Intervención de Llamazares en la comisión de exteriores para defender la iniciativa de IU sobre la "resolución definitiva del conflicto del Sáhara"

Señorías, desde Marruecos al Golfo Pérsico una ola de libertad recorre el conjunto de los países árabes. Es la hora de los pueblos unidos en su clamor por un futuro más justo, por unas condiciones salariales y de trabajo dignas, por la liberación de las mujeres, por una sociedad más democrática y en contra de la corrupción, el despotismo y la arbitrariedad como forma de gobierno que ha sido respaldada en buena parte por el statu quo a nivel internacional. Pero las revoluciones en curso en los distintos países no se miden desgraciadamente por el mismo rasero; se miden con arreglo a la geoestrategia, al petróleo o a las mejores o peores relaciones con las potencias occidentales. Este es el caso de Marruecos en la ocupación ilegal del territorio saharaui, como también ocurre con la ocupación de Palestina por el Estado de Israel.

Podemos coincidir en que nuestro aliado principal del sur debería ser Marruecos, pero también creemos que nuestra política de alianza sería más sólida y duradera si se consiguiera la transición efectiva en ese país hacia un régimen democrático verdaderamente parlamentario en que el rey no sea a la vez responsable religioso, donde el Estado respete los derechos humanos y aplique la legislación internacional para la descolonización del Sahara, porque a lo largo de todo este tiempo no ha sido así y porque a largo plazo no hay estabilidad sin democracia.

La violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados es una triste realidad desde hace más de tres décadas, pero la forma en que el Ejército marroquí procedió a desmantelar el campo de Agdaym Izik y la represión posterior desplegada a lo largo de todo el territorio han llevado en los últimos tiempos a una situación límite. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de una larga historia de detenciones arbitrarias, vejaciones y humillaciones constantes, de desaparecidos y de torturas.

Desde hace años nuestro grupo parlamentario viene abogando por una mayor implicación de la MINURSO, incorporando a sus actuales funciones un mandato explícito para la supervisión y la defensa de los derechos humanos de la población saharaui. Creo que ha llegado el momento en que la Cámara inste al Gobierno a promover con mayor firmeza este objetivo ante el secretario general de Naciones Unidas, tal y como acaba de solicitarle el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estas graves violaciones de derechos humanos no son más que la consecuencia última de otra grave violación, la del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, afirmado con rotundidad por Naciones Unidas.

España tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues es de iure la potencia administradora del territorio. Como ha señalado la Asamblea General de Naciones Unidas, un Estado no pierde la condición de potencia administradora ni queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones por el simple hecho de afirmarlo. En consecuencia, tal y como estableciera la Asamblea General en 1979, Marruecos es la potencia ocupante ilegal del territorio, de la misma forma que lo es Israel en los territorios ocupados palestinos. La ilegalidad de la ocupación del territorio por Marruecos es flagrante, tanto así que ningún Estado, ni siquiera Francia -su más fiel e incondicional aliado- ha reconocido dicha anexión. Pero merece la pena analizar si quiera someramente los argumentos del Gobierno para no condenar la situación actual y no apoyar decididamente la aplicación del derecho internacional.

Apoyar la libre determinación del pueblo saharaui no supone ponerse al lado de una de las partes sino simple y llanamente defender la aplicación del derecho internacional. Un argumento clásico es que España mantiene una posición de neutralidad activa ante el conflicto, pero la neutralidad no existe en derecho. Quien no apoya el cumplimiento del Derecho Internacional está apoyando, de hecho, su violación. Por otra parte, nuestro Gobierno ha llegado a sostener que Marruecos podría considerar tal condena como una injerencia en los asuntos internos, pero está fuera de cualquier discusión mínimamente rigurosa el hecho de que no se trata de un asunto interno marroquí sino internacional, porque el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y en ningún caso forma parte del territorio marroquí.

Se argumenta que si defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, las autoridades marroquíes reclamarán Ceuta y Melilla, lanzarán una ola de inmigrantes a través del Estrecho o relajarán la vigilancia sobre las tramas terroristas, pero lo cierto es que todos son argumentos falaces. Ceuta y Melilla han sido y seguirán siendo moneda de cambio en nuestras relaciones con Rabat con o sin Sahara de por medio, y seguirán siendo un reto tanto la política de lucha contra el terrorismo a nivel internacional como la cooperación internacional para evitar los grandes flujos inmigratorios.

