Llamazares califica de "vergüenza sin paliativos" que se rebaje de 426 a 350 euros al mes el dinero para parados que agotaron todas sus prestaciones

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha calificado hoy de “vergüenza sin paliativos” que el Gobierno decidiera eliminar la prestación de 426 euros para los parados que han agotado todas sus prestaciones y pretenda cambiarla a partir de febrero por 350 euros mensuales para asistir a cursos de formación.

Llamazares estuvo esta mañana en León para participar en el Foro periodístico Quevedo con representantes de los medios de comunicación leoneses. Con posterioridad al encuentro recordó que la prestación de 426 euros se debió a una iniciativa parlamentaria que IU-ICV sacó adelante el año pasado y que luego se consiguió prolongar por otros seis meses. Valoró que lo que debe hacer el Ejecutivo socialista si tiene una mínima sensibilidad con los desempleados es “cumplir con lo acordado con la izquierda parlamentaria y mantener los 426 euros, una cantidad ya lo suficientemente baja como para andarse con ‘rebajas’, aunque sea el tiempo de ellas, que a los mercados que tanto le preocupan a Rodríguez Zapatero les va a provocar la risa”.

A su juicio, el publicitar ahora esta nueva medida en medio de las negociaciones con los agentes sociales para alcanzar un pacto, “además de la filtración sobre alargar la vida de la central nuclear de Garoña, que al final nadie sabe quien la hizo, yo desde luego no, o soltar ‘perlitas generosas’ como que acepta que para tener la pensión máxima rebaja su propuesta inicial de trabajar nada más y nada menos que 41 años y lo deja en 39 –ahora son 35- sólo busca poner palos en las ruedas y colocar a los sindicatos a los pies de los caballos para liarles”.

Gaspar Llamazares adelantó que Izquierda Unida “tratará en el Congreso hasta el último momento de que los 426 euros para los parados no pasen a la historia. Presentaremos las iniciativas parlamentarias que hagan falta para ello”.

“Y la semana que viene –dijo- veremos cómo respiran PSOE y PP sobre este tema y lo compararemos con los que opinen sus diputados sobre nuestra iniciativa que se verá en el Pleno de recortar la pensión vitalicia de los ex presidentes del Gobierno. Sabemos que no es comparable 426 euros al mes con cerca de 80.000 euros al año para González y Aznar, y claro que no se puede comparar, pero quizás es ahí donde está la cuestión y ya es hora de que se empiece a ver”.

León, 21 de enero 2011

Llamazares lleva al Pleno la proposición de ley de IU-ICV para endurecer las incompatibilidades de ex presidentes del Gobierno y cargos públicos

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, logró hoy en la Junta de Portavoces que el Pleno del Congreso tenga que discutir el próximo martes día 25 una proposición de ley de carácter orgánico elaborada por IU-ICV que busca endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos. La propuesta dedica una parte especial a los ex presidentes del Gobierno para que se sustituya la pensión vitalicia de la que disfrutan actualmente por una indemnización similar a la de otros altos cargos, nunca superior a los dos años e incompatible con el trabajo en el sector privado.

Esta iniciativa fue registrada por IU-ICV, a través del Grupo Parlamentario que comparten con ERC, en noviembre de 2008 y admitida a trámite por la Mesa de la Cámara concretamente el día 10 de ese mismo mes. El retraso en su debate se debe simplemente al hecho de que, al tratarse de una proposición de ley de carácter orgánico, IU-ICV sólo pueden presentar una iniciativa de estas características al año, con lo que es muy posible que esta sea la última que les corresponde esta legislatura.

IU-ICV demuestran así que fueron pioneros en tratar de regular algo tan importante para la opinión pública como las incompatibilidades de altos cargos. Este tema está hoy de plena actualidad, sobre todo tras conocerse hace unos días los polémicos ‘fichajes’ de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar por parte de dos grandes compañías energéticas.

