Rechazo de IU e ICV al Proyecto de Ley de Ciencia porque “no sólo no resuelve sino que profundiza en la precariedad de los investigadores”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró hoy en la Comisión de Ciencia e Innovación el rechazo que comparten IU e ICV en relación al Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que hoy se debatía para su aprobación definitiva en la Cámara Baja, dado que la comisión tiene, en este caso, competencia legislativa plena. Argumentó este rechazo, entre otras cuestiones, porque la ley “no sólo no resuelve sino que profundiza en la precariedad de los investigadores”.

Llamazares compartió tiempo con su compañero de ERC Francesc Canet, dada las diferentes valoraciones que sobre este texto manejan las dos componentes que forman el grupo parlamentario técnico de ERC-IU-ICV, tal y como tienen establecido desde principio de legislatura para casos similares.

Llamazares indicó que cuando este proyecto de ley entró en la Cámara “reconocimos, así lo hicimos en el debate de totalidad, aspectos positivos en el texto que deberían contribuir a incorporar la innovación tecnológica como elemento estratégico para la sociedad y para nuestro tejido empresarial”.

No obstante, especificó que pese a algunos avances alcanzados, la Ley de Ciencia tal y como está planteada “mantiene carencias muy importantes”, entre las que destacó el “no asegurar la carrera continuada del personal investigador ni la estabilidad en el sistema, no resolver el grave problema de precariedad existente en el sector, no contemplar la carrera para el conjunto del personal de investigación, mantener la dualidad de las dos agencias de financiación -una para investigación y otra para innovación-, o no disponer de una memoria económica que asegure la financiación”.

Gaspar Llamazares recordó que “pese a las enmiendas parciales que IU e ICV registramos en su momento para intentar corregir estas cuestiones, sólo se nos aceptaron y fueron transados algunos temas ‘menores’. Por tanto, entendemos que el grueso de las carencias del proyecto de ley continúan”.

“Pero aún más –apostilló-, la potencial incorporación de algunas transacciones con otros grupos empeora, en nuestra opinión, en buena medida el texto en determinados aspectos. En suma, como resultado de todo ello acabamos por tener una valoración muy negativa del proyecto.

Para detallar este planteamiento, Llamazares destaca que:

· Ésta será una ley que no soluciona los verdaderos problemas de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y en particular será una ley contra los trabajadores de la investigación:

· No reconoce al personal de la investigación en sus tres ramas (científicos, técnicos y personal de gestión) sino que continúa en la decimonónica concepción de que ciencia es igual a personal investigador.

· No se reconoce la carrera profesional para el personal técnico y de gestión, mientras que sí se recoge la ya existente para el personal científico. Como matiz importante, se eliminan las escalas propias del CSIC, que pasan a ser de OPIS y se mantiene la situación aberrante de que los Investigadores Titulares de OPIs, sea cual sea su nivel, se integran en la escala más baja, lo que es inaceptable.

· La única ventaja o ‘conquista’ es la eliminación de las becas (el sistema 2+2) en contratos de hasta cuatro años, pero sin mantener las condiciones y los derechos salariales actuales. De acuerdo con la ley, los contratados de primer año pueden cobrar el salario mínimo frente a los 1.100 euros actuales. La mayoría dirán: ‘¡con eso me quedo con la beca!’

· No se resuelve, sino que se profundiza, en el problema de la precariedad en el sector público de la investigación. Si ahora estamos en niveles del 40-45% de contratos precarios, con esta ley el personal investigador y técnico del sector público de la investigación podrá ser precario ad infinitum.

· La nueva disposición adicional vigesimotercera (Fruto de una transacción, entre otras, a la enmienda 304 del PP) implica que a todos los contratos temporales (todos los que se regulan en los artículos 19.2, 25.7 y 29 de esta Ley) no se le podrán aplicar los artículos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Se elimina, por tanto, la posibilidad de acceder a un contrato indefinido por encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo, la tan popular ‘ley Caldera’. Es una forma muy curiosa de reconocer la excelencia y la necesidad del cambio de modelo productivo a través de la I+D+i.

· El contrato de acceso sigue sin dar las garantías de estabilidad a posteriori exigidas tanto por los sindicatos como por los investigadores contratados, y la evaluación positiva será solo un mérito para el acceso a las plazas de personal laboral fijo, perdiendo las mínimas ‘garantías’ que tienen los actuales contratos Ramón y Cajal.