Lo cierto es que después de tres lustros de guerra de Liberación Nacional, en 1991 el Frente Polisario decidió sustituir las armas por las urnas en la confianza de que Naciones Unidas sería capaz de llevar a buen puerto un plan de paz que había sido negociado libremente por las partes. Pero desde su puesta en marcha este plan fue boicoteado por Marruecos, tal y como han denunciado, entre otros, James Baker. Existe ya un censo para el referéndum confeccionado por Naciones Unidas, pero el veto francés impide su celebración. Mientras el plan de paz continúa estancado y el Sahara ocupado, se producen estas graves violaciones de derechos humanos y nuestro país se preocupa por su interés nacional, la Unión Europea por el suyo y Naciones Unidas se limita a deplorarlas.

En esta tesitura, nuestro grupo avanza en esta proposición no de ley la necesidad de vigilancia en materia de derechos humanos ampliando las funciones de la MINURSO: intensificar las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, y promover la convocatoria del referéndum de autodeterminación que ha de culminar el necesario proceso de descolonización.

Jueves, 14 de abril

El Gobierno elude pronunciarse con claridad sobre el uso del velo en escuelas tras tardar meses en responder una pregunta parlamentaria de Llamazares

Tras más de 10 meses de espera para que el Gobierno respondiera una pregunta parlamentaria escrita dirigida por el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, en la que, entre otras cuestiones, se interrogaba sobre “¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno sobre el porte del velo en las escuelas?”, el Ejecutivo elude pronunciarse con claridad sobre esta cuestión.

Llamazares registró el 12 de mayo de 2010 una pregunta a raíz de que el Ministerio de Justicia destituyera al hasta entonces subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, Juan Ferreiro Galguera, sin motivo explícito del cese. En su iniciativa, el portavoz parlamentario de IU valoró que “parece ser que la causa última del cese ha sido la difusión de una nota jurídica –que el propio cesado desmiente haber filtrado- originada por el caso de una alumna a la que un instituto de Pozuelo de Alarcón prohibió entrar en clase porque llevaba el hiyab, nota en la que Ferreiro afirmaba que “El derecho a profesar una creencia incluye el derecho a expresar, exteriorizar o vestirse de acuerdo con las mismas”, y añadía “Que una alumna lleve un velo en una escuela pública no ofende los derechos fundamentales de los demás, ni tampoco el orden público”.

Por este motivo, Llamazares, además de preguntar sobre “¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno sobre el porte del velo en las escuelas?”, reclamaba del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero explicaciones sobre si tiene alguna opinión sobre la prohibición de esta prenda.

Tras los más de 10 meses de espera citados, el Ejecutivo ha remitido al diputado una escueta respuesta de cuatro párrafos donde se limita a señalar que “para este Gobierno resulta una prioridad la defensa de los derechos fundamentales y, como no podía ser de otra manera, igualmente el derecho de la libertad religiosa y de creencias, así como la lucha contra cualquier discriminación o limitación de la libertad de las mujeres”.

“Nuestro ordenamiento jurídico –añade la respuesta- recoge los instrumentos necesarios para dar una respuesta adecuada al uso del velo en los espacios públicos, de manera equilibrada entre la igualdad, la libertad y la seguridad”.

El Ejecutivo argumenta que “no obstante, para alcanzar ese objetivo resulta necesario seguir colaborando con las Comunidades musulmanas para, desde el respeto a la identidad individual y la legítima expresión de las convicciones religiosas, promover e impulsar la integración social y la convivencia en libertad. Y ello con un doble objetivo. En primer lugar, fomentar la educación en el respeto a la dignidad personal y la igualdad entre hombres y mujeres, tal y como contemplan las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género, como instrumento más eficaz para alcanzar la cohesión y la convivencia social sobre la base de los valores constitucionales que rigen nuestra sociedad democrática. En segundo lugar, se debe buscar y potenciar la integración de las mujeres de origen musulmán desde el respeto a la dignidad e igualdad”.