Los dos ex jefes de sucesivos gobiernos de PP y PSOE percibirán altísimas remuneraciones privadas -Aznar como asesor externo de Endesa y González al entrar en el Consejo de Administración de Gas Natural-Fenosa- compatibles con sus pensiones vitalicias de más de 80.000 euros a las que ya han asegurado que no piensan renunciar.

Gaspar Llamazares indicó hoy en rueda de prensa tras la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que “el sistema de incompatibilidades necesita de una clara actualización y mejora, aunque sea austero y transparente”. El diputado de IU insistió en que lo principal es “despejar cualquier duda y evitar duplicidades en las que se puede confundir lo público con lo privado”.

Llamazares está de acuerdo en que los ex presidentes mantengan “una dignidad económica” cuando abandonen su cargo “pero no de carácter vitalicio y menos compatible con otras percepciones procedentes de la empresa privada. Si se hace de otra manera se puede crear alarma social ya que los ciudadanos ven que hay una confusión entre lo público y lo privado”.

El portavoz parlamentario de IU ya valoró la semana pasada que para interpretar los ‘fichajes’ de Aznar y González hay que tener muy en cuenta que ambos “tuvieron mucho que ver desde sus importantes cargos públicos con el rosario de privatizaciones que enajenaron el patrimonio público, a veces en condiciones muy oscuras. Tras ese pasado, su incursión ahora en el sector privado energético es éticamente reprobable”.

Llamazares consideró que estas grandes compañías “fichan a estos políticos por su nombre y por sus agendas de contactos, se supone que bien surtidas, y parece bastante claro que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos tratos de favor para el futuro”.

El dirigente de IU insistió en que, pese a no negar la “legalidad técnica” de ambos ‘fichajes’ “otra cosa es dónde queda su ética política y, lo que es más importante, el flaco favor que hacen a la imagen de la política en España, ya bastante deteriorada por las actuaciones de algunos y la falta de respuesta que se dan desde sus partidos”.

Madrid, 19 de enero 2011

Llamazares pide la comparecencia de Chacón e interroga al Gobierno sobre la próxima caducidad del Convenio de Defensa con EE.UU.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Carme Chacón, “para que explique la posición del Gobierno ante la expiración de la vigencia del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos el 12 de febrero”. Del mismo modo, Llamazares también ha registrado una pregunta escrita al Ejecutivo con el fin de que aclare “si piensa revisar algún punto” de este convenio y, entre otras cuestiones, si piensa garantizar que “al igual que las Fuerzas Armadas españolas para realizar misiones en el extranjero deben contar con el consentimiento del Gobierno, la autorización del Congreso de los Diputados y atenerse al Derecho Internacional, de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional, las fuerzas armadas estadounidenses cumplan estos mismos criterios en el uso de las bases españolas de utilización conjunta”.

Ambas iniciativas parlamentarias parten del hecho de que la vigencia del actual Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos de 1 de diciembre de 1988, Anejos y Canjes de Notas, revisado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002, expira el 12 de febrero de 2011, prorrogándose automáticamente por periodos de un año, salvo decisión expresa de una de las partes.

Llamazares valora que “el Protocolo de enmienda firmado en 2002 por el Gobierno Aznar significó una clara involución en la relación hispano-norteamericana. Desde entonces hay un mayor desequilibrio en favor de los Estados Unidos, que no garantizan ninguna cláusula de defensa mutua, y un anacronismo en relación a los intereses de España, la seguridad de la población y el ejercicio de la soberanía del Estado español, por cuanto otorga un cheque en blanco a los servicios estadounidenses de inteligencia para actuar como les plazca en territorio español”.

Gaspar Llamazares destaca la inexistencia de “la menor garantía de que las infraestructuras de nuestras bases de Rota y Morón se beneficien de fondos del Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN. De otra parte, resulta incoherente que el Gobierno español consienta que Estados Unidos utilice nuestro territorio para realizar misiones que las propias Fuerzas Armadas españolas no están autorizadas a desarrollar por entrar en contradicción con la Ley de Defensa Nacional, no amparadas por la legalidad internacional”.

