lunes, 31 de mayo de 2010

Llamazares : "Con este 'decretazo' antisocial del goblierno pasaron los tiempos del ajuste compasivo y entramos directamente en los tiempos del

'derechazo'”

Intervención íntegra de Gaspar Llamazares en el pleno del Congreso para oponerse al recorte social de Rodríguez Zapatero

(Madrid, 27 de mayo 2010).- Señora vicepresidenta del Gobierno, señor presidente del Gobierno, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya van a votar que ‘no’ en favor de los trabajadores, en favor de los ciudadanos y también en favor de la izquierda y de la política; de la política con mayúsculas, porque este decreto es la plasmación de un ataque especulativo, de un golpe antidemocrático contra el Estado social europeo y porque este decreto plasma la renuncia del Partido Socialista y del Gobierno a sacarnos de la crisis de manera justa.

La propuesta del Gobierno que hoy tenemos encima de la mesa es una propuesta impuesta; impuesta por los mercados financieros, que primero atacaron la estabilidad del euro, más tarde atacaron a la propia Unión Europea y ahora imponen el diktat de la política económica junto con el Fondo Monetario Internacional. Los mismos actores que empobrecieron hace décadas América Latina quieren ahora empobrecer el sur de Europa, señorías.

Pero, además, el Gobierno nos presenta un ‘decretazo’ antisocial. Pasaron los tiempos del ajuste compasivo y de los ‘diálogos de Zurbano’ y hemos entrado directamente en los tiempos del ‘derechazo’. Señorías, la propuesta que ponen encima de la mesa significa que los más débiles: los trabajadores, los pensionistas, los funcionarios, los países en vías de desarrollo, todos ellos, pagarán el grueso de la crisis y los que han provocado la crisis, los banqueros, las principales rentas de este país, no comprometerán ni siquiera un ápice para sacarnos de la crisis; si acaso, alguna medida cosmética para salvar la imagen de izquierdas del Partido Socialista y del Gobierno. Esa es la verdadera naturaleza de las medidas que hoy nos traen aquí.

Y eso, señora vicepresidenta, no es lo peor. Lo peor es que estas medidas van a profundizar la crisis y son el punto de partida o, mejor dicho, el punto sin retorno para mayor crisis económica, mayor desafección de los ciudadanos, mayor confrontación social.

Comienzan ustedes con estas medidas el camino prácticamente irreversible hacia la movilización social y la huelga general, porque estas medidas van a profundizar la crisis. Son añadir crisis a la crisis, desempleo al desempleo, falta de ingresos a la falta de ingresos, nuevo problema de deuda y de déficit y nuevas medidas aún más duras de recorte. Ese es el camino que ustedes han iniciado y que terminará -sin necesidad de tener gran olfato político- en una reforma impuesta, que terminará en la reforma financiera que pide el Fondo Monetario Internacional y que terminará, seguramente también, en una reforma de las pensiones, porque la medida adoptada no es otra cosa que el sacrificio de las pensiones a los que quieren entrar en los fondos privados de pensiones y especular con ellos.

Señorías, hay otro camino; hay una alternativa. No estamos condenados entre la cura de adelgazamiento de los menos fuertes del Gobierno y la cura de hambre del Partido Popular. No estamos condenados entre el Partido Socialista y el Partido Popular, podemos tener una alternativa. A nosotros no nos obsesiona el presidente del Gobierno, no nos obsesiona el Gobierno, nos obsesiona la prioridad, que no es el déficit público, es el desempleo. Y para ello proponemos una reforma fiscal que nos permita tener ingresos -ingresos que el Gobierno va a sacar de los bolsillos de los de abajo- de forma justa, de tal forma que podamos llegar a un acuerdo social y a un acuerdo político para repartir las cargas y los beneficios y salir juntos de la crisis.

Señorías, en estos momentos parece que van a sacar adelante este decreto, y parece que por la mínima, pero las victorias pírricas, sobre todo cuando se hacen con las ideas del adversario, son, señorías, las derrotas más amargas. Menos mal que nos quedan los trabajadores, los ciudadanos y la izquierda, que mantendrán unos valores de los cuales ustedes hoy abjuran, hoy renuncian y hoy de alguna manera acaban en este decreto que, en nuestra opinión, debe rechazarse no solamente por parte de la izquierda, sino también en favor de la democracia, en favor de la política, porque no está en riesgo únicamente la salida de la crisis, sino que está en riesgo el propio prestigio de la política. Si los mercados se salen con la suya, si imponen la política económica a los Estados y a la democracia, poco va a quedar y poca calidad democrática vamos a tener. Muchas gracias.

martes, 25 de mayo de 2010

Llamazares requiere información al Gobierno para saber si piensa contribuir a la protección de la "Flotilla de la libertad"

que le lleva ayuda humanitaria a Gaza

Cerca de una decena de barcos de distintos países partieron el pasado fin de semana con la intención de llegar a la Franja de Gaza en los próximos días, mientras el Gobierno de Israel ya ha advertido que impedirá la entrega de la ayuda humanitaria

(Madrid, 25 de mayo 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria al Gobierno en la que le requiere información para conocer si piensa contribuir a la protección de la denominada ‘Flotilla de la Libertad’ que partió el pasado fin de semana desde distintos puertos del Mediterráneo con dirección a la Franja de Gaza para trasladar ayuda humanitaria a la población palestina.