Por último, en relación a la destitución del por entonces subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, sobre la que Llamazares pregunta directamente “¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto negativo que esta destitución ha tenido por parte de las comunidades musulmanas en España?”, el Gobierno señala que este puesto “es un cargo de libre designación por el Director General y el Ministerio de Justicia, como no podía ser de otro modo, sigue colaborando y comunicándose con las comunidades musulmanas así como con el resto de las comunidades religiosas”.

Madrid, 13 de abril 2011

Llamazares denuncia en el pleno del Congreso la “pasividad” del Gobierno del PSOE ante el 80º aniversario de la II República

Transcripción íntegra de la interpelación del portavoz parlamentario de IU al Gobierno y réplica del propio Llamazares a la insuficiente respuesta ofrecida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui (13-4-2011).

Señor ministro de la Presidencia, ¡Salud y República! Interpelo al ministro de la Presidencia en relación con el 80º aniversario de la proclamación de la II República española, un homenaje que debemos, en nuestra opinión necesario, y una asignatura pendiente de nuestra democracia: del Gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial. Mañana, señorías, se iza la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de Eibar, el primero en el que se izó el 14 de abril de 1931, y se izará en otros muchos ayuntamientos del país. Por parte de la Administración General del Estado, sin embargo, cunde el silencio con respecto a este 80º aniversario y, en ese sentido, queremos elevar al Gobierno una propuesta de conmemoración positiva de aquella etapa de nuestra historia contemporánea.

Señorías, después de 30 años de democracia, sonroja tener que recordar dónde estaba la ley -de parte de la República- y dónde estuvo el delito -de parte de los golpistas-. A estas alturas es muy peligroso para la salud moral y política española que todavía se pretenda equiparar al Gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el Estado al que había comprometido defender. Señorías, reconozcamos que nuestra memoria institucional aún está lejos de la historia y que una parte de la sociedad española ignora y revisa esa historia de legalidad de la II República española.

Señorías, en este año se celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz, los bicentenarios de las independencias iberoamericanas y hace pocas semanas hemos celebrado y recordado el 30º aniversario del 23-F, el golpe fallido, con un acto solemne en esta Cámara. No tiene en ese sentido ningún sentido -valga la redundancia- y es injusto que el Gobierno mantenga a la II República española en el olvido cuando se cumplen 80 años de su proclamación, que es la esperanza de vida de un español, con lo cual eso tiene su relevancia histórica.

Si no se hace hoy, no se va a hacer con españoles que vivieron aquella época. Recordarla no es para nosotros un ejercicio nostálgico, recordarla sería -en nuestra opinión lo ideal- un relato compartido de los españoles en relación con su memoria democrática; pero si no hay relato compartido, señorías, al menos que exista relato de valores democráticos por aquellos que los comparten. Si no lo hacemos, a falta de una campaña pedagógica del Estado democrático la versión del vencedor seguirá imperando de forma insolente -es como si en Alemania siguiera imperando la versión del nazismo, aunque es verdad que en Alemania perdieron la guerra-, intentando asimilar la República a la guerra civil o la República de Weimar al nazismo.

También seguirá imperando la falsa ecuanimidad de aquellos que dicen: todos fueron buenos, todos fueron malos, todos tenían razón o, lo que es lo mismo: ninguno la tenía, ninguno tenía legitimidad, en relación con la República y con los golpistas. ¿Qué valor científico puede tener una enseñanza de la historia contemporánea si la mayoría de los estudiantes ignora lo que ocurrió el 14 de abril de 1931, si en la mayor parte de los programas no se llega a la historia contemporánea de España? Pero no solo es un ejercicio de nostalgia, tiene que ver con nuestro presente; por ejemplo, para mal, con el procesamiento del juez Garzón en su investigación de los crímenes y desapariciones del franquismo, un procesamiento que lanza a la sociedad española un mensaje de que sigue siendo peligroso pedir cuentas al franquismo, una deuda pendiente de la justicia, una humillación -una nueva humillación- a las víctimas.