Señala también que “el Convenio no establece límites geográficos a las operaciones que puedan apoyarse, como hacen otros convenios bilaterales estadounidenses. Por ejemplo, el Tratado de Seguridad con Australia y Nueva Zelanda, al igual que los Tratados con Filipinas y Corea, señalan que la zona de interés común es el área del Pacífico. El Tratado con Japón se limita al Lejano Oriente y los acuerdos sobre facilidades en varios países de la OTAN se concretan exclusivamente en el área OTAN”.

Por todo ello, entre las cuestiones por las que interroga Llamazares está también saber si “¿Se propone el Gobierno proponer la modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para garantizar que las bases militares y otras instalaciones españolas no sean utilizadas para facilitar violaciones de derechos humanos tales como entregas extraordinarias, detenciones secretas o traslados ilegales; e incluir mecanismos de control efectivos sobre las actividades de aeronaves y personal estadounidense en territorio español?

“¿Se propone el Gobierno proponer la supresión o la modificación del Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002, con el fin de garantizar los derechos y libertades en nuestro país y el control judicial de la actividad de los servicios estadounidenses de inteligencia?”, es otro de los interrogantes que trata de despejar el portavoz parlamentario de IU.

Madrid, 18 de enero 2011

El Gobierno excluye de los Presupuestos Generales 2011 el pacto alcanzado con IU para considerar familia numerosa a las monoparentales con dos hijos

Gaspar Llamazares tacha de “muy grave” este hecho y anuncia que exigirá explicaciones al Ejecutivo por romper un acuerdo y sacarlo del texto de los PGE después de que estuviera plasmado en los de 2008, 2009 y 2010, y los socialistas se negaran a cumplirlo durante tres años seguidos.

El Gobierno ha dejado fuera del texto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2011 el pacto alcanzado con IU-ICV para que las familias monoparentales con dos o más hijos sean consideradas familias numerosas y disfruten de los mismos beneficios ya reconocidos a este colectivo. Se da la circunstancia de que este mismo acuerdo ya fue incluido como una disposición adicional en los Presupuestos Generales de 2008, 2009 y 2010, aunque luego el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se negó a ponerlo en práctica durante esos tres años seguidos. Ahora, ha optado por excluirlo de la redacción de los PGE que entraron en vigor el pasado 1 de enero.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, impulsor de esta medida ya en las negociaciones mantenidas en 2007 para los Presupuestos del año siguiente –la enmienda presentada por esta formación fue aprobada entonces por primera vez y recogida en los PGE de 2008 como disposición adicional septuagésima- considera “muy grave lo que ha ocurrido”.

“Tras tres años de incumplimientos por parte del Ejecutivo socialista de una demanda muy importante para las familias monoparentales, conseguimos el compromiso de que 2011 sería el año definitivo para la entrada en vigor. Ahora hemos descubierto que este acuerdo ha sido escamoteado en el texto de los Presupuestos, lo que va a suponer que se esfumen las esperanzas que muchas familias, más ahora en tiempos de graves crisis económica, tenían puestas en esta medida que siempre ha defendido Izquierda Unida”, afirma.

La batalla de IU por las familias monoparentales arrancó en 2007 cuando una reforma en materia de Seguridad Social incluyó que se ampliara la consideración de familia numerosa a las personas viudas con dos hijos. “Consideramos entonces –afirma Llamazares- que las familias monoparentales debían tener esos mismos derechos y reconocimiento y nos pusimos manos a la obra”.

Tras presentar una enmienda a los sucesivos Presupuestos y lograr que se aprobara en los de 2008, 2009 y 2010 Gaspar Llamazares señala que “vimos con estupor tres años seguidos que el Gobierno socialista no tenía ninguna intención de aplicarla, pese a presumir de forma reiterada de sus políticas sociales. Además, no nos daban ninguna explicación de los motivos por lo que lo hacían”.

Llamazares señala que “vamos a exigir todas las explicaciones oportunas al Gobierno por lo que ha pasado y esperamos que la ministra Pajín, de quien dependen estas políticas, tengo algo interesante que decir y alguna respuesta directa que ofrecer a las miles de familias monoparentales que lo van a tener mucho más duro ahora”.