En concreto, Llamazares se centra en tres cuestiones que considera fundamentales:

“¿Qué protección española y europea van a recibir los barcos con ayuda humanitaria, con pasajeros pacifistas, que quieran acceder a Gaza?

¿Hay previsto algún tipo de apoyo de la flota militar española o internacional a esos buques con ayuda humanitaria que se dirigen a Gaza por aguas internacionales?

¿Ha existido comunicación con el Gobierno israelí para que abandone la posibilidad de ataque, secuestro o interferencia de buques con ayuda humanitaria a Gaza?”

Cerca de una decena de embarcaciones de diferentes países partieron el fin de semana hacia la Franja de Gaza desde distintos puertos con toneladas de suministros médicos, equipos de construcción, material educativo y ayuda humanitaria. La llamada ‘Flotilla de la Libertad’ está organizada por distintos movimientos y organizaciones internacionales, entre los que se encuentra el Movimiento Free Gaza. Supone la mayor acción coordinada realizada hasta el momento para intentar romper el bloqueo marítimo de Gaza que ejecutan las fuerzas armadas israelíes.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Israel ya ha advertido que las embarcaciones serán interceptadas antes de que puedan llegar a territorio palestino.

En la expedición, que discurrirá por aguas internacionales, viajan cerca de 750 personas de 60 nacionalidades, entre los que, además de activistas de las organizaciones pacifistas, se encuentran periodistas, representantes del mundo de la cultura y parlamentarios europeos.

El ‘Mavi Marmara’ es el barco de nacionalidad turca que lidera la expedición. Salió del puerto de Estambul el pasado sábado y a él se unirán en las próximas horas el resto de la flotilla internacional con nueve embarcaciones con banderas de Turquía, Kuwait, Argelia, Irlanda, Grecia y Reino Unido. Una de estas naves ha sido bautizada como “8.000”, como homenaje a los 8.000 prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes.

Gaspar Llamazares recuerda al Gobierno en su iniciativa que “Gaza sufre un asedio ilegal por parte de Israel. La Unión Europea y las Naciones Unidas han reclamado que se ponga fin a este bloqueo. Tras los bombardeos israelíes de diciembre de 2008 a enero de 2009 las infraestructuras en la zona fueron destruida y los bienes de uso cotidiano son escasos”.

Recuerda que las autoridades de Israel “dejan entrar a cuentagotas mercancías y alimentos, muchas veces en función del interés crematístico de su propia economía, con clara colonización y jibarización de la ayuda internacional. Los túneles de contrabando son una espita a las necesidades de la población que no tendrían sentido si la Comunidad Internacional lograse que las fronteras se abrieran”.

Llamazares respalda “iniciativas ciudadanas como la que se está llevando a cabo con participación del Movimiento Free Gaza para romper el bloqueo. Hay que señalar que otra posibilidad, ahora inviable, sería la utilización del aeropuerto de Gaza, construido por España pero que fue destruido gratuitamente por las fuerzas israelíes. Los ciudadanos españoles esperan que su Gobierno reclame al israelí las indemnizaciones correspondientes”.

Llamazares pregunta a Rodríguez Zapatero en la sesión de control

sobre los "contenidos y plazos del gobierno para comprometer la solidaridad fiscal de las rentas altas ante la crisis"

(Madrid, 24 de mayo 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, preguntará al presidente del Gobierno en la sesión del Congreso de control al Ejecutivo del próximo miércoles sobre cuáles son las verdaderas intenciones de José Luis Rodríguez Zapatero para abordar una posible reforma fiscal y cuándo tiene pensado llevarla a cabo, en el caso de que realmente se lo haya planteado.

En concreto, la pregunta registrada por Llamazares reclama la respuesta oral de Rodríguez Zapatero en el Pleno de la Cámara sobre “¿Qué contenidos y plazos tiene el Gobierno para comprometer la solidaridad fiscal de las rentas altas ante la crisis?”.

El diputado de IU eligió este tema para preguntar al máximo responsable del Gobierno después de las sucesivas y contradictorias filtraciones realizadas por Moncloa la semana pasada sobre esta cuestión, recogidas por diversos medios de comunicación, así como por la indefinición demostrada al respecto por distintos miembros del Ejecutivo en las diferentes apariciones públicas efectuadas.

martes, 18 de mayo de 2010

Llamazares saca adelante una PNL

que insta al Gobierno a responder a la situación de 'irregularidad sobrevenida' de los inmigrantes que se quedan en paro.