Señor ministro de la Presidencia, el 14 de abril de 1931 España, como en 1978, tuvo una oportunidad y la aprovechó. Pese a la brevedad de su vida, la República situó a España en la vanguardia social y cultural. Hoy, 80 años después, evocamos aquel espíritu con gratitud y reivindicamos como propios los valores republicanos, que siguen vigentes como símbolos de un país justo y democrático. Fueron muchos los logros truncados por la violencia que tuvimos que volver a reconstruir a partir de 1978: la instauración de un sistema democrático con reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales.

La República trajo el voto de la mujer y el derecho al divorcio y a la interrupción voluntaria del embarazo; la República planteó la reforma agraria; la República potenció la sanidad pública, dignificó la escuela y a sus maestros, desarrolló el progreso social; la República estableció la separación entre Iglesia y Estado y abordó la configuración de la España autonómica. Es verdad que la República también cometió errores, pero en este sentido, al expresar que la soberanía reside en el pueblo español, la Constitución republicana de 1931 fue el antecedente directo de nuestra Constitución de 1978. Somos muchos, señorías, quienes tenemos esa doble lealtad: la lealtad a la Constitución en vigor, que debemos cumplir y desarrollar; y la lealtad al que supuso uno de los momentos históricos más nobles de que podemos enorgullecernos los españoles, aunque fracasado, el impulso democrático de la II República.

Señor vicepresidente, desde estas premisas, en libertad y en democracia desde hace más de tres décadas, debemos rendir a la II República y a sus protagonistas el homenaje que se merecen y que aún no han recibido. Por ello, el Gobierno y el Parlamento han demostrado su reconocimiento institucional a quienes representan en momentos críticos de nuestra historia esos valores de libertad y de democracia que hoy consideramos consolidados; nos representaron en la República, en la lucha contra el franquismo y en la construcción democrática de Europa, en la cual ellos fueron también vanguardia de la derrota del nazismo. Reivindicar su memoria es creer también en nuestro propio futuro. No debemos considerar plenamente terminado el proceso de transición de la dictadura a la democracia mientras no se reconozca la verdad de nuestra reciente historia, mientras no se reparen los daños, mientras no se haga justicia. Treinta años después tenemos aún deudas pendientes.

Señorías, es cierto que se han dado pasos en la buena dirección con la unánime Declaración institucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002; también con normas como la Ley de Memoria Histórica, pero todavía quedan asignaturas pendientes, y en concreto varios incumplimientos con los compromisos señalados en la ley. En primer lugar, la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de restos o enterramientos de personas desaparecidas violenta y sistemáticamente en un genocidio durante la guerra civil y represión posterior. Sigue siendo una vergüenza para la democracia española. En segundo lugar, la elaboración del mapa de fosas. En tercer lugar, la modificación del estatuto del Valle de los Caídos y la salida de los restos del dictador para que este espacio, un espacio que se asienta sobre 10.000 republicanos asesinados con la bendición de la Iglesia católica, se convierta en un espacio de reconciliación. Y por último, la retirada de todos los símbolos franquistas de los ámbitos institucionales, tanto del Estado como del resto de las instituciones.

También siguen pendientes objetivos que deberían serlo del Estado democrático a más de 30 años de la democracia. En primer lugar, la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico y didáctico sobre la II República como referente de la cultura democrática. Queda pendiente la proclamación de la nulidad de las sentencias emitidas contra los demócratas por motivos políticos e ideológicos durante la guerra civil y la dictadura, como ha sido el caso bochornoso del poeta Miguel Hernández; se considera la Ley de Memoria Histórica hecho nuevo, pero no se considera a Miguel Hernández inocente, algo que realmente es un bochorno para la democracia y para la cultura española.