El pasado mes de noviembre de 2010, IU-ICV de nuevo negoció y consiguió que se aprobara por cuarta vez una enmienda en la que se señalaba que “el Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima de la Ley de PGE para el año 2008 y a la disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley de PGE para el año 2009, llevando a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa”.

Izquierda Unida hizo público este acuerdo a través de una nota de prensa fechada el 4 de noviembre del año pasado. Días después, el 15 de noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista -a través de su Boletín Informativo semanal que reparte a los medios en el Congreso- hacía lo propio y señalaba, excluyendo nombrar al autor original de la iniciativa, que “el PSOE ha pactado la consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo”. El Grupo Socialista situaba esta medida dentro de unos Presupuestos Generales para 2011 que calificaba “con responsabilidad social” y aseguraba que “pese a la austeridad a la que obliga el compromiso de reducción del déficit público al 6% las cuentas públicas arrojan una apuesta poderosa por la cohesión social”.

Madrid, 16 de enero 2011

Llamazares desmiente que el Gobierno haya mantenido algún contacto hasta ahora acerca de la negociación con los agentes sociales sobre las pensiones

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, desmiente que “algún miembro del Gobierno se haya puesto en contacto con nosotros por los distintos canales habituales que son de sobra conocidos por Moncloa para ponernos al día o tratar cualquier asunto relacionado con la negociación que se lleva a cabo con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones”.

Llamazares sale así al paso de las declaraciones efectuadas hoy por el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros donde aseguró que sobre este asunto desde el Gobierno se ha contactado ya con todas las fuerzas políticas. “Entendemos –afirma Llamazares- la necesidad de discreción en todo lo que tiene que ver con estos temas para que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores y a los futuros pensionistas. Pero esta discreción no puede ir acompañada de afirmaciones en las que se falta a la verdad y en las que se pretende involucrar a otras fuerzas políticas, a no ser que con ello se busquen unos objetivos que nosotros desconocemos y de los que somos completamente ajenos”.

El portavoz parlamentario de IU reconoce que recibió una llamada telefónica proveniente de fuentes de Interior el pasado lunes -el mismo día en que ETA hizo público su comunicado en el que anunciaba el alto el fuego-, y que el contacto no se pudo concretar finalmente por imposibilidad de ambas partes. “Como también se ha asegurado hoy en la rueda de prensa de Moncloa, esperamos estar entre las formaciones a las que el vicepresidente y ministro del Interior acabe de informar este fin de semana sobre todo lo relativo a la lucha antiterrorista. Con ello cumpliría su obligación en relación a este delicado asunto dada la responsabilidad que ocupa, aunque se lo agradecemos igualmente”.

Madrid, 14 de enero 2011

Llamazares pide la comparecencia urgente del nuevo secretario de Energía, a quien Nuclenor encargó un informe para que no se cierre Garoña

Fabrizio Hernández Pampaloni, nombrado el pasado día 7, debe declarar mañana día 14 como perito en la Audiencia Nacional en contra de los intereses del Estado, según la documentación en poder de IU.

En base a todos estos datos, el portavoz parlamentario exige explicaciones escritas al Gobierno y le reclama que remita al Congreso un dictamen de Administraciones Públicas sobre la posible incompatibilidad de este nombramiento.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy la petición de comparecencia urgente ante la Comisión de Industria del recién nombrado secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández Pampaloni, para que explique su relación directa y la posición que tiene el Gobierno sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional por la empresa Nuclenor S.A. para resarcirse de las supuestas pérdidas que le ocasionará el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013.

Se da la circunstancia, según la documentación que obra en poder de Izquierda Unida, que Hernández Pampaloni –designado nuevo secretario de Estado de Energía por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y nombrado en el Consejo de Ministros del pasado día 7 de enero- es el perito elegido por Nuclenor para avalar sus tesis en contra del Estado ante la Audiencia Nacional.