La iniciativa de IU, que sólo ha tenido el voto en contra del PP, insta el Ejecutivo en su redacción final a “estudiar la situación de ‘irregularidad sobrevenida’ de los trabajadores extranjeros que han perdido su puesto de trabajo, con el fin de dar una respuesta adecuada a su situación”.

(Madrid, 18 de mayo 2010).- Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha sacado hoy adelante en el Congreso una proposición no de ley relativa a la “contratación laboral de trabajadores inmigrantes” que en uno de sus puntos más destacados insta al Gobierno a dar una respuesta adecuada a la situación de ‘irregularidad sobrevenida’ a la que se ven abocados los inmigrantes que se quedan en paro. Precisamente este punto se tuvo que votar de forma separada a petición del PP, único grupo que manifestó su rechazo al mismo. Los otros dos puntos de que consta la iniciativa se aprobaron por unanimidad.

En concreto, el punto en cuestión aprobado en la Comisión de Trabajo e Inmigración señala textualmente en su redacción final, tras una enmienda transaccional, que el Congreso “insta al Gobierno a estudiar la situación de ‘irregularidad sobrevenida’ de los trabajadores extranjeros que han perdido su puesto de trabajo, con el fin de dar una respuesta adecuada a su situación”.

La iniciativa parlamentaria original impulsada por Gaspar Llamazares data de junio de 2009. Izquierda Unida decidió darle un impulso tras el dramático suceso de un trabajador boliviano en situación irregular abandonado en Gandía por su empresario con un brazo amputado en un accidente laboral en una panificadora, situación que obligó al Gobierno a regularizar su situación por un procedimiento extraordinario.

Llamazares ha argumentado que “este caso no es excepcional pues, aunque no con tanta gravedad ni repercusión mediática, situaciones de contratación irregular se repiten en las empresas de nuestro país con demasiada frecuencia, mucho más en tiempos de crisis”.

Para el diputado de IU, esta situación no sólo tiene repercusión en los trabajadores inmigrantes sino también en los de nuestro país ya que “estas contrataciones irregulares, por su propia naturaleza, presionan a la baja sobre los salarios, incumplen la negociación colectiva, atentan contra la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y dificultan la lucha contra la siniestralidad laboral”.

Por todo ello, en los otros dos puntos de la PNL aprobados hoy se insta también al Ejecutivo a “reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en aquellos sectores y zonas geográficas más susceptibles de que se produzcan episodios de explotación laboral a trabajadores extranjeros, poniendo especial atención a la situación personal de las víctimas”.

El texto de la iniciativa se completa con la solicitud al Ejecutivo a que contemple “en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009 (Ley de Extranjería) la especial situación personal de las víctimas de explotación laboral”.

IU registra la petición de comparecencia de Rodríguez Zapatero

para que explique que medidas van a tomar el gobierno, la UE y el G-20 frente a la especulación y la desregulación financiera

(Madrid, 18 de mayo 2010).- Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, ha registrado la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Pleno de la Cámara “para que informe sobre las medidas que el Gobierno, la Unión Europea y el G-20 se proponen adoptar frente a la especulación y la desregulación financiera”.

Como es preceptivo reglamentariamente, esta solicitud de comparecencia lleva también la firma de otro grupo parlamentario, en este caso el Grupo Vasco del PNV. La propuesta debe ser calificada en una próxima reunión de la Mesa del Congreso y someterse a la consideración de los portavoces de los grupos parlamentarios, que deben pronunciarse sobre ella.

lunes, 17 de mayo de 2010

Llamazares se declara "en rebeldía" ante la suspensión de Garzón

Manifiesta que no respeta, ni acata ni obedece la decisión e insta al Gobierno a cambiar a los miembros del CGPJ

EUROPA PRESS (14 de Mayo 2007)

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, se declaró hoy "en rebeldía" ante la decisión unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo.

Además, Gaspar Llamazares instó al Gobierno de España a que modifique los miembros del CGPJ , a los que acusó de ser "cómplices necesarios" en lo que considera un "linchamiento sumarísimo que se parece demasiado al tribunal de Orden Público".

De este modo se refirió Llamazares a la situación del magistrado en rueda de prensa con motivo de la conferencia que pronuncia hoy en Gijón sobre 'Los retos de la izquierda latinoamericana'.

El diputado señaló que no respeta, ni acata ni obedece la suspensión a Garzón, al que dijo que seguirá llamando 'Señoría'. Por ello, animó a los ciudadanos a declararse en rebeldía y exigió al Gobierno que modifique las leyes y procedimientos que facilitaron "este atropello a la justicia democrática".

viernes, 14 de mayo de 2010

El evidente riesgo del Sistema Nacional de Salud

Gaspar Llamazares / Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y portavoz parlamentario de IU

Nuestro Sistema Nacional de Salud parece vivir un periodo de supuesta ‘calma chicha’. Esta aparente tranquilidad se ve alterada por dos debates sobre los que debemos pronunciarnos claramente desde la izquierda. El primero es el relativo a la insuficiente financiación de los servicios transferidos y a la necesidad de elevar sustancialmente la misma. Esto se da bien por la infravaloración de la transferencia, bien por la no actualización del volumen de población, por la asunción de nuevas prestaciones o la demanda en progresión por parte de la población.