En cuanto a la investigación por las desapariciones forzadas en cumplimiento de la legislación internacional y la investigación de los niños robados del franquismo y su continuación posterior, ¿qué hace el Gobierno que no investiga a través del Ministerio de Sanidad y de las entidades concertadas lo ocurrido con niños robados durante el franquismo e incluso durante la democracia? ¿Por qué no hay ya un informe en esta materia, que también avergüenza a nuestra democracia? Y en lo que se refiere al reconocimiento y rehabilitación de todos los miembros de las instituciones y todos los ciudadanos represaliados con motivo del franquismo, señorías, es verdad que hace cinco años -en el 75º aniversario- se ofreció una exposición sobre las misiones pedagógicas, se recordó a Clara Campoamor por la extensión del sufragio a las mujeres y se editaron sellos, pero fueron medidas totalmente insuficientes y solamente puntuales. Aún permanece inédito el homenaje del Estado a los intelectuales del exilio republicano en Europa y en América, a los republicanos españoles que combatieron contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, a los liberadores de París y a quienes sufrieron el exterminio de Mauthausen y otros campos de concentración, y todavía no se ha producido, de acuerdo con las comunidades autónomas, el homenaje institucional debido a los presidentes de la Generalitat, Lluís Companys, del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, personalidades gallegas como Castelao o Santiago Casares Quiroga, y muy especialmente al presidente de la República, Manuel Azaña, y al presidente del Gobierno, Juan Negrín.

Señor ministro, por todo ello interpelamos al Gobierno si piensa promover el recuerdo y la reparación de la II República española en su 80º aniversario y le preguntamos cuál es su programa y su calendario para esta materia. También le preguntamos si el Gobierno va a poner en marcha alguna iniciativa de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, si va a respaldar en todo momento las iniciativas de la sociedad civil y si está promoviendo o favoreciendo aportaciones que recuperen el valor del legado de la II República como antecedente de la democracia de 1978. Del mismo modo que a otros Estados de la Unión Europea, a ustedes les corresponde impulsar durante el presente año iniciativas de reconocimiento a los avances que se produjeron en la historia española y en la historia democrática de nuestro país. Le adelantamos que una de las propuestas que señalaremos en nuestra moción será la declaración del 14 de abril como una fiesta estatal en sustitución de algunas de las existentes. Hoy, ochenta años después, no queremos lamentar el violento acoso y derribo a que fue sometida la República, como lo fue la República de Weimar, por la conspiración permanente y la fuerza bruta, queremos celebrar su memoria civil y los logros que consiguió. ¡Viva la República! ¡Viva la democracia del 78!

RÉPLICA DE GASPAR LLAMAZARES A LA RESPUESTA DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Señor ministro, mi conclusión respecto a su intervención es que el Gobierno en esta materia se va a mantener en una posición pasiva, va a mirar únicamente lo que ocurre durante este aniversario que no es particular para usted. Ochenta años sí son algo. Se lo he tratado de explicar antes, parece que no ha querido entender, pero 80 años es la esperanza de vida de un español y de una española y, por tanto, es muy relevante. Después de esta oportunidad no habrá otra con esa generación en vida, probablemente, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad que no se puede perder, y el Gobierno si tuviera entre sus prioridades políticas, que parece que ya no la tiene, la Memoria, habría incorporado esta fecha a sus medidas que hoy parece que no tiene.

En relación a su primera reflexión, comparto esa reflexión modernizadora sobre la sociedad española, pero me gustaría establecer algún criterio. En primer lugar, que esa Constitución de 1978 no surge porque sí. Surge porque previamente existió un impulso modernizador y democrático en la República, porque hubo antifranquistas que mantuvieron viva su llama, su reivindicación y porque, finalmente, hubo unas condiciones exteriores e interiores que lo permitieron. Pero no valorar el antecedente de la II República me parece que no es valorar en estos momentos la naturaleza de la democracia española, sino que está muy unida a ese antecedente, es verdad que derrotado de la II República por un pronunciamiento, por un golpe cívico militar, pero, en definitiva, con valores muy permanentes.

Y esa reflexión sobre que hemos cumplido todas las cuestiones de España, las que planteaba Azaña, la cuestión territorial, la cuestión religiosa, la cuestión militar, es verdad que algunas de ellas están cumplidas, otras claramente encauzadas, pero hay otras que si bien las han cumplido los ciudadanos, por ejemplo, los ciudadanos son cada vez más una sociedad laica, sin embargo, institucionalmente no somos un estado aconfesional, sino que tenemos todavía una relación iglesia-Estado que no se corresponde con el Estado constitucional y con el Estado aconfesional.