Hasta su entrada en el Gobierno socialista hace unos días, Fabrizio Hernández fue director asociado de la consultora NERA Economic Consulting, a través de la cual elaboró y firmó un informe encargado por Nuclenor denominado “Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009. Informe pericial elaborado a petición de Nuclenor”. En él llega a la conclusión de que Nuclenor perderá 951,4 millones por el cierre de Garoña, cantidad que debería ser indemnizada por el Gobierno del que ahora forma parte el propio autor.

Pero la contradicción y lo surrealista del caso no queda ahí. Según los datos en poder de IU, Fabrizio Hernández Pampaloni está citado a declarar precisamente mañana día 14 de enero por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en calidad de perito para explicar el citado informe, tras haberlo solicitado así los representantes legales de Nuclenor y haberlo aceptado los magistrados que componen esta sección en una resolución dictada el pasado 30 de noviembre.

En su valoración política, Llamazares señala que “resulta que el Gobierno nombra secretario de Estado de Energía el 7 de enero al mismo señor que, precisamente, está citado a declarar tan sólo siete días después en la Audiencia Nacional como perito de la parte demandante contra el Estado, precisamente para demostrar que la compañía propietaria de la central de Garoña va a perder 951 millones de euros con el cierre. Esto es, como poco, sorprendente y chusco. Es como poner al zorro a guardar el gallinero, un ‘gallinero’ éste del sector de la energía en el que hay muchos intereses económicos y de otros muchos tipos”.

Ante estos hechos que considera “altamente preocupantes y graves”, Gaspar Llamazares ha registrado también hoy otras dos iniciativas parlamentarias. Una de ellas es una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la que, entre otras cuestiones, pide explicaciones para conocer si “¿Considera el Gobierno coherente el nombramiento a un alto cargo de responsabilidad de un perito que acaba de redactar un dictamen esgrimido contra el Gobierno en un pleito abierto por la empresa Nuclenor S.A., en el que se reclaman 951,4 millones de euros de daños y perjuicios por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña?”.

En la misma iniciativa se interroga sobre si “¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de que este nombramiento pudiera vulnerar la Ley de Incompatibilidades?”. En esta misma línea, y ante distintas informaciones que apuntan a la existencia de un informe oficial que cuestiona este nombramiento, pregunta también “¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública acerca de la incompatibilidad de este nombramiento?”.

En estrecha relación con este último asunto y para despejar cualquier duda, la tercera iniciativa parlamentaria de Llamazares es una solicitud de informes y documentación donde se pide al Gobierno que remita al Parlamento precisamente ese “Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, sobre incompatibilidad del nombramiento de Fabrizio Hernández Pampaloni en el cargo de secretario de Estado de Energía”.

A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA PREGUNTA
PARLAMENTARIA REGISTRADA POR GASPAR LLAMAZARES

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente PREGUNTA sobre el nombramiento del nuevo Secretario de Estado de Energía, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

El Consejo de Ministros celebrado el 7 de enero de 2011 procedió al nombramiento de D. Fabrizio Hernández Pampaloni en el cargo de Secretario de Estado de Energía.

En la breve biografía publicada por el Ministerio de la Presidencia se omite un dato importante: D. Fabrizio Hernández Pampaloni es portavoz y uno de los autores del Dictamen pericial encargado a la empresa NERA Economic Consulting por la empresa NUCLENOR S.A. sobre “Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009. Informe pericial elaborado a petición de Nuclenor”, con referencia a la Orden Ministerial de cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013, para ser esgrimido en contra del Gobierno en el pleito abierto en la Audiencia Nacional. El lucro cesante que se cuantifica en dicho informe se eleva a 951,4 millones de euros valorados a fecha de 1 de enero de 2010, añadiéndose que “el lucro cesante calculado no incluye el potencial valor de una aplicación acelerada de los créditos fiscales, cuyo valor corriente es, aproximadamente, 20 millones de euros”. Al parecer, D. Fabrizio Hernández Pampaloni ha sido citado por auto de la Audiencia Nacional a comparecer el 14 de enero de 2011 a las 10.30 horas ante la Audiencia a fin de ratificarse en su informe pericial.