El otro debate se produce en el interior de las Comunidades Autónomas y tiene que ver con la gestión de ese servicio. Así, desde el momento de la aprobación de los Estatutos y del inicio del proceso de transferencias el debate gestor ha ocultado cualquier referencia al modelo sanitario, como si los principios y objetivos del Sistema Nacional de Salud de la Ley de Bases de Sanidad de 1986 fueran motivo de consenso. En el fondo, lo que está claro es que la derecha política y una parte de la izquierda liberal lo han venido cuestionando desde sus comienzos.

Lo habitual ha sido eludir el debate sobre política sanitaria con el manido recurso de los buenos resultados en salud del modelo y la opinión favorable de los ciudadanos. La autosatisfacción y la equidistancia se han garantizado, no sólo por la convergencia entre los partidos de gobierno (que en el Estado y Comunidades Autónomas son los dos mayoritarios) si no también por el equilibrio de fuerzas entre los distintos intereses y organizaciones que intervienen en el sector de la salud.

Sin embargo, este equilibrio es inestable. Lo cierto es que a lo largo de la última década y en el contexto de las políticas neoliberales en Europa las corrientes de fondo de los servicios públicos y de nuestro Sistema de Salud han estado protagonizados por la duplicidad de sistemas (Muface), la externalización y la privatización de servicios, la ‘medicalización’ de la enfermedad y la transformación del paciente en consumidor.

Sin apenas darnos cuenta, sin debate público ni modificación legal significativa, nuestro sistema sanitario pasa muy rápido de derecho de ciudadanía a ser un bien de mercado y, con ello, sus prioridades también cambian de los objetivos de salud de los ciudadanos a rentabilidad económica para el sector privado. Este proceso de privatización y mercantilización del Sistema Sanitario es significativo, aunque no lo sea el debate público más que en alguna Comunidad como Madrid o el País Valenciano, donde las medidas adoptadas han sido muy duras.

Existe un riesgo evidente de configurar el Sistema Público como sistema de mínimos para la población en general, mientras el sistema privado sería el de referencia de los sectores de mayores rentas e influencia, quebrando con ello la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Mientras, el Pacto de Estado para la Sanidad surge sólo en torno a los debates tópicos de la financiación y la gestión.

Nuestra prioridad es sacar a la luz las corrientes de fondo que cuestionan el Sistema Público de Salud y abrir el debate público de políticos, sectores y ciudadanos sobre las medidas para su defensa. En torno a ellas son necesarias alianzas entre partidos, sindicatos, organizaciones profesionales, sociedades científicas, usuarios, etc.

Por ello, proponemos un Pacto Político basado en un acuerdo de izquierdas. Una primera prioridad es frenar el copago, lo que culminaría la mercantilización del Sistema. Debe revisarse la Ley 15/97 y la Ley de Contratos del Sector Público como marcos legales para la política de privatizaciones. Ello debe unirse en las Comunidades a la evaluación crítica de las privatizaciones, su denuncia y reversión pública.

Un segundo objetivo es garantizar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, contemplada en la Ley de Bases que preveía la incorporación de todos los ciudadanos.

También se debe recuperar la integralidad de la atención reorientando el Sistema hacia la atención primaria, la prevención y la promoción de salud, sometiendo a control la medicamentalización y las tecnologías sanitarias.

miércoles, 12 de mayo de 2010

IU llamará a la "contestación social" si hay un recorte social "injusto"

Madrid, 11 may (EFE).- El diputado Gaspar Llamazares ha advertido hoy de que IU llamará a la "contestación política" y también a la "contestación social" si el ajuste económico que anunciará mañana el jefe del Gobierno incluye medidas "injustas" que hagan recaer el coste de la crisis sobre los trabajadores, que no la ha provocado.

En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Llamazares ha expresado su temor a que en su comparecencia de mañana ante el pleno de la Cámara, José Luis Rodríguez Zapatero vaya "a lo fácil" para que el Ejecutivo consiga más ingresos, esto es, "ser duro con los débiles y débil con los fuertes" y anuncie un "recorte brutal" del gasto público.

Según el diputado de IU, el anterior recorte emprendido por el Ejecutivo ya era una "barbaridad" y la "vuelta de tuerca" que según él se anuncia ahora "al dictado de los mercados" constituye "un drama social" porque añadirá al desempleo "el recorte de políticas sociales y de reactivación económica". A su juicio, lo que está ocurriendo en la economía internacional "es un golpe financiero contra los Estados, y un gobierno digno y de izquierdas tiene que responder controlando la especulación financiera y buscar un margen maniobra que permita una distribución justa de la crisis".

"No es justo que paguen los más débiles y los que han provocado se vayan con el santo y la limosna, y es lo que se anuncia desde el Gobierno y la Unión Europea para los próximos meses", ha sentenciado.