· Las enmiendas de CIU se enfocan en particular a poner a los centros de investigación y las universidades al servicio directo de las empresas. El perverso concepto de ‘transferencia inversa’ es lo que todos entendemos que es: serán las grandes empresas las que decidan los objetivos en los que deberán trabajar los investigadores del sector público. Y será gratis.

Madrid, 16 de marzo 2011

Llamazares cambia su pregunta para la Sesión de Control al Gobierno e interrogará a Sebastián sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha cambiado la pregunta que tenía registrada para la Sesión de Control al Gobierno que se celebrará el próximo miércoles en el Congreso y ha registrado hoy la siguiente: “¿Cuáles son las lecciones que el Gobierno extrae del accidente nuclear en Japón para la seguridad de las centrales españolas?”.

Esta pregunta va dirigida al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Madrid, 14 de marzo 2011

Llamazares insta en el libro ‘La izquierda frente a la privatización de la sanidad’ a hacer frente al “proceso de mercantilización” que vive el sector

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y portavoz parlamentario de IU presentó en la Cámara Baja la obra que ha coordinado junto al secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle; la presidenta de Dempeus, Ángels Martínez Castells, y Juan Ramón Laporte, catedrático de Farmacia de la Autónoma.

El presidente de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso y portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, presentó en la Cámara Baja el libro ‘La izquierda frente a la privatización de la Sanidad’ que ha coordinado y del que es coautor. Explicó que se trata de una obra que denuncia el “proceso de mercantilización” que vive la Sanidad española y ofrece fórmulas para frenar los recortes y hacer que el Sistema Nacional de Salud (SNS) deje de ser “una perita en dulce” para el sector privado.

Llamazares estuvo acompañado en su presentación por el secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle; la presidenta de Dempeus, Ángels Martínez Castells, y Juan Ramón Laporte, catedrático de Farmacia de la Autónoma y miembro del consejo asesor de farmacia del Hospital Valle de Hebrón.

El diputado de IU consideró que es prioritario abordar la reorientación del sistema sanitario y transformar el actual modelo asistencial “medicamentalizado” en un sistema basado en la atención primaria y en los condicionantes de salud con el fin de garantizar su sostenibilidad y eficiencia.

Gaspar Llamazares entiende que el libro es “un texto muy oportuno” ante las “amenazas” que se ciernen sobre el modelo derivadas “de la crisis y la utilización de esta situación contra el Estado del bienestar y la Sanidad pública”.

Explicó que hasta ahora el sistema ha demostrado ser eficaz y ha sido uno de los que mejores resultados ha obtenido a nivel internacional, pero se ha llegado a “esa mercantilización del modelo y a un crecimiento de la privatización de la Sanidad en la última década, que lo está haciendo peligrar”.

Una privatización que se está dando, en primer lugar, dentro de la propia Sanidad pública -advirtió-, con transferencias a la atención privada mediante, por ejemplo, los conciertos. Prueba de ello es que en los últimos 10 años sólo ha crecido el sistema privado frente al PIB y, dentro del sistema público, los servicios transferidos al privado. De hecho, Llamazares señaló que “los ciudadanos destinan ya el 8 por ciento de su salario a comprar sanidad” y los pacientes están ahora a caballo entre ser “clientes y consumidores” dentro del SNS.

También desde su visión como médico, Llamazares mostró su convencimiento de que existen márgenes para que la Sanidad pública sea mucho más eficaz, para lo que es necesario “organizar mucho mejor la política farmacéutica y tecnológica, con el fin de superar esos parámetros tan brutales de ineficiencia”.

El libro presentado adopta una postura firme en contra de la alternativa privatizadora que se plantea desde diversos ámbitos y pone sobre la mesa propuestas para la perdurabilidad del sistema, como el incremento de la financiación para abordar los cambios necesarios, o eliminar la duplicidad de modelos (Muface).

A su juicio, con los recientes recortes aplicados a los sueldos de los profesionales sanitarios, fruto “de la salida autoritaria de la crisis que pretende el Gobierno”, el SNS ha pasado de la “placidez” que daba ser referente mundial en eficacia, coste-efectividad y opinión de los ciudadanos, a “un estado de shock”.

“Este libro quiere ser un llamamiento al debate, quiere que los ciudadanos y los profesionales de la Sanidad no se resignen o se frustren frente a la privatización del sistema y la mercantilización que quieren hacer, sino que pasen a la acción”, afirmó.