Por otro lado, hay nuevas asignaturas pendientes -se lo he dicho antes- y una de ellas es la Memoria. La Memoria es una asignatura pendiente de este país; mientras siga existiendo una Memoria contrapuesta a la historia, la historia dice lo que dice sobre legalidad e ilegalidad en la República y, sin embargo, la Memoria es la memoria franquista, la que existe en este país todavía en buena parte como memoria institucional, la memoria de los equivocados o la memoria equidistante. Eso es inaceptable y eso plantea un reto para el Gobierno y para la Presidencia del Gobierno que parece no dispuesto a cumplir.

Hay otros elementos, por ejemplo, el que tiene que ver con la confesionalidad del Estado donde el Gobierno da la impresión de que no solamente se arruga con relación a la política económica, sino que se arruga también en relación con la memoria y con relación al laicismo. No en vano ustedes han renunciado a legislar sobre la libertad de conciencia, y creo que eso es llamativo.

Termino, señor ministro, refiriéndome al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y a temas pendientes en estos momentos en nuestro país. Primero, el desarrollo de la Memoria Histórica está pendiente y debería experimentar un impulso definitivo en estos momentos a más de treinta años de la democracia y a ochenta años de la proclamación de la II República. Hay que darle un impulso definitivo a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en los símbolos que todavía no están eliminados, en muchas materias que tienen que ver con exhumaciones, etcétera.

Creo que ahí hay una responsabilidad pública ineludible y, por otro lado, hemos visto y vemos con escándalo lo que está ocurriendo respecto a la investigación de los crímenes del franquismo, a la impunidad de esos crímenes y algo hay que hacer, salvo quedarse de brazos cruzados mientras juzgan a los jueces y condenan a los jueces y dejan totalmente en la humillación a las víctimas. Esa situación debe ser analizada por el Gobierno y exijo también una respuesta.

Madrid, 13 de abril 2011

Llamazares logra transar una enmienda con todos los grupos para instar al Gobierno a “culminar el proceso de descolonización del Sahara”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha sacado hoy adelante en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso la iniciativa parlamentaria presentada por IU-ICV relativa a la resolución definitiva del conflicto del Sahara Occidental. Para ello, el diputado de IU logró transar una enmienda que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios por la que el Congreso insta finalmente por unanimidad al Gobierno, entre otras cuestiones, “a promover las acciones necesarias con el fin de culminar el proceso de descolonización del Sahara Occidental en el contexto de la legalidad internacional que marcan las Resoluciones de Naciones Unidas”.

El texto transado recoge también el respaldo del Congreso a “la propuesta avanzada al secretario general de la ONU por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que la MINURSO amplíe sus competencias para poder informar sobre el respeto de los derechos humanos en todo el territorio del Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, estableciendo un mecanismo internacional efectivo de observación independiente y continuada de los derechos humanos”.

En la intervención para defender su iniciativa, Gaspar Llamazares destacó la necesidad de “aprovechar la ola de cambio” que actualmente hay en los países árabes para buscar una solución para el pueblo saharaui. De ahí que en el texto aprobado se recoja explícitamente en su primer párrafo que el Congreso “considera que en el marco de los avances actuales de libertad para los pueblos árabes puede encontrarse un contexto propicio para llegar a una conclusión del contencioso sobre el Sahara Occidental”.

Además, la iniciativa aprobada por unanimidad reitera el deseo de España para “profundizar en las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, según Naciones Unidas”.

Por último, se insta al Gobierno a “seguir apoyando el trabajo del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas en la búsqueda de resultados que conduzcan a una solución justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo auspicio de Naciones Unidas”.

Gaspar Llamazares aludió en su intervención a que en todo este proceso ayudaría que en Marruecos hubiese “una transición democrática, se respetasen los derechos humanos y se permitiese la descolonización del Sahara”.

Madrid, 13 de abril 2011

El PSOE se queda solo tras sacar Llamazares adelante una enmienda que obliga al Gobierno a reformar en seis meses la Ley de la Carrera Militar

Este importante cambio de última hora al que el Gobierno se ha venido oponiendo se ha introducido en el texto del proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares, cuyo dictamen definitivo ha sido aprobado hoy en la Comisión de Defensa con la abstención de IU-ICV.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha logrado introducir hoy en la Comisión de Defensa una importante enmienda en el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares que se estaba debatiendo. Esta modificación obliga al Gobierno a reformar en seis meses la Ley de la Carrera Militar en relación al sistema de ascensos.