Llamazares anuncia una "fuerte contestación social" al plan de ajuste

Madrid, 12 may (EFE).- El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha dicho que la propuesta de ajuste del déficit hecha por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "un golpe de los mercados financieros al estado de bienestar europeo" y un "ajuste antisocial que requiere una fuerte contestación social".

En los pasillos del Congreso, Llamazares ha remarcado que las medidas anunciadas por el presidente se ceban "en los más débiles", y por tanto "tendrán que responder" a esta "ley del embudo" que consiste en que "lo ancho es para el sector financiero, que pasa la crisis incrementando beneficios, y lo estrecho para los que no la han provocado, trabajadores, pensionistas y dependientes".

También ha dicho que los presupuestos estatales son ya "papel mojado", porque quien decide sobre las cuentas públicas ya no son los diputados que los aprueba, sino "los mercados financieros y los especuladores"

IU e ICV logran que el congreso, salvo el PP, apoye que el estado asuma las exhumaciones de víctimas del franquismo

.. y quede clara la persecución de los crímenes de genocidio y contra la humanidad

(Madrid, 11 de mayo 2010).- Izquierda Unida e ICV, formaciones que comparten grupo en el Congreso de los Diputados, han logrado que el Pleno, con el voto en contra del PP, respalde una moción para avanzar de forma decidida en el desarrollo y mejora de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, incluyendo que el Estado se responsabilice de las exhumaciones en las fosas de las víctimas del franquismo y para que quede clara la posibilidad de persecución de los rímenes de genocidio y contra la humanidad.

Este acuerdo se ha traducido en una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación de IU-ICV, en la que se insta al Gobierno a garantizar “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados”, de manera que si no lo garantizan otras administraciones sea la Administración General del Estado la que lo haga con carácter subsidiario.

El texto insta también al Gobierno a “transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con sede en el Ministerio de Justicia” para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, “asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación (de la Ley de Memoria) tanto en el seno de la Administración General del Estado, como en las relaciones con las demás Administraciones Públicas competentes”.

En el texto definitivo de la moción, defendida por el diputado Joan Herrera, también se han incluido sendos puntos para “dar a conocer el Mapa integrado de fosas”, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que hoy no son todas, “haciéndolo accesible a todos los ciudadanos interesados y divulgando los datos de interés para la localización de las víctimas” y para “conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo”.

En la moción también se alude a la investigación judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado. El texto definitivo señala que el ordenamiento jurídico vigente “obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en el resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara”.

“La aplicación e interpretación de toda esa legislación –se señala- corresponde a los jueces y tribunales, por exigencia de esas mismas normas y de nuestra Constitución (art. 117.1 CE). Cada uno de ellos en el ámbito de sus propias competencias. En consecuencia, el Congreso de los Diputados muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.

El Grupo Socialista, por indicación del Gobierno, no aceptó dos de los puntos incluidos por IU-ICV en el texto original de la moción referidos a la creación de una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura y el desarrollo de la figura de un “Alto Comisionado” de apoyo a esas misma víctimas para cumplir con lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica.

Llamazares dice que el Supremo ha condenado a Garzón "al exilio"

Madrid, 11 may (EFE).- El diputado de IU, Gaspar Llamazares, cree que la pretensión del juez Baltasar Garzón de trasladarse temporalmente al Tribunal Penal Internacional supone un "baldón" para la democracia española y para el Tribunal Supremo, al que acusa de "condenar a sus jueces al exilio".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Llamazares ha apuntado que el hecho de que "un juez se vea obligado a exiliarse para poder realizar su actividad" constituye "un baldón para la democracia española y para el Tribunal Supremo", que mantiene abiertas tres causas contra este juez de la Audiencia Nacional.

Debido a ello, el Alto Tribunal tendrá a su juicio que "cargar no sólo con una mala imagen de la justicia española en el mundo, sino con la imagen de una justicia que, como el Tribunal de Orden Público, condena a sus jueces al exilio, a sus mejores jueces".

La pretensión del juez Garzón es trasladarse al TPI como "consultor externo" de su Fiscalía, por un período de siete meses, durante lo cuales mantendría su estatus de aforado; las causas que tiene abiertas seguirían en este tiempo tramitándose en el Supremo.

También ha dicho Gaspar Llamazares que este magistrado de la Audiencia Nacional tiene "suficiente capacidad" para trabajar en el TPI y para desempeñar sus funciones "de manera relevante".

En cualquier caso, entiende que ello no le impedirá hacer frente a las denuncias que fueron presentadas contra él, una de ellas por investigar los crímenes del franquismo y que le va a llevar a sentarse en el banquillo por decisión del Tribunal Supremo.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Llamazares exigirá al gobierno en el congreso "medidas para reactivar comarcas mineras como la de Andorra (Teruel)

que siguen a la espera de que se apliquen los planes previstos"

El portavoz parlamentario de IU acompañó a una delegación de la localidad turolense encabezada por su alcalde y el coordinador general de IU-Aragón, Luis Ángel Romero y Adolfo Barrena, respectivamente, que hoy visitó las dependencias de la Cámara Baja



(Madrid, 5 de mayo 2010).- Izquierda Unida exigirá en el Congreso al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adopte medidas para reactivar distintas comarcas mineras del Estado, entre ellas la localidad en Andorra (Teruel). Entre las iniciativas que IU planteará a través de su grupo parlamentario está que se avance en la aplicación del decreto del carbón autóctono, cuestión fundamental para el mantenimiento de los puestos de trabajo en estas comarcas.