Gaspar Llamazares consideró que hay “margen para enfrentar los retos que debe encarar el SNS”, como sus problemas de coordinación entre comunidades autónomas, que requieren un cambio de modelo y una planificación compartida.

Madrid, 11 de marzo 2011

Llamazares advierte de que "no corren buenos tiempos para los derechos de los trabajadores" y rechaza la intermediación laboral privada

IU-ICV se abstienen en la convalidación en el Congreso del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo que sólo respaldan PSOE y CiU, y apoya que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas que lo mejoren.

Intervención íntegra de Gaspar Llamazares ante el Pleno del Congreso

El Congreso convalidó hoy el Real Decreto-ley con la reforma de las políticas activas de empleo. Sólo los grupos parlamentarios del PSOE y CiU apoyaron su convalidación mientras que IU-ICV, junto a los diputados de ERC con los que comparte grupo parlamentario, además del PNV y PP se abstuvieron, aunque por motivos bien distintos en relación a las formaciones de la derecha.

Tanto Gaspar Llamazares como Nuria Buenaventura respaldaron con posterioridad que esta iniciativa deba ser tramitada como proyecto de ley, lo que permitirá que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas y mejorar así el texto.

Intervención íntegra ante el Pleno del Congreso del portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares

Señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no va a apoyar esta iniciativa, al igual que tampoco va a obstruirla. Nos vamos a abstener, porque si bien valoramos la importancia de las políticas activas, que además tienen buena prensa por sus propios términos -activo frente a pasivo-, aunque habría que hablar mucho de ellas en este momento, en el momento de grave desempleo en nuestro país y de estancamiento económico, sin embargo somos escépticos con respecto al marco en que se desarrollan estas políticas activas.

Es decir, valoramos los contenidos acordados en el decreto con los agentes sociales, sin embargo somos muy escépticos con respecto a cómo pueden intervenir, cómo pueden favorecer el empleo en un contexto tan negativo como el que vive nuestro país, sobre todo en el contexto de políticas económicas que en nuestra opinión, con el recorte de la iniciativa pública y con las políticas de privatizaciones, van en contra precisamente de la creación de empleo y de la creación de empleo de calidad. Por lo tanto, una gota de agua en un desierto.

En cuanto a las propuestas que hace el Gobierno en esta iniciativa, valoramos sobre todo que se establezca, como se ha dicho, el derecho a los servicios públicos de empleo, es decir, el derecho de los trabajadores a estas políticas activas, a estas políticas de formación; por otra parte, valoramos la atención personalizada frente a una atención burocrática, y, por otro lado, también tenemos en cuenta que el plan anual es conciliable con las competencias de las comunidades autónomas, es decir, que se convierte en un hecho el principio de cooperación también en esta materia.

Por eso no podemos mostrar disconformidad con los acuerdos que han tenido lugar en el marco del acuerdo social y con la propuesta del Gobierno. Sin embargo, tenemos que plantear nuestro escepticismo y nuestra discrepancia con respecto, por ejemplo, a la denominada colaboración público-privada. Teniendo en cuenta el marco general en el que nos encontramos, nos da la impresión de que es aquello de la ‘socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios’. Es decir, que esa colaboración público-privada puede terminar con un sector público encargado de lo no rentable y con un sector privado, en este caso floreciente en la intermediación laboral, encargado de lo más rentable. No compartimos esa colaboración, que es una colaboración asimétrica y que significa una discriminación de los intereses generales y de lo público.

Tampoco compartimos, señorías, la financiación de este programa, porque en los Presupuestos para este año ha sido recortado por parte del Gobierno y, además, si nos comparamos -lo ha hecho otro grupo parlamentario- con nuestro marco europeo, buena parte de estos programas van orientados a las bonificaciones y la parte orientada a las políticas personales, a las políticas de formación y de itinerarios; es una política financiera minoritaria, débil y, por tanto, incapaz de favorecer la recuperación económica y la empleabilidad o el empleo de los trabajadores.

Señorías, decía que soy escéptico. Izquierda Unida e Iniciativa somos escépticos porque este es un mal día para los trabajadores y para los ciudadanos de este país. Todos habremos visto la campaña que se ha iniciado ante el anuncio de los trabajadores de AENA de una posible huelga, la campaña antisindical y contra el derecho de huelga, que se generaliza en nuestro país y que, en definitiva, es una campaña contra los derechos de los trabajadores. No corren buenos tiempos para los derechos de los trabajadores. Sobre todo es un mal día, señorías, porque se consagrará con la votación del decreto anterior la privatización de las cajas de ahorros.