La enmienda aprobada a IU-ICV señala textualmente que “el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que reforme la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que aborde el establecimiento de un periodo transitorio de aplicación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso a aquellos militares cuya trayectoria profesional haya quedado alterada como consecuencia de la no aplicación de la antigüedad”.

“Este régimen transitorio –se añade- permitirá que pasen a una escala en la que conservarán las características de carrera anteriormente vigente, hasta su pase a retiro”.

El Grupo Socialista se quedó solo votando en contra de esta enmienda -que afecta enormemente a la Ley de la Carrera Militar, en vigor desde enero de 2008 tras ser una de las últimas en aprobarse la pasada legislatura- y que fue apoyada esta mañana por el resto de grupos parlamentarios, con la abstención de CiU.

Llamazares justificó la presentación de esta enmienda en el marco del texto del proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares en el hecho de que esta norma que se tramita afecta a la Ley de la Carrera Militar “y a la vista de la situación negativa que se ha derivado de su aplicación y desarrollo parece necesario aprovechar la tramitación del proyecto para adoptar iniciativas legislativas que permitan la salvaguardia de derechos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas que han visto alterada su carrera y trayectoria profesionales, al no prever la Ley de la Carrera un régimen transitorio, perfectamente compatible, con el nuevo diseño de carrera militar”.

Hay que advertir como hecho importante que el Gobierno había vetado que se pudieran admitir a trámite en la fase previa a su debate en Comisión el resto de enmiendas que afectaban a la Ley de la Carrera Militar, dentro de su facultad de hacerlo para aquellas que considera que supondrían un incremento del gasto público. IU-ICV logró evitar este veto hasta lograr la aprobación de hoy.

Tras el debate de todas las enmiendas parciales, la Comisión de Defensa procedió a la votación del dictamen del proyecto de ley, que salió aprobado con el apoyo de PSOE y PP. Gaspar Llamazares se abstuvo en esta votación final ya que, pese a reconocer que se habían recogido algunas mejoras, considera que el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Militares “sigue teniendo un carácter restrictivo que hace que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan que renunciar importantes derechos como ciudadanos”.

Madrid, 12 de abril 2011

IU, junto a ICV y ERC, pidió a Bono en febrero que los viajes de los diputados “sean en Turista y no en Preferente como muestra de austeridad”

En la propuesta presentada se hacían también recomendaciones sobre el cobro de pensiones de los parlamentarios, para endurecer su régimen de incompatibilidades y para que haya mayor transparencia y publicidad de sus ingresos, bienes patrimoniales y rentas.

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, junto a ICV y ERC, con quienes forma grupo parlamentario, reclamaron el pasado mes de febrero a José Bono que “los viajes de los diputados sean en Turista y no en Preferente, como muestra de austeridad”. Desde entonces se lleva esperando una respuesta del presidente del Congreso en algún sentido.

Esta solicitud para conseguir una disminución en los gastos de la Cámara Baja se incluyó en el documento entregado a Bono el pasado 7 de febrero donde, además, se le planteaban otra serie de medidas sobre el cobro de pensiones por parte de los parlamentarios, para endurecer su régimen de incompatibilidades y para que haya mayor transparencia y dar mayor publicidad de los ingresos, bienes patrimoniales y rentas de los miembros del Congreso.

Entre otras cuestiones, se pedía “promover los cambios jurídicos necesarios para hacer públicos en el Boletín Oficial o en la página web los bienes patrimoniales, ingresos y rentas de los diputados”, así como “introducir la obligatoriedad de actualizar los datos anualmente, por ejemplo, incluyendo las declaraciones anuales de la renta personal”.

Pese a la celeridad de Bono para recibir estas peticiones, desde Izquierda Unida “no se entiende que hayan pasado exactamente dos meses desde que le fueron remitidas y no haya habido ninguna respuesta oficial ni se conozca que tramitación posterior se va a dar a las mismas”.