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, trasladó estos compromisos al coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, y al alcalde de Andorra, Luis Ángel Romero, que encabezaron la amplia delegación de vecinos de esta localidad turolense que hoy ha realizado una visita al Congreso de los Diputados.

Llamazares indicó en declaraciones a los periodistas que “Izquierda Unida va a empujar al Gobierno a que no dé las espalda a este problema y a la reactivación de las comarcas mineras. Hay que avanzar en la diversificación económica y laboral de las mismas, sin olvidar que ya es momento de que se ponga en marcha el decreto del carbón que se aprobó en febrero pasado. Todo ello debe ir acompañado de la ejecución de las partidas económicas que ya están aprobadas y siguen sin aplicarse”.

También a demanda del alcalde de Andorra y del coordinador de IU-Aragón, el diputado nacional de IU buscará que Interior se comprometa a mejorar vía Presupuestos Generales las instalaciones que utiliza la Guardia Civil en esta comarca turolense, cuya situación tachó de “lamentable”.

Por su parte, el máximo dirigente de IU-Aragón, Adolfo Barrena, destacó que el plan de reconversión de la minería no puede hacerse “a costa de la pérdida de empleo, de los servicios sociales de que disfrutan los ciudadanos y de su forma de vida”. Recordó que aún hay tiempo hasta 2014 –cuando termina el cumplimiento del decreto sobre el carbón- para buscar alternativas que den respuesta a las necesidades de los vecinos y garanticen la economía de la zona.

Por su parte, el alcalde Romero exigió que esta normativa “entre en vigor a la mayor brevedad posible”. Criticó “la improvisación de la que está haciendo gala el Gobierno central para dar respuesta a lo que son necesidades imperiosas”, tras explicar que la economía de la zona depende en un 60 por ciento de la minería y de la central térmica. “Nos hacen falta un proyecto de futuro y no que se vayan poniendo parches en el camino. Sólo así podremos salir adelante frente a la destrucción de empleo que se está produciendo”, dijo.

IU e ICV buscan con una moción en el Congreso crear una fiscalía especial de apoyo a las víctimas del franquismo

Gaspar Llamazares denuncia el “vía crucis judicial” que sufren los familiares de las víctimas del franquismo a la hora de recuperar los cuerpos de sus seres queridos



(Madrid, 4 de mayo 2010).- Izquierda Unida e ICV, formaciones que comparten grupo en el Congreso de los Diputados, llevarán a debate al Pleno de la próxima semana una moción por la que se insta al Gobierno a avanzar de forma decidida en el desarrollo y mejora de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. El objetivo incluye garantizar que quien desde el ámbito judicial decida aplicar su contenido e investigar las consecuencias de la dictadura franquista amparándose en la legislación internacional no pueda ser acusado de delitos como el de prevaricación, algo similar a lo que ocurre con el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien han llevado ante los tribunales distintas asociaciones y grupos ultraderechistas.

Estos objetivos están recogidos en la moción registrada consecuencia de la interpelación urgente defendida la semana pasada por el diputado Joan Herrera, que tuvo una primera respuesta “insatisfactoria” por parte del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. La iniciativa parlamentaria, entre otras cuestiones, reclama crear una Fiscalía especial de apoyo a las víctimas del franquismo, que se garantice la ayuda pública e institucional para la recuperación de fosas o constituir un día anual para la conmemoración de los represaliados y condena del régimen franquista.

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que con esta moción se busca que el Congreso manifieste claramente que quien investiga los crímenes cometidos durante el franquismo “no prevarica”, sino que utiliza los medios legales legítimos del Derecho Internacional y de las leyes españolas.

En este sentido, la moción de IU e ICV insta a “reformar cuantas disposiciones legales sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico por parte de diferentes estamentos del Estado que vayan contra los principios de Justicia, Verdad y Reparación a la que tienen derecho todas las víctimas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, tal y como se contempla en la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad”.

“Dichas reformas –se añade- tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictara franquista”.

Además de pedir constituir “una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” se plantea la creación de un “Alto Comisionado” de apoyo a esas misma víctimas, en cumplimiento de lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica, que vele por su cumplimiento “mediante el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado; la colaboración con cuantas entidades públicas y privadas tengan por objetivo la atención a las víctimas y la cooperación con los órganos competentes en este ámbito de las restantes administraciones públicas”.

Gaspar Llamazares denunció el “vía crucis judicial” que sufren los familiares de las víctimas del franquismo a la hora de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, así como la “interpretación sesgada” que se hace de la Ley de Amnistía de 1977.