Señorías, la tercera hora de las privatizaciones ha llegado. Primero privatizamos el sector público de la economía, luego el sector servicios y ahora el sector financiero. Señorías, cuando empiezan los prejuicios sobre la política terminan también los prejuicios sobre lo público y se acaban los intereses generales en la economía y también en las finanzas. Desgraciadamente esto lo hace un Gobierno que dice ser de la izquierda. Muchas gracias.

Madrid, 10 de marzo 2011

IU presenta una iniciativa para abaratar el servicio público de los Registros de la Propiedad y regular el sistema retributivo de los registradores

Esta proposición no de ley es la más completa presentada nunca en la Cámara por un grupo parlamentario y cuya puesta en marcha supondría un cambio radical en el funcionamiento de los Registros en beneficio de los ciudadanos.

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso de los Diputados junto a ICV una proposición no de ley con la que se pretende abaratar el servicio público que prestan a los ciudadanos los Registros de la Propiedad y Mercantiles, además de regular el sistema retributivo de los registradores.

Para ello, en su parte propositiva, se reclama “revisar, actualizar y ajustar los aranceles que perciben los Registros de la Propiedad y Mercantiles”, a fin de adaptarse a lo que marca la Ley de Tasas y Precios Públicos, “que impone el principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos, de suerte que exista una exacta equivalencia entre los ingresos percibidos por tales aranceles y los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, los costes de personal y la retribución del titular registrador”.

La proposición de IU-ICV insta también al Gobierno a “adoptar las medidas oportunas para que cese la comercialización de datos del Estado a través de la web llamada del CORPME, acordando la gratuidad al acceso cuando la solicitud proviene de cualquier funcionario, administración o autoridad competente, así como cuando es solicitada por el titular registral (Ley de Acceso de los Ciudadanos a sus datos obrantes en los archivos)”.

“Igualmente –se añade-, las notas de información registral emitidas a través de la web ww.corpme.es deberán ser firmadas con firma electrónica reconocida del registrador de la propiedad para evitar que los registradores descarguen su trabajo, competencia y responsabilidad en sus empleados, tal y como exige el artículo 222 bis 6 de la Ley Hipotecaria”.

Esta iniciativa –la más completa presentada nunca en la Cámara por un grupo parlamentario y cuya puesta en marcha supondría un cambio radical en el funcionamiento de los registros en beneficio de los ciudadanos- recuerda en su Exposición de Motivos que “contrariamente a lo que ocurre en el resto de la Unión Europea, en España la estructura económica del sistema registral genera una situación en la que los registradores de la propiedad cobran directamente a los usuarios (ciudadanos, empresas, Juzgados y Administraciones Públicas) por ejercer una función pública que se reparte mediante exclusivas territoriales. Al no existir competencia, el ciudadano está cautivo y el colectivo registral se comporta, a través del Colegio Oficial oportuno, como un lobby destinado a defender un estatus privilegiado”.

“El singular sistema retributivo de los registradores de la Propiedad y Mercantiles en España –se indica-, constituye un privilegio no justificado”. Resulta injustificado “porque los registradores son funcionarios públicos que gestionan y ejercitan en monopolio un genuino, esencial y necesario servicio público y, sin embargo, no perciben sus retribuciones del Estado; no parece justificado este diferente trato respecto al resto de funcionarios públicos y, particularmente, de otros altos cuerpos que desarrollan importantes funciones de orden jurídico, tales como las que desempeñan abogados del Estado o los jueces y magistrados u otros funcionarios encargados de otros registros públicos de igual o mayor complejidad que el Registro de la Propiedad o Mercantil (registro civil, oficina de patentes y marcas....). Esta situación resulta insólita en el entorno de países desarrollados puesto que en todo el ámbito europeo están prohibidas las “rentas de monopolio” y ningún cuerpo funcionarial incumple esa prohibición”.