De otra parte, existe un dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública, dependiente de Administraciones Públicas, en el que al parecer, se considera que su incompatibilidad le obligaría a inhibirse durante dos años de cualquier asunto o iniciativa relacionada con las empresas para las que ha prestado servicios a través de la Consultora Nera Economic Consulting, entre ellas Iberdrola y Gas Natural. Si fuera así, se convertiría en un secretario “virtual”, sin capacidad de intervención en amplios segmentos de su campo de responsabilidades.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1) A la hora de proceder al nombramiento de D. Fabrizio Hernández Pampaloni en el cargo de Secretario de Estado de Energía, ¿Ha valorado el Gobierno el hecho de que esta persona es perito de parte de la empresa Nuclenor en el pleito abierto contra el Gobierno en la Audiencia Nacional sobre los daños y perjuicios originados por la Orden Ministerial ITC/1785/2009 de cierre de la central nuclear de Garoña?

2) ¿Considera el Gobierno coherente el nombramiento a un alto cargo de responsabilidad de un perito que acaba de redactar un Dictamen esgrimido contra el Gobierno en un pleito abierto por la empresa Nuclenor S.A., en el que se reclaman 951,4 millones de euros de daños y perjuicios por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña?

3) ¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de que este nombramiento pudiera vulnerar la Ley de Incompatibilidades?

4) ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública acerca de la incompatibilidad de este nombramiento?

5) ¿Por qué razones el Gobierno ha persistido en este nombramiento, pese al mencionado Dictamen?

Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo

Diputado de IU

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, 13 de enero de 2011

Llamazares recuerda que Aznar y González, "fichados" por Endesa y Gas Natural, "tuvieron mucho que ver en las privatizaciones de empresas públicas"

El portavoz parlamentario de IU tacha estas contrataciones de “éticamente reprobables” y valora que “se ficha a estos políticos por su nombre y sus agendas, y parece bastante claro que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos trataos de favor para el futuro”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha recordado hoy que los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, ‘fichados’ por las grandes compañías energéticas Endesa y Gas Natural Fenosa como asesor externo y como consejero, respectivamente, “tuvieron desde sus importantes cargos públicos mucho que ver en el rosario de privatizaciones que enajenaron el patrimonio público, a veces en condiciones muy oscuras. Tras ese pasado, su incursión ahora en el sector privado energético la considero éticamente reprobable”.

Llamazares consideró que estas grandes compañías “fichan a estos políticos por su nombre y por sus agendas de contactos, se supone que bien surtidas, y parece bastante claro que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos tratos de favor para el futuro”.

El dirigente de IU insistió en que, pese a no tener ninguna duda de la “legalidad técnica” de los ‘fichajes’ de Aznar y González “otra cosa es dónde queda su ética política y, lo que es más importante, el flaco favor que hacen a la imagen de la política en España, ya bastante deteriorada por las actuaciones de algunos y la falta de respuesta que se dan desde sus partidos”.

Gaspar Llamazares recordó que Izquierda Unida siempre ha defendido legislar el tiempo y el grado de las incompatibilidades de los responsables políticos en activo y ya retirados, “pero ahora parece que habrá que pensar qué pasa singularmente en el caso de los ex presidentes del Gobierno”.

Para Llamazares, “la responsabilidad social corporativa de esas empresas brilla también por su ausencia y queda bastante tocada. Aprovechar la situación para rodearse de ex políticos o políticos que tuvieron responsabilidades muy importantes no creo que sea el mejor ejemplo para nuestra economía, ni a nivel nacional ni internacional”.

En su opinión, “la próxima vez que se propongan grandes subidas de la luz o del gas, como ha pasado hace unos días, que nada tienen que ver con lo que ocurre en nuestro entorno más cercano y que hace meses parecían descartadas, habrá que pensar un poco de nuevo en todo esto de los fichajes y las contrataciones, y la utilidad desde muchos ámbitos que pueden tener para los empresarios que las deciden”.

Madrid, 11 de enero 2011