Detalló también que la moción reclama constituir un “día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados del franquismo y la condena del régimen franquista” y para conmemorar la declaración de condena expresa del Congreso de los Diputados.

Llamazares criticó, además, a la Fiscalía por haberse pronunciado en contra de la recusación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que presentó el juez Baltasar Garzón. “No compartimos que la Fiscalía no se moje y quiera estar en la procesión y repicando al mismo tiempo con decisiones salomónicas”, dijo.

Para el portavoz parlamentario de IU “es imposible estar a la vez con el juez y con el acusado”, recordando que el fiscal no se mostró a favor de aceptar las querellas contra Garzón por haber prevaricado al querer investigar los crímenes del franquismo y tampoco de que el juez pueda recusar al instructor de la causa contra él.

En este contexto, lamentó que a la Fiscalía no le haya bastado con "la presencia de ciertas acusaciones" en el proceso ni con la "orientación" que, a su juicio, Varela dio a Manos Limpias y Falange Española sobre sus escritos de acusación. "Fue una actitud censurable y una posición de prejuicio evidente", agregó en relación a la actuación del magistrado del Supremo.



A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA MOCIÓN DE IU E ICV




A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana - Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre la recuperación de la memoria histórica, (número de expediente 172/000172) para su debate en el Pleno de la Cámara.
Han pasado más de dos años desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La aprobación de la denominada ley de la memoria histórica era un ejercicio democrático imprescindible teniendo en cuenta que España es uno de los países del mundo con más víctimas por desaparición forzosa. Por ello el Estado debe garantizar el derecho de las familias de las personas desaparecidas a conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de miles de personas, cosa que actualmente no sucede.

Los familiares de las víctimas están doblemente victimizadas, por ser familiares de personas desaparecidas y por estar sometidas a un auténtico vía crucis judicial, teniendo que ir juzgado a juzgado para recuperar los cuerpos de aquellos familiares asesinados, enterrados en cunetas o en fosas comunes. Todo ello ha puesto en evidencia que el artículo 11 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre no garantiza las políticas públicas imprescindibles para localizar y recuperar los seres queridos de los descendientes de las víctimas del franquismo y más cuando la realidad muestra que la fiscalía del estado y la audiencia nacional les ha dado la espalda.

Por todo ello, es necesario modificar la Ley de la Memoria para establecer con claridad que es responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer el derecho de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y de toda la sociedad a conocer la verdad sobre esos hechos y procurar la localización, recuperación y identificación de personas desaparecidas y, si es el caso, la señalización y dignificación de los espacios donde se ubiquen fosas de la Guerra Civil. Siendo, por tanto, responsabilidad de las administraciones públicas asumir los gastos derivados de esta reparación.

Otro de los aspectos que se han evidenciado desde la aprobación de la ley, son los problemas del ordenamiento jurídico español, que permite interpretaciones que van en contra de la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Algunos interpretan de forma sesgada algunas normas, como la Ley de Amnistía de 1977, y se niegan a aceptar el derecho internacional y persiguen a aquellos que quieren buscar a los desaparecidos. No se puede dejar margen a la interpretación de que la Ley 46/1977 tenía la finalidad de evitar la aplicación de las normas básicas del derecho internacional en todo lo referente a los denominados delitos de lesa humanidad. En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad. Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería "asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía" y alentó a España a "continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible". Pero no se ha rectificado, no se ha hecho caso a las reiteradas recomendaciones de la ONU, y ahora incluso la prensa extranjera se ha hecho eco de este insólito caso, en que se persigue judicialmente a aquellos que están cumpliendo con el derecho internacional, menoscabando gravemente la imagen del funcionamiento del estado de derecho.

En cuanto a las políticas públicas de memoria que gestiona o impulsa el gobierno en cumplimiento de la ley, las encontramos divididas en tres ministerios: el Ministerio de Justicia gestiona la política de fosas; el Ministerio de Cultura se encarga de archivos y simbología, y el Ministerio de la Vicepresidencia gestiona el reparto de las subvenciones a las entidades. En estos dos últimos años se han constatado disfunciones importantes fruto de la inexistencia de un centro directivo del gobierno encargado de la gestión transversal de las políticas públicas de recuperación de la memoria democrática y la ausencia de un marco institucional que coordine y dirija dichas las políticas. De la misma manera que hay disfunciones y evidente descoordinación horizontal entre los diferentes departamentos del gobierno, también la hay a nivel vertical, entre el gobierno y las Comunidades Autónomas.