En relación a este extremo, la proposición recoge una batería de propuestas muy concretas que repercutirán de forma favorable en la factura que se cobra a los particulares y empresas que usan los servicios de los registros. Así, se reclama al Ejecutivo central que dicte “instrucciones o las resoluciones oportunas dirigidas a los registradores de la propiedad mediante las que:

a) se les solicite la remisión de las facturas giradas por las notas de información registral por Internet, controlando el cobro de cantidades superiores a las fijadas por Real Decreto y requiriendo, en su caso, la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.

b) se ordene el cese del cobro sin apoyo arancelario de cantidades que exceden de lo permitido para asiento de presentación cuando se efectúa desde la Notaría una presentación telemática, requiriendo la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.

c) se ordene el cese del cobro del arancel sin aplicar la reducción legal arancelaria del 90 por ciento establecido para las cancelaciones de hipoteca, cumpliendo lo ordenado en las Resoluciones de la DGRN y en las sentencias judiciales, requiriendo la devolución de las cantidades que hayan cobrado por encima de las legales.

d) se ordene el cese del cobro de cantidades extraarancelarias y de conceptos arancelarios inexistentes en relación con servicios no solicitados por los ciudadanos, por dictámenes tales como servicios de bases gráficas privadas no catastrales, por validaciones inexistentes y por notas informativas no instadas por nadie”.

Además, de las medidas dirigidas al “difícil control de los posibles abusos arancelarios, existen otras claras situaciones que requieren una actuación urgente por parte de esta Cámara, de la Administración, y, en su caso, de la Fiscalía Anticorrupción, ante la presunta existencia de distintas irregularidades”, por lo que se insta también a:

Abrir una investigación sobre:

· la legalidad de la ampliación de capital de la sociedad IICRE,SL,

· la legalidad de la forma de adquisición de la sede de los Registros de Madrid en la Calle Alcalá 540,

· la intervención del GRUPO CARLYLE,

· la existencia o no de expediente en el Ministerio de Justicia que haya valorado, en el traslado del Registro, los intereses de los usuarios del servicio público registral.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY REGISTRADA

Madrid, 7 de marzo 2011

Llamazares: "El tópico de que los colegios de médicos son conservadores hay que pasarlo al baúl de los recuerdos"

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, participó el lunes 28 de febrero en un ciclo de conferencias organizado por el Colegio de Médicos de Valladolid, en el que se sintió “muy bien tratado” como aseguraba posteriormente en una entrevista concedida a Radio Nacional y en la que recordaba con agrado su participación en la entidad colegial vallisoletana donde tuvo oportunidad, como reconoció, de comprobar “que la etiqueta de conservadores que se les atribuye a los Colegios de Médicos es un mero tópico a desterrar”. Llamazares expuso, en su ponencia, su visión sobre la situación actual del SNS, ofreció su particular análisis sobre los problemas que afronta y habló de sus principales retos.

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, fue invitado por el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, el doctor José Antonio Otero, a participar, el pasado 28 de febrero, en un ciclo de conferencias que la entidad colegial ha organizado con expertos del ámbito sanitario para ofrecer a sus colegiados información y reflexiones de primera mano en lo concerniente a la profesión médica y al sistema sanitario en general.

Llamazares que, posteriormente, reconocía en una entrevista concedida a RNE el buen trato recibido en dicho Colegio motivándole, incluso, a pronunciar que “el tópico de que los Colegios de Médicos son conservadores hay que pasarlo al baúl de los recuerdos”, expuso su visión sobre la situación actual del SNS, ofreció su particular análisis sobre los problemas que afronta y habló de sus principales retos.

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso defendió la pervivencia del actual sistema sanitario público, ya que aseguró que es “sólido y sostenible porque es uno de los más eficaces y eficientes del mundo como indican todos los informes internacionales”. “Es uno de los mejores del mundo no sólo por sus resultados en salud, sino por su eficiencia, por los resultados que obtiene a un bajo coste”, tal como remarcó.

De ahí que le resulte incomprensible, como destacó, el ataque al que se asiste contra el Estado del bienestar y contra dicho sistema, y es que como lamentó, al respecto, “se esté aprovechando, oportunistamente, la crisis económica para, de manera injusta, cuestionar el estado de bienestar y en concreto la Sanidad Pública”.

Durante su intervención, se extendió en lo que había sido el Estado de bienestar en sus orígenes y en su devaluación, que se lleva arrastrando desde los años 80 “a consecuencia de las políticas neoliberales”, y distinguió entre la situación de distintos estados de bienestar en el mundo, situando al nuestro en “segunda división”, por debajo de los estados de bienestar nórdicos y por encima de los estados de bienestar liberales o heredados de las dictaduras.

