poner en marcha para la ocasión?”

El parlamentario de IU lleva a cabo esta iniciativa tras tener conocimiento del protocolo de colaboración suscrito entre la sociedad mercantil Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), el ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) y el Arzobispado de Madrid al objeto de que los firmantes garanticen la producción y difusión de la señal de todos los actos que Ratzinger desarrolle en Madrid con motivo de la denominada Jornada Mundial de la Juventud.

Llamazares recuerda que “a pesar de su nombre, esta jornada sólo tiene carácter de ámbito estrictamente privado y religioso, por lo que así es difícilmente entendible que en el citado protocolo se fije que RTVE se encargará de producir y difundir la señal de múltiples actos”, entre los que se encuentran: a) Llegada a Barajas de Ratzinger, b) Estancia y audiencias en la nunciatura, c) misa de seminaristas en La Almudena, d) visita al centro de discapacidades San Juan de Dios, e) vigilia en Cuatro Vientos, f) misa en Cuatro Vientos, g) encuentro voluntarios en IFEMA y h) salida de Ratzinger de Barajas.

El portavoz de IU no hace referencia en su iniciativa a la producción y difusión de la señal de otros actos que van a tener cobertura por parte de RTVM, al no ser competencia del Congreso el control de esta televisión autonómica.

Para Llamazares, “a pesar de que teóricamente vivimos en un Estado aconfesional, tal y como consagra nuestra Constitución, se ha preparado un despliegue humano y técnico que en época de recortes del gasto público, tanto a nivel de RTVE de forma particular como en todas las administraciones públicas estatal, autonómicas y locales, parece a todas luces excesivo por el ingente empleo de medios públicos para la cobertura de actos exclusivamente privados y religiosos”.

“Además –señala-, se decide alterar de manera significativa la programación habitual de las cadenas de la televisión pública estatal sin tener en cuenta que precisamente por su carácter público debería garantizar una programación que quedara al margen de imposiciones e intereses ideológicos y religiosos, y en las que todos los espectadores creyentes o no, católicos o no, se consideren representados”.

Por otra parte, la coordinadora del Área Federal de Juventud de IU, Esther López Barceló, lamenta que en las explicaciones dadas ayer por los organizadores de estas jornadas “se introdujeran numerosas falsedades para confundir a la sociedad y se recurriera incluso a la mentira al indicar que estas jornadas no van a tener ningún coste de dinero público”.

“Cuando los organizadores –señala López Barceló- afirman sin ruborizarse que estos actos van a ser sufragados exclusivamente por los participantes, la Iglesia y las empresas y particulares que colaboran mienten directamente. Tal vez luego lo arreglen con una confesión en una de las misas de cualquiera de esos días, algo que no será tan fácil de arreglar para las cuentas públicas con las que se deberá hacer frente a las generosas desgravaciones fiscales aprobadas por el Gobierno del PSOE para las empresas participantes. Esperamos conocer algún día el coste final de dinero público que tendrá todo esto, puesto que hasta ahora el Gobierno socialista se ha negado a facilitar a IU ningún dato concreto sobre ello”.

Madrid, 4 de agosto

Llamazares reclama a Zapatero que “promueva una respuesta coordinada en la UE para una reacción enérgica del BCE emitiendo eurobonos"

El portavoz parlamentario de IU trasladó estas observaciones durante la llamada telefónica que recibió del presidente del Gobierno alrededor de las 11,30 h., a quien advirtió que “los especuladores le tienen tomada la medida a la UE y saben que el ‘talón de Aquiles’ radica en la falta de agilidad y de unidad para hacer frente a quienes nunca van a estar satisfechos de los beneficios que pueden sacar a corto plazo a costa de poner en riesgo la continuidad del euro como moneda única”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha trasladado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su preocupación por el hecho de que ahora se está demostrando en la práctica que las medidas tomadas por el Eurogrupo a finales de julio “son insuficientes para frenar el ataque de los mercados y de los especuladores a los intereses de la Unión Europea (UE), en general, y a España en particular”. Llamazares reclamó a Rodríguez Zapatero que, frente al hecho de que “los especuladores le tienen tomada la medida a la UE, promueva una acción coordinada de varios Estados europeos para exigir una reacción más enérgica y precisa por parte del Banco Central Europeo (BCE) y de Alemania en defensa del euro y con una respuesta más contundente frente a las ansias particulares de beneficios a corto plazo a costa del dinero público como la deuda de nuestro país”.

El parlamentario de IU hizo estas observaciones alrededor de las 11,30 h. durante la llamada telefónica que recibió del presidente del Gobierno, contacto que se ha producido hoy después de que desde Moncloa se trasladara ayer falsamente a los medios de comunicación que el jefe del Ejecutivo ya había hablado el martes con los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

Durante la conversación, Llamazares le expuso al presidente del Gobierno y, por organigrama, todavía líder socialista, la opinión de Izquierda Unida sobre que “el BCE debe mover ficha de inmediato” y lanzar ‘eurobonos’ para hacerse con deuda soberana de los Estados en riesgo al precio oficial del dinero –en este caso del 1,5 por ciento- para acabar con los movimientos especulativos. “De la misma forma, consideramos y así se lo he dicho al presidente, que conjuntamente con otros gobiernos deben hablar con Angela Merkel y reclamar de Alemania que desbloquee más acciones de respaldo al euro, paradas por sus intereses nacionales, y que también servirían para que los especuladores vieran que hay más unidad en la respuesta”.

Frente a la opinión mostrada por Rodríguez Zapatero en relación a que las medidas ya tomadas por el Eurogrupo son suficientes y que el problema radica en la complejidad de su aplicación, Llamazares le respondió que “desde IU valoramos que la UE y España van siempre a remolque de los acontecimientos, no se da a los especuladores la necesaria imagen de unión y contundencia en la respuesta, y la lentitud para poner en marcha los acuerdos acaba siendo un acicate más para ser blanco de los ataques”.

“He tratado de explicarle al presidente del Gobierno –explica Llamazares- que además de tener tomada la medida a la UE los especuladores saben que el ‘talón de Aquiles’ radica en la falta de agilidad y de unidad en el seno de la UE para hacer frente a quienes nunca van a estar satisfechos de los beneficios que pueden sacar a corto plazo a costa de poner en riesgo la continuidad del euro como moneda única”.

Madrid, 3 de agosto 2011