A la falta de marco institucional, se le debe añadir la ausencia de medios. Los avances más significativos, como el mapa informático de fosas, han sido fundamentalmente fruto de los esfuerzos y el trabajo de las Comunidades Autónomas comprometidas con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento y homenaje a los represaliados del franquismo. Una de las políticas estatales impulsadas es la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 19 de diciembre de 2008. Una de las funciones, entre otras, de la Oficina es la Coordinación de las actuaciones con los Departamentos ministeriales competentes en materia de recuperación de la Memoria Histórica. Los recursos materiales y humanos de esta oficina contrastan con los de otros estados con políticas activas de recuperación de la memoria como las que se dan, por ejemplo, en Alemania, Argentina o Chile. En el caso Alemán, por ejemplo, el Comisionado Federal de Documentos, que alberga los archivos de la Stasi, tiene 90 millones de euros de presupuesto y una plantilla de 1.700 trabajadores. Más de 2,6 millones de personas se han dirigido a dicho comisionado para consultar los archivos del régimen. Cifras que quedan muy lejos de las destinadas en España a las políticas activas de recuperación de la memoria.

Por todo ello, se presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente:


El Congreso de los Diputados insta, en el actual período de sesiones, al Gobierno a:

Conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa de los Diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo.
Constituir un día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados del franquismo y la condena del régimen franquista
Establecer un Marco Institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática, según lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 52/2007.
Crear un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de acuerdo con la Disposición Adicional 3ª de la Ley 52/2007, que se encargará del cumplimiento de dicha Ley, mediante el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado; la colaboración con cuantas entidades públicas y privadas tengan por objetivo la atención a las víctimas; y la cooperación con los órganos competentes en este ámbito de las restantes Administraciones públicas.
Crear una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el Conjunto de Administraciones, y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario.
Reformar cuantas disposiciones legales sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico por parte de diferentes estamentos del Estado que vayan contra los principios de Justicia, Verdad y Reparación a la que tienen derecho todas las víctimas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, tal y como se contempla en la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Dichas reformas tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista.

lunes, 3 de mayo de 2010

El gobierno de EE.UU tacha de "desgraciado incidente" el uso de la foto de Llamazares

PERO SÓLO RESPONDE AL EJECUTIVO ESPAÑOL QUE EL FBI NO CONOCÍA SU IDENTIDAD CUANDO "SELECCIONÓ LA IMAGEN"

Moratinos remite al portavoz parlamentario de IU copia de la contestación que un alto cargo del Departamento de Estado da en nombre de Hillary Clinton a las explicaciones solicitadas por el Gobierno español por el uso de la imagen de Llamazares para confeccionar dos retratos robots de terroristas

(Madrid, 2 de mayo 2010).- "Después de que el Departamento de Estado solicitara una explicación, el FBI informó al Programa de que el artista forense del FBI no conocía la identidad del Sr. Llamazares cuando seleccionó la imagen". Esta es la escueta respuesta por escrito que el Gobierno norteamericano ofrece al Ejecutivo español sobre lo que califican como "desgraciado incidente", después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reclamara el pasado 15 de febrero explicaciones por carta al departamento homólogo de EE.UU por la utilización de la imagen del portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, para confeccionar dos retratos robots de importantes terroristas islámicos, entre ellos Osama bin Laden.
Esta explicación viene a reiterar las escasas respuestas, igual de escuetas y simples, que Llamazares ha recibido de la Embajada norteamericana en Madrid en los últimos meses, transmitidas únicamente por funcionarios de segundo y tercer nivel de esta legación diplomática.
El ministro Moratinos trasladó esta semana a Llamazares copia de la carta con la que las autoridades norteamericanas respondieron a las explicaciones reclamadas por el Gobierno español inmediatamente después de conocer este suceso. El contenido de la misiva conocida ahora lo firma en nombre de la secretaria de Estado Hillary Clinton el secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Philip H. Gordon.
La carta original lleva fecha del 4 de marzo y está tramitada a través de la Embajada de EE.UU en Madrid. El propio embajador norteamericano, Alan D. Solomont, da cuenta de ella a Moratinos también por escrito, el 25 de marzo, es decir, después de tardar exactamente tres semanas en cumplir con las indicaciones de respuesta a las autoridades españolas dadas por el Departamento de Estado de EE.UU.
El escrito inicial a Moratinos firmado por el alto responsable para Asuntos Europeos y Euroasiáticos norteamericano señala que "agradezco su carta de fecha 15 de febrero sobre un incidente en el que el Federal Bureau of Investigacion (Oficina Federal de Investigación, FBI) utilizó elementos visuales de la imagen del diputado español Gaspar Llamazares en Internet para tratar digitalmente una foto de Osama bin Laden".
Philip H. Gordon prosigue indicando que "el Programa de Recompensa para la Justicia del Departamento de Estado ha eliminado dicha fotografía de su página web. Después de que el Departamento de Estado solicitara una explicación, el FBI informó al Programa de que el artista forense del FBI no conocía la identidad del Sr. Llamazares cuando seleccionó la imagen".
La misiva al Gobierno español del alto cargo concluye que "en nombre de la Secretaria Clinto, ruego transmita al Sr. Llamazares nuestras sinceras disculpas por este desgraciado incidente. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades competentes para garantizar que no afecte a su seguridad ni a su entrada en Estados Unidos".