“El nuestro se encontraría en un intermedio, procedemos de una dictadura, en el sentido de que mantenemos rasgos corporativos, pero, al mismo tiempo, tenemos un Estado de bienestar que ha ido incorporando dos piezas fundamentales como son la Sanidad pública y las pensiones públicas”, según recordó.

A partir de ahí, se refirió a los problemas reales del SNS que, bajo su punto de vista, no son ni el copago al que considera un “fetiche que se utiliza continuamente para encubrir los intereses privatizadores”, ni tampoco es la gestión privada “que encubre también la voluntad de quedarse con una parte del pastel, privatizando el sistema, basados en el amiguismo, en tratar de beneficiar a algunas personas”. En este sentido, consideró que “un hospital público cuesta cuatro veces menos que uno concertado y que en los primeros el coste por cama es la mitad que en los segundos”.

Con respecto a los principales retos que, a su juicio, tiene por delante el sistema de salud, se centró, principalmente, en tres. Uno de ellos es la gobernabilidad del sistema o cómo dirigir de una manera descentralizada el Sistema Nacional de Salud y cómo modificar en ese sentido las tareas y el funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud.

Un segundo elemento sería la mejora de la financiación del sistema, insistiendo en su actual escasa financiación, y enfocar dicha mejora a determinadas prioridades, “no para financiar en conjunto el sistema sino prioridades que tengan que ver con la reorientación del sistema sanitario y también con la equidad”, lo que, a su juicio, supone el gran reto del sistema en estos momento.

En tercer lugar citó la reorientación del propio sistema desde una atención a pacientes agudos a otra centrada en los crónicos y desde un servicio fundamentalmente asistencial a una atención integral donde se incluya también la prevención y promoción de la salud.

En otro momento de su intervención, habló de la importancia que tiene como valor intangible la cultura profesional, de la que forman parte los Colegios profesionales, y la cultura de servicio público, “que es algo a cuidar y a mimar” y, es por ello por lo que debería incorporarse a los retos del futuro la participación de los profesionales en el sistema de salud y también la participación de los ciudadanos no sólo como pacientes. “Estos dos tipos de cultura son dos elementos intangibles pero esenciales de los sistemas nacionales de salud”, tal como remarcó.

Valladolid, 2 de marzo 2011 (medicosypacientes.com)

Llamazares ‘apadrinó’ a la candidatura hellinera de IU

Tanto el candidato local, como el regional y el ex coordinador federal animaron a no aceptar el bipartidismo como única opción.

En el salón de CCM se presentó el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía, Francisco Javier Morcillo Clavijo. El diputado nacional Gaspar Llamazares se desplazó a Hellín para arropar la candidatura de Morcillo, acompañado desde Albacete del candidato a la presidencia de la región Daniel Martínez y la candidata al Ayuntamiento de Albacete, Victoria Delicado.

Daniel Martínez elogió a Morcillo; también el propio candidato se dirigió a los asistentes para pedir el voto para su coalición, explicando la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Hellín. Incidió en la importancia que tiene una experiencia como concejal de ocho años para seguir trabajando con garantías, y para sacar adelante el consistorio local, a pesar d la fuerte deuda que tiene.

Gaspar Llamazares centró su intervención para hablar de la situación nacional, criticando la forma de gobernar de José Luis Rodríguez Zapatero y la forma de hacer oposición del PP. En relación con la campaña electoral recordó a los ciudadanos que estas elecciones “no son generales como quieren hacernos ver desde los dos partidos mayoritarios” y pidió a los hellineros que acudan a las urnas el próximo 22 de Mayo.

Morcillo aseguraba que “éstas van a ser las elecciones de IU porque las políticas de recortes del Gobierno de Zapatero han afectado de manera muy negativa al municipio que cuenta con una tasa de desempleo del 30 por ciento” y que “la reforma laboral ha atacado los derechos de los más débiles y les ha dejado en la calle”.

Daniel Martínez apostaba por el mantenimiento de las políticas sociales, algo que, en su opinión “se está dejando de hacer y está provocando que Castilla-La Mancha entre en una situación límite”.

Añadía el coordinador regional que “el Ejecutivo regional se va a gastar 160 millones de euros menos en servicios tan importantes como la sanidad, la educación o las inversiones”.

Emilio Sánchez / laverdad.es / Hellín (Albacete) 26 de febrero 2011