En relación al tema de los viajes de los parlamentarios, Izquierda Unida llevó a cabo su petición para reducir gasto conociendo que en la actualidad el Congreso tiene suscrito un convenio con compañías de transportes como Iberia desde hace una década para pagar los billetes de avión de los diputados a través de tarifas bonificadas, que hace que su coste en Preferente sea más barato que en Turista. Desde IU se entiende que “no debe suponer mayor problema renegociar este antiguo convenio para que al establecerse desde el principio que se viaje en Turista los gastos se reduzcan aún más, con el consiguiente y necesario ahorro de dinero público, que es el principal fin que buscamos con esta propuesta”.

Madrid, 7 de abril 2011

Llamazares denuncia que “se está haciendo un uso perverso de la crisis para debilitar el Estado del bienestar en temas como la Sanidad o las pensiones

El portavoz parlamentario de IU y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso desarrolló toda su jornada de trabajo matinal en Badajoz, donde impartió una conferencia en la Facultad de Medicina.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, ha denunciado hoy que “se está haciendo un uso perverso de la crisis económica de tal manera que se quieren debilitar los pilares del Estado del bienestar en España. De este ataque perverso no quedan al margen ni la Sanidad Pública ni el sistema de pensiones”.

Llamazares se encuentra hoy en Extremadura y estas declaraciones las realizó durante su jornada de trabajo de la mañana en Badajoz, donde ofreció una rueda de prensa e impartió una conferencia sobre ‘El futuro de la Sanidad Pública en el marco de la crisis’ en la Facultad de Medicina de esta ciudad. Por la tarde se desplazó a Almendralejo para participar en un acto de precampaña y presentar las candidaturas de IU-Extremadura en esta localidad.

El diputado de IU valoró que el sistema sanitario en nuestro país “no tiene ningún problema de viabilidad o sostenibilidad” y, como viene defendiendo de forma reiterada, insistió sobre su “indudable eficacia, ya que está entre los que mejor funcionan del mundo”. No obstante, advirtió sobre que “precisamente ahí está el riesgo; su éxito es su peligro. Es una perita en dulce para el ataque de la gestión privada”.

“Los que se han servido del Estado para salir de la crisis –detalló- buscan al calor de la crisis hacerse con sectores sociales muy importantes para obtener nuevos nichos de mercado, como la Sanidad o la Educación. Ahí está la verdadera voluntad del ataque al Estado del bienestar, con la excusa de la reducción del déficit determinados derechos universales se convierten en bienes de mercado”.

Gaspar Llamazares avisó también de los “recortes negativos” que ya ha sufrido el entorno sanitario, entre los que destacó los salarios de los profesionales de la Sanidad, que han supuesto recortar un 2,5 % el gasto sanitario público a nivel estatal, algo a lo que se deben añadir las “políticas de ajuste que han interpretado algunas comunidades autónomas”, hasta aumentar ese recorte en un 4 ó 5%.

A su vez, indicó que la disminución en la reposición de profesionales del sistema sanitario o de inversiones en gasto corriente “ha traído como consecuencia un posible deterioro del sistema que algunos quieren aprovechar ahora en su beneficio”.

El parlamentario de IU tachó de “interesados” los argumentos de quienes defienden las privatizaciones o el copago sanitario, porque “las experiencias de privatizaciones demuestran que son menos eficientes que el sistema sanitario público”. Además, sostuvo que la única parte del sistema ya con copago -el gasto farmacéutico- “es la más ineficiente. El copago es inequitativo y discrimina a la gente con enfermedades crónicas, peor accesibilidad al sistema o más baja renta”.

Llamazares recordó también que, a propuesta de Izquierda Unida, “está pendiente de aprobación el derecho universal a la salud, algo que está acordado dentro del Parlamento, algo que se lograría con un escaso presupuesto y cubriendo al conjunto de la población”.

Entrando en la parte propositiva, señaló que el sistema sanitario público necesita de modificaciones, pero que éstas deban pasar por “dar un mayor papel a la prevención y la promoción de la salud; a las enfermedades crónicas y las referidas a enfermos de patologías concretas. También por una reorientación del ineficiente gasto farmacéutico y tecnológico”, en el que tienen mucho que ver más que los beneficios sanitarios “las presiones de las compañías directamente interesadas”. Todo ello debe ir unido a “una mayor participación de los profesionales y los ciudadanos en la gestión del sistema”.

Badajoz, 5 de abril 2011